Menu

NEWSLETTER


Inscribete al Newsletter



A+ A A-

“El Ministerio de Hacienda acogió nuestra propuesta y aumentó en $10 billones el rubro de inversión”, Nicolás Pérez 

En medio de la discusión y votación del Presupuesto para 2019, en las Comisiones Económicas Conjuntas, el senador Nicolás Pérez resaltó los avances la estructuración del proyecto y solicitó al Gobierno brindar apoyo financiero a importantes iniciativas para Antioquia.
 
 
Bogotá, 24 de septiembre de 2019: El senador Nicolás Pérez aplaudió la decisión del Gobierno Nacional de acoger su propuesta de reducir el monto destinado al pago de la deuda, en el Presupuesto de 2019, para de esta manera aumentar los recursos de inversión, los cuales incrementaron en 10 billones de pesos . 
 
 
Desde que arrancó el estudio de Presupuesto el senador Pérez Vásquez pidió analizar la posibilidad de recortar el monto dirigido al pago de la deuda, “la propuesta es que nosotros podamos hacer un ‘roll over’ o refinanciamiento de gran parte de ella para aumentar el monto a inversión”, dijo en ese momento el congresista.
 
 
Tras días de estudio el Ministerio de Hacienda acogió esta iniciativa por lo que se recortaron $14,5 billones para el pago de la deuda ($14 billones a capital y $0,5 billones a intereses). En consecuencia, se aumentaron 10 billones de pesos para inversión, pasando de $35,4 a $46,5 billones. 
 
 
De acuerdo con el congresista esta es un decisión técnica, ajustada a la regla fiscal y responsable con la sostenibilidad económica del país. Agregó que desde las Comisiones Económicas han “trabajado para ajustar los montos del Presupuesto 2019 de acuerdo a las políticas del nuevo Gobierno, para así financiar programas sociales de la mayor importancia nacional”. 
 
 
Finalmente, el senador Pérez Vásquez solicitó la ayuda del Gobierno Nacional para la financiación de importantes proyectos para Antioquia como: la II Fase del Ferrocarril ( $1.2 billones),vías terciarias ($120 mil millones), el tramo faltante del Túnel del Toyo ($580 millones) y el programa de doble titulación de este departamento ($22 mil 
0
0
0
s2sdefault

Entró en vigencia ley de autoría de la senadora Maritza Martínez que le devuelve a Cormacarena jurisdicción sobre el Meta  

 

La recién sancionada Ley otorga la claridad jurídica necesaria para que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, pueda seguir protegiendo los recursos naturales del Meta.

 

Bogotá D.C., septiembre 24 de 2018.-La Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, que le devuelve a Cormacarena la jurisdicción sobre el departamento del Meta, fue sancionada recientemente por el presidente de la República, Iván Duque. Dicha ley, de autoría de la senadora Maritza Martínez Aristizábal (P. de la U), modifica parcialmente los artículos 33 y 38 de la Ley 99 de 1993 (Ley General Ambiental).

 

La recién sancionada Ley otorga la claridad jurídica necesaria para que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, pueda seguir protegiendo los recursos naturales del Meta.

 

“Con la promulgación de la ley queda claro que Cormacarena es la corporación que debe velar por la protección de nuestra riqueza ambiental. En el Meta contamos con cinco parques naturales, en conjunto con una amplia variedad de ecosistemas propios de los Llanos Orientales y la Amazonia, así como una importante oferta hídrica. Al tiempo que en el departamento se desarrollan importantes actividades de carácter extractivo, agrícola, pecuario, agroindustrial y urbanístico, que tienen la vocación de afectar o incidir de alguna forma en el patrimonio natural del Departamento y del país, de allí la importancia de mantener el status quo que se ha demostrado eficaz para la protección de los Recursos Naturales Renovables”, puntualizó Martínez Aristizábal.

 

 

0
0
0
s2sdefault

“A pesar del hueco fiscal heredado, el gobierno Duque empieza a cumplirle compromisos de campaña”: senador Araújo

Bogotá, 24 de septiembre del 2018. A pesar de la difícil situación fiscal que atraviesa el país, consecuencia de los errores del gobierno anterior, se lograron incluir en el Presupuesto General de la Nación vigencia 2019, $14 billones en inversiones prioritarias que no estaban en el proyecto que radicó el ex presidente Juan Manuel Santos.

 

Lo anterior se logró durante la discusión del presupuesto en comisiones económicas conjuntas, con el impulso de los congresistas del Centro Democrático. Así se aclara el panorama en relación a la inversión que se requiere en diferentes sectores como salud, deporte, agricultura, vías terciarias, educación, entre otros. 

 

“El empeño del presidente Duque, con todo y el hueco que heredó, es cumplir su palabra, y nosotros desde el Centro Democrático lo apoyamos en ese propósito, en ese sentido logramos que se incluyeran adiciones, las cuales quedan sujetas a la aprobación de una ley que permita cubrir las necesidades de inversión”, dijo el senador Fernando Araújo, miembro de la comisión tercera de Senado. 

