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El Congreso tiene el derecho y el deber de mejorar leyes de la paz

“Estar con la paz no significa decirle sí a todo lo que sostenga la guerrilla”: senador  José David Name Cardozo

Barranquilla, mayo 22 de 2017.- Perdido el referendo, era claro que el Gobierno y el Congreso debían entenderse sobre un plan de acción que permitiera la aprobación del marco normativo para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

 

Entendí desde un principio que si bien era urgente legislar, también estaba convencido de que debíamos hacerlo sin apresuramientos y expresando nuestros puntos de vista respecto de las propuestas del Gobierno a través de los ministerios delegados para ello.

 

Las camisas de fuerza per sé son incómodas y mucho más si se trata de un tema tan sensible como lo pactado con una guerrilla que desangró al país durante más de 50 años y tiene en contra a una importante corriente de opinión pública.

 

En junio de 2016, el Congreso había aprobado el denominado Fast Track, un mecanismo excepcional que servía para aprobar aceleradamente las reformas acordadas con las Farc.

 

Teniendo en cuenta el triunfo del No en las elecciones del 2 de octubre de 2016, fue evidente que debía lograrse un nuevo acuerdo que efectivamente se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. El 13 de diciembre se conoció que la Corte Constitucional dio su visto favorable a la vía rápida que tramitó el Congreso para reducir a la mitad los tiempos de aprobación de las reformas legales y las de la Carta Política del 91.

 

Ante una demanda de la oposición al Acto Legislativo que creó el Fast Track, el pasado miércoles 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inexequible dos literales de ese mecanismo que en opinión de la corporación judicial no afecta el proceso de paz sino que le devuelve al Congreso la posibilidad de deliberar sobre las iniciativas de implementación de la paz, permitiéndosele al gobierno que pueda contradecir u objetar lo que proponga el legislativo.

 

Lo dicho por la Corte en nada afecta el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz ni la ley de amnistía y beneficios para agentes del Estado, dado que el fallo del miércoles no es retroactivo.

 

Comparto la opinión de quienes argumentan que el principio democrático ha ganado y la paz no ha perdido nada. Es cierto que lo que haga el Congreso de ahora en adelante será más legítimo, así vaya en consenso con el Ejecutivo.

 

En mi caso personal soy consciente de la responsabilidad que me corresponde y en ese contexto actuaré en consonancia con lo acordado en el Teatro Colón, sin dejar de opinar sobre lo que crea correcto para el país. 

 

Después de leer todos los comentarios que han sido publicados a partir del fallo, pienso que nada hay que temer y que no existe dificultad alguna en el camino de la implementación. Por el contrario, reconforta que una sana deliberación dentro de los tiempos previstos le permita a Senadores y Representantes hacer sugerencias y propuestas frente a todo aquello que convenga y beneficie a los colombianos.

 

Lo que sí debo rechazar de plano es que las directivas de las Farc se expresen en tonos amenazantes y complicados, cuando se habla de deliberar en relación con la implementación del Acuerdo de Paz. Estar con la paz no significa decirle sí a todo lo que sostenga la guerrilla, pero tampoco se trata de ponerle trabas al proceso. 

 

En resumidas cuentas, no creo que el fallo de la Corte Constitucional impacte negativamente la implementación del acuerdo, solo se hacen a un lado algunos apartes del Acto Legislativo del Fast Track que en consideración de ocho magistrados limitaban el papel de los congresistas.

 

Ahora se impone la sensatez y en este orden deben expresarse el gobierno y los partidos que integran la llamada Unidad Nacional para que, de común acuerdo, salgan adelante las iniciativas que se consideran esenciales para la paz y se puedan incorporar a ellas las propuestas y recomendaciones que a bien tengan los miembros del Legislativo. 

 

Pienso que no es para convertir el Congreso en un ring de boxeo, sino para que el Senado y la Cámara expresen realmente cuán comprometidos están con la paz sin declinar el derecho y el deber que tienen de mejorar y enriquecer las leyes de la reconciliación nacional y el tránsito al posconflicto. Por favor escríbame a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

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¿La inasistencia alimentaria excarcelable?

