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“La tercera será la vencida”: senadora Paola Holguín

Bogotá, 20 de julio de 2017. El Centro Democrático no se rinde, la bancada cree en la importancia de la austeridad y de dar ejemplo, por eso hoy radicó por tercera vez  el Proyecto de Acto Legislativo, autoría de la senadora Paola Holguín, que busca adicionar un parágrafo transitorio al artículo 187 de la Constitución, que regula la remuneración de los Congresistas.

 

La senadora Paola Holguín propone que “a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo y por el término de cuatro  años,  el salario de los congresistas suba en pesos lo que se incremente el salario mínimo legal vigente”.

 

Manifiesta Holguín que “este proyecto ya hemos presentado dos veces, en 2015 y 2016, y cumpliéndole al país lo radicamos nuevamente, esperando que esta vez pueda ser debatido y aprobado". La Senadora hace nuevamente un llamado a los colombianos para que ejerzan presión al Congreso exigiendo que se dé este debate, asegura Holguín que es la única forma de ir acortando la enorme brecha que existe entre los salarios de los ciudadanos y los congresistas.

 

Explica que para el Centro Democrático el “país requiere con urgencia que en todos sus niveles y poderes se haga una reestructuración que conduzca a un modelo austero en pro de garantizar la buena salud de las finanzas públicas de la Nación. La actual situación económica del país y las proyecciones de corto y mediano plazo, nos obligan de manera inmediata a intervenir con ajustes y recortes”.

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Proceso de acreditación para el próximo 20 de julio, día en que se instala la nueva legislatura en el Congreso de la Republica.

Para poder realizar el cubrimiento de este importante evento, los medios de comunicación deben realizar la respectiva acreditación de los periodista y el equipo técnico que estará presente ese día en el capitolio.

Cada medio de comunicación tendrá que enviar una carta con las siguientes especificaciones:

-          En una carta en papel membretado de cada medio se deberán diligenciar los datos requeridos de cada uno de los integrantes del equipo (camarógrafo, periodista, técnico y/o auxiliar) en el formato que se encuentra a continuación.

 

MEDIO

NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO

CELULAR

CORREO ELECTRONICO

           

 

 

-          Dicha acreditación deberá ser enviada en formato PDF al correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. - Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. -Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

-          El proceso de acreditación, estará habilitado hasta el viernes 14 de julio a las 5:00 de la tarde. No se recibirán acreditaciones posteriores a la fecha.

 

 

·         Posteriormente se enviarán el instructivo para el ingreso al capitolio el jueves 20 de Julio

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Por fin, la buena noticia

Luego de un larguísimo medio siglo, los colombianos pudimos celebrar que terminara el alzamiento armado de las Farc contra el Estado, levantamiento que no debió darse porque fue equivocado desde el momento en que lo concibieron y que no solucionó nada y lo empeoró todo. Lamentar que lo que debería ser un consenso nacional, el de saludar lo que sin duda constituye un suceso positivo para Colombia, no lo sea, en razón de que, enredando unas cosas con otras, sectores influyentes convencieron a muchos de negar lo que puede confirmarse como cierto hasta la saciedad.

Un proceso de paz con tantas complejidades, tras los horrores de una violencia tan larga, puede generar desacuerdos y hasta reacciones indignadas. Puede incluso entenderse la idea –aunque no la comparto– de que la confrontación armada debió mantenerse, por cualquier cantidad de tiempo y de costos, hasta liquidar a bala a las Farc. ¿Pero negar la entrega de las armas que se les traspasaron nada menos que a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿O negar que a fecha fija la ONU también recibirá las caletas de las Farc, cuyos sitios ya están identificados? ¿Y que esas armas llevan dos años sin utilizarse, evitándonos varios miles de muertos y heridos?

Por lo demás, como también está probado, el proceso de paz, incluso en lo relativo a las armas, cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de las demás potencias militares del mundo, al igual que de los restantes países. Y lo respaldan el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, que además participaron en su diseño. ¿Será que todos ellos son cómplices de una pantomima diseñada para engañar a los colombianos? ¿También son “castro-chavistas”?

Para negar estas verdades, se usan sofismas, es decir, afirmaciones ciertas con las que sustentan las falsas: como continuarán otras violencias, el proceso de paz es mentira; como se mantendrán el desempleo y la pobreza, para qué el proceso; como seguirá la gran corrupción nacional, para qué el acuerdo; como Santos es pésimo Presidente… Y así, ocultando que el proceso no se diseñó para resolver todos los problemas nacionales, sino uno específico, que no es el causante de otros y que además ha dificultado solucionarlos.