 

Se logró, en las discusiones de las comisiones económicas, la financiación de los subsidios de energía y gas, aumento de alrededor del 15% del subsidio del adulto mayor, $3.6 billones para el aseguramiento en salud, $1 billón de pesos para familias en acción, $500 mil millones para el plan de alimentación escolar, $115 mil millones para el fomento de la educación superior, alrededor de $100 mil millones para impulsar la economía naranja, $121 mil millones para la modernización de la DIAN, $500 mil millones en vías terciarias y casi $500 mil millones para inversión en el sector agropecuario. 

 

Para destacar este último sector pasó de tener una reducción de -12.8% a un aumento de 2.6%, equivalente a un aumento de $63 mil millones. El sector Ambiente pasó de tener una reducción de -18.4% a un aumento de 1.9%, equivalente a un aumento de $13 mil millones.

 

También es importante resaltar, el aumento al presupuesto del sector Cultura que pasó de una reducción del -15.6% a un aumento de 4.5%, equivalente a un aumento de $18 mil millones e igual el sector Deporte que pasó de una reducción de 42% a un aumento de 3.3%, equivalente a  $18 mil millones.

 

El sector de ciencia y Tecnología pasó de tener una reducción del 32% a un aumento de 6.9%, con un aumento de 23 mil millones.

0
0
0
s2sdefault

La nueva bonanza energética de la Guajira debe beneficiar a sus comunidades

 

El gran reto que enfrentará La Guajira en los próximos años, será  participar activamente en el desarrollo de los proyectos partiendo del inmenso aporte de su riqueza natural.

 

Bogotá D.C. septiembre 24 de 2018 (Columna senador José David Name).-El pasado jueves estuve en La Guajira, participando en el Primer Foro sobre Energías Renovables que se realizó en la ciudad de Riohacha, donde intervine como expositor con una conferencia sobre “El ABC de las energías limpias”.  Allí pude sentir el desencanto, la frustración y la desconfianza, pero al mismo tiempo la esperanza de los guajiros, representados en el Gobernador Wilmer González, en los expositores y asistentes nativos que intervinieron en el mencionado Foro, con el que se abrió una puerta para mirar lo que será el futuro de esta zona del país con la nueva bonanza energética que se avecina.

 

Nuestra participación en dicho evento, como autor de la Ley 1715 de 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”, aprobada en el año 2014 y más conocida como la “Ley de energías limpias”, se constituyó en un motivo más para seguir recabando en el apoyo institucional que se requiere para consolidar los proyectos que allí se adelantan, cuya finalidad, además de resolver problemas estratégicos para la Región Caribe en materia de energía eléctrica, debe orientarse al bienestar de las comunidades, cuyos territorios son el epicentro de un nuevo modelo de generación de fluido eléctrico en el país.

 

Debo decir que hoy, varios días después de haber escuchado las voces guajiras en el Foro de Riohacha y tras conocer nuevas cifras lamentables sobre la muerte de 37 niños Wayuu, en lo que va corrido del año, por problemas que son de público conocimiento, me convenzo más de la necesidad de convertir los proyectos de generación solar y eólica en surtidores de bienestar para las más de 60.000 familias de La Guajira, que carecen de elementales servicios básicos, entre ellos la energía eléctrica, pese a estar ubicados en un territorio generador de riqueza a partir de elementos energéticos como el carbón y el gas.

 

Pero estas reflexiones, hechas también en el Foro sobre energías renovables, podrían quedar en el aire si no creamos e impulsamos los mecanismos legales e institucionales que se requieren, para que las comunidades de La Guajira reciban el derrame de la riqueza que producen sus tierras.

 

Es por ello que tal como lo plantee en el Foro, en mi trabajo legislativo me propongo desarrollar una serie de tareas que van en consonancia con lo que le manifesté al auditorio del evento al asumir el reto planteado por el Gobernador Wilmer González, decisión que me compromete a liderar los procesos necesarios para hacer más transparente lo correspondiente a las consultas previas. 

 

Esas tareas tienen como objetivo empoderar a las comunidades mediante programas de socialización que les permitan conocer no solamente los beneficios que se requieren para sus territorios sino también el planteamiento de los acuerdos que agilicen las consultas previas, a partir de claros y serios convenios entre las comunidades con los inversionistas privados, contando con garantes como el Gobierno y las autoridades territoriales correspondientes. 

 

Pero ese relacionamiento que parte de la confianza y que asegura la participación ciudadana, requiere de la formalidad de una Ley que genere seguridad jurídica, para que no haya lugar a los efectos del pasado, que le han dejado a La Guajira inconformidades y desconfianzas, tal como lo expresó la comunidad públicamente en el Foro, refiriéndose a otras oleadas industriales como fue, entre otras, la llegada de “El Cerrejón”, en las que se ha dejado por fuera a las comunidades, a tal punto que en esos proyectos la mayor parte de la mano de obra, por no decir toda, ha sido reclutada en otras regiones del país. 

