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Senador Faruk Urrutia invita a reflexionar sobre seguridad del departamento del Cesar

 

 

Bogotá D.C:, mayo 17 de 2017.- En audiencia pública en la ciudad de Valledupar, el senador del Centro Democrático abre el espacio para discutir sobre la problemática de inseguridad en el Cesar. Este viernes a partir de las 9 de la mañana.

Para analizar los actos delincuenciales que afectan a los cesarences, el senador Faruk Urrutia convoca a las autoridades nacionales, locales y ciudadanos a la audiencia pública “Problemática de Seguridad en el Departamento del Cesar”, que tratará temas como el hurto de reses, el contrabando, microtráfico y la situación de migración elevada de venezolanos a territorio colombiano, entre otros. El evento se realizará el próximo viernes, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de Comfacesar ubicada en la Carrera 14 No. 14-46, de la ciudad de Valledupar.

A la audiencia han sido invitados los ministros de Defensa; Luis Carlos Villegas; Interior, Juan Fernando Cristo; Justicia, Enrique Gil Botero y Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Asimismo, funcionarios de la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, Migración Colombia, la DIAN, el INVIMA, entre otras entidades.

El Congresista solicitará a las instituciones gubernamentales tomar las medidas necesarias a fin de mitigar el impacto social y económico para fortalecer las condiciones de seguridad territorial. 

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Control de Convencionalidad una utopía en los procesos judiciales contra aforados

Por Diego González

Secretario Comisión Segunda de Senado

 

Bogotá D.C., mayo 12 de 2017 (Prensa Senado).-En los últimos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido avanzando en el desarrollo de diversos instrumentos para la efectiva aplicación del derecho internacional de los Derechos Humanos en el ámbito interno, uno de ellos ha sido el desarrollo jurisprudencial del control de convencionalidad.

Esta figura nace en la jurisprudencia contenciosa de la CIDH con el caso Almonacid Arellano Vs Chile en la sentencia del 26 de septiembre de 2006, en el estudio de este proceso se acepto el hecho de que “los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley” razón por la cual están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico interno, sin embargo también se aclaró que “cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella” lo anterior, de acuerdo con la CIDH, quiere decir que los jueces se encuentran en la obligación de custodiar que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean reducidos por la aplicación de las leyes internas que le sean  contrarias a su objeto y fin  que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

La CIDH  señalo expresamente que “el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Con el caso Boyce y otros vs Barbados, en sentencia del 20 de Noviembre del año 2007,  la CIDH señalo claramente como debe ser interpretado el control de convencionalidad en el ámbito interno,  de este pronunciamiento se deriva dos aspectos fundamentales de gran relevancia; el primero que las obligaciones se deben cumplir de buena fe bajo la Convención American y que no se podrá invocar por parte de los jueces la aplicación de las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de las obligaciones convencionales, el segundo, que los tribunales no pueden limitarse solamente a realizar control de constitucionalidad de sus resoluciones si no que también deben hacer un control de convencionalidad.

Tal como se observa ha sido amplio el avance jurisprudencial de la CIDH en materia de control de convencionalidad, a los ya mencionados casos se pueden sumar también los siguientes; caso trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs  Perú sentencia 24 de Noviembre de 2006, caso Cabrera García y Montiel Flores Vs México sentencia 26 de noviembre de 2010 y uno de los más emblemáticos el caso Liakat Ali Alibux Vs Surinam sentencia 30 de enero de 2014, en donde se condenó al Estado de Surinam por el desconocimiento del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

En nuestro país se reconoció por parte del Consejo de Estado la importancia del Control oficioso de Convencionalidad, esta Corporación con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en fallo del tres de diciembre del año 2014, señaló que el Control de Convencionalidad implica el deber de todo juez nacional de realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la CIDH.  

Incomprensiblemente en Colombia los jueces se han negado a dar aplicación a la excepción de incovencionalidad en los procesos judiciales de única instancia que se adelantan en contra de los aforados, argumentando el deber de dar aplicación al derecho interno y la supremacía y prevalencia de la Constitución Política. 

Frente a lo anterior, es importante reflexionar sobre lo expresado por diferentes tratadistas en el sentido que el control de Convencionalidad no es un fin, sino un medio o instrumento para “preservar la Supremacía de las normas de fuente internacional de las que es parte cada Estado miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “1”

De igual forma, merece especial atención por parte del Estado Colombiano, el hecho de desconocer la garantía fundamental de la doble instancia en los procesos judiciales contra los aforados, en una época donde cobra cada vez más importancia la internacionalización del derecho constitucional y la Constitucionalización del derecho Internacional, en virtud de la cual la idea de la prevalencia de los instrumentos convencionales de derechos humanos se han constituido en el abecé del constitucionalismo. “2”

Así las cosas, resulta evidente que para el caso de los aforados el Estado Colombiano a la fecha sigue desconociendo los Acuerdos, tratados y convenciones internacionales ratificadas y vigentes con otros países y que contemplan la garantía fundamental de la doble instancia, así como también resulta evidente que el poder judicial se ha negado a dar aplicabilidad al Control de Convencionalidad pese a las grandes conquistas en materia de Derechos Humanos que por vía jurisprudencial ha reconocido la CIDH.

