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No más dictadura en Venezuela

"La supuesta revolución bolivariana tiene a un país aguantando hambre, sin trabajo, con altos índices de inseguridad y generando un éxodo de venezolanos por el mundo": senadora Nidia Marcela Osorio.

Bogotá. D.C. abril 25 de 2017.-  En el último mes, lo que vemos en Venezuela, nos desgarra el alma: Hambre, enfrentamientos, muertes y decisiones arbitrarias que limitan la libertad de nuestros hermanos. Nos sentimos impotentes al ver el clamor de un pueblo, que sale a las calles pacíficamente a protestar, pidiendo un cambio de Gobierno, liberación de presos políticos, restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional y alivio a la grave escasez de medicinas y alimentos, pero, como respuesta tienen una absoluta represión que cobra, día a día, más vidas humanas.

Un país no puede permitir tanto sufrimiento de sus ciudadanos. Ellos constituyen la nación y es inadmisible el arraigamiento de políticas socialistas que han perdido toda dirección y buen planteamiento. No es posible ver que mientras los venezolanos lloran en las calles pidiendo que su país no se hunda, el presidente Nicolás Maduro y su séquito, se rían a carcajadas de lo que sucede con los opositores y festejen, al tiempo que sus ciudadanos mueren baleados en las manifestaciones, se ahogan con gases lacrimógenos y se le viola todo derecho a la protesta.

No existe tal golpe de Estado, presidente Maduro, no existe ningún complot internacional para derrocarlo. Esto es claro. Es la respuesta de un pueblo cansado de la negligencia, de las malas decisiones, de la injusticia y de tanto atropello a la Constitución que usted mismo dice hacer respetar.

Las cifras son muy dicientes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en el año 2016 se registraron 28.479 muertes violentas y la escasez de comida y de artículos de primera necesidad superó el 80 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 

¿Qué puede decir entonces el gobierno de estas cifras? Estas son el reflejo de lo que hoy vive Venezuela, no hay forma de esconderlo más. A pesar de que los militantes de la revolución bolivariana, quieran incluso censurar los medios, quitar licencias, agredir a los periodistas y tergiversar la información.  El mundo entero ya sabe que lo que está pasando en Venezuela, superó los límites y ha opacado la democracia de ese país.

Señor Maduro, a pesar de no ser seguidora del fallecido presidente Hugo Chávez, quiero decirle, que, si su antecesor viviera, no estaría pasando esto. El chavismo cada vez más, tiene desertores y las críticas dentro de sus filas, siguen creciendo. Es hora de replantear hasta dónde quiere llevar a su pueblo.  

No podemos consentir que se arme una guerra civil en las calles de la gran Venezuela, esa que acogió a miles de colombianos, cuando era prospera. No se necesita armar a cientos de personas para defender un ideal que ya está muerto. No es necesario encarcelar al que piense diferente y al que intente defender sus derechos. Se requiere un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, un cambio de estrategia, darles libertad a los ciudadanos y no culpar a unos cuantos, del fracaso de un gobierno.

Sé que en Colombia tenemos muchos problemas, pero se respetan los principios democráticos, así que  hoy abogo por Venezuela, porque nos necesitan. No podemos hacernos los de la vista gorda, cuando nos piden ayuda desde lo más profundo de su ser. Me duele Venezuela, me duele su gente. Compartimos nuestro origen y compartimos una bandera. Esa tricolor hoy grita unánime NO MÁS. No más violaciones contra los derechos humanos ni contra la libertad de prensa, no más represión, no más dictaduras. ¡NO MÁS!