 

Esa es una situación que no debe repetirse, porque tal como lo han planteado las etnias, las consultas previas deben hacerse antes que se pongan en marcha los proyectos y para ello hay que dejar claro tiempos y metodologías para poder hacerlas de la manera más ágil, respetándole a las etnias y minorías sus derechos en aquellos territorios donde se van a desarrollar los proyectos.

 

El gran reto que enfrentará La Guajira en los próximos años, será entonces participar activamente en el desarrollo de los proyectos partiendo del inmenso aporte de su riqueza natural. Mi compromiso es el de coadyuvar al impulso de un proceso participativo, de responsabilidad social ampliada para beneficio de toda La Guajira. 

 

0
0
0
s2sdefault

En riesgo la restitución de tierras

 "La restitución no sería obligatoria y como consecuencia se desconoce este derecho fundamental (Sentencia T-821 de 2017). La compensación se convierte en la regla general, lavando el despojo de tierras": senador Guillermo García Realpe.

 

 

Bogotá D.C. septiembre 24 de 2018(Columna senador Guillermo García Realpe).-Recientemente el Centro Democrático radicó en el Congreso de la República una polémica iniciativa que busca modificar la Ley de Víctimas que con tanta dificultad se logró aprobar en el año 2011 bajo el liderazgo del entonces senador, Juan Fernando Cristo.

 

Frente a esta nueva realidad, el liberalismo da la voz de alarma ante el país, sobre el proyecto de Ley 131/2018 Senado, el cual echa abajo todo lo avanzado en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en los Derechos de las víctimas y especialmente en restitución de tierras.

 

Es un verdadero retroceso y echa abajo los Derechos de los campesinos  que han sido objeto de despojo de tierras por las siguientes razones:

 

Este proyecto de Ley busca legalizar el despojo de las guerrillas, paramilitares y de terceros que se aprovecharon de los hechos de violencia, y como consecuencia de ello, terminaría el Estado pagando el valor del despojo  a favor de los ilegales.

 

La restitución no sería obligatoria y como consecuencia se desconoce este derecho fundamental (Sentencia T-821 de 2017). La compensación se convierte en la regla general, lavando el despojo de tierras.

 

Invisibiliza la responsabilidad de los actores ilegales y a sus colaboradores frente a hechos de despojo o abandono, violando el derecho a la verdad.

 

Con la eliminación de la figura de la buena fe exenta de culpa, todos son inocentes, gana el que se aprovechó de la guerra. Eliminar esta figura es entrar en el terreno de la impunidad.

 

Diariamente los jueces y magistrados de restitución vienen pronunciándose  a favor de quienes actuaron de genuina buena fe exenta de culpa, por lo que esto no es un problema.

 

Inversión de la carga de prueba, probatoriamente se distorsionan las herramientas con las que el Estado acompaña a las víctimas, dejándolas en condiciones evidentes de inferioridad en los procesos judiciales. La víctima lleva la carga de la prueba a favor del despojado. Este proyecto de Ley, retrocede 20 años en administración de justicia agraria y modernización del Estado.

 

Una política compensatoria sería excesivamente costosa e imposible de pagar por el Estado.

 

Es decir, por estos y muchos otros aspectos y por lo que representa quitarle alcances a la Ley de Víctimas, como miembro del liberalismo le digo no a esta reforma legal a una norma que ha venido funcionando y cumpliendo cabalmente los objetivos para lo cual fue diseñada y que ha permitido reparar a miles de víctimas en todo el país y restituido también a miles de campesinos que fueron víctimas de despojo.

 

Ahora bien, quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional, estamos sumamente preocupados ante las declaraciones irresponsables dadas recientemente en la ciudad de Cartagena por el señor Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, al afirmar que detrás de la protesta social en Colombia están las mafias.

 

Textualmente dijo el alto dignatario, que más bien parece el Ministro de la guerra: “Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”. Tal vez desconoce este funcionario, que son esas mafias precisamente las que están matando a nuestros líderes en todo el país.

 

Especialmente han asesinado a líderes sociales que han promovido programas de sustitución de cultivos ilícitos, han defendido la vida y el medio ambiente ante la minería ilegal y han promovido una justa restitución de tierras, entre otras actividades, o han sido paneleros, lecheros, cafeteros, arroceros o cultivadores de papa, que protestan por la caída de precios  de sus productos, por importaciones indiscriminadas, contrabando y medidas equivocadas que han arriesgado la economía agraria colombiana.

 

Nuestros líderes sociales y campesinos han quedado entre el fuego de las mafias y la estigmatización del Ministro de Defensa.

0
0
0
s2sdefault
Color I Color II Color III