Parte de la confusión, y del uso que algunos le dan, tiene que ver con no reconocer que el problema de fondo no son las armas. Sino su uso. Porque las armas no se disparan solas, necesitan de una voluntad para dispararse. Y dicha voluntad fue la que cambió y la que explica el éxito del desarme, el aspecto principal del proceso de paz. Las Farc no se levantaron en armas como la inevitable respuesta a la pobreza, a la falta de condiciones democráticas y a otras lacras sociales y políticas, viejos males que no desaparecerán con los acuerdos de La Habana. Entraron en rebeldía militar porque adoptaron la decisión política de tomarse el poder a tiros. Y hoy las armas les estorban porque decidieron actuar en la sociedad de otra manera. Así de simple, según demuestra la experiencia.

Coletilla: el caso del supuesto gran fiscal anticorrupción corrupto avergüenza a los colombianos ante el mundo y nos convierte en reyes de burlas. Pero más nos deberían avergonzar e indignar otros dos hechos. Que se permita que el Fiscal General Martínez Neira no explique por qué nombró a Luis Gustavo Moreno en ese cargo. ¿Porque era su amigo, y él mismo le sirvió de fiador? ¿Porque alguien de su confianza se lo recomendó y avaló? Y que también se tolere la alcahuetería de tantos poderosos con el descaro y falta de criterio de Martínez para escoger a su subalterno.

Porque, según La Silla Vacía, José Luis Barceló, Vicepresidente de la Corte Suprema, alertó a Martínez Neira “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno”, cuando se supo que lo iba a nombrar. Y le pregunta el mismo medio a Martínez, entre otros interrogantes, por los vínculos entre Moreno y Enrique Vargas Lleras, así como con los magistrados que fueron claves para escogerlo como Fiscal, en representación de Cambio Radical (http://bit.ly/2tabsgM).

¿Hasta cuándo tolerarán los colombianos tantas corruptelas, cinismos y mediocridades del grupito de mandamases que gobierna al país de manera vitalicia?

Bogotá, 30 de junio de 2017.

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Electricaribe, un cambio que hace cortocircuito para empeorar el servicio

Por José David Name Cardozo
Senador de la República Partido de La U.
 
Al cumplirse los primero 180 días de la intervención de Electricaribe, actualmente con fines de liquidación, existía la esperanza de que se entregaran noticias favorables al mejoramiento en la prestación del servicio eléctrico en la región norte de Colombia, pero ni las cifras ni la gestión avanzan en ese camino. 
 
El agente interventor por la Superintendencia de Servicios Públicos acaba de presentar un balance desconsolador, a pesar de la dosis de optimismo que se le quiso inyectar porque las cifras relacionadas pretenden aparentar que el asunto marcha bien cuando en realidad la situación sigue grave para la empresa, lo que permite inferir que al fin y al cabo se tendrá que pensar en un nuevo operador.
 
El balance define el proceso de intervención como “uno de las más complejos en el país”. Y tiene razón porque la irresponsabilidad que demostraron los españoles en la administración de la empresa no ofrece parangón. Tal como lo fue durante un largo periodo la desatención del gobierno nacional a este problema, lo cual hoy queda en evidencia.
 
Esa desatención es la que desemboca en la crisis que sufre y padece el empresariado y el pueblo de la Región Caribe, con un servicio eléctrico intermitente y vulnerable, además de costoso.
 
El reciente informe de gestión habla de “un proceso positivo” al mantener la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica a los más de 2 millones 641 mil suscriptores en la Región Caribe. Falso, absolutamente falso. La tal continuidad no ha existido, las quejas crecen, las protestas, las asonadas, los bloqueos de vías públicas y de carreteras, son inocultables. Con saldo de víctimas mortales, heridos y detenidos, porque la gente está hastiada de tanto abuso.
 
El descrédito en que ha incurrido Electricaribe por cuenta de la mala calidad del servicio y el mal manejo administrativo contradice lo que asegura el agente interventor cuando afirma que “lo más importante es que gracias a la intervención se ha evitado que la empresa pierda valor y se mantenga el servicio de energía eléctrica hasta que se encuentre un nuevo operador con músculo financiero para que realice las inversiones necesarias que mejoren la calidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe”. La operación de Gas Natural Fenosa terminó siendo un desastre. Si no creen, revisen lo que acaba de pasar con el servicio eléctrico en cuatro países de América Central en donde invertía GNF. Tuvieron un colapso eléctrico de una magnitud que aún es incuantificable. Lo mismo que le pasó a GNF en nuestra Región.
 