 

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Despertando a Europa

Sofía Gaviria Correa

En un mundo en el que resolver los problemas de forma pacífica y segura es visto como una utopía, porque las religiones, los nacionalismos, el imperialismo y los sistemas económicos son una excusa para violar los valores primordiales democráticos y los derechos humanos, la esperanza romántica, pero muchas veces ingenua, mezclada con un pragmatismo egoísta, permite que la idea del proceso de paz colombiano sea vista como una luz para la solución de una realidad violenta y terrorista que lleva 52 años desangrando a nuestro país. Esa es la síntesis de muchas consideraciones iniciales que hemos oído en el recorrido que emprendimos la semana pasada por Bélgica, Francia y España, para sensibilizar a dirigentes europeos sobre la situación real de las víctimas en el marco del proceso de pazy para pedir solidaridad internacional con las mismas.

En el Viejo Continente se ha “vendido”, a través de mentiras, generalizaciones y frases que más bien parecen de marketing, el proceso colombiano como “el camino civilizado” para la terminación del conflicto. Pero, cuando lo explicamos, sin ningún juicio de valor, sino, simplemente, limitándonos a mostrar en la redacción de los artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz las grandes injusticias, la desproporción, la inseguridad jurídica y, por supuesto, la falacia de que las víctimas somos “el centro de este proceso”, se derrumba el castillo de arena y los defensores de los derechos humanos en Europa no pueden disimular su sensación de desilusión y de vergüenza. Como en el Mito de la Caverna, los europeos salen poco a poco, encandilados por la luz de la verdad sobre lo que en Colombia está pasando.

En su momento, con extrañeza, se cuestionaban por el resultado de un plebiscito adverso a lo que ellos esperaban. Pero conocer las razones de la mayoría de los votantes los conduce a una idea más real de lo que representa lo que se negoció con las Farc. Esa nueva claridad se va solidificando cuando comparan las exigencias de justicia irrenunciables en sus propios países con la desproporcionalidad que prima en este proceso.

En nuestras reuniones, de muy diversa índole, la solidaridad y el compromiso de hacer un ejercicio más riguroso en la revisión de este proceso para Colombia y de sus implicaciones en la justicia internacional, ha sido nuestro mayor logro. Desde los niveles más altos de los policy-makers de la Unión Europea, hasta las organizaciones civiles de víctimas y Derechos Humanos, han entendido la precariedad y el peligro que representa un proceso de paz en el cual primará, además, el ocultamiento de la verdad.

Es así cómo, cuando solicitamos citas a la Comisión Europea, a eurodiputados, a senadores y diputados franceses y al gobierno francés, confirmamos la inconsistencia con la que muchas veces los políticos europeos (y los colombianos) de centro-izquierda defienden los valores fundamentales de la democracia y los derechos humanos: mientras la respuesta del centro-derecha fue pronta, atenta y ejecutiva, la de los políticos de centro izquierda fue nula o minoritaria.

Como ejemplo, valga comentar que uno de los resultados de las reuniones que tuvimos con las principales organizaciones de víctimas del terrorismo en Francia fue que la candidata y posible próxima presidente de Francia, Marine Le Pen, nos ofreció una cita. Agradecimos la amable invitación, pero, a pesar de que reconocemos la claridad y la coherencia de su discurso frente al terrorismo, la declinamos, no sólo por lo apretado y difícilmente modificable de nuestra agenda, sino porque no podemos negar que su enfoque sobre la inmigración dista mucho del nuestro.

Numerosos representantes del espectro político de la izquierda y el centro-izquierda siguen teniendo, en pleno siglo XXI, un himen complaciente ante los crímenes de lesa humanidad de organizaciones terroristas, como las Farc, pero reaccionan horrorizados frente a discursos como el de Le Pen, que, si bien rechazamos, hay que reconocer que no han acudido nunca a las armas.

Por ello, en coherencia, la nuestra es la defensa de los derechos de las víctimas de las Farc, que es la misma de los de las víctimas de los paramilitares, o de las del Eln o de las del Estado. Ese mismo principio universal será siempre nuestro faro. Sin embargo, en este momento, nuestra defensa particular de las víctimas de las Farc se debe, precisamente, a que estos victimarios, y no las víctimas, serán los grandes beneficiados de un proceso que les asegure la impunidad y les dé estatus político, en unas condiciones de ventaja sobre quienes, desde la legalidad, hemos defendido siempre la representación real de los más necesitados.

