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Se debe llevar empresas y universidades al campo colombiano: Olga Lucía Suárez

 

La congresista antioqueña advierte que es la forma de evitar que los campesinos migren a las ciudades. 

 

Bogotá D.C., enero 11 de 2018 (Prensa S. Olga Lucía Suárez).- La senadora del partido Conservador argumentó, “los desafíos para los congresistas es legislar  para que los campesinos tengan verdaderas oportunidades laborales, teniendo en cuenta que el país se ha visto abocado a un fenómeno de migración a las ciudades durante los últimos 50 años en razón del largo período de violencia que azotó nuestro país”

 

Y continuó la congresista “ahora, con la firma de los acuerdos de paz se ha establecido como reto del Posconflicto una reforma rural integral acorde con la nueva estructura del país, los rezagos de la guerra, el desarraigo de los campesinos a sus tierras por el temor a la violencia”.

 

Suárez Mira, fue enfática en afirmar  que el reto para el país es generar unas líneas legislativas que den respuesta a las verdaderas necesidades en materia rural integral, acompañado de políticas públicas por cada una de las entidades territoriales, que involucren a todos los sectores que mueven la economía de las regiones.

 

Por último la congresista conservadora, considera que una respuesta efectiva a la necesidad de dinamizar el campo colombiano, debe ser la titulación de predios a los campesinos que son víctimas del conflicto armado, la asistencia  técnica en proyectos productivos para las comunidades rurales por parte de la Agencia de Desarrollo rural, el Ministerio de Agricultura y las entidades territoriales.

 

 

 

 

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Comisión Quinta propuso que se disminuya el metraje de baldíos cerca a los pozos mineros

"Los tenedores de baldíos necesitan legalizar sus títulos de tierras", propuso la senadora Nora Garcìa.

Bogotá 30 de mayo de 2017 (Prensa senado). Se conoce como terrenos baldíos aquellos terrenos que pertenecen al Estado o los que están en manos de particulares y no han sido legalizados. El Estado es el primer tenedor de terrenos baldíos y el poco interesado en reglamentar estas tenencias afirmaron los congresistas Daira Galvis, Juan Diego Gómez, Jorge Robledo y Ernesto Macías. En la actualidad los campesinos que tienen terrenos cerca de un pozo minero o petrolero, en un radio cercano a los 2.500 metros, no pueden legalizar sus predios porque el Gobierno no se los permite.

"El Proyecto de Ley a discutir busca cambiar esa medida gubernamental para que se reduzca a 250 metros la prohibición y facilitar a los campesinos legalizar sus predios", expresó la senadora Nora Garcìa. Sobre este proyecto tenemos una ponencia negativa y una positiva y queremos escuchar al Gobierno "pero no asiste a estos debates, lo que nos indica es que no están interesados en el tema porque no cumplen a las citaciones que se le hacen", dijo la congresista.

Ante la inasistencia del ministro de Minas y Energía, German Arce, los congresista de esta célula legislativa  determinaron aplazar el debate y realizarle un nuevo requerimiento al ejecutivo para tratar el proyecto de los terrenos baldíos en Colombia.

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Aviación del Estado expresa en el Senado que continuará afianzando la seguridad y defensa de los colombianos

Bogotá. D.C. 24 de mayo. (Prensa Senador Juan Manuel  Galán) La salvaguarda y seguridad de los colombianos seguirá siendo la prioridad para las distintas fuerzas del Estado, según lo afirmaron, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejercito Nacional y la  Armada Nacional. Las distintas instituciones  participaron hoy en la séptima sesión que viene adelantando la Comisión de Seguridad Aérea del Senado, sobre la problemática del sector aéreo en  país, cuyas deliberaciones  son coordinadas por el senador Liberal, Juan Manuel Galán.

El Brigadier General Juan Vicente Trujillo, Comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejercito Nacional, destacó las  capacidades que  tiene la institución como un activo del Estado para proteger  el territorio nacional. “Lo que hacemos los soldados aviadores  con  las alas puestas en nuestras botas es garantizar  la seguridad, y la defensa del pueblo colombiano” aseguró el General Trujillo.

El Director de Seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana, Coronel Jaime Betancur, expresó que  la FAC,  cumple multiplicidad de misiones como garante del espacio aéreo colombiano, ya que para sus comandantes la seguridad no es  un fin sino una premisa permanente.

El Brigadier General, Luis Enrique Méndez Jefe de Aviación de la Policía, manifestó que la seguridad es prioridad en la Institución, y que no se trata solamente al momento de volar. Y destacó que se trabaja bajo tres pilares: capacitación de pilotos, estandarización de los procesos y tecnología de adecuación de cabinas y equipos.

En su intervención el Capitán de Navío, William Carvajal, Comodante de Aviación de la Armada Nacional, expresó que su flotilla también hace presencia  de los mares colombianos y contrarresta el delito, destacó que, por ejemplo el año pasado fueron incautadas 152 toneladas de cocaína de las cuales más de 110 se decomisaron en la zona del Pacifico.

El Senador Juan Manuel Galán expresó que la sesión fue muy oportuna para analizar  las condiciones en que   opera la Aviación del Estado, las necesidades en materia de infraestructura, entrenamiento de personal, capacidad de rescate, radares, ayudas tecnológicas y de comunicaciones para que  las distintas instituciones puedan cumplir sus funciones.

La próxima sesión de la Comisión se realizará en el archipiélago de San Andrés y Providencia el próximo 2 de junio, para analizar la soberanía aérea de la región Caribe y  se contará con la presencia del representante de Colombia ante OCI, Organización  de la Aviación Civil Internacional.

