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Proyecto de ley protegerá las transferencias de recursos de la Nación a los municipios

Bogotá D.C., septiembre 8 de 2016 (Prensa s. Luis Fernando Velasco).- El senador Luis Fernando Velasco radicó este miércoles 7 de septiembre un Proyecto de Ley que modifica el Código de la Infancia y la Adolescencia con el fin de proteger los registros de población de los municipios del país, especialmente de los más pequeños.

 

Según el Código, todo niño deberá salir del centro de salud donde nace con su Registro Civil de Nacimiento, lo que garantiza su derecho a la identidad. Sin embargo, muchos niños del país nacen en municipios distintos a los de la residencia de sus padres, debido a que éstos no cuentan con las condiciones hospitalarias necesarias para atender los nacimientos. Ésta situación hace que la población de éstos municipios no aumente, afectando las transferencias de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y del Sistema General de Participación (SGP).

 

El congresista afirmó "con este Proyecto de Ley permitiremos que el Registro Civil de Nacimiento de los niños pueda inscribirse en el municipio de residencia de sus padres, lo que impactará positivamente los registros poblacionales de los pequeños municipios, permitiéndoles acceder a mayores recursos a través de regalías y del Sistema General de Participación para inversión en salud pública, deporte, recreación, cultura y proyectos de impacto local que busquen erradicar la pobreza".

 

Dado el alcance que tiene éste Proyecto de Ley en términos de desarrollo económico para los municipios más vulnerables del país, se espera que el Congreso de la República le dé trámite en el menor tiempo posible.

 

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"Nadamos y nadamos en coca por orden de las Farc": senadora Paola Holguín

Bogotá, 6 de septiembre de 2016 (CD). Ante sesión plenaria de este martes, la senadora Paola Holguín dejó constancia frente a los esfuerzos del señor Fiscal General de la Nación para reactivar las aspersiones aéreas y combatir el flagelo de los cultivos ilícitos en Colombia:

 

1. El 26 de mayo de 2015 en la Comisión II del Senado, advertimos que no había razones científicas de fondo para la decisión de suspender las aspersiones aéreas con Glifosato, el Instituto Nacional de Salud expuso en ese entonces que era poco probable que la concentración de este químico usado en los programas de erradicación aérea de cultivos ilícitos, representaran un riesgo serio para la salud, adicionalmente, advirtió los errores y omisiones en los que incurrió la IARC al incluir al glifosato en la categoría de posiblemente cancerígeno.

 

2. En Colombia se usan al año aproximadamente 25 millones de litros de Glifosato en la agricultura, en el 100% de los cultivos de algodón, el 75% de los cultivos de maíz, el 95% de los cultivos de arroz, el 70% de caña y el 80% de banano. En cambio, en labores de erradicación de coca solamente se usaban 3.5 millones de litros. ¿Por qué era peligroso para erradicar la coca pero no para usarlo en los alimentos que todos los colombianos consumimos diariamente?

 

3. En ese mismo debate denunciamos que suspender la erradicación de cultivos ilícitos era un pedido que las Farc hacían desde La Habana. En un documento del 6 de marzo de 2014 solicitaron la "suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la reparación integral de sus víctimas", como quedó establecido en el punto 4.1.3.2 del Acuerdo Final en donde dice textualmente "en cualquier caso que haya erradicación esta debe ser manual".

 

4. Son claras las razones de las Farc para prohibir las aspersiones aéreas, entre el 2014 y el 2015 los cultivos de coca en el país pasaron de 112 mil a 159 mil hectáreas y la producción potencial de cocaína pasó de 250 a 420 toneladas, según cifras de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de Estados Unidos. Es importante resaltar que durante todo el Gobierno de Juan Manuel Santos los cultivos de coca han aumentado en un 59%, mientras que durante el Gobierno anterior estos disminuyeron en un 31%.

 

5. Aplaudimos los esfuerzos de la Policía Nacional al encontrar un químico diferente al Glifosato para realizar aspersiones aéreas, sin embargo, lamentamos que estos esfuerzos serán en vano por cuanto el Gobierno pactó con las Farc, la prohibición de la aspersión aérea, teniendo como consecuencia el crecimiento exponencial de la producción de cocaína, que alimenta la violencia en Colombia y en tantas otras naciones.

