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Aumento de la deuda extranjera preocupa a senadores de la Comisión Tercera

Comisión Tercera de Senado

El senador Fernando Tamayo (P. de la U), presidente de la comisión, pidió a la Junta Directiva del Banco de la República, que para efectos de hacer un seguimiento permanente a la realidad de la economía del país, se presente a dicha comisión un informe mensual sobre los temas tratados.

Bogotá D.C., abril 25 de 2017 (Prensa Senado).- La crisis de la economía, que para algunos expertos no repunta y, por el contrario, va de capa caída con el aumento del endeudamiento, fue el tema central que enmarcó el informe de gestión del Banco de la República en la Comisión Tercera del Senado. De acuerdo con datos del banco central, a corte de enero de 2017, la deuda externa del país, contraída por el sector público y privado, asciende a un total de 121.097 millones de dólares, es decir, una estimación del 39,3% del PIB colombiano. 

Según el gerente del emisor, Juan Jose Echavarria, en materia de inflación las noticias son positivas pues este indicador se ha mantenido a la baja durante los últimos ocho meses y aseguró que para finales del 2018 la inflación llegará a su rango medio al ubicarse en un 3 por ciento. Expresó el directivo que se mantiene la preocupación ya que la meta inflacionaria no se ha cumplido en los últimos dos años.

En lo que a crecimiento se refiere, explicó Echevarría, que de acuerdo con los analistas, este sería entre el 2 y 3,1% pero elemisor está en el rango pesimista, es decir que considera que este será en promedio de 2%.

Sobre la desaceleración de la economía, la caída de las exportaciones, y los distintos factores que le han restado ritmo a la dinámica económica, sostuvo que Colombia se enfrentó a los dos choques más fuertes a los que se haya enfrentado cualquier país en Latinoamérica: la caída de los precios del petróleo, que se sintió con mucha más intensidad en el país, y el choque de varios países vecinos como Venezuela y Ecuador por el mismo efecto de la baja petrolera, al igual que el aumento de las primas de riesgo.

Sobre el ajuste de las tasas de interés para ayudar a despegar los indicadores económicos, explicó que a medida que se han abierto los espacios en los que la inflación no se dispare y se mantenga en el rango del 3% en el largo plazo, es decir, que se pueda mantener baja la inflación sin estrangular la economía. 

Respecto al desempleo, dijo que en el país es sumamente alto, y que solamente es superado por Brasil y Venezuela. “Nos sentimos orgullosos porque el desempleo es de un dígito, pero es muy malo, en el peor momento de la crisis Norteamericana el desempleo era del 9%. Sin embargo hay que rescatar que el desempleo no ha subido durante los momentos más difíciles”.    

Luego de la intervención del gerente del banco central, el senador del partido Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella,  manifestó su preocupación por el creciente nivel de la deuda externa. Lo mismo hizo su colega Iván Duque, quien fue otro de los que le dio 'garrote' a las políticas adoptadas por el emisor, una de ellas la del crecimiento económico a la que calificó de mediocre. También el senador Duque cuestionó la política fiscal de la que dijo es procíclica y dependiente del petróleo. Las críticas no dejaron de llover también para el sistema tributario al que culpó de ir en contra de la inversión, el ahorro y la competitividad. "A medida que crece la deuda externa y se sigue teniendo un déficit de cuenta corriente y problemas en el mercado de divisas  estamos desnudos frente a lo que podía ser un nuevo choque externo. Colombia ha venido empleando la política monetaria de manera contracíclica”, sentenció Duque, del Centro Democrático.

Finalmente, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, señaló que el endeudamiento externo se debe monitorear con mucho cuidado, teniendo en cuenta que entre 2010, finales de 2016 y comienzos de 2017, “el aumento de la deuda externa no ha sido menor, en parte porque tuvimos una pérdida de ingresos muy fuerte mientras el gasto de la economía se fue ajustando, pero es muy importante que nos apartemos de la apreciación de que todo el aumento externo es responsabilidad del Gobierno, al cual le corresponde cerca de una cuarta parte de esa deuda y un mayor porcentaje al sector privado, y por supuesto la tasa de cambio ha jugado un papel importante en hacer más onerosa esa deuda”. 

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El posconflicto, eje transversal de la adición al Presupuesto General de la Nación

Sesión conjunta comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara

Según el ministro Cárdenas este no es un proyecto sobre una adición más, será el proyecto de la “adición social”.

Bogotá D.C., abril 18 de 2017 (Prensa Senado).- Palo y zanahoria se llevó el proyecto de ley con que el Gobierno Nacional busca adicionar al Presupuesto General de la Nación (PGN) $7,7 billones para la vigencia fiscal de 2017.

Durante el desarrollo de la sesión conjunta de las comisiones económicas, terceras y cuartas, de Senado y Cámara de Representantes, una de las asignaciones que más recelo despertó entre la oposición al Gobierno fue la del posconflicto, la cual está por el orden de los $1,8 billones, integrados a la propuesta de adición por concepto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda.

