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Senador Navarro busca contener uno de los males de Buenaventura, la tercerización laboral en los puertos

Comisión Tercera de Senado

Senadores de la Comisión Tercera coincidieron en señalar que lo ideal no es multar o sancionar a las empresas que estén cometiendo alguna falta relacionada con la tercerización laboral, es llegar a consensos que permitan mejorar la calidad de vida de los Bonaverenses.  
 
Bogotá D.C., mayo 23 de 2017 (Prensa Senado).- Seis días completa el paro cívico en el municipio de Buenaventura, de acuerdo con sus promotores, los casi 50 años de atraso del puerto colombiano que más le aporta al PIB por sus distintas operaciones, es una muestra de la poca intervención del Estado y de la desidia de los gobiernos Municipal y Departamental.

Y aunque el debate que tuvo lugar hoy en el seno de la Comisión Tercera sobre la formalización laboral en el puerto de Buenaventura, promovido por el senador Antonio Navarro (P. Alianza Verde), fue propuesto mucho antes que explotara el drama social en esa zona del país, cayó como anillo al dedo para tocar la realidad de la que ya está cansada  este municipio de la región Pacífica.

De acuerdo con el senador Navarro la tercerización y la informalidad laboral son uno de los cuatro motivos que le dieron forma al paro cívico, los otros son: la falta de un servicio de acueducto de calidad, la falta de hospital de tercer nivel y la corrupción que está sumiendo al puerto en el atraso.

En Buenaventura existen hoy cuatro puertos: la Sociedad Portuaria de Buenaventura – SPB (el más grande, mueve anualmente 11,3 millones de toneladas), la Sociedad Grupo Portuario (Muelle 13), Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA), y la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC Buen).

Basado en un estudio para la OIT, aun no publicado, en el que se tomó como muestra la SPB, por ser la más representativa, el Senador citante explicó que en 2016 el 25% de los trabajadores de este muelle estaban vinculados a través de contratación a término indefinido, el 74% sin contratación estable, y el 85% sin protección social ni laboral.

“Son cerca de 4000 trabajadores que prestan sus servicios a la SPB y a otros 11 operadores, y de estos, 3000 están vinculados a través de 160 empresas que tercerización la mano de obra”, señaló el Senador. Añadió que entre 2012 y 2016 el Ministerio de Trabajo ha impuesto 96 sanciones por incumplimiento de normas laborales por un valor superior a los tres mil millones de pesos, y por intermediación laboral, en los años 2012 y 2016, 15 sanciones por más de $11.500 millones.

Resaltó además que la lucha por la formalización laboral no es nueva. Desde el 2010, con la firma del TLC con Estados Unidos, explicó Navarro, se llegó a un acuerdo previo por exigencias de los congresistas demócratas en el sentido de establecer multas para quienes transgredieran, y condonación para quienes hicieran acuerdos de formalización, además de prohibir las cooperativas de trabajo asociado. Esto se reforzó en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, además de la Ley 1610 de 2013 y la Resolución 321 de 2013.

Luego en 2014 los trabajadores le hicieron una propuesta de formalización laboral a la SPB y a otros operadores, pero no obtuvieron respuesta de los empleadores. Luego, en 2015 la OIT hizo 3 propuestas de formalización laboral, que tampoco tuvieron eco. El último intento de formalización fue el 13 de enero de 2017; se reunieron la exministra de Trabajo, Clara López, directivos y representantes de la sociedad portuaria, operadores portuarios y organizaciones sindicales de Buenaventura.

De este encuentro surgió una propuesta que revive nuevamente el senador Navarro y la pone sobre la mesa para que la actual ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, la impulse desde el Gobierno Central. La propuesta consiste en:

Formalizar a un total de 985 trabajadores, con contratos directos e indefinidos, de un total de 1.560 trabajadores indirectos que realizan actividades de bracero (estiba de camión), estiba marítima, estiba terrestre, tarja y winche. “Otro grupo de trabajadores (alrededor de 600) serán vinculados de acuerdo con las necesidades de operación, con vocación de permanencia. Lo la SPB debe aplicarse para todos los otros operadores de ese puerto y para los otros 3 puertos y sus operadores”, explicó el Senador. Propuso además que en Buenaventura debe existir una Dirección Territorial Especial de Trabajo.

