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“La JEP premia al delincuente y humilla a las víctimas”: Iván Duque

Las 10 perlas de la “Justicia Especial para la Paz”

Bogotá, septiembre 7 de 2017. “La JEP es un monumento a la impunidad y el mayor debilitamiento de las instituciones jurídicas de nuestro país”, dijo el senador Iván Duque este martes en plenaria del Senado durante la discusión del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para “la paz”. “Con esta ley estatutaria estamos validando una humillación a las víctimas y permitiéndole a los señores de las Farc que se salgan con la suya”, agregó.

Dijo que al otorgarle al proyecto de ley estatutaria y al acuerdo con las Farc la condición de intérprete de las demás leyes (por entrar en el bloque de constitucionalidad en sentido amplio –lato-), está convirtiendo a las Farc en poder constituyente.

“Lo que estamos haciendo acá es entregarles a los principales criminales de nuestra historia el derecho a que escriban una justicia hecha a la medida de su deseo de impunidad”, agregó. El senador enumeró los artículos específicos de la ley que contienen las perlas de la JEP que configuran impunidad y que motivan al partido Centro Democrático a decir No a este proyecto de ley. Estas son las perlas de la JEP:

1.       Habla de la paz negociada versus la paz basada en el aniquilamiento del otro, cuando el Estado jamás ha aceptado el aniquilamiento del otro como forma de configurar la paz. (Artículo 1).

2.       Utiliza el concepto de justicia restaurativa para eludir la imposición de penas proporcionales y efectivas para las Farc. (Artículo 4).

3.       Tiene superioridad jurisdiccional sobre la rama judicial, afectando la institucionalidad de la justicia. (Artículo 36).

4.       Se refieren a las FARC como “organización rebelde” para legitimarlos políticamente. (Artículo 7 y 40).

5.       No define la temporalidad de su competencia. (Artículo 8 y 30).

6.       Dice que “el deber de aportar verdad, no implica aceptar responsabilidad", y si hay verdad no hay cárcel. (Artículo 20).

7.       Las decisiones de la JEP son inmutables, los ciudadanos no tendrían mecanismos efectivos para controvertirlas. (Artículo 22).

8.       La reglamentación de la JEP le permite hacer calificaciones jurídicas propias, crear tipos penales. (Artículo 23).

9.       La reglamentación de la JEP permite a los cabecillas ir al congreso aún con condenas. (Artículo 31).

10.   Los horarios de sanción funcionan como una jornada de trabajo, es decir que pueden ir de ciertas horas a ciertas horas a sus sitios de “sanción”, y el resto de tiempo pueden seguir disfrutando sin restricción. (Artículo 129).

Anexo con artículos de la JEP que las sustenta 

1.       Habla de la paz negociada versus la paz basada en el aniquilamiento del otro. No podemos empezar una discusión con semejante delimitación, porque jamás el Estado colombiano ha aceptado el aniquilamiento del otro como una forma de configurar la paz. La única forma de concebir la paz es con la seguridad y el estado de derecho.

ARTÍCULO 1. GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado tiene el deber jurídico de garantizar y atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla.

2.       Utiliza el concepto de justicia restaurativa para eludir la imposición de penas proporcionales y efectivas para las Farc, porque incorpora una dialéctica a partir de la cual la sanción proporcional y efectiva, empieza a perder valor en función de otros criterios de interpretación.

ARTÍCULO 4. JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ. Con la finalidad prevalente de facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, la garantía de los derechos de las víctimas y la no repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará como paradigma orientador la justicia restaurativa que busca privilegiar la armonía en el restablecimiento de relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las futuras generaciones.

3.       Tiene superioridad jurisdiccional sobre la rama judicial, afectando la institucionalidad de la justicia, porque se ubica como especie de jurisdicción omnímoda que tiene poderes frente al resto de la legislación colombiana y frente al resto de las jurisdicciones, como si se tratara este país de un Estado fallido, donde no hay mecanismos de autoridad jurisprudencial, ni autoridad jurisdiccional ya reconocidos.

