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Aviación del Estado expresa en el Senado que continuará afianzando la seguridad y defensa de los colombianos

Bogotá. D.C. 24 de mayo. (Prensa Senador Juan Manuel  Galán) La salvaguarda y seguridad de los colombianos seguirá siendo la prioridad para las distintas fuerzas del Estado, según lo afirmaron, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejercito Nacional y la  Armada Nacional. Las distintas instituciones  participaron hoy en la séptima sesión que viene adelantando la Comisión de Seguridad Aérea del Senado, sobre la problemática del sector aéreo en  país, cuyas deliberaciones  son coordinadas por el senador Liberal, Juan Manuel Galán.

El Brigadier General Juan Vicente Trujillo, Comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejercito Nacional, destacó las  capacidades que  tiene la institución como un activo del Estado para proteger  el territorio nacional. “Lo que hacemos los soldados aviadores  con  las alas puestas en nuestras botas es garantizar  la seguridad, y la defensa del pueblo colombiano” aseguró el General Trujillo.

El Director de Seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana, Coronel Jaime Betancur, expresó que  la FAC,  cumple multiplicidad de misiones como garante del espacio aéreo colombiano, ya que para sus comandantes la seguridad no es  un fin sino una premisa permanente.

El Brigadier General, Luis Enrique Méndez Jefe de Aviación de la Policía, manifestó que la seguridad es prioridad en la Institución, y que no se trata solamente al momento de volar. Y destacó que se trabaja bajo tres pilares: capacitación de pilotos, estandarización de los procesos y tecnología de adecuación de cabinas y equipos.

En su intervención el Capitán de Navío, William Carvajal, Comodante de Aviación de la Armada Nacional, expresó que su flotilla también hace presencia  de los mares colombianos y contrarresta el delito, destacó que, por ejemplo el año pasado fueron incautadas 152 toneladas de cocaína de las cuales más de 110 se decomisaron en la zona del Pacifico.

El Senador Juan Manuel Galán expresó que la sesión fue muy oportuna para analizar  las condiciones en que   opera la Aviación del Estado, las necesidades en materia de infraestructura, entrenamiento de personal, capacidad de rescate, radares, ayudas tecnológicas y de comunicaciones para que  las distintas instituciones puedan cumplir sus funciones.

La próxima sesión de la Comisión se realizará en el archipiélago de San Andrés y Providencia el próximo 2 de junio, para analizar la soberanía aérea de la región Caribe y  se contará con la presencia del representante de Colombia ante OCI, Organización  de la Aviación Civil Internacional.

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Semana crucial para proyecto de horas de recargo nocturno


La Comisión Séptima del Senado tiene en el orden del día el Proyecto de Ley 117, mediante el cual se vuelve a modificar la jornada diurna, estableciendo que ésta termina a las 8 p.m. y no a las 10 p.m. como sucede actualmente. Es decir, los trabajadores tendrían derecho al pago de dos horas más de recargo nocturno.

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). A menos de un mes de la finalización del periodo legislativo 2016-2017, sigue en vilo el futuro del Proyecto de Ley sobre horas de recargo nocturno. La iniciativa parlamentaria está pendiente de tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, bajo la premisa que su fecha de vencimiento es el próximo 16 de junio.

El coordinador de ponentes en esta caso es el senador conservador Mauricio Delgado, quién había pedido el aplazamiento de la discusión, hasta que los ministerios de hacienda, trabajo, comercio y turismo, enviarán al congreso un concepto unificado. El congresista sustentó su solicitud con base en una proposición de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el sentido de tener un concepto de la Mesa de Concertación Laboral.

En esas circunstancias y con la premisa del tiempo (el 16 de junio próximo vences los términos de la iniciativa), la Comisión Séptima del Senado lo incluyó en el orden del día del próximo martes 23 de mayo. Ese día, previo a la apertura del público, la célula legislativa se reuniría en privado para tomar una decisión.

Es necesario contextualizar que el articulado pasó a sus respectivos debates en el Senado con el único objetivo de devolverles a los trabajadores el pago de dos horas de recargo nocturno, es decir, a partir de las 8 p.m. y no desde las 6 p.m. como se propuso originalmente. Durante los dos debates en Cámara de Representantes fueron eliminadas las pretensiones relacionadas al pago de horas extras dominicales y festivos en un porcentaje del 100%.

En su momento, la entonces ministra de trabajo, Clara López, dijo que de aprobarse dicho Proyecto de Ley, se beneficiaría una población de 455 mil personas ocupadas formalmente y que el costo total anual sería de 411 mil millones de pesos.