No podemos resignarnos a un nuevo episodio en el cual "los buenos", queriendo ver un escenario más propicio a sus ojos, miren en otra dirección para calmar sus culpas y para protegerse del dolor que representa asomarse al horror de la crueldad humana, como ha sido el sufrido por el pueblo colombiano. Y estamos seguros de que, si seguimos abriendo puertas, en un continente como el europeo, en el que, tras una historia dolorosa de guerra, se mantienen muy presentes la defensa de los derechos humanos, la proporcionalidad entre las penas y los daños cometidos por los criminales, la reivindicación de los derechos de las víctimas y el rechazo a cualquier tipo de apología de la violencia, terminará haciéndose imposible no condenar un proceso que, definitivamente, no representa los valores de la civilización occidental.

 

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Representación indígena quedaría en manos de partidos mayoritarios

 

Así lo denunció el senador Luis Evelis Andrade, del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, durante la rueda de prensa de los partidos minoritarios, de oposición e independientes. Dicha 'alianza' pretende que el gobierno replantee el proyecto de reforma política.

Bogotá, D.C., Abril 24 de 2017 (Prensa Senado). La principal preocupación de los representantes indígenas frente al proyecto de reforma política que alista el Gobierno Nacional, gira en torno a la posibilidad de que cualquier movimiento social o partido político pueda presentar candidatos a nombre de las comunidades étnicas del país.

En la actualidad, las comunidades indígenas tienen asignadas tres curules en el Congreso de la República, dos en el Senado y otra en la Cámara de Representantes. Así quedó establecido en los artículos 171 y 176 de la Constitución Política Colombiana de 1991. La Carta dice que los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

"Desde el punto de vista de los grupos étnicos tenemos que decir que no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno, que para las circunscripciones étnicas cualquier movimiento social pueda postular candidato, me parece que eso contradice la Constitución y el espíritu del constituyente del 91”, aseguró el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, Luis Evelis Andrade.

Dicho movimiento hace parte de la 'coalición' de 11 partidos minoritarios, de oposición e independientes que le exigen al Gobierno Nacional garantías para su existencia y participación en la propuesta de Reforma Política que se discutiría en el Congreso de la República. "Pedimos que se respete el derecho constitucional y que sean los movimientos y las organizaciones indígenas que hayan surgido de raíces propias de estas etnias, que puedan seguir postulándose como sus autoridades, o de lo contrario, nuestra representación va a quedar en manos de los partidos mayoritarios”, agregó el congresista Andrade.

En general, la petición de los 11 partidos minoritarios, de oposición e independientes, apoyan la incursión de los desmovilizados de las FARC en política, no obstante, piden garantías para que todos los movimientos políticos que han venido participando, cuenten con las mismas garantías en lo relacionado a la financiación y umbral electoral.

En lo relacionado a los movimientos indígenas y su ejercicio de representación política, el senador Luis Evelis Andrade pidió la implementación del voto electrónico en las comunidades que ya cuenta con fibra óptica y, la instalación de mesas de votación en aquellos sitios que lo requieran.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Colombia existen cerca de 600.000 indígenas a los que el Estado considera patrimonio nacional invaluable como riqueza cultural y social. Se encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% del territorio nacional. (cifras de 1994).

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Infancia amenazada

Cartagena, abril 24 de 2017 (Prensa s. Nadia Blel).- Estoy dolida. Estos últimos días han sido oscuros para nuestra sociedad. Hemos conocido varios casos de abuso sexual y asesinato contra niños. Menores indefensos de apenas tres, cuatro, cinco, seis y once años de edad, en municipios de Tolima, Cundinamarca, Valle, Meta y Atlántico; episodios que dan cuenta de una verdadera tragedia. 

