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¡No más muertes de líderes sociales!

“El proceso de Paz, a pesar de todas las actuales dificultades, debe continuar”: senador Guillermo García Realpe 

 

Nariño, julio 16 de 2018.- Cada día los colombianos vemos con asombro y con impotencia como en el país se siguen presentando asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, sobre todo en aquellas regiones donde con más intensidad se ha vivido la violencia.

 

Se supone que en un país en Paz, que hace transición hacia el posconflicto, este tipo de hechos muy lamentables por cierto, no se deben presentar. Pero, hoy la realidad es otra y el panorama es bastante desolador.

 

Según las últimas cifras recopiladas por Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz), tan sólo en lo corrido del 2018, es decir durante estos primeros seis meses y medio se ha registrado la muerte de 123 líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país, 22 de estas muertes se han presentado después de las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio. Algo realmente ¡alarmante!

 

Departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba, Putumayo, Meta, Norte de Santander, Cesar, ocupan hoy el deshonroso top 10 de las regiones donde han caído más líderes sociales.

 

Pero la radiografía de muerte es más alarmante si retomamos datos estadísticos desde diciembre  del año 2016, fecha de la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las FARC, las cifras de INDEPAZ muestran que 293 defensores han sido asesinados en Colombia, es decir, que en promedio se registró una muerte cada cuatro días. 

 

Este exterminio generalizado y sistemático contra nuestros líderes, lideresas sociales y defensores de los Derechos Humanos no lo podemos seguir permitiendo. La sociedad civil, y todos quienes defendemos la Vida como Derecho fundamental y la Paz como ese gran anhelo nacional, estamos llamados a enarbolar las banderas de la reconciliación nacional y exigirle a los violentos que están cegando la vida de nuestros conciudadanos que cesen todo acto de barbarie, de muerte, y que respeten sus derechos fundamentales y el de sus familias.

 

Frente a la violencia generalizada y al exterminio sistemático de líderes sociales surgen varios interrogantes que aún no han sido despejados por el gobierno nacional y por los organismos de inteligencia del Estado.

 

Según cifras oficiales el 81,5 por ciento de las víctimas pertenecen a organizaciones campesinas, como Juntas de Acción Comunal o comunidades étnicas. 

 

Mientras tanto, muchas de las causas como por ejemplo las disputas y los conflictos por tierras, también la minería ilegal, y los cultivos ilícitos representan el 83 por ciento del motivo de los asesinatos.

 

Factores como la presencia de disidencia de las FARC, del ELN y de otros actores armados ilegales que buscan apoderarse de las antiguas zonas donde ejercía control la guerrilla de las FARC, están generando graves impactos en las poblaciones de influencia, pues todos buscan apoderarse y controlar la economía ilegal, sin importar que en ese trance se vulneren los Derechos Humanos de sus habitantes y de quienes ancestralmente han ocupado esos territorios.

 

Recientemente también graves hechos han sucedido en el departamento de Nariño, la muerte el pasado 11 de julio de tres agentes investigadores del CTI de la Fiscalía en momentos en que se dirigían a una diligencia judicial en el sector Guayacana, kilómetro 78 vía Tumaco-Junín, es un grave episodio que enluta a las familias de Willinton Montenegro, Douglas Medina y Jair Montenegro. Nuestra solidaridad y apoyo a sus familias en estos difíciles momentos.

 

Así mismo toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía debe ser dispuesta para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan más temprano que tarde a la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes, los violentos no pueden quedar impunes, quienes decidieron seguir por el camino de la criminalidad, delinquiendo, asesinando, narco traficando, deben ser perseguidos por las Fuerzas del Estado, sus organizaciones se deben desmantelar y sus cabecillas y demás antisociales enfrentar todo el peso de la Ley.

 

El proceso de Paz, a pesar de todas las actuales dificultades, debe continuar, sobreponerse al difícil momento y avanzar en la búsqueda del respeto por la Vida, los Derechos Humanos y alcanzar la reconciliación nacional.

 

Nuestro abrazo solidario a todas las familias de las víctimas de los líderes y lideresas sociales que han caído en esta cruel violencia que no se resigna a dejarnos vivir en Paz.

 

 

 

 

 

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Un nuevo Congreso con responsabilidad social y política

"Me siento profundamente honrado de hacer parte de este momento histórico que vive nuestro país": senador José David Name

Barranquilla, julio 16 de 2018.- Este viernes 20 de julio realizaremos la instalación de la nueva legislatura 2018 – 2022, concientes de la gran expectativa que hay en el país por los cambios que veremos en este nuevo Congreso, que ante todo deberá concentrarse en la búsqueda de consensos para sacar adelante reformas que realmente beneficien a los colombianos.

