Menu

NEWSLETTER


Inscribete al Newsletter



A+ A A-

Presidente del Congreso explica prioridades durante segundo período legislativo

Para este martes se anuncia integración de Comisión Accidental que estudiará objeciones presidenciales a Ley Estatutaria de la JEP.

 

Bogotá D.C., marzo 18 de 2019 (Prensa Senado). El presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tovar, explicó cómo se trabajará durante este segundo período legislativo.

 

Durante la Plenaria que se tiene dispuesta para este martes 19 de marzo, el Presidente del Senado indicó que una vez se instale esta se anunciarán los proyectos pendientes y se dispondrá a nombrar cada uno de los integrantes de la Comisión Accidental, encargada de evaluar las seis objeciones presentadas por parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

Una vez se nombre la Comisión Accidental durante la sesión Plenaria del Senado, ella deberá presentar unos días después un informe con cada uno de los argumentos frente a las objeciones presentadas.

 

"Las objeciones son el paso más abreviado que pueda existir en el trámite del Congreso, ¿por qué? Se nombra una comisión accidental y esta estudia las objeciones y no interfiere el trabajo de las plenarias", indicó el Presidente del Senado.

 

Por otra parte, el senador Macías resaltó que además de las objeciones a la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo se encuentran en el Senado otros temas cruciales como proyectos anticorrupción que quedaron pendientes y algunos debates de control político, ya aprobados.

0
0
0
s2sdefault

Comisión de coordinadores y ponentes del PND acogió propuesta para evitar que se apague el servicio de energía de la Costa Caribe

En la jornada de trabajo de hoy la comisión de coordinadores y ponentes del Plan Nacional de Desarrollo aceptó incluir en el texto los compromisos para evitar que se apague esta región del país por las problemáticas de Electricaribe.

 

Bogotá, 19 de marzo de 2019. Tras analizar la propuesta del Gobierno Nacional, la comisión de coordinadores y ponentes del Plan Nacional de Desarrollo acogió adoptar las disposiciones que aseguren una prestación eficiente y sostenible del servicio de electricidad en el Caribe colombiano y evitar así un apagón en la región por las reiteradas problemáticas de Electricaribe.

 

Dichas disposiciones incluyen que el Gobierno Nacional asuma el pasivo pensional de Electricaribe y la operación de esta empresa mientras se realiza su venta, así como una sobretasa transitoria por 2 años de cuatro pesos por kilovatio consumido para los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y usuarios industriales y comerciales a nivel nacional, con el fin de apoyar el financiamiento, el pago de obligaciones, la realización de inversiones y garantizar la continuidad del servicio.

 

De aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, la Nación estará autorizada para adoptar las medidas necesarias de financiamiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por términos superiores a un año y con la reglamentación del Gobierno Nacional según lo estipulado en la Ley.

 

La decisión de la comisión de ponentes se tomó sobre la base de un compromiso de trabajo articulado en la región Caribe para generar una cultura de pago por parte de empresas públicas y ciudadanos, así como de la revisión del buen uso de los subsidios que en la actualidad se otorgan para usuarios del servicio de electricidad.

 

“Es un esfuerzo que nos incluye a todos para evitar que se apague el Caribe colombiano. Electricaribe fue intervenida desde hace dos años porque la empresa que la manejaba no cumplió con sus responsabilidades y por ello es necesario tener un nuevo operador que garantice eficiencia y calidad”, explicó la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, coordinadora ponente del Plan Nacional de Desarrollo.

 

La congresista agregó que estas medidas no implican que el Gobierno del presidente Iván Duque cese en la tarea de exigir que el anterior operador de Electricaribe cumpla con sus responsabilidades económicas ante la crisis en la que dejó la empresa y la prestación del servicio.

 

0
0
0
s2sdefault

Bancada Alternativa le dice NO al Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque

Bogotá D.C, marzo 19 de 2019 (Prensa Bancada Aternativa). - Los congresistas Wilson Arias (Polo Democrático Alternativo), Aída Avella (Unión Patriótica), Gustavo Bolívar, David Racero (Lista Decentes), Carlos Carreño y Jairo Cala (Fuerza Alternativa del Común), de la bancada alternativa radicaron hoy ponencia negativa al Proyecto de Ley 227 Senado y 311 Cámara, mediante el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) Pacto Por Colombia, Pacto Por la Equidad, por considerar que es un Plan diseñado a la medida de los grandes capitales y las multinacionales, que empobrece a los colombianos, atenta contra la riqueza natural del país y desconoce la necesaria incorporación del acuerdo de paz como horizonte para Colombia. 

Wilson Arias, senador del PDA dijo que “El PND presentado por Duque no hace honor a su nombre; nos condenan al extractivismo que poco le ha brindado al mejoramiento de las capacidades productivas del país y la generación de empleo cualificado, a la vez, que legaliza la precariedad, permitiendo que los empleadores contraten por debajo del salario mínimo. Es un PND que aumenta los impuestos sobre la clase media y la precariza”. 