Según la exposición del ministro Mauricio Cárdenas, los $7,7 billones que se quieren adicionar, corresponden a las rentas del PGN vigencia 2016 así: $6,7 billones resultado de la Reforma Tributaria, dividendos de Ecopetrol e ISA; y $1 billón provenientes de los generados por entidades públicas que se reaforaron.

Explicó la forma y los montos en los que se distribuirá la adición, y el crecimiento de cada uno de estos sectores, con adición, en comparación al presupuesto ejecutado en 2016. Señaló que uno de los sectores con mayor presupuesto será el de educación, que con la adición de $1.186 millones tendría un presupuesto total de $35 billones convirtiéndose, según Cárdenas, en el sector con mayor presupuesto asignado por el Gobierno Nacional en la historia.   

Agregó que los recursos que generan algunos sectores a través de los servicios que prestan, como es el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho, del cual depende la Supernotariado y que tiene a cargo la actualización tarifaria de las notarías, tendría un incremento de $255 mil millones que se destinarán a la atención de la población carcelaria, la Rama Judicial y el ICBF.

“En educación el reaforo fue de $166 mil millones, en Defensa y Policía fue de $105 mil millones y por parte de la Registraduría fue de $100 mil millones, por servicios que prestan. Todos estos recursos serán reinvertidos en los mismos sectores”, dijo el ministro Cárdenas. El funcionario añadió que los $490 mil millones que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que debían ser destinados a la Ruta del Sol II pero que ya no se van a pagar al concesionario que tenía a cargo dicho proyecto, se incorporarían al presupuesto de Invías para fortalecer proyectos de obras públicas dando prioridad a la Ruta del Sol II y proyectos de vías terciarias.

Dijo que los $1,8 billones que se destinarán al posconflicto corresponden a $325 mil millones que ya venían del presupuesto anterior, más los $1,5 billones adicionales. De esta asignación, argumentó el Ministro, se destinarán recursos para avanzar tanto en la sustitución del cultivos ilícitos como en su erradicación, la meta son 100 mil hectáreas, 50 mil serán sustituidas y 50 mil erradicadas. 

Tras la presentación de Cárdenas varios senadores del partido Centro Democrático pidieron la palabra para rebatir lo expuesto por el responsable de la cartera de Hacienda. El senador Fernando Araujo afirmó que el 52% de esa plata que pide el Gobierno es para gastos de funcionamiento lo que, según él, se traduce en una desproporción del gasto público, “que no nos crean pendejos, esa adición no es para ningún sector social”. Agregó, con respecto al rubro para el posconflicto, que 1 de cada 4 pesos de los $1,8 billones, “será para complacer a las Farc y para pagarle a los miembros de ese grupo un millón ochocientos mil pesos mensuales”.

Por su parte el senador, miembro de la Comisión Cuarta, Alfredo Ramos Maya, cuestionó al Ministro sobre $15 billones que, según dijo, están desaparecidos y que corresponden a las últimas dos vigencias fiscales, al igual que $3 billones de la Dian por concepto de recaudo.

Seguidamente la senadora María del Rosario Guerra fue enfática en decir que de esta adición más de $400 mil millones serán para gastos de personal, “sigue aumentando la nómina y el derroche”. Continuó señalando que estos recursos serán usados para hacer proselitismo político, teniendo en cuenta que se acerca un año electoral, “plata que con dolor pagan los colombianos que no se verán para nada beneficiados”.

Otros senadores de dicha colectividad, como la senadora Nohora Tovar e Iván Duque, también criticaron el proyecto.

Por el partido Conservador, el senador Juan Manuel Corzo señaló que el Estado debe revisar el crecimiento burocrático. "Colombia ha crecido económicamente pero igualmente tienen obligaciones que debe atender por lo que se hace necesario ampliar el presupuesto", dijo.

A su turno la senadora Liberal, Arleth Casado de López, pidió al Ministro no olvidarse de las universidades públicas, de las víctimas que reclaman mayores recursos que permitan dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 y todo lo relacionado con la titulación de tierras.
  
Finalmente el ministro Cárdenas anunció que este proyecto representa la cuota inicial de un recorrido de 15 años de cumplimiento del Acuerdo de Paz y que esta inversión “le permitirá a Colombia encumbrarse en el desarrollo”.  

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Senadora Yamina Pestana se pronuncia sobre situación EPS Indígena Manexka

Senadora Yamina Pestana

COMUNICADO DE PRENSA DE LA
SENADORA DE LA REPÚBLICA, YAMINA PESTANA

Como Senadora de la República de Colombia y perteneciente al pueblo indígena Zenú, me permito comunicar que:

1.    Respecto a la nota periodística publicada por Noticias Caracol el día 29 de marzo de 2017 en su emisión central, sobre la actual situación de la EPS Indígena Manexka, aclaro que no he tenido ninguna relación con dicha entidad, y que de ser necesario se darán las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades competentes, junto con las pruebas pertinentes y conducentes.