ARTÍCULO 36. PREVALENCIA. La JEP conforme a lo establecido en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 01 de 2017, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.

4.       Se refieren a las FARC como “organización rebelde” para legitimarlos políticamente, porque está estableciendo que en Colombia la rebelión es un derecho legítimo a partir del cual se pueden cometer una suerte de delitos, que a su vez van a ser considerados conexos en función de la rebelión, incluido los que están descritos como para financiar, promover y ocultarla.

ARTÍCULO 7. REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS. Reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera” del 24 de noviembre de 2016, firmado por el Gobierno Nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), por lo que en cumplimiento de dicho Acuerdo Final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

ARTÍCULO 40. AMNISTÍA. A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía más amplia posible. A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la Amnistía más amplia posible conforme a lo indicado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, según lo determinado en la Ley 1820 de 2016, en el Decreto 277 de 2017, en el Decreto 1252 de 2017 y en esta ley…

5.       No define la temporalidad de su competencia, porque esta jurisdicción va a tener la capacidad de investigar todos los hechos relacionados con el conflicto, que vayan atrás de la fecha en que se suscribió. No hay límites temporales.

ARTÍCULO 8. NATURALEZA. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria independiente y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos…

6.        “El deber de aportar verdad, no implica aceptar responsabilidad", y si hay verdad no hay cárcel. Es decir, cualquier cabecilla se sienta a hablar largas horas de la tradición criminal de esa organización sin aceptar culpa, y ya se considera que dijo toda la verdad para lo cual puede beneficiarse y no tener ninguna pena carcelaria efectiva.

ARTÍCULO 20. REQUISITOS PARA ACCEDER AL TRATAMIENTO ESPECIAL. Para acceder al tratamiento especial previsto en la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades.

7.       Las decisiones de la JEP son inmutables, los ciudadanos no tendrían mecanismos efectivos para controvertirlas, es decir no hay un mecanismo de protección para el ciudadano, para demandar las decisiones que tome esa jurisdicción, le da a la JEP una condición que no la tiene ninguna otra providencia judicial en nuestro país.

ARTÍCULO 22. SEGURIDAD JURÍDICA. Todas las actuaciones y procedimientos seguidos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, deben garantizar la seguridad jurídica para promover una paz estable y duradera. Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así como las resoluciones de las Salas de la JEP que definan situaciones jurídicas o concedan amnistías, indultos, extinciones de la acción penal o renuncia a la persecución penal, harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias y resoluciones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal, por las causales restrictivas expresamente determinadas en esta ley, en las normas de procedimiento o en el reglamento.

8.       La reglamentación de la JEP le permite hacer calificaciones jurídicas propias, crear tipos penales. Crea delitos, crea tipos penales, los adapta en la temporalidad, ¿acaso esto es un estado fallido? ¿Aquí acaso no hay normas?

ARTÍCULO 23. DERECHO APLICABLE. Para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las secciones del Tribunal para la Paz, las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar sus resoluciones o sentencias harán una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en las normas de la parte general y especial del Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. La calificación resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el Derecho Internacional. Respecto del tratamiento a los miembros de la Fuerza Pública, se aplicarán las disposiciones contenidas en el capítulo VII del Título transitorio creado mediante el acto legislativo 01 de 2017.

9.       La reglamentación de la JEP permite a los cabecillas ir al congreso aún con condenas, es decir, los miembros de las Farc se podrán presentar a los cargos de elección sin siquiera haberse presentado ante la justicia, y aun recibiendo las penas, pueden seguir ejerciendo sus cargos. Esto configura impunidad y es una humillación a las víctimas.

Art. 31. Participación política. En lo atinente a la participación política de quienes hayan sido objeto de sanción por parte de la JEP, se estará a lo dispuesto en el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, los candidatos a cargos de elección popular que hubieren sido acreditados por el Gobierno nacional como miembros de las FARC-EP, deberán, en el momento de la inscripción de las candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contemplados en el Acto Legislativo número 01 de 2017.