“En lo educativo desconocen los acuerdos con maestros y estudiantes universitarios, y le dan un puntapié a la formación para el trabajo. El ICETEX y la financiación a la demanda por medio del crédito continúan siendo la bandera de este gobierno, que poco se distancia de Santos. Y como si no fuera suficiente, pretenden quitarle autonomía financiera y de gobierno al SENA, presentando un rencauchado de unificación y botando a la basura algo ganado por los trabajadores desde 1957, la destinación específica de recursos para esta entidad”, aseguró Wilson Arias. 

Arias precisó, por ejemplo que: “pretenden convertir el catastro de su función pública a un servicio público, dándole la posibilidad a los privados de gestionar nada menos que lo que han buscado y hecho por mucho tiempo, legalizar el despojo”. 

Por su parte el senador Gustavo Bolívar (Lista Decentes) dijo que: “El PND profundiza el modelo extractivista que se ha venido implementando desde Pastrana, Uribe y Santos, abriendo la puerta al fracking en detrimento del medio ambiente”.

 Bolívar aseguró que el PND “incentiva el modelo de negocio que proviene de la Ley 100, en detrimento de los recursos de salud pública, plantea subsidios a privados, exige a los hospitales rentabilidad financiera en lugar de rentabilidad social e incluye el riesgo de salvar financieramente a las EPS, mediante instrumentos que hacen recordar a los nefastos bonos Carrasquilla".

 Aída Avella, senadora de la UP, enfatizó en la precariedad laboral del PND y puntualizó que éste profundiza la flexibilización laboral: “Este sistema desprovee al trabajador de una protección social real, ya que limita el acceso a la pensión, a la salud y a una efectiva protección a los riesgos laborales, y no cubriría incapacidades, licencias, accidentes de trabajo, pérdidas de capacidad laboral, entre otros mínimos existente en Colombia”. 

Carlos Carreño y Jairo Cala, congresistas de la FARC, resaltaron que este PND posee vicios de inconstitucionalidad al no incorporar el capítulo específico para la implementación del Acuerdo de Paz en los términos definidos en el CONPES 3932. Al respecto, enfatizaron que: “A través del PND, el Gobierno Nacional busca mediante el desconocimiento de la Paz como un derecho, reactivar un nuevo ciclo de violencia que impida la materialización de los distintos puntos que componen el Acuerdo Final, fundamentalmente en lo correspondiente a la reforma rural integral y la sustitución concertada de cultivos declarados ilícitos, la reincorporación económica y social de los exguerrilleros de las FARC-EP y sus garantías de seguridad jurídica y física, y la implementación del sistema integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”. Para la FARC la condición sin la cual resulta imposible planear el futuro del país, es la construcción en y desde los territorios para todo el país. 

Para el representante David Racero (Lista Decentes) “El PND afecta a la clase media, afecta el buen vivir de la población, quita los subsidios del estrato 3, aumenta la cotización de salud y pensión, sin mejorar el servicio de estos derechos, entre otras medidas. Por ello, nosotros la bancada alternativa decidimos votar en la ponencia al PND, negativamente”. 

 Ponencia Negativa

0
0
0
s2sdefault

¡Levanten el Paro!

“Somos solidarios con las justas causas de los pueblos indígenas y apoyamos sus reclamaciones”: senador Guillermo García Realpe.

 

Nariño, marzo 18 de 2019.- Como es de conocimiento nacional la vía Panamericana continúa cerrada por cuenta del paro indígena y campesino que se adelanta en el departamento del Cauca, lo que ha generado serios traumatismos viales y graves afectaciones sociales y económicas.

 

Pero no sólo el Cauca está siendo afectado, sino que casi todo el sur occidente colombiano; departamentos como Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo ya sufren los rigores de los bloqueos  en las vías que conectan a las regiones del sur.

 

Somos solidarios con las justas causas de los pueblos indígenas y apoyamos sus reclamaciones, pero también somos conscientes de la necesidad imperiosa de buscar salidas urgentes que permitan una solución definitiva a la situación que hoy afecta a las gentes del sur.

 

Ya son múltiples las afectaciones sociales y económicas en los sectores productivos del sur de Colombia como el lechero, papero, transportador, comercio, entre otros, por lo que el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Agricultura e Interior, deben concertar salidas definitivas para superar este momento que hoy tiene paralizado al sur occidente colombiano. 

 

Se requiere entonces que Gobierno y comunidades concreten provisionalmente un levantamiento del paro mientras dialoguen sobre los temas de fondo del cumplimiento de las actas de compromiso con las comunidades indígenas y campesinas del Cauca y del sur del país, el Gobierno debió anticiparse a éste bloqueo con un diálogo constructivo y efectivo, no se llevó a cabo y hoy requerimos que cuanto antes haya un levantamiento del mencionado bloqueo. 

