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"La invasión de fincas en Arjona denota un macabro plan en el que trafican con campesinos": senador Araújo

Cartagena, julio 22 2016 (Prensa S. Fernando Araujo).-. Luego de conocer la denuncia de varios propietarios de fincas de Arjona Bolívar sobre presuntas invasiones por parte de campesinos, el Senador Fernando Nicolás Araújo alertó que esto podría denotar en un macabro plan en el que trafican con campesinos.

 

Así mismo, el legislador enfatizó que la propiedad privada hay que respetarla, “la invasión de fincas en Arjona denota un macabro plan en el que trafican con campesinos para hacerles creer que les están regalando tierras gratis, cuando la verdad se la están robando”.

 

Este caso se suma a la falsa restitución de tierras que el congresista ha venido denunciando en los montes de María, sur del Cesar y Magdalena Medio.

 

“Todo esto se suma a la reforma agraria que Santos le concedió a las FARC en La Habana y que los colombianos no podemos aprobar en el amañado Plebiscito, ¿Será esto parte del mismo plan?, demasiadas las coincidencias, demasiados los atropellos”, cuestionó Araújo.

 

Ante la denuncia de invasión en Arjona, el Senador pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto de manera inmediata. De lo contrario se corre el riesgo que esto se perpetúe por el país.

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“Incumplimiento de compromisos con el pueblo Uwa debe ser resuelto ya”

Bogotá D.C., julio 21 de 2016.- Mediante el auto 004 del 29 de enero del 2009, la Corte Constitucional declaró que 34 pueblos indígenas en Colombia están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente a causa del conflicto armado interno, y ordenó a distintas entidades formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno, con la participación efectiva de sus autoridades legítimas. Entre ellos se encuentra el pueblo U`wa que habita en el nororiente del país.

 

Sucede que hace más de 20 años los U'wa se enfrentan a empresas petroleras y al gobierno nacional para resistir la exploración y explotación de petróleo y gas en su territorio ancestral. En el 2002 diversas acciones apoyadas por campañas internacionales, condujeron a la Occidental Petroleum Corporation (OXY), a tomar la decisión de salir del territorio U'wa. Ecopetrol ocupó su lugar en la zona, a pesar de los reclamos constantes de las comunidades locales, tanto campesinas como indígenas.

 

Consideran que son víctimas del enfrentamiento armado que se lleva a sus territorios, de amenazas y atentados en su contra, de la militarización de la región que les impide movilizarse y vivir en paz, de la ocupación y contaminación de sus sitios sagrados, además de los derrames de petróleo que causan daños catastróficos al ambiente y la salud en su territorio, como el ocurrido en el 2014. En esa ocasión el gobierno nacional suscribió acuerdos que incluyen el reconocimiento de territorios ancestrales, el saneamiento de zonas afectadas por derrames, y el enterramiento del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

 

Ante la falta de cumplimiento de estos acuerdos, hace más de un mes varias decenas de Uwa, hombres, mujeres y niños, provenientes de distintas comunidades en Boyacá, Norte de Santander y Arauca, se encuentran en la planta de gas Gibraltar I en Toledo, Norte de Santander, exigiendo el cumplimiento de dichos compromisos.

 

Además de no haber avanzado suficientemente, siete años después, en el cumplimiento de la orden emitida por la corte constitucional dirigida a implementar salvaguardas para proteger la integridad física y cultural del pueblo Uwa, en riesgo de desaparecer, tampoco se han atendido los compromisos suscritos por funcionarios del gobierno central en 2014.

 

Por ello llamamos a las entidades del orden nacional a hacerse presentes en el lugar y honrar los acuerdos firmados por el gobierno central que, como otros antes, siguen generando desconfianza y falta de credibilidad entre los Uwa, para quienes la protección del territorio permite su propia pervivencia, y contribuye a la construcción de paz, ya que posibilita que tanto campesinos como indígenas presentes en el territorio vivan juntos sin problemas.

 

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El senador Antonio Guerra expresó preocupación por los derechos de segundos ocupantes que ya perdieron en fallos de Restitución de Tierras

Bogotá D.C., julio 21 de 2016 (Prensa S. Antonio Guerra).- El senador Antonio Guerra de la Espriella del Partido Cambio Radical, reiteró su petición al Gobierno Nacional para definir algunos ajustes al proceso de restitución y evitar que se presenten nuevas víctimas a raíz de fallos no ajustados a la Ley por cuenta de los jueces.

 

Al considerar injusto que quienes ya han sido objeto de fallos equivocados en decisiones pasadas, el congresista le pidió al Ejecutivo durante su primera intervención del periodo legislativo 2016 – 2017 ante el Senado de la República, “no descalificar a quienes proponen mejorar y enriquecer  la Ley 1448”.

 

Reiteró el senador Guerra de La Espriella que la Corte Constitucional en fallo reciente fue muy clara al aprobar  los artículos que declaran libres de culpa a los segundos ocupantes de tierras que demuestren que no han tenido relación con el despojo de estas, que las adquirieron legalmente y que evidencien que están en “condiciones de vulnerabilidad”.

 

“Expreso mi preocupación por los derechos de las personas que ya vieron desconocidos los suyos,  a estar involucradas en la decisiones tomadas por los jueces con anterioridad a la sentencia del pasado mes de junio”, indicó el congresista de Sucre.