Frente a esta situación solo resta esperar el anunciado proyecto de acto legislativo que tiene como propósito regular la doble instancia para los aforados, de acuerdo con lo que se ha señalado cuenta con el aval e iniciativa de las tres ramas del poder público, y sería la solución para la reivindicación de este derecho fundamental y para el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Sin embargo, debemos recordar que este proyecto de acto legislativo sería el tercer intento por regular este importante tema, toda vez que desde el 2014 se han presentado dos proyectos de iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, pero ambos fueron archivados sin una razón de peso, a la fecha persiste el vacío legislativo y el control de convencionalidad por parte de los jueces en los procesos judiciales contra los aforados sigue siendo una Utopía.               

Artículo de la Revista Ámbito Jurídico

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Ante incumplimiento de la Canciller, senador Ramos pide aplazar debate de control político

En siete años no le ha dado la cara al país, por lo que el Centro Democrático exigió respuestas sobre la persecución política a opositores, derroche de impuestos de los colombianos y actitud frente a dictadura venezolana.  

Bogotá, 10 de mayo de 2017 (CD). La constante inasistencia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, a las citaciones de Congreso de la República, suscitó un enérgico reclamo de parte del senador Alfredo Ramos Maya quien consideró de la mayor gravedad su más reciente ausencia al debate de control político citado el martes 9 de mayo, por lo que solicitó el aplazamiento del mismo.

Junto con la bancada del Centro Democrático, Ramos Maya cuestionó que en siete años la Canciller “no le haya dado la cara al país”, configurándose sin duda “como un irrespeto a la democracia, un irrespeto al Senado y un irrespeto a los ciudadanos que representamos en este sagrado recinto de la democracia”.

Fue apenas horas antes del debate que se conoció su inasistencia: “A última hora de nuevo se excusa con una lacónica respuesta”, comentó Ramos al destacar, con respeto, la presencia del Vicecanciller, Francisco Javier Echeverri, pero haciendo énfasis en que es indudablemente imperante la presencia de Holguín.

En consecuencia, el senador antioqueño recordó que el país necesita respuestas sobre la responsabilidad del gobierno Santos frente a la situación de Venezuela, puesto que “ha estado en silencio al frente de una dictadura”. Además, que presente sus argumentos y reconozca “por qué persigue políticamente a sus opositores políticos en el extranjero. Y vamos a mostrar una presunta falsedad ideológica en documento público cuando da respuestas, en privado de algunas maneras y en público de otras maneras, ante el gobierno de Estados Unidos”.

Es más, el Centro Democrático anunció que demostrará “el derroche y la cantidad de dinero de los impuestos de los colombianos que están hoy haciendo lobby internacional para que las Farc laven sus pecados”, así como expondrá, la realidad sobre la aparente defensa internacional de Colombia frente al tema de San Andrés. 

 

 

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'Tocaría paisa', por Rodrigo Villalba

 

 

Escrito por  RODRIGO VILLALBA MOSQUERA

En un artículo anterior había pronosticado que la contienda presidencial del 2018 –polarizante-  de crispación y sin cuartel, era entre paisas y un cachaco. Con lo que está ocurriendo en materia de la dinámica política y proselitista, y la premisa de analistas respetables que han llegado a la conclusión que la presidencia en Colombia la alternan religiosamente paisas y bogotanos: Turbay (bogotano), Belisario (paisa), Barco (bogotanizado), Gaviria (paisa), Samper (bogotano) y en un intervalo Pastrana, que presenta una mixtura interesante, hijo de Huilense, de madre paisa y él cachaquizado; luego Uribe (repaisa) y hoy Santos (rebogotano), si fuéramos con esa dialéctica el próximo turno seria  para un paisa. Serpa de provincia no pudo entrar.

Reforcemos esta teoría con un análisis presente. Aun cuando La imagen favorable de un candidato no es todo, si es un activo muy importante y más cuando la desfavorable es pequeña, porque además de la buena aceptación tiene para donde crecer si consolida su propuesta o su carisma personal. En este orden de ideas, analicemos la última encuesta Gallup sobre la imagen de los presidenciables, donde sale muy bien Clara López, De La Calle, Galán, Claudia, Fajardo. A pesar de que Vargas lleras ha bajado drásticamente su imagen favorable, no hay duda que es un candidato fuerte.

