Menu

NEWSLETTER


Inscribete al Newsletter



A+ A A-

Fallo ordena suspensión de ventanilla minera

 

Se da luego de que el senador Iván Cepeda junto a organizaciones sociales y ambientales interpusieran una acción popular que hoy es resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

Bogotá, diciembre 14 de 2018.- La jurisprudencia que dejó sentada el alto tribunal, se da luego de que de que el senador  del Polo Democrático, Iván Cepeda en conjunto con numerosas organizaciones y personas que trabajan en la defensa territorial en distintos departamentos de Colombia interpusieran una acción popular el 23 de octubre de 2013.

 

Las instituciones demandadas fueron el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

 

Con esta sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ampara los derechos colectivos a: Gozar de un Medio Ambiente Sano, la Existencia del Equilibrio Ecológico, y la Defensa del Patrimonio Público. 

 

En consecuencia, el Tribunal ordena “Suspender los efectos de la Resolución 484 de 2012, que reabrió la ventanilla minera”.

 

“Esta es una decisión judicial que finalmente acepta que la política en materia minera tiene irregularidades sustantivas que deben corregidas. Para ello compromete a las instituciones mineras y ambientales para que de manera coordinada ordenen la casa antes de seguir adelante” dijo Iván Cepeda.

 

Agregó que, es una sentencia estructural que entiende el interés superior del ambiente y exige del Estado una disciplinada labor de planeación, ordenando que la política impulsada desde la autoridad minera atienda los instrumentos de planeación ambiental, sobre los que hoy hay un enorme déficit en su efectivo desarrollo y aplicación.

Los efectos de la Resolución 484 de 2012, que reabrió la ventanilla minera se suspenden hasta cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, en un término no mayor a tres (3) años, las respectivas delimitaciones y/o zonas de reserva de recursos naturales, tales como humedales, paramos, parques naturales, aguas subterráneas, y demás áreas de importancia ecológica, con base en estudios técnicos, idóneos, integrales, precisos, adecuados y eficaces, que garanticen la preservación del ambiente y de los recursos naturales.

 

Una vez hayan sido concluidos esos estudios, y se precisen los polígonos de las áreas excluidas de la minería en el país, el Ministerio de Ambiente deberá remitir, dentro del término no superior a un (1) mes, esa información a la Agencia Nacional de Minería. 

 

Recibida esa información, la Agencia Nacional Minera deberá actualizar la información del Catastro Minero, dentro de un término no superior a un (1) mes.

 

La sentencia aclara que esta suspensión no aplicará para las solicitudes de legalización minera tradicional, y de aquellas que se conceden en el ejercicio del derecho de prelación de comunidades étnicas.

 

Adicionalmente, el Tribunal ordenó a MinMinas, a la Agencia Nacional de Minería, a MinInterior, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y MinAmbiente, para que de manera coordinada e integral, en el término de dos (2) años, revisen y adopten las medidas de adecuación de los procedimientos y requisitos de concesión minera, para que se verifique el cumplimiento del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que en materia ambiental no hay derechos de carácter absoluto. 

 

Esta sentencia crea a su vez un Comité de Verificación de Cumplimiento, integrado por las partes (demandantes y demandados) y por la Procuraduría General de la Nación.

 

Durante el litigio se allegó información en donde se demuestra que el país sólo conoce el 21% de las fuentes de agua subterránea; que las CAR y la Autoridad Minera no tienen información completa sobre las bocatomas de agua que suministran el agua para consumo humano; y, que no se han delimitado los humedales del país. 

 

Así mismo el Tribunal destacó el rol de las universidades que participaron en el proceso a través de conceptos técnicos e intervenciones, como la Universidad Nacional, de Cartagena, la Javeriana.

 

Finalmente, el Tribunal reconoce que hay unas zonas excluidas de la minería por mandato legal, y otras zonas que por su importancia ambiental deben agregarse a ese inventario, como por ejemplo los humedales y las aguas subterráneas, y da la razón en que al afectarse la naturaleza, se afecta el patrimonio público. 

 

¿Cómo comenzó este litigio?

 

En febrero de 2011 el Ministerio de Minas suspendió la recepción de títulos mineros, decisión que fue prorrogada hasta octubre de 2012 cuando la Agencia Nacional de Minería decide reactivar el proceso de recepción de solicitudes denominada ventanilla minera a través de la resolución 484 de 2012.