En desarrollo de dicho compromiso, el ejercicio de derechos políticos de quienes resulten elegidos a cargos de elección popular no podrá, en ningún momento, limitar el cumplimiento del componente restaurativo de las sanciones u otras obligaciones que deriven de su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni afectar el deber de aportar verdad plena en los términos del Acto Legislativo 01 de 2017.

10.   En reglamentación de JEP los horarios de sanción funcionan como una jornada de trabajo, es decir que pueden ir de ciertas horas a ciertas horas a sus sitios de “sanción”, y el resto de tiempo pueden seguir disfrutando sin restricciones, eso es una forma también de configurar la impunidad en este país.

ARTÍCULO 129. RESTRICCIÓN EFECTIVA. Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió.

La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes.

Para la determinación de dichas condiciones, los magistrados deberán aplicar los siguientes criterios:

a) Fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

b) Fijarán los horarios de cumplimento de las sanciones restaurativas.

c) Durante los periodos horarios de ejecución de la sanción, cualquier desplazamiento del sancionado para atender actuaciones diferentes al cumplimento de la sanción, deberá ser autorizado por la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz.

d) En la sentencia se determinará el lugar de residencia de la persona que ejecutará la sanción acordada, durante el período de su ejecución.

e) Si durante el período de cumplimiento de la sanción se impusiera la realización de distintos proyectos, el Tribunal irá determinando en cada caso los distintos lugares de residencia del sancionado.

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Cataluña y la inequidad como amenazas para la integración Caribe

“La integración Caribe está amenazada y lo que conviene es atender los hechos de debilitamiento o vulnerabilidad a tiempo”: senador José David Name Cardozo


Barranquilla, noviembre 7 de 2017.- Estamos frente a dos amenazas para la integración del Caribe, integración que he saludado con esperanza y declarado, lo cual reitero,  mi voluntad para impulsarla. Una amenaza viene de España y la otra de la pobreza y la marginalidad en la región. 

 

Veamos. La crisis catalana está produciendo interpretaciones en Colombia que conviene se aclaren con tiempo para que no se radicalice el centralismo y sus agentes respecto a las regiones que, como el Caribe, ha iniciado un tránsito previsto en la Constitución hacia una mayor autonomía para el desarrollo integral de los ocho departamentos.

 

En Cataluña hay un proceso separatista. Lo nuestro, por el contrario, lo que predica es la unidad nacional. Es  decir, mayor autonomía territorial para sentirnos más  a gusto con Colombia.  Las voces que predican la separación en el Caribe, que las hay, son escasas.

 

Hago la advertencia porque la separación de Panamá hace más de un siglo produjo como reacción que el centralismo se exacerbó contra el Caribe y terminamos perdiendo con aquella ofensiva hasta el punto de que un ingreso per cápita similar que en esos momentos teníamos respecto al de la nación terminó creando o ampliando brechas y hoy tenemos casos como Sucre, donde el ingreso por habitante es la mitad del bogotano. El reclamo Caribe se debe a que las oportunidades en múltiples frentes, como el educativo superior y de posgrados, son dramáticamente inferiores al que tienen las zonas comparativamente más avanzadas de Colombia.

 

Cataluña es un territorio rico en España. Dicen que constituyen una quinta parte del PIB español y reciben poco del Presupuesto General. El Caribe, por el contrario, tiene el 22 por ciento de los habitantes de Colombia y su PIB representa apenas el 15 por ciento. Solo Atlántico muestra indicadores de desarrollo aceptables en términos comparativos.

 

Si bien existen diferencias culturales entre el Caribe y el centro, ha habido igualmente aceptación para las migraciones, de manera que “cachacos” y “extranjeros” ejercen sus actividades tranquilamente aquí. En esto los radicales que predican exclusiones en el Caribe por origen son igualmente minorías. 