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Congresistas que apoyaron la Reforma Tributaria destacaron que gracias a esta se mantendrá la inversión social para la próxima vigencia

Sesión conjunta comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara

Senadores y representantes aseguraron que la inversión en programas como Familias en Acción, los subsidios para algunos servicios públicos en estratos 1 y 2, en educación y salud, entre otros, se mantendrán y mejorarán, gracias a lo Reforma Tributaria.

Bogotá D.C., mayo 18 de 2017 (Prensa Senado).- Los congresistas, miembros de las comisiones económicas de ambas cámaras, cercanos al Gobierno Nacional, que contra todo pronóstico y panorama político desfavorable dieron el sí a finales del año pasado a la Reforma Tributaria Estructural, sacaron pecho durante el primer debate del proyecto sobre adición al Presupuesto General de la Nación – PGN, pues, de acuerdo con lo que adujeron, gracias a los recursos percibidos por la reforma, se garantizará la inversión social en los sectores más vulnerables del país.

Criticado y considerado en su momento el proyecto más impopular y contraproducente para las familias de clase media colombianas, al igual que para el sector industrial, entre otros, ahora, según sus defensores en el  Congreso y por parte del Gobierno, el recaudo que hasta la fecha se ha generado por la Reforma Tributaria, permitirá salvar la inversión social, la cual, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se hubiese visto en riesgo afectando a cientos de familias colombianas.

Según el senador Rodrigo Villalba (P. Liberal), miembro de la Comisión Tercera, el proyecto sobre adición al PGN, tiene sus raíces en la Reforma Tributaria “que han criticado tanto”, recordó que el mismo Gobierno la consideró inoportuna pero necesaria, pues, según lo explicó el senador, “el presupuesto para 2017 estaba desfinanciado y el sector social sería el más perjudicado”.

Seguidamente el senador Liberal, Luís Fernando Duque, miembro de la Comisión Cuarta, señaló que mucho se ha dicho sobre la Reforma Tributaria, “algunos trataron de excluir la responsabilidad que otros asumimos a pesar del costo político que ello nos ha traído, con base a unas críticas injustas que por fortuna hoy, con lo establecido en la adición al PGN, se han ido despejando. Con este proyecto queda demostrado que esos tres puntos del IVA, eje esencial de la reforma, están siendo distribuidos de manera equitativa entre los diferentes sectores que tienen el gran peso de la política social”, dijo el senador. 

Por su parte, el ministro Cárdenas  destacó que la propuesta de adición al PGN, o como la han llamado “la adición social”, es coherente al planteamiento de la Reforma Tributaria. “La reforma permitió resolver el dilema en el que estaba el Gobierno: desfinanciar la inversión social y reducir los niveles de vida de la población más vulnerable del país, o impulsar la Reforma Tributaria para garantizar los recursos que permitieran mantener la inversión social, mantener los programas sociales. Y se tomó la decisión más sabia junto con el Congreso, sacar adelante la Reforma Tributaria”.

La adición de $9,3 billones al PGN que fue aprobada en primer debate por las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes, se nutre, además de los recursos percibidos por los recaudos de la Reforma Tributaria, de las utilidades de las empresas del Estado ($677 mil millones) y el ahorro del servicio a la deuda.

Los $6,1 billones de la Reforma Tributaria se distribuirán de la siguiente manera:

-    $600 mil millones para el sector agropecuario: se mantendrán programas que van desde la compra de tierras, proyectos productivos, distritos de riegos, certificaciones fitosanitarias a través del ICA, etc.

-    $1,16 billones para educación: asegura financiamiento de programas transversales que van desde la educación básica hasta la superior.