 

Hoy son múltiples los compromisos pactados, pero que sin embargo no han tenido un avance significativo, por ejemplo, una de las peticiones puntuales de las comunidades indígenas es el cumplimiento del Decreto 1811 del 2017 y su inclusión dentro del Plan Nacional del Desarrollo como un capítulo especial para los pueblos indígenas, así mismo que cese el exterminio a líderes sociales y los enfrentamientos de grupos armados ilegales, y desde luego sus aspiraciones en materia de tierras por el orden de 41 mil hectáreas, entre muchos otros.

 

Toda esta situación se ha traducido en múltiples afectaciones, los alimentos han empezado a subir sus precios, las medicinas y combustibles escasean, los transportadores y el comercio ya reportan millonarias pérdidas, las entidades de salud ya han declarado la alerta amarilla en varios zonas, y desde ya se plantean establecer puentes aéreos para abastecer insumos hospitalarios.

 

En Caquetá por ejemplo cientos de animales bovinos no han podido ser transportados al occidente colombiano, el servicio de gas domiciliario y el transporte público fueron suspendidos. En la vía que comunica a Neiva con el sur del país presenta cierres generando afectaciones graves, la misma problemática registran departamentos como Nariño y Putumayo.

 

Entre tanto el Gobierno ha señalado que para los próximos cuatro años se han designado partidas por el orden de diez billones de pesos del Plan Nacional de Desarrollo para atender las necesidades de las comunidades indígenas, también inversiones por 24 billones de pesos para el departamento del Cauca. 

 

Y es que según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, las pérdidas de dicho gremio son millonarias, esto teniendo en cuenta que cada día se realizan alrededor de 189 viajes por estas vías, recorridos que movilizan cerca de 2000 toneladas de mercancías como abonos, manufacturas, arroz y avena. A esto se suman 124 mil galones de líquidos como petróleo, gasolina, biodiesel, bebidas, entre otros.

 

Así mismo en el sector de transporte de pasajeros registra también millonarias pérdidas económicas. Ojalá  más temprano que tarde hayan salidas definitivas que permitan ponerle fin a esta difícil situación que hoy tiene en crisis social y económica a los departamentos del sur y que el Gobierno Nacional entienda sus justas causas.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Un gran desafío por la paz

 

Barranquilla, marz8 18 de 2019.- Las discusiones y enfrentamientos que se han dado luego de las objeciones realizadas por el Presidente Iván Duque Márquez a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solo han servido para polarizar más a los colombianos generando una mayor tensión alrededor de la legitimidad del trabajo que se adelanta dentro de la jurisdicción especial y de lo firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016.

 

Es lamentable que algunos personajes se quieran aprovechar de esta situación para pescar en rio revuelto, la realidad es que al país no le conviene que se haga un debate alimentado por egos que están lejos de conducirlo a un buen término. Los colombianos necesitamos que se trabaje con un espíritu conciliador que busque preservar la paz.

 

El Congreso de la República debe cumplir con sus funciones tal como está estipulado en la Ley 5ta de 1992 y dar trámite formal al informe de objeciones que presente el Presidente de la República, con el fin de rescatar lo que no fue objetado de la ley estatutaria y realizar un debate de altura respecto de las objeciones dejando a un lado los orgullos, las vanidades y los caprichos que no le aportan a la discusión.

Los artículos de la Ley Estatutaria de la JEP objetados por el Gobierno son solo 6 de los 159 puntos, es decir menos del 4% del articulado aprobado por el Congreso y corresponden a los que abordan la obligación de reparar integralmente (artículo 7), la renuncia a la acción penal cuando se trate de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra (artículo 19), las competencias del Alto comisionado para la paz de revisar la lista de quienes conforman los grupos armados (artículo 63), las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar contra personas sometidas a la JEP (artículo 79), la práctica de pruebas para definir la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final (artículo 153), y la extradición de personas que ofrezcan verdad (artículo 156).

 

Ésta discusión que ha regresado al Congreso de la República, debe ser asumida por todos los parlamentarios como una nueva oportunidad para trabajar a favor de la paz de Colombia. Más allá de los colores y las posturas políticas de a quienes nos corresponde debatir este tema, debe estar la responsabilidad de buscar consensos alrededor de lo que hasta hoy se ha logrado en nuestro país con el acuerdo de paz.

 

Nuestra propuesta para sacar adelante el estudio y la aprobación de la JEP es que entre todos realicemos un gran pacto multipartidista en el que participe el Presidente, el Fiscal, la Presidenta de la JEP y los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Debemos lograr la aprobación y sanción de lo que no fue objetado del proyecto de ley, y paralelamente buscar un consenso sobre lo objetado y lo que se ha planteado reformar sobre el acto legislativo 01 de 2017.

 

Estamos en un momento decisivo en el que debemos actuar con sabiduría buscando la reconciliación de las ideas frente a la paz, y no propiciando discusiones estériles que pongan en riesgo su implementación y fortalecimiento. Tenemos un gran desafío y compromiso que no es otro diferente al de preservar lo alcanzado en el acuerdo de paz.

 

0
0
0
s2sdefault
Color I Color II Color III