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Semana crucial para proyecto de horas de recargo nocturno


La Comisión Séptima del Senado tiene en el orden del día el Proyecto de Ley 117, mediante el cual se vuelve a modificar la jornada diurna, estableciendo que ésta termina a las 8 p.m. y no a las 10 p.m. como sucede actualmente. Es decir, los trabajadores tendrían derecho al pago de dos horas más de recargo nocturno.

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). A menos de un mes de la finalización del periodo legislativo 2016-2017, sigue en vilo el futuro del Proyecto de Ley sobre horas de recargo nocturno. La iniciativa parlamentaria está pendiente de tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, bajo la premisa que su fecha de vencimiento es el próximo 16 de junio.

El coordinador de ponentes en esta caso es el senador conservador Mauricio Delgado, quién había pedido el aplazamiento de la discusión, hasta que los ministerios de hacienda, trabajo, comercio y turismo, enviarán al congreso un concepto unificado. El congresista sustentó su solicitud con base en una proposición de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el sentido de tener un concepto de la Mesa de Concertación Laboral.

En esas circunstancias y con la premisa del tiempo (el 16 de junio próximo vences los términos de la iniciativa), la Comisión Séptima del Senado lo incluyó en el orden del día del próximo martes 23 de mayo. Ese día, previo a la apertura del público, la célula legislativa se reuniría en privado para tomar una decisión.

Es necesario contextualizar que el articulado pasó a sus respectivos debates en el Senado con el único objetivo de devolverles a los trabajadores el pago de dos horas de recargo nocturno, es decir, a partir de las 8 p.m. y no desde las 6 p.m. como se propuso originalmente. Durante los dos debates en Cámara de Representantes fueron eliminadas las pretensiones relacionadas al pago de horas extras dominicales y festivos en un porcentaje del 100%.

En su momento, la entonces ministra de trabajo, Clara López, dijo que de aprobarse dicho Proyecto de Ley, se beneficiaría una población de 455 mil personas ocupadas formalmente y que el costo total anual sería de 411 mil millones de pesos.

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Masiva migración de venezolanos pone a prueba a la sociedad colombiana


En las década de 1970 y 1980 miles de colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida y la encontraron. Hoy, la mayoría de esos compatriotas regresan al país huyéndole a la crisis social y económica la república bolivariana, al tiempo que cientos de sus ciudadanos, también buscan en las urbes colombianas una vida digna. ¿Debe el Estado Colombiano cerrar las fronteras? ¿Debe el Estado Colombiano recibirlos con los brazos abiertos?

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). Cifras citadas por el senador Antonio José Correa, revelan que cerca de 1.500.000 personas migran anualmente de Venezuela a Colombia, a través de los 2.500 kilómetros de frontera entre los dos países. Como consecuencia, ciudades fronterizas como Riohacha, Maicao, Valledupar, Cúcuta y Arauca viven una emergencia en materia económica y social.

En un debate de control político sobre las problemáticas asociadas a la migración de venezolanos hacia Colombia, fueron establecidas tres olas de desplazamiento geográfico, así: En un primer momento, llegaron los empresarios y personas adineradas; en una segunda instancia, arribó talento humano capacitado como ingenieros, médicos, odontólogos y contadores, y posteriormente, el país empezó a recibir personas que buscan satisfacer sus necesidades básicas.

El senador Correa, convocante al mencionado debate, dijo que alrededor 55.000 personas circulan la frontera diariamente, mientras las autoridades migratorias recibieron 15.523 solicitudes de cédula de extranjería el año pasado. A ello se suma la cifra, según la cual, 4.500 venezolanas ejercen la prostitución en territorio colombiano.

Solamente en las ciudades fronterizas el Gobierno ha destinado unos tres mil millones de pesos en la atención en salud de venezolanos, cifra que podría elevarse a seis mil millones de pesos al finalizar 2017. Según la Senadora Nadie Blel Scaff, en el Hospital Universitario de Cartagena son atendidos 80 venezolanos, mensualmente.

Por su parte, el senador Jorge Iván Ospina exigió una postura conciliadora y humanitaria: “Por aguda que sea la crisis, no puede haber un asomo de chovinismo, de señalamiento, ni embriagarnos de una posición que altere la posibilidad de albergar a un pueblo hermano”, comentó el legislador del Partido Alianza Verde.

En el recinto de la Comisión Séptima del Senado, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina, y el presidente del Concejo de Cúcuta, Nelson Ovalles, expusieron la complejidad de la problemática. El primero pidió una intervención integral con recursos económicos para educación, empleo y seguridad. Por su parte, el cabildante aseguró que la capital de Norte de Santander requiere de la creación de unos 20.000 nuevos empleos.

Ante el reto de las diferentes olas migratorias de venezolanos hacia Colombia, los funcionarios del gobierno colombiano explicaron la necesidad de exigir la tarjeta de movilidad fronteriza, con el fin de llevar un registro confiable, pues a las autoridades les fue imposible exigir el pasaporte, toda vez que ese documento no está siendo expedido en Venezuela. “Ya tenemos más de 200.000 personas registradas”, detalló Cristian Kruguer, director de Migración  Colombia.

El debate de control político concluyó en la creación de una subcomisión de seguimiento al tema, integrada por los senadores Antonio José Correa, Nadia Blel Scaff, Edinson Delgado y Honorio Enríquez. Ellos tendrán la misión de encontrar salidas a las problemáticas sociales y económicas a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana.

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