 

En dos semanas asistiremos a la posesión del nuevo gobierno, que desde el 17 de junio ha venido recibiendo información de empalme, haciendo consultas a nivel nacional e internacional, exponiendo ideas de principios y políticas, y dando a conocer el equipo más próximo al Presidente. 

 

Me siento profundamente honrado de hacer parte de este momento histórico que vive nuestro país. Es satisfactorio poder decir que en estos últimos años, Colombia ha avanzado en áreas esenciales como la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la infraestructura, la arquitectura del comercio exterior, las posibilidades de diversificación de la oferta exportable, la oferta energética, la recuperación del sector agrario, y que además se ha podido establecer una ruta para la búsqueda de la paz, que aunque está sujeta a algunos ajustes, ha cambiado la historia de los colombianos.

 

Pese a los logros y avances que ha tenido el país, debemos seguir trabajando por mejorar los aspectos que continúan con indicadores en rojo como la inseguridad, la educación, la desigualdad, la salud y el desempleo que requieren de un compromiso articulado por parte de todos para que verdaderamente nos convirtamos en la nación de la justicia social. 

 

Estaremos atentos de las actuaciones del nuevo gobierno frente al tema económico que debe dar mejores señales de estabilidad y buen juicio en la toma de las decisiones fiscales y de la política económica.  El Presidente Ivan Duque ha venido asumiendo compromisos en la denominada Economía Naranja, enfocada en las pequeñas empresas y con la reactivación de la industria, que es la más potente palanca de desarrollo sostenible. 

 

Hay muchos desafíos para esta nueva legislatura, entre ellos está lograr el tramite exitoso de reformas como la justicia, la tributaria, la pensional, la de educación en todos los niveles y la nueva reforma a la salud, que son vitales para el desarrollo de los colombianos y que necesita con gran urgencia el país.  Confío en que este nuevo Congreso será comprometido y responsable con la labor que nos ha sido encomendada. 

 

Las consulta internacionales del Presidente han logrado respaldo para su agenda, sobre todo en temas cruciales como los cultivos ilícitos y Venezuela. Con Europa y Asia hay temas por desarrollar en materia de mercados y en eso tenemos avances por efecto de la pacificación y el ingreso a la OCDE, que constituyen factores de confianza.

 

Las prioridades del Ejecutivo y el Legislativo deben estar centradas en los temas sociales y económicos, que son los principales cambios que está exigiendo la ciudadania. Las demandas sociales estuvieron concentradas en seguridad ciudadana, la educación, la salud, el empleo y la vivienda.  En el caso de la costa Caribe, en la confiabilidad en suministro de electricidad, el desarrollo humano y de infraestructura. Queremos una respuesta del nuevo gobierno que genere confianza frente a las disparidades sociales en la región con respecto a la nación que nos ubica con ingresos que llegan hasta la mitad apenas del promedio nacional en casos extremos, como Sucre y el sur de Bolívar. Partimos en desventaja en materia de desarrollo territorial porque hay compromisos en otras regiones golpeadas por el conflicto y gran parte de nuestro territorio no aplica en esa estrategia de desarrollo. Este es un tema que impone un debate interno para la toma de decisiones en el Plan de Desarrollo hasta el 2022.

 

El Presidente Duque anunció que el paquete de reformas llegará con su posesión. Tendremos, en consecuencia, un Congreso con tareas urgentes, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, y eso nos anima a realizar un trabajo con responsabilidad social y política.  Lo lograremos.

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Presidente de la República sancionó la “Ley del vigilante” 

Bogotá D.C., julio 16 de 2018 (Prensa s. Luis Fernando Velasco).-Más de 270 mil trabajadores de la vigilancia y seguridad privada celebraron este 12 de julio la sanción presidencial de la “Ley del Vigilante”, que convierte en Ley de la República la iniciativa del Senador Luis Fernando Velasco, luego de casi dos años de arduo trabajo en el legislativo.

 

El proyecto, que había sido aprobado por el Congreso el pasado jueves 21 de junio, ahora se convierte en realidad y empieza a regir en beneficio de todo el gremio de la vigilancia y seguridad privada que gozará de una serie de beneficios que mejoran indudablemente sus condiciones laborales y su calidad de vida.

 

La “Ley del Vigilante” ahora Ley 1920 de 2018, crea un seguro de vida colectivo que amparará a los trabajadores las 24 horas del día; abre la posibilidad de acordar con el empleador jornadas laborales diarias de 12 horas, sin exceder la jornada máxima semanal, lo que se traduce en mayor tiempo de descanso y mejor salario; crea una serie de incentivos para la contratación de mujeres, personas mayores de 45 años y/o en condición de discapacidad. 

 

Así mismo, crea la posibilidad de que empresas desarrollen convenios con el SENA para la profesionalización de la actividad y establece el derecho a que trabajadores puedan obtener copia del examen de aptitud psicofísica que podrá realizarse en cualquier IPS del país y cuyos resultados ya no serán causal de exclusión, por el contrario, se deja claro que en caso de ser necesario el trabajador debe ser reubicado en funciones operativas que no requieran el uso de armas, entre otros beneficios.