 

Una de las razones por las que se había suspendido en 2011 dicha recepción de solicitudes era asegurar la actualización del catastro minero, una plataforma de información que tiene dentro de sus propósitos identificar las zonas en donde no es posible realizar minería.

 

En 2012, la Autoridad Minera, resolvió reactivar el mecanismo de tramitación de títulos, aun cuando era consiente que no se había terminado de identificar e inventariar todas las zonas del país, que debían ser excluidas de la minería. 

 

Consientes del riesgo que ello representaba para el ambiente, los territorios, las poblaciones rurales, y para la gobernanza misma, el 23 de octubre de 2013 el senador del Polo Iván Cepeda en conjunto con numerosas organizaciones y personas que trabajan en la defensa territorial en distintos departamentos de Colombia interpusieron la acción popular que hoy es resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

0
0
0
s2sdefault

Bancada alternativa, centrales obreras, pensionados, indígenas y estudiantes anuncian cumbre en febrero para organizar Paro Nacional 

Bogotá D.C,  13 de diciembre de 2.018.- La Bancada Alternativa, la CUT, la CGT, la CTC, pensionados, indígenas y organizaciones estudiantiles UNESS y ACREES anunciaron una gran cumbre en el mes de febrero de 2019 para organizar el paro nacional  contra todas las decisiones que está tomando el gobierno del Presidente Iván Duque en contra de los colombianos.

 

Las centrales obreras, los congresistas alternativos y los sectores sociales consideran que las condiciones en el país están dadas para un gran paro nacional porque los niveles de corrupción son tan altos que los colombianos no aguantan más y porque las Leyes presentadas en el Congreso no solucionan los problemas de salud, educación y pobreza y por el contrario, lo que ha hecho el Gobierno de Iván Duque es agudizarlos. 

 

El senador Alexander López Maya informó que “los congresistas de la bancada alternativa hemos tomado la decisión de luchar desde el Congreso y desde las calles, votando en contra del Proyecto de Ley de financiamiento o reforma tributaria porque lesiona a la clase media y a los sectores más vulnerables y contra la Ley de TICS que pretenden entregar a grandes transnacionales internacionales la soberanía nacional y la televisión pública; igualmente estamos acompañando toda la agenda de movilización que adelantan los estudiantes, pensionados y trabajadores, para evitar todas estas leyes y actos legislativos que ha radicado el Gobierno del presidente Duque contra de los colombianos”.

 

Agregó “Otro tema central para los sectores que nos hemos unido y que están representados en esta rueda de prensa es la de lucha contra la corrupción y el asesinato de líderes y lideresas sociales que desde el 2016 a la fecha van 538, de los cuales 45 son indígenas”.

 

“Vamos a pedirle a la Corte Penal Internacional que asuma la investigación de la muerte de líderes en nuestro país, porque el Estado Colombiano no ha hecho nada ni por determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de esos homicidios, ni por garantizar la vida y la integridad física de los que en la actualidad están amenazados”.

 

0
0
0
s2sdefault

Acuerdo sobre diferendo limítrofe entre Boyacá y Santander, aprobado por COT del Congreso

 

El IGAC respaldó la decisión de los gobernadores de los dos departamentos, apoyada en la tradición de los pueblos.

 

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2018 (Prensa Senado). Basados en la tradición de los pueblos, los gobernadores de Santander, Didier Tavera, y de Boyacá, Carlos Amaya, lograron un acuerdo frente al diferendo limítrofe que mantenían los dos departamentos.

 

Así lo reveló ante la sesión conjunta de las comisiones de Ordenamiento Territorial, COT, del Senado y la Cámara de Representantes, el congresista Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde).

 

Según Londoño, el acuerdo se logró el 9 pasado de septiembre entre los dos mandatarios departamentales, quienes establecieron que los municipios de Tipacoque, Covarachía, Boavita, San Mateo, Guacamayas y El Espino son jurisdicción de Boyacá, mientras que Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo y Macaravita, corresponden territorialmente a Santander.

 

La diferencia se zanjó teniendo como punto de partida lo dispuesto en el artículo 290 de la Constitución Política y la Ley 1447 del 9 de junio de 2011. Ese acto se publicó en la Gaceta del Congreso número 1015, del miércoles 21 de noviembre de 2018.