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"Estamos nadando en coca": senadora María del Rosario Guerra

Bogotá D.C.,  septiembre 6 de 2016 (CD). Constancia de la senadora María del Rosario Guerra en la sesión plenaria de este martes:

 

"Sobre el tema de la carta del Fiscal General de la Nación, y en la línea que lo han hecho los senadores Hernán Andrade y Carlos Felipe Mejía, quiero dejar la siguiente constancia:

 

Primero, fue necesaria y oportuna la intervención del señor Fiscal General de la Nación a propósito de la preocupación por el aumento de cultivos de coca en el país. Es urgente que se reanude la aspersión, primero aérea y luego manual, y por supuesto que ésta vaya complementada con la sustitución de cultivos y el apoyo a los campesinos que están alrededor de esa actividad.

 

No podemos quedarnos tranquilos cuando las Naciones Unidas en su informe y la Casa Blanca anuncian que sólo la producción de coca en Colombia durante 2015 fue superior a la producción sumada entre Perú y Bolivia.

 

Nuevamente, nuestro país lidera la producción mundial de coca, y eso de por sí ya es preocupante, como preocupante es que la erradicación manual no supere las 20.000 hectáreas cuando veníamos de erradicar más de 50.000 hectáreas anuales –de manera manual y por aspersión.

 

Lo preocupante es que la erradicación manual tiene 3 grandes problemas:

 

Los bloqueos: en lo que va corrido de este año ha habido 400 bloqueos para la erradicación manual.

Los muertos: ya hay un par de muertos como consecuencia de la erradicación manual y

Las amenazas a las comunidades.

 

El Presidente de la República dijo que su decisión seguía la orden de la Corte Constitucional, ¡mentira! La sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es que debe haber un principio de precaución y que el Gobierno nacional debe estudiar si efectivamente hay o no una afectación en la salud; pero bajo ningún punto ordenó que no se usara la aspersión aérea y, fuera de eso, que no se usara el glifosato.

 

En el informe de las Naciones Unidas y según el estudio de Inside crime, Canadá, Australia, la Unión Europea y Estados Unidos están usando el glifosato y lo están permitiendo, entonces le llama a uno la atención que el Gobierno se niegue rotundamente a hacer aspersión aérea y, mientras no sale otra sustancia alternativa que científicamente esté demostrada que no tiene impacto en la salud, se deje de utilizar el glifosato.

 

El informe conjunto entre la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) publicado en mayo de este año, muestra -claramente- que no hay evidencia científica de un efecto negativo sobre la salud. Lo que dice es que puede haber un riesgo pero no un efecto negativo, contradiciendo así el informe de la OMS.

 

Es muy importante que, no por satisfacer el punto 1 y el punto 4 de los acuerdos firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, dejemos que el país siga nadando en coca y que en 20 de las 30 zonas veredales y ubicación de los campamentos hay cultivos de coca, y en muchos de ellos ya está haciendo presencia el Eln.

 

Es inaceptable que el Gobierno -para complacer el acuerdo entre las Farc y el gobierno- no frene el crecimiento desbordado de la siembra y la producción de coca en el país, sin escuchar razones ni del Fiscal ni de la Procuraduría, ni de los expertos en este caso -como los de la FAO y de la OMS y del Instituto Nacional de Salud-.

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Aprobado en primer debate Proyecto de Ley que busca contrarrestar corrupción en la contratación pública

Bogotá, septiembre 6 de 2016 (Prensa s. Jaime Amín).- El proyecto de Ley 32 de 2016, por medio del cual se adiciona el artículo 8º de la ley 80 de 1993 en materia de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, del cual el senador Jaime Amín es ponente único, fue aprobado el día de hoy en la Comisión Primera del Senado de la República por unanimidad.

 

Concretamente con esta iniciativa se busca adicionar la Ley de Contratación Pública, estableciendo inhabilidades para celebrar contratos con entidades estatales, organismos de cooperación, o fundaciones que tengan contratos o convenios con estas mismas entidades públicas, por parte de quienes tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el Presidente de la República, el Vicepresidente, Ministros, Jefes de Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales del orden nacional, entidades descentralizadas o por servicios y fuerza pública, incluso hasta seis meses después de que se haga efectivo su retiro de dichas entidades.