Dos párrafos del balance de los 180 días de intervención hablan por sí solos de la tragedia empresarial llamada Electricaribe. Por un lado dice: “Para el caso de las pérdidas de energía, es decir aquella que es hurtada o se pierde por las malas condiciones de la red de distribución, esta fue incrementando a través de los años. En 2013, 15,70%; 2014, 16,37%; 2015, 16,43% y en 2016 alcanzaron el 17,08%. En cuanto al cobro, es decir los ingresos por la prestación del servicio de energía por parte de los clientes se pasó en 2011 de 92,31% a un 82,94% en 2016”. En este periodo se catapultó el mal manejo.
 
Un segundo párrafo señala: “El tema de las inversiones ha sido históricamente crítico por cuanto se invirtieron $203.847 millones de pesos en 2011 mientras que en 2015 sólo alcanzó los $131.803 millones de pesos. Situación similar se presentó en 2016 con una inversión del orden de los $131.745 millones de pesos, presentando un rezago en las inversiones que se verán reflejadas en la calidad del servicio”. Claro, al no haber inversión la infraestructura de distribución se vino a pique. Con ella se derrumbó la calidad del servicio, la misma que ha empeorado en los últimos 4 años. 
 
Ante lo que había ocurrido en el pasado no puede afirmarse que levantar los procesos de limitación de suministro de energía se debe a la gestión del equipo de la intervención, No. El Gobierno tenía que resolver esa situación colocando la plata que debía colocar. Todo lo que se ha actuado frente al administrador del mercado de energía mayorista y los generadores, debía hacerse para evitar el apagón eléctrico generalizado en la Región. Los que más han podido en eso son el Presidente Santos, el Ministro de Hacienda y el de Minas y Energía. Más nadie.
 
Se ha anunciado que en materia de inversiones para el año 2017 la meta es de 264.500 millones de pesos apoyados, pero si no se consiguen los socios estratégicos que se esperan el valor no llegará ni a la mitad de lo presupuestado. El cobro de la cartera sigue de regular a malo, porque apenas se ha podido incrementar el ingreso en solo 1,67% durante el tiempo de intervención. La denominada campaña de recaudo “La Formulita” que va hasta el 31 de julio, parecería que no dará lo que indican los actuales voceros.
 
así fuera. Pero en el plano de las realidades creemos que la ecuación no es tan fácil.
 
El Gobierno Nacional considera que el contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para que evalúe y defina las posibles alternativas de estructuración e implementación de la solución definitiva para la continuidad en la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe, es la panacea. Mi opinión es que hay mucha tela que cortar y en ocho meses veo prácticamente imposible lograr un nuevo operador como el que se necesita. 
 
¿El nuevo operador provendrá del sector privado nacional o internacional o de las fortalezas que en la materia aún puede conservar el Estado colombiano? Nadie se atreve a asegurar algo concreto.
 
 En esto lo que más nos conviene es la franqueza entre todas las partes. La situación del servicio eléctrico en la Costa Caribe no admite más anuncios fallidos, ni soluciones temporales dentro de las cuales se pagan unos altos sueldos a ejecutivos de supuesto alto nivel que no se reflejan en la satisfacción del cliente final en hogares y empresas. Quiero confiar en que habrá luz al otro lado del túnel, pero sería pertinente que los responsables de las decisiones finales no incurran más en la farsa que tanto daño le hace y le hecho a la Región. No queremos seguir creyendo que el cambio en Electricaribe ha sido más para generar un cortocircuito que empeora el servicio, en lugar de un final feliz para resolver una crisis de tantos años. Por favor escríbame a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Frente a un gran descontento de la comunidad marginada, en los barrios subnormales se quiere imponer una estrategia de cobro que no tiene la socialización adecuada en los siete departamentos de la Costa, con alcaldes y líderes de distintos sectores ciudadanos. El problema central no se resuelve, el servicio es malo, las relaciones con la empresa son estresantes y derivan muchas veces en problemas de orden público.  
 