-    $1,3 billones para el financiamiento de la fase inicial del posconflicto

-    $870 mil millones para la inclusión social y reconciliación, para seguir con apoyo al programa familias en acción del DPS

-    $700 mil millones para el sector minero-energético destinados a garantizar el subsidio para los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas propano para los hogares de estratos 1 y 2.

-    $1 billón para el sector salud

Circunstancias macroeconómicas y otros factores como el comportamiento del dólar, de la inflación y de las tasas de interés para los bonos de la República de Colombia, permitieron una reducción del presupuesto de servicio de la deuda en $975 mil millones, monto asignado al presupuesto de inversión que se distribuirá de la siguiente manera:

-    $100 mil millones en el sector de ambiente y desarrollo sostenible
-    $74 mil millones en defensa y policía
-    $150 mil millones para deporte y recreación
-    $200 mil millones para inclusión social y reconciliación
-    $100 mil millones en el sector de energía
-    $76 mil millones en el sector de organismo de control
-    $180 mil millones en sector transporte

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Por $9,3 billones fue aprobado en primer debate la adición al Presupuesto General de la Nación

Sesión conjunta comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara

Los senadores que apoyaron la actual Reforma Tributaria destacaron que gracias a esta reforma la inversión social en el país no se verá afectada lo cual, según señalaron, se ve reflejado en la adición al PNG, al que han denominado la “adición social”.

Bogotá D.C., mayo 17 de 2017 (Prensa Senado).- En su primer debate en sesión conjunta de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes, fue aprobada, por un total de $9,3 billones, la adición al Presupuesto General de la Nación – PNG, vigencia 2017.

El aumento, cercano al orden de los $1,6 billones, corresponde al incremento, en los últimos días, de las utilidades de las empresas del Estado, al recaudo por parte de establecimientos públicos y a los fondos especiales. A ello se le suma el ahorro por $975 mil millones del servicio a la deuda, a causa de los resultados favorables relacionados con las tasas de cambios, las tasas de interés y la inflación, según lo explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Aunque el proyecto fue aprobado sin ningún contratiempo en su primer debate, de acuerdo con el coordinador de ponentes, se radicaron 130 proposiciones de las cuales 68 se relacionan con temas de inversión, modificación presupuestal y traslado de rubros; 61 proponen artículos nuevos y una proposición modificatoria del artículo 9°.

Frente a esta situación el representante Alejandro Chacón (P. Liberal), coordinador de ponentes de dicho proyecto, anunció que todas las proposiciones quedarían como constancias para segundo debate debido a que tenían que ser estudiadas detalladamente por el grupo de ponentes y además, de estas, ninguna, contaba con el aval del Gobierno. En total, en el primer debate, fueron aprobados los 25 artículos de la iniciativa con las modificaciones realizadas por el equipo de ponentes.

Modificaciones al proyecto de adición al PGN presentadas en primer debate

La adición de $9,3 billones al PGN corresponde a:

$6,128 billones por recaudo de la Reforma Tributaria 
$975 mil millones del ahorro del servicio a la deuda
$677 mil millones de recaudo por utilidades

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“La Cancillería le mintió a Estados Unidos”: senador Alfredo Ramos

El senador Ramos demostró las contradicciones del gobierno para aplicar el tratado de extradición al exministro y perseguirlo políticamente solo por ser opositor.

Bogotá, 16 de mayo de 2017 (Prensa CD).- “Esta Cancillería si está para lavar los pecados de las Farc”. La sentencia fue emitida por el senador Alfredo Ramos Maya, este martes, durante el debate de control político a la canciller María Ángela Holguín en el que se presentaron las pruebas de la inaplicabilidad procedimental para la petición de extradición del exministro Andrés Felipe Arias, quien sí es un perseguido político.

 

Fue en el Congreso de la República en donde Ramos Maya expuso que el gobierno cambió su discurso “solo fue para perseguir a Andrés Felipe Arias, por qué él es un trofeo de caza para las Farc, es una persona que en momento les quitó 130 mil hectáreas de coca a las Farc y llenó de cultivos lícitos las regiones, fue de los principales opositores a las zonas de despeje cuando se hablaba de despejar Florida y Pradera en Valle”.