 

 

Escrito por  RODRIGO VILLALBA MOSQUERA

 

El ministro de Justicia y el fiscal General, anunciaron que presentarán al Congreso el próximo 20 de julio, un proyecto de ley para encarar el hacinamiento carcelario, iniciativa que amerita el respaldo parlamentario para enfrentar las  difíciles e inhumanas condiciones de los presos. La Defensoría del Pueblo reveló que en las 138 cárceles la sobrepoblación es de 53%, pues, la capacidad instalada es de 76.553 presos y hoy están ocupadas por 117.018, lo que se traduce en un excedente  de 40.465, semejante a la población de Leticia, capital del Amazonas.

Para desarrollar la propuesta será necesario revisar la aplicación de la privación de la libertad para ciertos delitos, despenalizando algunas conductas y excarcelando los  que no sean peligro para la sociedad mientras se adelanta la investigación. Pero lo que no es posible es despenalizar el abominable delito de la inasistencia alimentaria, como ya lo plantearon entre líneas el Ministro y el Fiscal.

De acuerdo al Código del Infancia y Adolescencia, los delitos contra los menores no pueden ser sujetos de subrogados y el derecho de los menores prevalecerá sobre los derechos de los demás, como lo indica la Constitución Política.  De ninguna manera se puede excarcelar este delito. ¿Si en Colombia muchos irresponsables padres no pagan la cuota alimentaria con la amenaza de la cárcel, cómo será sin ésta? La inasistencia alimentaria no es un delito menor. En lo que va corrido del 2017 la Fiscalía ha recibido 23.331 denuncias. Sólo en Bogotá se reciben 100 denuncias por día.

En la actualidad sólo 1.135 personas se encuentran privadas de la libertad, en todo el país, por el delito de inasistencia alimentaria, una cifra poco representativa para descongestionar las cárceles del país. Y es reducido el número de infractores con cárcel, porque la mayoría de los irresponsables padres que deben cuotas alimentarias se ponen al día para evitar ser recluidos. Si desmontamos esta amenaza real, estaríamos facilitando que estos delincuentes no cumplan con esta sagrada obligación frente al derecho del menor.

En países como Estados Unidos, Perú, Uruguay y México, el delito de la inasistencia alimentaria no se castiga con cárcel, se utilizan mecanismos como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, REDAM, algo que podría funcionar cuando tengamos un país más consiente y más responsable en temas de familia.

Con el REDAM (México) tiene un control sobre quienes adeudan obligaciones alimentarias, con medidas como por ejemplo: negación de créditos, bloqueo comercial o prohibición para participar en procesos licitatorios. En Colombia se declaran insolventes para no pagar su cuota alimentaria, sin ningún problema realizaran estas actividades prohibidas a través de otros. Lo que queda claro que para este tipo de conductas lo aconsejable hoy, es lo existente, la amenaza de la cárcel.

 

 

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“A Dios, lo que es de Dios”

“Lo democrático y constitucional es rechazar la discriminación. “: senador Horacio Serpa.

Bucaramanga, mayo 15 de 2017.- Podemos ser Católicos, Evangélicos o ateos. También podemos ser liberales o conservadores, en el sentido genérico de las palabras. Según la Constitución somos un Estado laico, con libertad religiosa y tenemos un sistema político democrático Pero una cosa es la religión y otra bien distinta es la política.

Con ocasión del debate sobre el referendo para definir aspectos de la adopción de niñas y niños abandonados, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, surgieron conceptos que dividieron la opinión de los miembros de esta célula legislativa y los criterios partidistas. Lo mismo pasó entre los ciudadanos, que asumieron posturas diversas y contradictorias posiciones. La discusión del asunto se volvió debate de interés nacional, como pocas veces, lo cual permitió identificar a Tirios y a Troyanos más allá de su filiación política o de su indoctrinarismo.

Lo democrático y constitucional es rechazar la discriminación. Por eso no es viable permitir a unos adoptar y a otros no. Pero, como lo dije en el debate general del Senado, no resulta dable convocar a las mayorías para que opinen sobre los derechos de las minorías. De ahí lo sofístico del argumento del Centro Democrático cuando manifestó que apoyaban la  realización del referendo porque es un instrumento de participación ciudadana, pero de realizarse irían en contra de la pregunta.

A veces el debate llegó a la intolerancia y se tornó religioso, lo que es absurdo. La Biblia es el Libro que inspira a toda la cristiandad y sus enseñanzas y principios son directrices para el buen vivir y elementos prácticos para la convivencia, aún en la diferencia. Cuando fui Gobernador de Santander firmé una ordenanza por medio de la cual se adoptó la celebración del Día de la Biblia, que ha tenido continuo cumplimiento y ofrecido excelentes resultados en materia de libertad e igualdad religiosa.