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Masiva migración de venezolanos pone a prueba a la sociedad colombiana


En las década de 1970 y 1980 miles de colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida y la encontraron. Hoy, la mayoría de esos compatriotas regresan al país huyéndole a la crisis social y económica la república bolivariana, al tiempo que cientos de sus ciudadanos, también buscan en las urbes colombianas una vida digna. ¿Debe el Estado Colombiano cerrar las fronteras? ¿Debe el Estado Colombiano recibirlos con los brazos abiertos?

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). Cifras citadas por el senador Antonio José Correa, revelan que cerca de 1.500.000 personas migran anualmente de Venezuela a Colombia, a través de los 2.500 kilómetros de frontera entre los dos países. Como consecuencia, ciudades fronterizas como Riohacha, Maicao, Valledupar, Cúcuta y Arauca viven una emergencia en materia económica y social.

En un debate de control político sobre las problemáticas asociadas a la migración de venezolanos hacia Colombia, fueron establecidas tres olas de desplazamiento geográfico, así: En un primer momento, llegaron los empresarios y personas adineradas; en una segunda instancia, arribó talento humano capacitado como ingenieros, médicos, odontólogos y contadores, y posteriormente, el país empezó a recibir personas que buscan satisfacer sus necesidades básicas.

El senador Correa, convocante al mencionado debate, dijo que alrededor 55.000 personas circulan la frontera diariamente, mientras las autoridades migratorias recibieron 15.523 solicitudes de cédula de extranjería el año pasado. A ello se suma la cifra, según la cual, 4.500 venezolanas ejercen la prostitución en territorio colombiano.

Solamente en las ciudades fronterizas el Gobierno ha destinado unos tres mil millones de pesos en la atención en salud de venezolanos, cifra que podría elevarse a seis mil millones de pesos al finalizar 2017. Según la Senadora Nadie Blel Scaff, en el Hospital Universitario de Cartagena son atendidos 80 venezolanos, mensualmente.

Por su parte, el senador Jorge Iván Ospina exigió una postura conciliadora y humanitaria: “Por aguda que sea la crisis, no puede haber un asomo de chovinismo, de señalamiento, ni embriagarnos de una posición que altere la posibilidad de albergar a un pueblo hermano”, comentó el legislador del Partido Alianza Verde.

En el recinto de la Comisión Séptima del Senado, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina, y el presidente del Concejo de Cúcuta, Nelson Ovalles, expusieron la complejidad de la problemática. El primero pidió una intervención integral con recursos económicos para educación, empleo y seguridad. Por su parte, el cabildante aseguró que la capital de Norte de Santander requiere de la creación de unos 20.000 nuevos empleos.

Ante el reto de las diferentes olas migratorias de venezolanos hacia Colombia, los funcionarios del gobierno colombiano explicaron la necesidad de exigir la tarjeta de movilidad fronteriza, con el fin de llevar un registro confiable, pues a las autoridades les fue imposible exigir el pasaporte, toda vez que ese documento no está siendo expedido en Venezuela. “Ya tenemos más de 200.000 personas registradas”, detalló Cristian Kruguer, director de Migración  Colombia.

El debate de control político concluyó en la creación de una subcomisión de seguimiento al tema, integrada por los senadores Antonio José Correa, Nadia Blel Scaff, Edinson Delgado y Honorio Enríquez. Ellos tendrán la misión de encontrar salidas a las problemáticas sociales y económicas a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana.

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Senador Faruk Urrutia invita a reflexionar sobre seguridad del departamento del Cesar

 

 

Bogotá D.C:, mayo 17 de 2017.- En audiencia pública en la ciudad de Valledupar, el senador del Centro Democrático abre el espacio para discutir sobre la problemática de inseguridad en el Cesar. Este viernes a partir de las 9 de la mañana.

Para analizar los actos delincuenciales que afectan a los cesarences, el senador Faruk Urrutia convoca a las autoridades nacionales, locales y ciudadanos a la audiencia pública “Problemática de Seguridad en el Departamento del Cesar”, que tratará temas como el hurto de reses, el contrabando, microtráfico y la situación de migración elevada de venezolanos a territorio colombiano, entre otros. El evento se realizará el próximo viernes, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de Comfacesar ubicada en la Carrera 14 No. 14-46, de la ciudad de Valledupar.

A la audiencia han sido invitados los ministros de Defensa; Luis Carlos Villegas; Interior, Juan Fernando Cristo; Justicia, Enrique Gil Botero y Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Asimismo, funcionarios de la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, Migración Colombia, la DIAN, el INVIMA, entre otras entidades.

El Congresista solicitará a las instituciones gubernamentales tomar las medidas necesarias a fin de mitigar el impacto social y económico para fortalecer las condiciones de seguridad territorial. 