De relievar si me parece el optimismo del señor Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien no deja de resaltar la importancia de la intervención que debió firmar con anuncios orientados a que en el mes de agosto próximo se entregarán prospectos positivos respecto de lo que será el futuro del servicio de energía eléctrica en la Costa. Por lo que corresponde a la tierra, me gustaría que
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Senador Navarro busca contener uno de los males de Buenaventura, la tercerización laboral en los puertos

Comisión Tercera de Senado

Senadores de la Comisión Tercera coincidieron en señalar que lo ideal no es multar o sancionar a las empresas que estén cometiendo alguna falta relacionada con la tercerización laboral, es llegar a consensos que permitan mejorar la calidad de vida de los Bonaverenses.  
 
Bogotá D.C., mayo 23 de 2017 (Prensa Senado).- Seis días completa el paro cívico en el municipio de Buenaventura, de acuerdo con sus promotores, los casi 50 años de atraso del puerto colombiano que más le aporta al PIB por sus distintas operaciones, es una muestra de la poca intervención del Estado y de la desidia de los gobiernos Municipal y Departamental.

Y aunque el debate que tuvo lugar hoy en el seno de la Comisión Tercera sobre la formalización laboral en el puerto de Buenaventura, promovido por el senador Antonio Navarro (P. Alianza Verde), fue propuesto mucho antes que explotara el drama social en esa zona del país, cayó como anillo al dedo para tocar la realidad de la que ya está cansada  este municipio de la región Pacífica.

De acuerdo con el senador Navarro la tercerización y la informalidad laboral son uno de los cuatro motivos que le dieron forma al paro cívico, los otros son: la falta de un servicio de acueducto de calidad, la falta de hospital de tercer nivel y la corrupción que está sumiendo al puerto en el atraso.

En Buenaventura existen hoy cuatro puertos: la Sociedad Portuaria de Buenaventura – SPB (el más grande, mueve anualmente 11,3 millones de toneladas), la Sociedad Grupo Portuario (Muelle 13), Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA), y la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC Buen).

Basado en un estudio para la OIT, aun no publicado, en el que se tomó como muestra la SPB, por ser la más representativa, el Senador citante explicó que en 2016 el 25% de los trabajadores de este muelle estaban vinculados a través de contratación a término indefinido, el 74% sin contratación estable, y el 85% sin protección social ni laboral.

“Son cerca de 4000 trabajadores que prestan sus servicios a la SPB y a otros 11 operadores, y de estos, 3000 están vinculados a través de 160 empresas que tercerización la mano de obra”, señaló el Senador. Añadió que entre 2012 y 2016 el Ministerio de Trabajo ha impuesto 96 sanciones por incumplimiento de normas laborales por un valor superior a los tres mil millones de pesos, y por intermediación laboral, en los años 2012 y 2016, 15 sanciones por más de $11.500 millones.

Resaltó además que la lucha por la formalización laboral no es nueva. Desde el 2010, con la firma del TLC con Estados Unidos, explicó Navarro, se llegó a un acuerdo previo por exigencias de los congresistas demócratas en el sentido de establecer multas para quienes transgredieran, y condonación para quienes hicieran acuerdos de formalización, además de prohibir las cooperativas de trabajo asociado. Esto se reforzó en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, además de la Ley 1610 de 2013 y la Resolución 321 de 2013.

Luego en 2014 los trabajadores le hicieron una propuesta de formalización laboral a la SPB y a otros operadores, pero no obtuvieron respuesta de los empleadores. Luego, en 2015 la OIT hizo 3 propuestas de formalización laboral, que tampoco tuvieron eco. El último intento de formalización fue el 13 de enero de 2017; se reunieron la exministra de Trabajo, Clara López, directivos y representantes de la sociedad portuaria, operadores portuarios y organizaciones sindicales de Buenaventura.

De este encuentro surgió una propuesta que revive nuevamente el senador Navarro y la pone sobre la mesa para que la actual ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, la impulse desde el Gobierno Central. La propuesta consiste en:

Formalizar a un total de 985 trabajadores, con contratos directos e indefinidos, de un total de 1.560 trabajadores indirectos que realizan actividades de bracero (estiba de camión), estiba marítima, estiba terrestre, tarja y winche. “Otro grupo de trabajadores (alrededor de 600) serán vinculados de acuerdo con las necesidades de operación, con vocación de permanencia. Lo la SPB debe aplicarse para todos los otros operadores de ese puerto y para los otros 3 puertos y sus operadores”, explicó el Senador. Propuso además que en Buenaventura debe existir una Dirección Territorial Especial de Trabajo.

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