Es peligroso exacerbar el radicalismo religioso, como ocurrió en la época de la violencia durante el siglo pasado, con catastróficas consecuencias que seguimos sufriendo. Jesús no discriminaba, era amable, paciente y tolerante y, como lo dijera Juan, no juzgaba a la gente sino que quería ayudarla a conocer a Dios y todo lo que hacía era porque amaba a las personas.

Viudos y viudas, solteros, divorciadas, que todos puedan adoptar. Lo mismo las parejas homosexuales que han sido reconocidas por el constitucionalismo y cada día tienen mayor aceptación social, como debe ser. Todas y todos pueden ofrecer amor y dar bienestar a miles de niñas y niños desamparados, lo cual es democrático, liberal y cristiano.

No es conveniente avanzar en las rencillas teológicas ni utilizar a  Jesús para enfrentar a los colombianos. “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen”.

En la política confrontemos tesis, busquemos sanamente el apoyo ciudadano, abramos espacios de tolerancia, propiciemos la paz y veamos la mejor manera, cada quien con su camiseta y sus propuestas, de darle a todas las familia un mínimo digno de confort,  bienestar y convivencia. Es obligación de todos.    

 

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El desafío es que cada temporada invernal no cause más catástrofes

“La presente temporada invernal registra 217 eventos en 168 municipios, en sitios como Mocoa, Manizales, y en el Huila”: senador José David Name Cardozo.

Barranquilla, mayo 15 de 2017.- Seguimos sin aprender la lección en términos de gestión del riesgo de desastres, aunque en una porción del territorio nacional se ha avanzado en la prevención de tragedias naturales o se han atenuado los impactos que ayer eran mortales.

 

De acuerdo con las estadísticas oficiales, vamos por buen camino en materia de crecimiento económico, empleo e inversión.

 

Pero frente al cambio climático todavía estamos en pañales y ello redunda en millonarios gastos para la Nación por concepto de reconstrucción urbana y rural, así como la atención de millares de damnificados, amén de los muertos que se causan por el desbordamiento de ríos y avalanchas.

 

El Congreso de la República ayudó con la estructuración de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, entidad a la que debemos abonarle su preocupación y el estado de permanente alerta del equipo que la compone. No obstante, la idea es que en lugar de reaccionar ante la desgracia podamos acompañar con mayor énfasis a los entes territoriales en la tarea de prevenir y activar los planes de contingencia.

 

El Gobierno tiene más de un mes de estar diciendo que “a pesar de que la furia de la naturaleza es inevitable, sí pueden adoptarse acciones para disminuir sus efectos y mitigar los riesgos”. El Presidente Santos lo repite cada vez que puede.

 

La presente temporada invernal registra 217 eventos en 168 municipios, en sitios como Mocoa, Manizales, y en el Huila donde ha llovido más que nunca antes en la historia. Se han afectado más de 10.300 familias, las víctimas fatales se calculan en 360 y los desaparecidos son por lo menos 100.

 

Casas destruidas, centenares de vías arrasadas, decenas de acueductos fuera de servicio, cementerios llevados por las crecientes, tierras agropecuarias inundadas y desbordamiento de la crisis sanitaria,  son algunos de los efectos catastróficos que pueden enumerarse en tiempos de un invierno cada vez más desaforado.

 

¿Qué debe hacerse ante el drama? Entregar mercados, distribuir kits de ayudas, otorgar subsidios de arriendo, repartir litros de agua, controlar los aspectos sanitarios, y auxiliar a millares de enfermos, tareas en la cuales este año el Estado ha invertido 44 mil millones de pesos. ¿Cuánto podríamos ahorrarnos por cuenta de ser más responsables en la prevención? ¿Cuántas vidas humanas se habrían podido salvar? ¿Cuántos cultivos seguirían produciendo? ¿Cuántas vacas seguirían dando leche?

 

Es necesario, prioritario y urgente que la Nación, departamentos, distritos y municipios profundicen el trabajo en relación con el impulso de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

 

En cifras del Gobierno, se han invertido “más de 5.5 billones de pesos y se han construido más de 5 mil 400 proyectos en 1.096 municipios del país, beneficiando a 7 millones de personas”. Desde otros despachos públicos y privadas la sentencia es que se debe invertir el triple de esa cifra a corto plazo para cubrir gran parte del trecho que falta en prevención.