2.    Con relación a la intervención, con fines de liquidación, de la EPS Indígena Manexka, lamento profundamente este hecho que ha pasado por alto el derecho de la comunidad indígena a ser consultada previamente sobre este tipo de medidas administrativas, las cuales atentan directamente contra los derechos fundamentales de nuestra comunidad y lesionan gravemente nuestra identidad cultural y ancestral.

3.    Al ser liquidada la EPS Indígena Manexka, se le restringe a nuestra comunidad el acceso efectivo a la medicina ancestral y occidental, modelo único en Colombia y que se prestaba de forma efectiva y eficiente por esta EPS.

4.    Es importante aclarar que la EPS Indígena Manexka es propiedad del Pueblo Indígena Zenú, y es un logro invaluable producto de la lucha organizada desde hace más de 25 años por parte de la comunidad, concebida como parte de la reivindicación de sus derechos. Su liquidación, y posterior reubicación de sus beneficiarios en otras EPS’s, pone en riesgo inminente la identidad de nuestro pueblo y su existencia misma.

Por lo anteriormente expuesto y como representante del Pueblo Indígena Zenú en el Congreso de la República, manifiesto mi rechazo a este tipo de decisiones unilaterales que atentan contra la comunidad que represento y que van en detrimento de nuestros derechos, reconocidos tanto por la Constitución Política de Colombia como por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), al igual que por distintos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

¡Aquí estoy, firme, en pie de  lucha, para defender a mi pueblo Zenú!


Bogotá D.C.
Abril 03 de 2017

 

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Se debe llevar empresas y universidades al campo colombiano: Olga Lucía Suárez

 

La congresista antioqueña advierte que es la forma de evitar que los campesinos migren a las ciudades. 

 

Bogotá D.C., enero 11 de 2018 (Prensa S. Olga Lucía Suárez).- La senadora del partido Conservador argumentó, “los desafíos para los congresistas es legislar  para que los campesinos tengan verdaderas oportunidades laborales, teniendo en cuenta que el país se ha visto abocado a un fenómeno de migración a las ciudades durante los últimos 50 años en razón del largo período de violencia que azotó nuestro país”

 

Y continuó la congresista “ahora, con la firma de los acuerdos de paz se ha establecido como reto del Posconflicto una reforma rural integral acorde con la nueva estructura del país, los rezagos de la guerra, el desarraigo de los campesinos a sus tierras por el temor a la violencia”.

 

Suárez Mira, fue enfática en afirmar  que el reto para el país es generar unas líneas legislativas que den respuesta a las verdaderas necesidades en materia rural integral, acompañado de políticas públicas por cada una de las entidades territoriales, que involucren a todos los sectores que mueven la economía de las regiones.

 

Por último la congresista conservadora, considera que una respuesta efectiva a la necesidad de dinamizar el campo colombiano, debe ser la titulación de predios a los campesinos que son víctimas del conflicto armado, la asistencia  técnica en proyectos productivos para las comunidades rurales por parte de la Agencia de Desarrollo rural, el Ministerio de Agricultura y las entidades territoriales.

 

 

 

 

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Comisión Quinta propuso que se disminuya el metraje de baldíos cerca a los pozos mineros

"Los tenedores de baldíos necesitan legalizar sus títulos de tierras", propuso la senadora Nora Garcìa.

Bogotá 30 de mayo de 2017 (Prensa senado). Se conoce como terrenos baldíos aquellos terrenos que pertenecen al Estado o los que están en manos de particulares y no han sido legalizados. El Estado es el primer tenedor de terrenos baldíos y el poco interesado en reglamentar estas tenencias afirmaron los congresistas Daira Galvis, Juan Diego Gómez, Jorge Robledo y Ernesto Macías. En la actualidad los campesinos que tienen terrenos cerca de un pozo minero o petrolero, en un radio cercano a los 2.500 metros, no pueden legalizar sus predios porque el Gobierno no se los permite.

"El Proyecto de Ley a discutir busca cambiar esa medida gubernamental para que se reduzca a 250 metros la prohibición y facilitar a los campesinos legalizar sus predios", expresó la senadora Nora Garcìa. Sobre este proyecto tenemos una ponencia negativa y una positiva y queremos escuchar al Gobierno "pero no asiste a estos debates, lo que nos indica es que no están interesados en el tema porque no cumplen a las citaciones que se le hacen", dijo la congresista.

Ante la inasistencia del ministro de Minas y Energía, German Arce, los congresista de esta célula legislativa  determinaron aplazar el debate y realizarle un nuevo requerimiento al ejecutivo para tratar el proyecto de los terrenos baldíos en Colombia.

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