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Adiós al actor armado, bienvenido el actor político

Bogotá, junio 23 de 2017. El Acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC define la dejación de armas como “un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos”.

Este procedimiento se inició efectivamente el 1o. de marzo y se debe clausurar con el acto oficial que se desarrollará el próximo 27 de junio en Mesetas, departamento del Meta. Para entonces deben estar superados los problemas técnicos y políticos que condujeron a ampliar unas semanas el cronograma inicialmente pactado, como pensamos ha sucedido y puede suceder en este tipo de procesos complejos. 

Pero lo que realmente pensamos nos importa y nos debe llenar de sentimientos de alegría y regocijo es que miles de armas que fueron usadas en la confrontación con la fuerza pública y en muchas ocasiones contra la población rural especialmente, salen de los campos colombianos, y son entregadas a un organismo internacional con vasta experiencia en el tema y con cientos de personas dispuestas a verificar como testigos creíbles y dignos de confianza por parte de la ciudadanía.

Lo que realmente merece destacarse es que una fuerza armada insurgente, la más grande en la historia del país,  hace dejación de las armas, como parte de un proceso de negociación que llevó a suscribir compromisos concretos con el gobierno; desaparece cono actor armado, y pasa a convertirse en un actor político dispuesto a jugar como uno más en el escenario público,  comprometido con la profundización de la democracia y las transformaciones que reclama la nación, como garantía de que no se repitan el dolor y el sufrimiento que nos acompañaron más de medio siglo.

En este día nos resulta grato decir tanto a quienes votaron por el SI a la terminación del conflicto armado con las FARC, como a quienes depositaron su voto por el NO,  que nos alivia el alma que podemos clausurar más de medio siglo con esta guerrilla empuñando las armas y desarrollando acciones ofensivas contra la fuerza pública, contra las poblaciones campesinas, indígenas y negras, y contra bienes públicos.

Todos los poderes públicos deben sentirse vinculados por el acuerdo, para que de una vez por todas podamos ver “la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrir nuevos espacios para la participación”.

 

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Tumaco debe ser “corazón del posconflicto” en Colombia: Manuel Enríquez

Tumaco, junio 22 de 2017 (Prensa s. Manuel Enríquez).-Con el apoyo y el aval del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que dio “luz verde” a una serie de decretos para fortalecer el desarrollo, la inversión social y la seguridad del pacífico colombiano, el senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U), señaló que “Tumaco debe ser el corazón del posconflicto en Colombia, con el propósito de construir una nueva relación del Estado con el departamento de Nariño, donde los protagonistas sean los ciudadanos”

La declaración del legislador se produjo al término de una sesión de la Comisión Primera del Senado en pasado 21 de junio en la ciudad de Tumaco, que contó con la presencia de varios ministros, encabezados por el titular de cartera del Interior Guillermo Rivera, quién anunció la decisión del Gobierno de “elevar al puerto nariñense como un laboratorio de paz” que le permita encontrar soluciones de carácter integral a su problemática social y económica.

En palabras del senador Manuel Enríquez Rosero, el presente y futuro de los ciudadanos de Tumaco debe estar sustentado en un empleo productivo. “Esa es la base del crecimiento, de la equidad, de la estabilidad social y de la seguridad. Con el acompañamiento del Gobierno, Tumaco tiene una riqueza  natural, cultural y turística con capacidad de avanzar a mediano y largo plazo hacia el progreso, en respuesta la violencia”, dijo

“La tarea que se tiene por delante para la recuperación de la ciudad de Tumaco, debe contar con la participación del sector público y privado, que de vida a proyectos viables y sostenibles en materia de agroindustria. En ese contexto, el sector pesquero debe jugar un papel fundamental, que visibilice la acuicultura y canaricultura. Hoy, está inadecuadamente explotado”, recalcó

Tras agradecer el respaldo del Gobierno del presidente Santos, al trabajo que adelanta la Comisión Primera del Senado de colocar en la agenda pública del país, al pacifico colombiano, a través de su mesa directiva presidida por Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) –Manuel Enríquez Rosero- enfatizó que su trabajo legislativo, “se concentrará en la región, de cara al mar. La meta no puede ser otra, que la creación y gestión de centros de productividad y desarrollo tecnológico, que permita la trasferencia de tecnología económica y ambientalmente eficiente”, sentenció

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¿Habrá Paz?