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Control de Convencionalidad una utopía en los procesos judiciales contra aforados

Por Diego González

Secretario Comisión Segunda de Senado

 

Bogotá D.C., mayo 12 de 2017 (Prensa Senado).-En los últimos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido avanzando en el desarrollo de diversos instrumentos para la efectiva aplicación del derecho internacional de los Derechos Humanos en el ámbito interno, uno de ellos ha sido el desarrollo jurisprudencial del control de convencionalidad.

Esta figura nace en la jurisprudencia contenciosa de la CIDH con el caso Almonacid Arellano Vs Chile en la sentencia del 26 de septiembre de 2006, en el estudio de este proceso se acepto el hecho de que “los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley” razón por la cual están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico interno, sin embargo también se aclaró que “cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella” lo anterior, de acuerdo con la CIDH, quiere decir que los jueces se encuentran en la obligación de custodiar que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean reducidos por la aplicación de las leyes internas que le sean  contrarias a su objeto y fin  que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

La CIDH  señalo expresamente que “el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Con el caso Boyce y otros vs Barbados, en sentencia del 20 de Noviembre del año 2007,  la CIDH señalo claramente como debe ser interpretado el control de convencionalidad en el ámbito interno,  de este pronunciamiento se deriva dos aspectos fundamentales de gran relevancia; el primero que las obligaciones se deben cumplir de buena fe bajo la Convención American y que no se podrá invocar por parte de los jueces la aplicación de las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de las obligaciones convencionales, el segundo, que los tribunales no pueden limitarse solamente a realizar control de constitucionalidad de sus resoluciones si no que también deben hacer un control de convencionalidad.

Tal como se observa ha sido amplio el avance jurisprudencial de la CIDH en materia de control de convencionalidad, a los ya mencionados casos se pueden sumar también los siguientes; caso trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs  Perú sentencia 24 de Noviembre de 2006, caso Cabrera García y Montiel Flores Vs México sentencia 26 de noviembre de 2010 y uno de los más emblemáticos el caso Liakat Ali Alibux Vs Surinam sentencia 30 de enero de 2014, en donde se condenó al Estado de Surinam por el desconocimiento del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

En nuestro país se reconoció por parte del Consejo de Estado la importancia del Control oficioso de Convencionalidad, esta Corporación con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en fallo del tres de diciembre del año 2014, señaló que el Control de Convencionalidad implica el deber de todo juez nacional de realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la CIDH.  

Incomprensiblemente en Colombia los jueces se han negado a dar aplicación a la excepción de incovencionalidad en los procesos judiciales de única instancia que se adelantan en contra de los aforados, argumentando el deber de dar aplicación al derecho interno y la supremacía y prevalencia de la Constitución Política. 

Frente a lo anterior, es importante reflexionar sobre lo expresado por diferentes tratadistas en el sentido que el control de Convencionalidad no es un fin, sino un medio o instrumento para “preservar la Supremacía de las normas de fuente internacional de las que es parte cada Estado miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “1”

De igual forma, merece especial atención por parte del Estado Colombiano, el hecho de desconocer la garantía fundamental de la doble instancia en los procesos judiciales contra los aforados, en una época donde cobra cada vez más importancia la internacionalización del derecho constitucional y la Constitucionalización del derecho Internacional, en virtud de la cual la idea de la prevalencia de los instrumentos convencionales de derechos humanos se han constituido en el abecé del constitucionalismo. “2”

Así las cosas, resulta evidente que para el caso de los aforados el Estado Colombiano a la fecha sigue desconociendo los Acuerdos, tratados y convenciones internacionales ratificadas y vigentes con otros países y que contemplan la garantía fundamental de la doble instancia, así como también resulta evidente que el poder judicial se ha negado a dar aplicabilidad al Control de Convencionalidad pese a las grandes conquistas en materia de Derechos Humanos que por vía jurisprudencial ha reconocido la CIDH.

Frente a esta situación solo resta esperar el anunciado proyecto de acto legislativo que tiene como propósito regular la doble instancia para los aforados, de acuerdo con lo que se ha señalado cuenta con el aval e iniciativa de las tres ramas del poder público, y sería la solución para la reivindicación de este derecho fundamental y para el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Sin embargo, debemos recordar que este proyecto de acto legislativo sería el tercer intento por regular este importante tema, toda vez que desde el 2014 se han presentado dos proyectos de iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, pero ambos fueron archivados sin una razón de peso, a la fecha persiste el vacío legislativo y el control de convencionalidad por parte de los jueces en los procesos judiciales contra los aforados sigue siendo una Utopía.               

Artículo de la Revista Ámbito Jurídico

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