 

El senador, uno de los citantes al debate, se refiere a dos leyes (Ley 27 del 3 de noviembre de 1980 y la Ley 68 de del 14 de diciembre de 1986) que fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se alcanzaron a extraditar 18 colombianos.

 

Con todo esto, las más altas autoridades en la materia indicaron que Colombia se debe regir por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). No en vano la Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado se pronunciaron en ese sentido.

 

Contradicciones

Aquí, se ve cómo se empieza a interpretar al antojo de este gobierno y a manipular el derecho, añadió Ramos, al explicar que las contradicciones son tan evidentes que el mismo presidente Santos dijo en su momento no existe tal tratado. Declaraciones que fueron ratificadas por el ministro de Justicia, Jorge Londoño.

 

Al preguntarle a la Canciller por los argumentos jurídicos para extraditar a Walid Makled a Venezuela y no a EEUU, “La realidad todos los sabemos, sabemos de la amistad de la Canciller con el dictador. Prefirieron mandar un mafioso que iba a hablar mucho de lo que sucedía con el narcotráfico, pero prefirieron mandarlo a Venezuela para callarlo y no para que declarara en EEUU”, agregó Ramos.

 

Aparente falsedad 

En el marco del debate este martes, Ramos Maya recordó que el 1 de noviembre de 2016 un abogado del exministro Arias envió un derecho de petición, al que la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio, Alejandra Valencia Gartner le responde diciendo que no existe tratado. 

 

“Un mes después, el 2 de diciembre de 2016, la misma persona proyecta una respuesta al departamento de Estado de EEUU diciendo que la Corte Suprema solicitó en extradición a Arias con base en el tratado de 1979, tratado de extradición que no existe”. 

 

Consecuencias

Los efectos legales tienen tanto de fondo como de forma y bajo los argumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores. De ahí que varios narcotraficantes extraditados a EEUU se estén “frotando las manos” ya que esto abriría la puerta para que reclamen ser devueltos. “Ese es el riesgo al que nos está llevando la Cancillería con la forma como interpreta, a conveniencia, este tratado aún a pesar de que Santos, las Altas Cortes dijeron que no existía”, señaló.

 

Finalmente, Ramos Maya exigió respuesta a la Ministra por qué cada vez que un congresista de Centro Democrático viaja fuera del país, “hace tremendo show mientras que se ha gastado miles de millones de pesos intentando lavar los pecados de los narcotraficantes de las Farc. Por respeto a los colombianos, dígales la verdad a los colombianos ¿por qué les quiere entregar a Arias a los aliados de este gobierno? Nosotros no lo vamos a aceptar y vamos a dar la pelea ante instancias nacionales e intencionales”.

 

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¿A quién le duele Chocó?

“Tras varios meses de insistencia, la respuesta del Estado sigue siendo nula”:senadora Sofía Gaviria Correa.

Medellín, 12 de mayo de 2017.- Tras recibir, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la queja de los gobernadores indígenas de Bojayá, sobre la muerte por desnutrición de 53 niños, durante seis meses, en solo ocho resguardos de ese municipio, llevamos a cabo, el año pasado, una importante serie de brigadas de salud y nutrición en los municipios más afectados del Chocó y varias audiencias públicas en las cuales las víctimas chocoanas alzaron la voz para denunciar su situación real, frente a la negligencia de todas las autoridades. Acudimos, entonces, a los estamentos gubernamentales para exigir la protección de la comunidad chocoana, especialmente de las víctimas de las Farc.

Tras varios meses de insistencia, la respuesta del Estado sigue siendo nula.  El continuo replanteamiento de las estrategias de atención y los altos niveles de improvisación de la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional, sólo han acrecentado la crisis humanitaria. Así lo demuestran los informes de gestión territorial del 2014, el 2015 y el 2016 de la Unidad de Víctimas, según los cuales la situación de los sujetos de reparación colectiva no han gozado de evolución alguna. Esto se nota especialmente en Bojayá, donde, aunque 10.202 personas (casi la totalidad de los habitantes del municipio) han sido registrados como víctimas la población sigue desatendida en los aspectos básicos del  desarrollo social y económico.