Hoy todos opinan, inclusive los más optimistas, que en presidenciales falta mucha agua por debajo de los puentes y que nada está dicho, todo puede pasar. Si el análisis nos lo permite y utilizamos la futurología, pensando que a pesar que en la agenda pública de hoy el tema de la paz pareciera haber pasado a un segundo plano con la firma del acuerdo y simplemente esta sobre la mesa la disyuntiva oposición -gobierno, con una agenda adicional impuesta en los últimos meses por los brotes de corrupción de personajes de alto nivel como los casos de Odebrech, Reficar y ahora los sobornos de los españoles, que de alguna manera van a afectar a todos de mayor o menor grado, no tengo ninguna duda que se restablece una voraz polarización alrededor de quienes defienden los acuerdos de paz y de quienes los combaten. Se armaran estos dos bloques y un tercero de alternativos que quieren pasar por la mitad.

Dentro de esa lógica las opciones presidenciales se moverán entre el candidato de derecha o uribismo (paisa Duque o Ramos) con formula vicepresidencial de Marta Lucia; el candidato de centro izquierda, De La Calle (paisa) con formula vicepresidencial de Clara López. Por otro lado el centro derecha con Vargas Lleras (bogotano) y pinzón en la vicepresidencia;  y el bloque de alternativos con Fajardo (paisa) con Claudia López como su Vicepresidenta. Sin duda, tienen muchas más opción en este cuadro comparativo presidencial, los paisas. Nada de raro sería que esa alternancia entre paisas y bogotanos también se de en el 2018.

 

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El Gobierno Santos 36 – Pueblo Colombiano 0: A punta de Decretos nos ha goleado el Gobierno

Más de 30 decretos para complacer a las FARC ha expedido -desde septiembre de 2016- el Gobierno de Juan Manuel Santos, sin los bombos ni platillos que acostumbra, pues sabe que si los colombianos conocen del peligro que estos representan, su favorabilidad terminaría en cifras de un dígito.

(Bogotá D.C. 8 de mayo de 2017 Prensa Senadora) Son muchas las perlas que nos han metido por Decreto. Empecemos por el Decreto 1397, expedido el 1 de septiembre de 2016 en el cual se establecieron las condiciones para el funcionamiento de las zonas para la ubicación temporal de las Farc. Es decir, definieron la ubicación de los miembros de las FARC un mes antes del plebiscito donde se suponía que “los colombianos teníamos la última palabra” y “nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado”

El 20 de Octubre, cuando estaban “buscando un acuerdo nacional con los promotores del No en el plebiscito”, el Gobierno expidió el Decreto 1647 de 2016, donde estableció los puntos de Pre-agrupamiento como Zonas de Ubicación Temporal, y en Diciembre a través de 25 decretos, estableció los seis Puntos Transitorios de Normalización y las 21 zonas veredales donde las FARC adelantarían el proceso de desarme y desmovilización. Importante recordar que en ese momento no se había votado si quiera el Proyecto de Ley de Amnistía.

En enero de 2017 se expidió el Decreto 062 de 2017 en donde el Gobierno designó representantes para la implementación y verificación del acuerdo final. Los representantes internacionales cuestionados por su claro sesgo contra el Estado Colombiano y proclives a las FARC. No contento con todo lo anterior, por Decreto también – el 154 de 2017– el Gobierno de Juan Manuel Santos le dio la potestad al máximo grupo terrorista de las FARC de dirigir la política criminal del país, participando en la “Comisión Nacional de Garantías de seguridad-; y como para no creerlo, las FARC exigen que se deben revisar los antecedente de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado “con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos”.

Para rematar, con el Decreto 277 de 2017 el Gobierno contraría, incluso, lo que se acordó en la primera ley expedida por mecanismo de “Fast Track”, esto es la Ley 1820 de 2016 “Ley de amnistía”, donde se establecía en el artículo 35 sobre Libertad condicionada que las personas que hayan cometido delitos políticos o conexos a ellos, quedarían en libertad condicionada siempre que hayan suscrito un acta de compromiso en diciembre. Sin embargo en el artículo 21 del Decreto 277, se establece que la libertad condicionada se mantendrá aunque con posterioridad a su concesión se formulen nuevas imputaciones, acusaciones o condenas. Esto significa que ningún miembro de las FARC pagará si quiera un día de cárcel, así cometa crimines hoy o en los años venideros.

Y así a espaldas de los colombianos, desconociendo la voluntad popular, se le da cada día más impunidad a los máximos autores de crímenes atroces, se les permite andar a diestra y siniestra por territorios donde no hay imperio de la ley o institucionalidad y se les permite liderar la política criminal. ¿Para dónde vamos? Nos golearon a nuestras espaldas.

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