 

La Ley, que se suma a la larga lista de los logros legislativos del Congresista Caucano, es el resultado de un trabajo conjunto con representantes del gremio que venían exigiendo mejores condiciones para la prestación de su servicio, “celebramos con gran entusiasmo la noticia de la sanción presidencial de la Ley del Vigilante, por la que tanto trabajamos y a la que le pusimos nuestras mejores intenciones. Este es un primer paso hacia una merecida reivindicación con un sector que resulta fundamental para todos los colombianos. El trabajo continúa y esperamos poder llegar mucho más allá” expresó Velasco, quien agradeció el respaldo recibido y el apoyo de todos los que hicieron posible sacar adelante esta iniciativa.

 

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Nueva oportunidad para el Nuevo Liberalismo

Bogotá D.C., julio 16 de 2018.- Miembros del movimiento NUEVO LIBERALISMO, han solicitado el reconocimiento de su personería jurídica. Este reclamo, dicho sin exageraciones, se funda en hechos dolorosos de la historia colombiana que han dejado cicatrices en el alma nacional, pero que hoy, marcan el horizonte de una nueva esperanza para nuestro país.

 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO entregó su propia vida al servicio del combate contra la corrupción y el narcotráfico movido por las ideas que inspiraron al NUEVO LIBERALISMO. Esas ideas libertarias en contra de la inequidad y la desigualdad, así como la convicción de que Colombia solo alcanzará su madurez democrática cuando se recuperen los valores éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los dirigentes de partidos políticos, fueron su sentencia de muerte en la plaza de Soacha casi 30 años atrás.

 

Hoy, quienes lo acompañaron en los inicios de su proyecto político, son proponentes de una nueva demanda que busca recuperar la personería que se obtuvo  en 1986 y que como consecuencia directa de su exterminio físico (50 militantes asesinados en el Urabá, Puerto Boyacá y Magdalena Medio) en los años ochenta y noventa en el país, después del asesinato de su líder, no pudo mantenerse.

 

Prueba de ese clima de violencia, es que cuando el movimiento se disolvió para ingresar al PARTIDO LIBERAL durante la campaña a la Presidencia de la República en 1989; su principal rival dentro del partido, fue Alberto Santofimio Botero, político condenado por la Corte Suprema de Justicia a 24 años de prisión por el magnicidio de LUÍS CARLOS GALÁN SARMIENTO. Posterior a esto, los demás miembros del NUEVO LIBERALISMO, fueron víctimas de persecución, secuestro y atentados de diverso orden. Solo por honrar a algunos de ellos, recordamos a los concejales en Apartadó, y Antioquia, los periodistas Guillermo Cano Isaza y Jorge Enrique Pulido Sierra, y otros miembros que sufrieron atentados como Alberto Villamizar, Enrique Parejo,  Iván Marulanda Gómez; y Maruja Pachón.

 

Todos estos hechos, muestran la sistematicidad de los ataques contra el NUEVO LIBERALISMO, solo comparable al de la Unión Patriótica, a través de aparatos organizados de poder, razón por la cual, la Corte declaró el magnicidio como un crimen de lesa humanidad. Pese a las pruebas aportadas, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) negó la solicitud de restitución de la personería jurídica al NUEVO LIBERALISMO. Ahora, los demandantes acuden al Consejo de Estado, quien declaró que el CNE debe valorar de nuevo la solicitud inicial a la luz de consideraciones precisas impartidas por el propio Consejo de Estado. Esperamos celeridad y justicia para que el NUEVO LIBERALISMO reaparezca como intérprete de ese liberalismo que el PARTIDO LIBERAL decidió abandonar.

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“La Zona de Reserva Campesina de los Montes de María, está mal concebida y es un paso hacia la expropiación”: senador Araújo

Bogotá, 11 de julio del 2018 (Prensa s. Fernano Araujo).- Tras estudiar el acuerdo 57 del 2018 por el cual se crea la Zona de Reserva Campesina - ZRC Montes de María 2, el senador Fernando Araújo aseguró que está mal concebida porque deja un vacío que podría dar cabida a la expropiación.

 

"Es el instrumento para proceder a expropiar los terrenos con una extensión mayor de 45 hectáreas, además no aclara cómo evitar el conflicto con los ocupantes de buena fe y ocupantes de terrenos baldíos", dijo el senador

 

Cabe anotar que esta zona de reserva ocupa más del 30% de todo el territorio de los municipios de El Guamo, Zambrano, Córdoba y parte importante de San Juan Nepomuceno, sin siquiera especificar cuántos propietarios tiene predios ahí.

 

Sumado a lo anterior la zona restringe las actividades agrícolas, ganaderas y campesinas.

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