La lentitud y la escasez en la restitución contrasta con el concepto de la Reparación Integral consignado en la Ley de Víctimas, que consigna “la rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución y garantías de no repetición”. Con la sabia compañía de líderes chocoanos tan avezados como el senador indígena Luis Evelis Andrade, hemos constatado, por ejemplo, cómo la situación de la salud en el departamento es cada vez más crítica. Se liquidó el hospital principal, San Francisco de Asís, y se creó uno nuevo, que todavía no está prestando los servicios necesarios. No se han construido los urgentes cinco hospitales de mediana complejidad en regiones estratégicas del departamento, ni se ha implementado el prometido modelo de intervención intercultural en salud, mientras la corrupción sigue carcomiendo la contratación.

En cuanto a reparación mediante infraestructura,  la respuesta del Gobierno no se ve y lo poco que se ha hecho no funciona.  Valga mencionar el caso del acueducto entregado en Quibdó, que dejó de funcionar a los pocos días “por escasez de agua” (¡en una de las regiones más pluviosas del planeta!) y el de Nuquí, donde, tras menos de dos meses de entregado el acueducto, la comunidad estaba sometida a racionamiento.

El “ambicioso” plan de vías de este gobierno también dejó olvidado al Chocó: no ha cumplido con ninguno de los principales proyectos viales con los que se ha comprometido.

Paralelamente, en este, uno de los pulmones del mundo, se está generando una preocupante crisis ambiental, a causa de la minería ilegal, desarrollada por los grupos armados ilegales. Esta ha conducido a la mayor contaminación que haya vivido el río Atrato en su historia, hasta el punto de que este ha dejado de ser el reservorio de seguridad alimentaria que fue desde siempre, pues la población no puede consumir el poco pescado que aún queda, porque está altamente contaminado por mercurio.

Como si fuera poco,  las comunidades de estos municipios, en vez de gozar de mayor calma, tras el “desarme” de las Farc, están siendo azotadas por un recrudecimiento de la violencia.  Las zonas anteriormente victimizadas por las Farc, ahora, cuando se supone que estas se han desmovilizado, están sufriendo una nueva ola de secuestros, homicidios, amenazas y desplazamiento forzado (en lo que va corrido del año, se han registrado más de 4.000 casos). En regiones que no habían padecido el flagelo de las minas antipersonales, ha comenzado a verse este crimen atroz.

Se suma a esto el incremento sustancial del fenómeno del confinamiento, que apenas ahora está siendo reconocido como hecho victimizante.  Ante la amenaza terrorista en los cascos urbanos, familias y comunidades enteras prefieren resguardarse en sus territorios, donde dicen sentirse más seguros, con la consecuencia de que no pueden proveerse de alimentos, ni de medicinas, ni de casi ningún bien comercial. Tampoco pueden salir a pescar o a cazar, por lo cual son abatidos por el hambre.

Se dice que esta crisis está siendo generada por el ELN, pero muchos han expuesto argumentos que llevan a pensar que este es el fruto del contubernio entre las bases del ELN y las de las Farc, que, ahora con distinto uniforme, se niegan a dejar de manejar las rutas del narcotráfico, Atrato arriba, hacia el mar Caribe.

Esta avalancha de violencia se está produciendo casi en todo el departamento, pero con mayor impacto en las zonas del Baudó, del Bajo San Juan y del Bajo Atrato. Informes de la Defensoría del Pueblo establecen que, de los 32 municipios del Chocó, hay aproximadamente 20 en situación de riesgo.

Es increíble que este sea el panorama en una zona de tanta riqueza ambiental, hídrica y geológica.  El mayor deseo de las víctimas es la terminación del conflicto, pero la escasez de reparación y el recrudecimiento de la violencia guerrillera hacen que se estén sintiendo utilizadas y engañadas, frente al proceso.

 

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