Y le doy esta calificación a todo este hecho porque están atentando contra uno de los elementos más sagrados de nuestra sociedad: la niñez. 

Las cifras son absolutamente terribles. A la Fiscalía llegan en promedio 44 denuncias diarias de abusos contra menores. Es decir, no es una situación aislada, se trata  de una sociedad enferma; nos enfrentamos a un fenómeno que ha traspasado toda barrera, que se ha enquistado en escuelas, colegios e incluso en el centro de nuestras familias. Porque aunque cueste creer, la mayoría de los casos contra menores de edad se dan por autoría de algún integrante de la célula familiar o cerca de ella. 

Debemos estar atentos, escuchar a los niños, ser más vigilantes. Nadie debe considerar que un hecho así solo le pasará a los demás y no a nosotros. Porque como describí, pueden ocurrir en nuestras propias narices, en los hogares y aulas de clase. 

Legislativamente el país tiene herramientas importantes para atacar esta situación, pero también debemos admitir que aún falta. Por ello en el Congreso cursan diversas iniciativas que darían más dientes a la justicia penal, entre ellas, una de autoría mía que podría evitar que personas condenadas por abuso contra menores puedan después acceder a trabajos que impliquen contacto con niñez. 

Manifiesto públicamente mi indignación, mi rechazo y dolor por los abusos y muertes trágicas de cada uno de estos niños. Y hago un llamado a todos los ciudadanos de bien (la mayoría en el país) a que nos movilicemos de todas las formas legalmente posibles declarándonos en contra de la violencia a menores de edad.

El trágico y deplorable caso de la pequeña Yuliana es muestra que la justicia puede actuar de manera diligente y efectiva contra estos criminales (aunque creamos que la justicia debería ser más severa); actuación que debería replicarse en todas las investigaciones que hoy cursan y no queden en la impunidad. 

 

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Pandillas y abuso de sustancias: qué hacer?

"Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas": senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C., abril 24 de 2017.- Esta semana se conoció el número de pandillas en Colombia. Los registros indican que en Bogotá hay 107, en Medellín 90 y en Cali 105. Se trata de una problemática que afecta primordialmente a los jóvenes de nuestro país, sobre la que hay registros confusos de información y en la que el alcohol y otras sustancias psicoactivas son de uso generalizado. Por eso, mas allá de caer en lugares comunes sobre la necesidad de reprimir el uso de sustancias, es necesario abordar este fenómeno desde los problemas de seguridad y convivencia que generan.

En particular, el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmó que en la última década se han registrado 873 muertes por pandillas y 2.516 lesionados. El abuso de sustancias es uno de los detonantes en la violencia que generan las pandillas. Se requiere entonces una atención inmediata, pero pertinente. Los miembros de estos grupos juveniles no son necesariamente delincuentes, pero si son jóvenes que han crecido en ambientes de vulnerabilidad y son presas de la invitación de grupos criminales que les aseguran dinero, protección o sentido de pertenencia.

La tentación colectiva es recurrir al populismo punitivo, la cárcel no como última opción sino como primer recurso. Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas. Es necesario responder con firmeza a los daños causados por este fenómeno pero al mismo tiempo, buscar caminos de inclusión. Aunque muchas voces se levantarán pidiendo recurrir a medidas populistas, efectistas e inmediatistas.

Una política de seguridad debe ser integral e incorporar a todos los actores responsables en la sociedad para una intervención a corto, mediano y largo plazo. La impunidad sin duda es otro detonante evidente en las conductas criminales y por eso antes de pensar en más leyes, lo lógico es cumplir las que ya existen. La institucionalidad debe recuperar autoridad y legitimidad pero también invertir decididamente en nuevos formatos de prevención y de educación, que mitiguen los riesgos de esta población, que garanticen permanencia en el sistema educativo y que atiendan el consumo problemático de sustancias.

 

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