 

Este proyecto es la respuesta a los grandes escándalos que ha conocido el país, donde personas muy cercanas o incluso familiares directos de altos funcionarios del Estado han contratado con entidades públicas supeditadas al poder o influencia de sus familiares o amigos. En virtud de esto, el Congreso busca cerrar aún más el cerco frente a la indebida contratación en el país, haciendo mucho más exigentes las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a recursos y contratos públicos.

 

Dentro del debate, los miembros de esa célula legislativa propusieron que este proyecto ampliara aún más su espectro y aplique no solamente para entidades del orden nacional sino también para las del nivel territorial como alcaldías y gobernaciones, donde a juicio de los congresistas a diario se realizan contrataciones irregulares de toda índole entre funcionarios públicos y parientes cercanos. Adicionalmente, se pidió dejar claro dentro del articulado del proyecto, que las prohibiciones en esta materia no aplicarán para los contratos de prestación de servicios dentro de las Fuerzas Armadas.

 

"Para nosotros es altamente gratificante poder seguir sirviéndole al país con este tipo de iniciativas que buscan primordialmente ir cerrándole el paso a los corruptos que ven en el Estado y en los recursos públicos la oportunidad para enriquecerse sin importar el bien común. Lo hemos dicho desde el comienzo, los recursos públicos son sagrados y seguiremos dando la batalla por defenderlos", concluyó Amín.

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Firma de Santos en decreto que convoca a plebiscito es falsa: Senador Ramos

El senador Alfredo Ramos Maya denunció que se podría estar incurriendo en falsedad de documento público.

 

Bogotá, 6 de septiembre de 2016 (CD). El senador Alfredo Ramos Maya denunció que el decreto 1391 de 2016 que convoca a plebiscito no existe en la vida jurídica, pues la firma de Juan Manuel Santos allí aparecida es falsa, además de que se estaría incurriendo en una presunta falsedad de documento público.

 

Como pruebas ejemplificantes, Ramos presentó documentos en donde demuestra que la rúbrica que aparece en el decreto convocatorio del plebiscito no coincide con las dos firmas oficiales que Santos normalmente presenta.

 

“Buscamos 30 documentos diferentes entre decretos, sanciones presidenciales, etc y "ésta es la primera vez que encontramos esta firma. Pedimos que se investigue a profundidad qué es esta firma porque la convocatoria a plebiscito no tiene la firma presidencial tal cual la conocemos, ni la larga ni la corta. Esto es falsedad en documento público y está en la página de la Presidencia de la República como decreto”, comentó Ramos Maya.

 

La acusación fue hecha en el marco de la radicación ante el Consejo de Estado de la acción de inconstitucionalidad del decreto que convoca al plebiscito, es decir, encaminada al minucioso escrutinio del acatamiento de la sentencia 379 de 2016 de la Corte Constitucional. 

 

“Hoy no existen acuerdos por parte del Presidente, eso es algo que la propia Corte Constitucional obligó que los acuerdos estuvieran ratificados por el Presidente de la República, y de otro lado, por unas personas que conocemos en este momento que son unos miembros de las Farc con firmas apócrifas. Por eso estamos solicitando entre muchas otras razones, la nulidad del decreto que convoca al plebiscito para el 2 de octubre”, indicó el senador Ramos Maya al añadir que también se está violando la promesa de una accesibilidad diferencial a etnias con sus propios dialectos, esto “teniendo en cuenta que en Colombia están reconocidos 68 dialectos por parte del Ministerio de Cultura, y solamente pudimos encontrar seis de los acuerdos en seis de esos idiomas, así como en sistema Braille para personas con visibilidad reducida”.

 

La diligencia ante el Consejo de Estado fue realizada en compañía de la senadora Paloma Valencia quien afirmó que la propia ley estatutaria, que regula el plebiscito, “dice que tienen que presentar el acuerdo final y la pregunta que nos hacemos muchos colombianos es si hay un acuerdo final porque, no está firmado por el Presidente y nos hablan que la firma final es el 26 de septiembre. Luego nos dicen que el acuerdo debe ser completo para que los colombianos conozcamos qué es lo que vamos a votar y nos encontramos con el enorme problema de que no está completo”. 

 

De acuerdo con la senadora Valencia, “todos los comunicados de prensa no están incluidos dentro del acuerdo, temas como la selección de los magistrados del tribunal de Paz no están dentro del acuerdo, todo lo contario, se ha vuelto en un mecanismo para mantener las negociaciones y, sin embargo, ir refrendando unos acuerdos que no están completos”.

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