“La camisa de fuerza de estos acuerdos puede hacer de Colombia una Nación muy difícil de gobernar”: senadora Paloma Valencia.

 

Bogotá D.C., junio 23 de 2017.- Mucho se discute sobre si las Farc tiene o no voluntad para cesar la violencia. Para algunos el tema es que tendrán -como ya lo tuvieron- una combinación de formas de lucha; un grupo político respaldado por una organización violenta que elimine la competencia política y que incentive -a través de las armas- la adhesión de la ciudadanía. El proceso se daría a través de las disidencias -que son solo una forma disimulada de incumplir los acuerdos.

 

Para otros el asunto es distinto. Aun creyendo que las Farc se desmovilizan y tiene la voluntad de abandonar la violencia; el problema es que la violencia va a continuar -con o sin anuencia de las Farc. La violencia en Colombia no es política; sino que por el contrario se debe a la existencia de negocios ilegales que para mantenerse requieren estructuras criminales organizadas. La reducción de las cifras de homicidios se explica por la falta de combate al narcotráfico y a la minería ilegal. En el momento en que el Estado vuelva a buscar destruirlos, las fuerzas de la violencia actuarán sumiéndonos en todo tipo de tristezas.

 

Aún otros insisten en que es una desmovilización en que los jefes que se quieren retirar, pero que la fuerza combativa cambiara de nombre, o se sumará a otra organización o simplemente se declarará el disidencia. Así que los jefes gozarán de los beneficios aunque no logren la efectiva desmovilización de toda su estructura.

 

El resultado para todas las interpretaciones es que la negociación de La Habana no trae paz, se limita en el mejor de los casos a desmovilizar unos cuantos criminales a cambio de exageradas concesiones. Y esos criminales son remplazados por otros casi de manera instantánea. Quedamos con la violencia y con criminales impunes llenos de beneficios, que se vuelven el símbolo de la injusticia y en el paradigma de todos los otros criminales que ansían para el fin de su carrera de delitos también premios e impunidad.

 

Un problema del que poco se habla es la imposibilidad del Estado de cumplir con todos los beneficios que le prometieron a las Farc. 

Cumplirlos no será solo un tema de voluntad como los promulgan los defensores del acuerdo. Hay factores que hacer materialmente imposible hacerlo. Por una parte, los costos estimados en 130 billones contrastan con la frágil realidad económica de la nación. Por otra parte, hay asuntos absolutamente inaceptables para los demócratas; con la JEP que tendrá que ser rechazada de manera categórica. 

Finalmente, será muy difícil que el pueblo colombiano que ha estado abandonado por este gobierno, acepte que los recursos se vayan en los terroristas en desmedro de los derechos y pretensiones de los ciudadanos de bien. Lo vimos en el paro de maestros, donde se quejaban de que hubiera recursos para las Farc y no para la educación. Eso mismo sucederá cuando las viviendas o las mejoras en salud sean para crimínales y no para la ciudadanía.

 

La camisa de fuerza de estos acuerdos puede hacer de Colombia una Nación muy difícil de gobernar. Celebramos que al menos el Congreso esté empezando a darse cuenta al no haber aprobado todavía las 16 circunscripciones. Ojalá la Corte Constitucional no destruya la decisión sobre el fast track. La llegada de la magistrada Fajardo a la que el Gobierno obligó a elegir -con procederes incorrectos e incluso con amenaza- no se utilice para seguir dañando la división de poderes.

 

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Proyecto de ley aprobado por el Congreso destina recursos por $300 mil millones para universidades públicas de Caldas y Risaralda

Senador Samy Merheg uno de los autores y defensor del proyecto.