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Votar a favor del plebiscito es aprobar una reforma agraria redactada por Farc que trae el socialismo al campo colombiano: Araújo

Bogotá D.C., julio 20 del 2016 (Prensa S. Fernando Araújo).- En plenaria de Senado, el congresista Fernando Nicolás Araújo dejó constancia explicando los riesgos para el país y la democracia si se vota a favor del plebiscito contemplado con una sola donde encierra reformas trascendentales que ameritan una discusión amplia, técnica y democrática.

 

A continuación texto de la constancia:

 

“El lunes el Presidente Santos anunció que convocará el plebiscito para que los colombianos aprueben o rechacen lo que se pacte con la guerrilla de las Farc. Sin embargo, es necesario que la población entienda que con una sola pregunta el Gobierno busca aprobar todo un paquete de reformas complejas que requieren de una discusión amplia, técnica y democrática. La metodología que está usando Santos no permite que los votantes aprueben los puntos con los que están de acuerdo y rechacen aquellos que no aprueban, tal como se debería llevar a cabo en una democracia participativa.

 

¿Es suficiente con una sola pregunta consultar a los colombianos sí están o no de acuerdo con los temas más trascendentales para el presente y futuro del país?

 

Votar a favor del plebiscito es aprobar una reforma agraria redactada por las Farc que “modifica el modelo de propiedad privada” y trae el socialismo al campo colombiano. Es aprobar una reforma política que otorga, ¡como mínimo! Nueve (9) curules a las Farc sin necesidad de ser electos por la vía democrática. Votar sí crea un nuevo sistema de justicia con magistrados extranjeros escogidos indirectamente por la Farc y Santos.

 

Quien vote sí al plebiscito aprueba una jurisdicción especial para otorgar impunidad total a los cabecillas del cártel de drogas más grande del mundo, sin que se arrepientan ni pidan perdón. Aprueba un precedente jurídico para que los cabecillas de las Farc no paguen un solo día de cárcel y se libren de 1.600 años que les corresponderían. Votar que sí permite que las Farc conserven cincuenta (50) años de utilidades provenientes del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, lo que pone al país en riesgo de caer en el castro chavismo.

 

Votar que sí, aprueba un acuerdo que no exige la reparación de víctimas con la fortuna de $30 billones de pesos de las Farc y aprueba un nuevo tribunal para la paz que juzgará a 3.000 miembros de la fuerza pública y a 13.000 empresarios. Todo ello con el dinero proveniente del aumento de los impuestos que presentará el Gobierno después del plebiscito para no incomodarlo.

 

Éstas reformas legales y constitucionales redactadas nada menos que en La Habana por las FARC, no van a conducir a la paz que todos los colombianos anhelamos. Estas reformas serán la génesis de una nueva era de violencia, estimulada por la impunidad, el narcotráfico, el debilitamiento institucional y por el abandono a los valores democráticos de Colombia.

 

Santos actúa como un dictador agazapado que corrompe la sociedad a costa de los ciudadanos laboriosos. Si no fuera así, y de verdad tuviera interés democrático, convocaría un referendo en lugar del amañado plebiscito”.

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La inaceptable teoría de la Fiscalía le daría el pase al robo de Saludcoop por $1,4 billones de peso: Robledo

Tras cuatro años, el fiscal Perdomo, siguiendo las absurdas teorías de Eduardo Montealegre, dice que no existen pruebas para hacer imputaciones. Robledo anuncia nuevo debate para evitar impunidad en este robo. Y se pregunta si el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, va a seguir con la doctrina de impunidad de su antecesor.

Bogotá D.C., julio 20 de 2016 (Prensa S. Jorge Robledo).- A raíz de las declaraciones del fiscal encargado Jorge Perdomo en las que afirma que tras cuatro años de haber estallado el escándalo de Saludcoop no existen pruebas para hacer imputaciones, el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales denunciantes del desfalco, calificó de inaceptable la teoría de la Fiscalía y anunció un nuevo debate en el Congreso “para evitar que una de las mayores defraudaciones en la historia termine en la absoluta impunidad”.

En entrevista con la cadena radial RCN, el senador Robledo se refirió ampliamente (oír audio) a las pruebas que existen en el robo a Saludcoop (hoy Cafesalud), como la condena de la Superintendencia de Salud en el año 2010, por $ 627.000 millones de pesos, y la sanción de la Contraloría en 2013 a la misma EPS, exigiéndole devolver al sistema de salud $1.4 billones de pesos extraídos de manera fraudulenta.

Para el senador polista los argumentos de la Fiscalía son inaceptables porque “el diseño de cómo se robaron la plata está perfectamente establecido. El punto central es que en Saludcoop –a través de lo que hoy podría llamarse el Modelo Palacino-Montealegre-Gaviria– se inventaron un modelo para embolsillarse la plata de la salud, metiendo el cuento de que los recursos públicos de la salud no son públicos sino que les pertenecen a las EPS y que en consecuencia pueden hacer con ellos lo que se les antoje”. El senador Robledo también acusa al gobierno de Santos porque en Saludcoop, una vez intervenida por el la superintendencia y el ministerio de Salud,siguieron haciendo lo que hacía Palacino y le pasaron ilegalmente a la EPS 700 mil millones de pesos durante los años 2011, 2012 y 2013.

Frente a la elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal y el caso Saludcoop, Robledo expresó “convoco al nuevo fiscal para que exprese si se va a unir a los absurdos criterios de la Fiscalía para dejar en la impunidad el caso de Saludcoop o si va investigar realmente este enorme caso de corrupción”.

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