 

El acuerdo fue sometido a votación en la sesión de la COT y se aprobó por unanimidad. Seguidamente, la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Eva María Uribe, expresó que su entidad analizó toda la documentación que le presentaron las dos partes.

 

Ratificó que la costumbre y lo tradicional permitió llenar los vacíos de la ley y que gracias a las acciones tradicionales de las personas se facilitó la definición de los acuerdos.

 

Contrario a lo logrado por los gobernadores de Boyacá y Santander, prosiguen las diferencias entre Cesar y La Guajira, por los barrios y los corregimientos de La Junta y Patillal.

 

El alcalde de San Juan del Cesar, La Guajira, Luis Manuel Daza, insistió que como primera autoridad que cobija al corregimiento de la Junta, tiene claro sus límites y anunció un nuevo encuentro a comienzo del 2019 con su homólogo de Valledupar, Augusto Huía, para que no se dilate más el diferendo.

 

Por su parte, el gobernador (e) de La Guajira, Wilson Rojas, afirmó: "Resulta lamentable que mi amigo Augusto Huía incluya temas de carácter político administrativos para el crecimiento del área metropolitana de Valledupar y es entendible porque él puede crecer, pero no debe crecer en detrimento del departamento de La Guajira".

 

A lo anterior agregó: "Nosotros tenemos un arraigo, una jurisdicción sobre Veracruz, Potrerito y Carrizal que es histórico, porque los límites primero fueron de La Guajira, porque así se estableció desde que éramos un solo departamento, como el Magdalena Grande".

 

Prosiguió manifestando: "Somos justos en decir que hay dos barrios como el Perú y Sabanas que están después del arroyo de la Malena, que tienen un arraigo cesarense y se los devolvemos al Cesar, porque les corresponde, pero no es bueno que nos quite lo que es nuestro, cuando allí hemos hecho presencia. En mi caso como Secretario de Gobierno en el año 2004, donde llevamos la primera docente contratada a Veracruz, construimos la vía y llevamos energía".

 

Rojas recodó que el Vallenato nació en La Guajira, pero lleva su nombre y a nosotros no nos molesta, por el contrario nos orgullece porque es grande y como hermanos pedimos que se reconozca nuestro desprendimiento y hermandad.

 

En el mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara por La Guajira Alfredo de Luque Zuleta, quien señaló que el concepto técnico emitido por el IGAC es algo bien definido, pero temporal mientras se define la ley para que establezca los límites formales.

 

"El concepto del IGAC favorece las dos partes y les soluciona los problemas al Cesar sobre el barrio Perú, que no tenía donde expandirse, pero ya está solucionado y se da el acceso a las diferentes veredas por el territorio que cede la Guajira, que son cerca de 300 hectáreas", precisó.

 

Frente al diferendo entre el Cesar y La Guajira, la directora del IGAC informó que esa institución ya tomó una decisión, que será presentada, a comienzos del próximo año, a consideración de estas dos comisiones. Reveló que el informe es conveniente para ambas partes, pero que ellas quieren darse su tiempo.

 

Finalmente, el senador Carlos Manuel Meisel Vergara (Centro Democrático) expresó: "Para mí la comunidad no tiene claro a qué departamento pertenece y eso los limita en su procedimiento, por lo tanto el gobierno está obligado a atender cuál es la petición de cada uno y solucionarlo en beneficio de la ciudadanía, para lo cual yo aspiro resolver la problemática de los habitantes del barrio del Perú en Patillal".

 

Así mismo anunció que presentará una proposición para que el año venidero y entrante antes que el IGAC entregue su informe, se socialice el tema entre los alcaldes de San Juan del Cesar, en La Guajira, y de Valledupar para que tengamos resuelto este problema.

 

0
0
0
s2sdefault

Plenaria prorroga Ley de Orden Público

Senado establece marco jurídico para eventuales diálogos de paz y crea un centro de coordinación para combatir las finanzas de organizaciones dedicadas a los delitos transnacionales y terrorismo.

 

Bogotá D.C., diciembre 12 de 2018 (Prensa Senado). La Plenaria del Senado prorrogó por cuatro años más la Ley 418 o de Orden Público, que establece el marco jurídico que se requiere para eventuales diálogos con los grupos alzados en armas y atender las necesidades de las víctimas del conflicto armado, entre otros temas.