Pereira, junio 23 de 2017 (Prensa s. Samy Merheg).- Gracias a la gestión adelantada desde las comisiones económicas del Congreso de la República por el senador risaraldense Samy Merheg, y respaldada por otros parlamentarios en la plenaria de la Corporación, se pudo garantizar importantes recursos económicos para la educación pública superior de la región.

 

Recursos cercanos a los 300 mil millones de pesos recibirán la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Caldas y la Universidad Nacional sede Manizales, a través de la estampilla universitaria que prolongaría su existencia gracias a un proyecto de ley aprobado en esta última legislatura por el Congreso de la República.

 

“Esta iniciativa, que pasará a sanción presidencial, extiende la vigencia de la Ley 426 de 1998 que vencía el año próximo. Esta permite a los concejos y asambleas de Caldas y Risaralda hacer obligatorio el uso de la estampilla hasta por dos décadas más y un tope de 50.000 millones de pesos de recaudo por departamento”, explicó el senador conservador de Risaralda, Samy Merheg.

 

Agregó el parlamentario que el tope máximo de 300 mil millones tendrá plazo para alcanzarse hasta 2037, “Es sin duda alguna, un aporte significativo para mejorar la calidad y cobertura de la educación superior en nuestra región cafetera”.

 

Este proyecto de ley fue autoría de los senadores Carlos Felipe Mejía, del partido Centro Democrático, Mauricio Lizcano, y Carlos Enrique Soto, del Partido de  La U; los conservadores Luis Emilio Sierra y Samy Merheg; el liberal Luis Fernando Duque y Juan Carlos Restrepo, de Cambio Radical.

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Senador José David Name pide investigar uso de dineros de la Ciudadela Universitaria

Barranquilla, junio 22 de 2017 (Prensa s. José David Name).- El senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, solicitó el jueves a las autoridades competentes una detallada investigación sobre el uso y destinación contractual de los dineros captados por concepto de la Estampilla Prociudadela Universitaria en el Atlántico.

 

“Hemos sido testigos del desastre en la infraestructura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y de las denuncias sobre la ruindad de instalaciones en este centro de educación superior pública, lo que sin lugar a dudas no parece tener explicación alguna si tenemos en cuenta los ingresos de la institución para contar con una edificabilidad moderna y sin riesgo para profesores, alumnos y demás empleados”, indicó el expresidente del Senado.

 

El Senador Name Cardozo manifestó que si bien los recursos de la Estampilla Prociudadela tendrían restricciones para obras de mantenimiento, es claro que al tratarse de estructuras desvencijadas hay que pensar en nuevas instalaciones en el caso de Bellas Artes.

 

“Resulta igualmente inadmisible que obras recientemente construidas en la sede norte de la Universidad, presenten en la actualidad un alarmante estado de deterioro que indicaría que no fueron bien hechas ni se les ha practicado el mantenimiento adecuado ni ha habido nadie que vigile o supervise la inversión de los dineros de la Estampilla”, sostuvo el legislador barranquillero.

 

El Senador Name Cardozo indicó que se hace necesario que tanto la Contraloría General de la República como la Departamental y otros órganos de control competentes como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, abran investigaciones de oficio para determinar lo que ha ocurrido con los dineros de la Estampilla y se analice el modo de contratación y los adjudicatarios de las obras que se han ejecutado con la anuencia de la Junta que maneja la Estampilla.

 

“A la caótica situación que hoy vive la Universidad del Atlántico, no le podemos sumar que siga imperando una línea de manejo de dineros de la Estampilla que no corresponde a lo correcto y a lo que se requiere”, puntualizó el congresista.

 

“Es pertinente que los órganos de control vayan hasta las últimas consecuencias con esta investigación que hemos planteado como urgente y necesaria a la luz de los deplorables acontecimientos en la Universidad del Atlántico”, precisó el Senador Name Cardozo.

 

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