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El posconflicto, eje transversal de la adición al Presupuesto General de la Nación

Sesión conjunta comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara

Según el ministro Cárdenas este no es un proyecto sobre una adición más, será el proyecto de la “adición social”.

Bogotá D.C., abril 18 de 2017 (Prensa Senado).- Palo y zanahoria se llevó el proyecto de ley con que el Gobierno Nacional busca adicionar al Presupuesto General de la Nación (PGN) $7,7 billones para la vigencia fiscal de 2017.

Durante el desarrollo de la sesión conjunta de las comisiones económicas, terceras y cuartas, de Senado y Cámara de Representantes, una de las asignaciones que más recelo despertó entre la oposición al Gobierno fue la del posconflicto, la cual está por el orden de los $1,8 billones, integrados a la propuesta de adición por concepto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda.

Según la exposición del ministro Mauricio Cárdenas, los $7,7 billones que se quieren adicionar, corresponden a las rentas del PGN vigencia 2016 así: $6,7 billones resultado de la Reforma Tributaria, dividendos de Ecopetrol e ISA; y $1 billón provenientes de los generados por entidades públicas que se reaforaron.

Explicó la forma y los montos en los que se distribuirá la adición, y el crecimiento de cada uno de estos sectores, con adición, en comparación al presupuesto ejecutado en 2016. Señaló que uno de los sectores con mayor presupuesto será el de educación, que con la adición de $1.186 millones tendría un presupuesto total de $35 billones convirtiéndose, según Cárdenas, en el sector con mayor presupuesto asignado por el Gobierno Nacional en la historia.   

Agregó que los recursos que generan algunos sectores a través de los servicios que prestan, como es el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho, del cual depende la Supernotariado y que tiene a cargo la actualización tarifaria de las notarías, tendría un incremento de $255 mil millones que se destinarán a la atención de la población carcelaria, la Rama Judicial y el ICBF.

“En educación el reaforo fue de $166 mil millones, en Defensa y Policía fue de $105 mil millones y por parte de la Registraduría fue de $100 mil millones, por servicios que prestan. Todos estos recursos serán reinvertidos en los mismos sectores”, dijo el ministro Cárdenas. El funcionario añadió que los $490 mil millones que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que debían ser destinados a la Ruta del Sol II pero que ya no se van a pagar al concesionario que tenía a cargo dicho proyecto, se incorporarían al presupuesto de Invías para fortalecer proyectos de obras públicas dando prioridad a la Ruta del Sol II y proyectos de vías terciarias.

Dijo que los $1,8 billones que se destinarán al posconflicto corresponden a $325 mil millones que ya venían del presupuesto anterior, más los $1,5 billones adicionales. De esta asignación, argumentó el Ministro, se destinarán recursos para avanzar tanto en la sustitución del cultivos ilícitos como en su erradicación, la meta son 100 mil hectáreas, 50 mil serán sustituidas y 50 mil erradicadas. 

Tras la presentación de Cárdenas varios senadores del partido Centro Democrático pidieron la palabra para rebatir lo expuesto por el responsable de la cartera de Hacienda. El senador Fernando Araujo afirmó que el 52% de esa plata que pide el Gobierno es para gastos de funcionamiento lo que, según él, se traduce en una desproporción del gasto público, “que no nos crean pendejos, esa adición no es para ningún sector social”. Agregó, con respecto al rubro para el posconflicto, que 1 de cada 4 pesos de los $1,8 billones, “será para complacer a las Farc y para pagarle a los miembros de ese grupo un millón ochocientos mil pesos mensuales”.

Por su parte el senador, miembro de la Comisión Cuarta, Alfredo Ramos Maya, cuestionó al Ministro sobre $15 billones que, según dijo, están desaparecidos y que corresponden a las últimas dos vigencias fiscales, al igual que $3 billones de la Dian por concepto de recaudo.

Seguidamente la senadora María del Rosario Guerra fue enfática en decir que de esta adición más de $400 mil millones serán para gastos de personal, “sigue aumentando la nómina y el derroche”. Continuó señalando que estos recursos serán usados para hacer proselitismo político, teniendo en cuenta que se acerca un año electoral, “plata que con dolor pagan los colombianos que no se verán para nada beneficiados”.

Otros senadores de dicha colectividad, como la senadora Nohora Tovar e Iván Duque, también criticaron el proyecto.

Por el partido Conservador, el senador Juan Manuel Corzo señaló que el Estado debe revisar el crecimiento burocrático. "Colombia ha crecido económicamente pero igualmente tienen obligaciones que debe atender por lo que se hace necesario ampliar el presupuesto", dijo.

A su turno la senadora Liberal, Arleth Casado de López, pidió al Ministro no olvidarse de las universidades públicas, de las víctimas que reclaman mayores recursos que permitan dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 y todo lo relacionado con la titulación de tierras.
  
Finalmente el ministro Cárdenas anunció que este proyecto representa la cuota inicial de un recorrido de 15 años de cumplimiento del Acuerdo de Paz y que esta inversión “le permitirá a Colombia encumbrarse en el desarrollo”.  

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