 

La conclusión es que Colombia no puede ahora frenar aun más la descentralización y la autonomía territorial por temor a separaciones futuras,  como si fuera una enfermedad catalana, sino afianzar la unidad nacional a partir de la equidad y la búsqueda permanente de la igualdad. La autonomía territorial lo hace más posible porque favorece el desarrollo y en eso hay abundantes experiencias internacionales.

 

Otro tema que ha tenido resonancia en los últimos días en el Caribe es que la equidad intrarregional es mucho más obligante porque hay también un centro mejor dotado y con mejores indicadores frente a una periferia, conformada por La Guajira, La Sabana, La Mojana, Los sures, que reclama participación con dignidad en el debate sobre desarrollo regional exponiendo sus necesidades y reclamos históricos. No solo en el debate sino en la asignación comprobable de los presupuestos y funciones para el desarrollo.

 

De esta manera a la Región Administrativa y de Planificación (RAP) que nació el 19 de octubre se le suman como retos, además de los que habíamos advertido en una columna anterior, las malas interpretaciones o lecturas de la crisis española que hoy ya tenemos. De ahí mi advertencia esta vez.

 

Pero también se hace más notorio desde octubre el reclamo para que no haya una concentración en el núcleo urbano que conforman Santa Marta, Barranquilla y Cartagena con desmedro para las otras subregiones. Se trata de un alegato justo y por lo tanto debe ser atendido  por quienes lideran este proceso de integración subregional denominado Ciudad Caribe.

 

El libre mercado crea sus dinámicas de desarrollo territorial  y eso es entendible pero la acción política, deliberada y ejercida con equidad para la justicia social tiene que ejercitarse desde el Estado y también el mercado para que haya cohesión y no futuras separaciones, en este caso separación de los territorios más atrasados para aliarse con quienes pudieran darle mejores oportunidades, es decir, Antioquia y los santanderes.

 

La integración Caribe está amenazada y lo que conviene es atender los hechos de debilitamiento o vulnerabilidad a tiempo.  Es lo más responsable.

 

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“Aumentan en 53 mil millones presupuesto para el Congreso, pero le bajan presupuesto de inversión a la Departamento de la Prosperidad Social”

Bogotá, 18 de octubre del 2017 (Prensa s. Fernando Araujo).-. Durante la discusión del Presupuesto General de la Nación – PGN 2018, el senador Fernando Araújo hizo fuertes críticas al mismo, asegurando que es derrochón, disminuye la inversión en sectores importantes como el Departamento de la Prosperidad Social entre otros, al tiempo que aumenta recursos para el Congreso y otras entidades que no son prioridad para los colombianos.

 

Araújo precisó que el funcionamiento es el único de los rubros que aumenta un 5% en este presupuesto mientras la inversión se reduce en un 3,5%, así mismo, criticó que el Gobierno haya adquirido compromisos sobre recursos futuros para financiar los casi 130 billones de pesos que costará la implementación del acuerdo con las Farc, generando una gran presión fiscal que cada año le costará al país el equivalente a los 3 puntos del IVA.

 

“El Congreso tiene un aumento presupuestal de $53 mil millones, de los cuales $40 mil millones son para financiar los salarios de las 26 curules que hicieron aprobar en ese acuerdo de La Habana; La Unidad Nacional de Protección tiene un aumento de $36 mil millones que son para contratar guerrilleros con salario de $1.800.000, además para brindarle seguridad especial a los cabecillas terroristas de las Farc”, indicó.

 

Agregó que, “el presupuesto de inversión se mantiene en aquellos sectores que no benefician a los colombianos, sino que sigue siendo gasto ineficiente, por ejemplo, en Hacienda $257 mil millones, en la Autoridad Nacional de Televisión en $42 mil millones, mientras tanto el presupuesto de inversión en el Departamento de Prosperidad Social se reduce en $500 mil millones”.