 

El ponente de la iniciativa, senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), explicó a sus colegas los alcances de los artículos de la citada Ley que ha sido prorrogada en varias ocasiones anteriores y que precisamente su última vigencia vencía el próximo 18 de diciembre.

 

A través de esta iniciativa se crean las zonas estratégicas de intervención integral, que podrían competir con los PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

 

Así mismo se fortalece el Consejo de Seguridad Nacional, que podrá declarar zonas estratégicas de intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad, que afecten la seguridad nacional, especificando que estas áreas serán objeto de planes especiales de fortalecimiento del Estado social de derecho.

 

Establece que los planes integrales tendrán la duración que determine el Consejo de Seguridad Nacional.

 

Igualmente, el citado Consejo señalará cuándo una organización se califica como grupo armado organizado al margen de la ley y si se dan las condiciones necesarias para que pueda ser sometida a esta ley.

 

Las condiciones son requisitos para que el gobierno pueda adelantar diálogos y acuerdos de desmovilización, desarme y reintegración del grupo armado. La caracterización tendrá una vigencia de seis meses.

 

A su vez se coordinará la estrategia integral en los territorios priorizados donde se articularán, en la hoja de ruta única, lo correspondientes a la intervención de las zonas estratégicas de la intervención integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial, los planes de acción para la transformación rural, planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, los planes nacionales sectoriales y lo dispuesto en el plan marco de implementación.

 

Por otra parte, se dispuso que el gobierno creerá una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para financiar los planes, programas y estrategias de las zonas estratégicas de intervención integral.

 

Los recursos serán adicionales del presupuesto público y además se tendrá en cuenta la cooperación internacional y los aportes del sector privado.

 

También se crea el Centro de Coordinación para combatir las finanzas de organizaciones dedicadas a los delitos transnacionales y terrorismo. Será una labor mancomunada de la Fuerza Pública, los organismos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales.

 

La Secretaría Técnica del Centro será ejercida por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.

 

Igualmente se crea el Registro Nacional de Identificación Balística, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

 

Sobre el porte de armas se reglamenta que las personas que tengan o porten armas, con permisos vencidos o que no quieran seguir portándolas podrán entregarlas al Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, DCCA.

 

Además, se facultó al Gobierno para reglamentar inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.

 

0
0
0
s2sdefault

Senado aprueba declaración del tejo como Patrimonio Cultural de la Nación

 

Bogotá D.C., diciembre 12 de 2018 (Prensa Senado). El Congreso promueve el reconocimiento de las manifestaciones y expresiones culturales y deportivas del Juego del Turmequé (Tejo) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

 

La plenaria del Senado aprobó el informe de conciliación que acoge el texto aprobado en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que busca la declaración del juego del turmequé (tejo) como patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, salvaguardarlo y destinar recursos para ser invertidos en el municipio de origen. La iniciativa pasa a sanción presidencial para ser Ley de la República.

 

Con la nueva ley se exaltará al municipio de Turmequé (Boyacá) como cuna principal de la Nación del juego del Turmequé (tejo), así como gestor y garante del rescate de esta tradición cultural y deportiva, a la vez que se pide que el Ministerio de Cultura incluya el tejo en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional y se apruebe el Plan Especial de Salvaguardia (PES) y se incluya en el Banco de Proyectos de esta cartera.

 

Los congresistas autorizan al Gobierno para la destinación de recursos necesarios para la ejecución de las siguientes acciones:

 

- La promoción del tejo para fortalecer el sentido de pertenencia, arraigo e identidad Nacional en sus manifestaciones culturales y deportivas.

 

- Garantizar la protección, rescate, promoción y difusión de la manifestación cultural y deportiva del juego.

 

- Promover la investigación, historia, el rescate y difusión de las tradiciones del Turmequé para que perduren en el tiempo y se transmitan de generación en generación.

 

- Construir y dotar escenarios con infraestructura y espacios adecuados en cada uno de los departamentos que cuenten con liga registrada y vigente ante la Federación Colombiana de Tejo (Fedetejo) para realizar eventos y Olimpiadas Nacionales e Internacionales del Juego al Turmequé.

 

- Apoyar el Festival Nacional y el Reinado Nacional del Juego al Turmequé (Tejo), que se realiza en el municipio de Turmequé (Boyacá).

0
0
0
s2sdefault
Color I Color II Color III