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"Declaratoria de Conmoción Interior para Tumaco": senador Manuel Enríquez Rosero

Bogotá D.C., octubre 17 de 2017 (Prensa s. Manuel Enríquez Rosero).-En medio del pesar y el dolor que acompaña a familiares y amigos  por el asesinato del líder comunitario Jair Acuña, el senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U) solicitó desde la plenaria de la Corporación al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la declaratoria de Conmoción Interior para el puerto nariñense e insistió que “el Estado debe salir al paso a la violencia con un inversión social y una estrategia de seguridad, que proteja la vida de sus habitantes”.

El legislador del partido de la U, quién ha dejado más de una decena de constancias y proposiciones sobre la crisis social y económica de Tumaco desde el año 2010,  recordó que esta zona del territorio colombiano está sobre diagnosticada alrededor de sus serias falencias en materia de desarrollo y explosión demográfica, que hoy, “está ligada a la presencia de cultivos ilícitos y la presencia de grupos al margen de la ley, que están alejados del respeto y cumplimiento de la Constitución y de la ley”.

En palabras del senador Manuel Enríquez Rosero –quién leyó una constancia en la plenaria de la Corporación- el presente y futuro de Tumaco “puede entrar en un túnel sin salida, si el Gobierno, en cabeza del Jefe de Estado, no liderada una ofensiva desde el territorio, que salvaguarde la vida de los habitantes del Puerto, sometidos de manera constante, a hechos de violencia individuales y colectivos, como el que  ocupa la atención opinión pública nacional e internacional”.

“Tumaco requiere medidas de fondo como la  Declaratoria de Conmoción Interior, acompañada por un Consejo de Seguridad y un Consejo de Ministros, presidido por el presidente Juan Manuel Santos. Todo lo que se edifique alrededor de Tumaco, como Puerto viable y sostenible, debe hacerse, para salvaguardar la vida de niños, hombres y mujeres del departamento de Nariño. Esta, debe ser la línea de acción. No se debe bajar la guardia. Desde el Congreso y en particular desde el Senado, estaremos acompañado todas y cada una de las acciones que el Gobierno implemente, en la recta final del año 2017”, recalcó  el senador Manuel Enríquez Rosero.

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"Centro Democrático propone ampliar acceso a pensiones, nunca aumentar la edad para obtenerla": Honorio Henríquez

Bogotá, 11 de octubre de 2017 (CD). El senador Honorio Henríquez, durante la sesión plenaria, ratificó el compromiso del Centro Democrático de ampliar y garantizar el acceso de los ciudadanos a la pensión de vejez.

 

El siguiente es el texto de la declaración:

 

"Hoy, quiero referirme a la información que circula en redes sociales, proveniente de aquellos que ante falta de argumentos nos atacan recurrentemente con mentiras. 

 

En esta oportunidad, aseguran que el Centro Democrático propone aumentar la edad de pensión de los colombianos, cuando es precisamente nuestro partido el que ha liderado iniciativas en el Congreso de la República, encaminadas a realizar una reforma estructural al sistema actual de pensiones para ampliar el acceso de los ciudadanos a ésta, así como estimular y garantizar la pensión de más colombianos

 

Cabe recordar que actualmente, en el Régimen de Prima Media, de 1.225.609 pensionados, 929.897 devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo cual porcentualmente corresponde al 75, 8% aproximadamente.

 

Por otro lado, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de 99.843 pensionados, 46.771 devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo cual porcentualmente corresponde al 46,8% aproximadamente.

 

El Centro Democrático, desde la Comisión VII se ha preocupado y ha trabajado en la búsqueda de flexibilizar las condiciones para acceder a este beneficio. 

 

Hoy un hombre debe esperar 1.300 semanas y una mujer, 1.150 semanas de cotización para pensionarse. En nuestra iniciativa proponemos que cuando un ciudadano cumpla la edad y tenga 650 semanas, se le comience a pagar una pensión mínima y se le descuente de la mesada pensional las cuotas que haya quedado debiendo en materia de cotización.  

 

Este punto, básico de nuestra propuesta desmiente y deslegitima cualquier comentario malintencionado, que, en época de campaña, pretenden divulgar aquellos pobres de argumentos para engañar a los colombianos".

 

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