 

Hoy existe alerta de posibles deslizamientos en 400 municipios por las continuas lluvias. Si por algún motivo de la impredecible naturaleza el pico del invierno es distinto al señalado por el Ideam, tendremos que ponernos a rezar para no seguir sepultando a seres queridos. 

 

Frente a un sector público que se ha visto superado en los últimos diez años por el fallo en los pronósticos medioambientales, tenemos un sector privado que tampoco se ha quedado atrás en la desatención del tema. 

 

El 66,2% de los empresarios afirma que su organización se vio afectada en los últimos cinco años por los fenómenos de El Niño y/o La Niña. El 92,7% afirma haber implementado en los últimos cinco años programas de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos. Y el 77,5% afirma haber reducido el uso y emplear en forma eficiente el recurso hídrico, en los últimos cinco años. Así lo informa la  Misión de Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al revelar una encuesta sobre conocimiento, sensibilidad, estrategias realizadas y retos de cambio climático, competitividad y crecimiento verde. 

 

De una u otra forma tranquiliza que el Gobierno acelere lo que le corresponde y que las empresas empiecen a entender de mejor manera el impacto de la situación ambiental y el cambio climático. De no ser así las cadenas de valor y la competitividad se desploman irremediablemente.

 

Para nosotros está claro que uno de los desafíos nacionales es que cada temporada invernal no cause más catástrofes ni deje los muertos que enlutan tantos hogares. La idea es que podamos guarecernos de la lluvia y que veamos pasar los ríos, agitados sí, pero sin llevarse por delante la vida ni los enseres de millares de compatriotas en situación de vulnerabilidad. Las familias más desprotegidas no pueden seguir viviendo en zonas de alto riesgo. Por favor escríbame a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

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El regalo de Colombia a Panamá 

“Actualmente, Panamá explota comercialmente el tránsito aéreo en el Caribe y el Pacifico colombiano”: senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C., mayo 15 de 2017.- El conflicto armado nos enseñó que más allá de las fronteras fijadas por la ley, nuestra soberanía va hasta donde podamos ejercerla.  En otros términos, que la soberanía sobre el territorio colombiano depende de la capacidad para ejercer control sobre nuestras fronteras.

La responsabilidad primaria de defender el espacio aéreo la tiene la Fuerza Aérea Colombiana. La FAC está a cargo de mantener el dominio del espacio aéreo que, a manera de gráfica, podríamos imaginar como la columna de aire que se levanta sobre el territorio de un Estado, o la proyección vertical de nuestros límites.

En este marco, la extensión del espacio aéreo colombiano se da por la extensión de sus fronteras marítimas que sería de 12 millas equivalentes a 22,2 KM hacia el exterior de la línea de costa. Pese a esto, en el colegio nos enseñaron que geográficamente, Colombia solo limita con las fronteras de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Nunca nos enseñaron que Colombia también limita con Nicaragua, Jamaica o Costa Rica. ¡Así es!

El artículo 101 de nuestra Carta Política afirma que, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos, el mar territorial y el espacio aéreo, hacen parte de nuestra identidad. Por esa razón, podemos decir que Colombia limita con más de 10 países entre los que se encuentran Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Panamá, Venezuela y Jamaica por el Caribe; y, Ecuador, Panamá y Costa Rica por el Pacífico. A pesar de estos límites geográficos fijados en la ley, nos encontramos con que, en la realidad, no ejercemos soberanía sobre todos ellos.  

Actualmente, Panamá explota comercialmente el tránsito aéreo en el Caribe y el Pacifico colombiano, por lo que Colombia está dejando de recibir una cifra aproximada a 18 millones de dólares anuales, como ingresos resultantes del tránsito de aeronaves comerciales, militares y particulares por su espacio aéreo. Los responsables, han dicho que debido a la incapacidad técnica de Colombia para controlar la totalidad de su espacio aéreo, se firmó un convenio internacional para que Panamá ejerciera control sobre algunas franjas de ese espacio.

De otro lado, muchos gremios del sector aéreo, afirman que estamos preparados para recuperar ese espacio. Lo cierto es que si en verdad queremos ejercer soberanía sobre nuestro territorio debemos invertir en las herramientas que nos permitan hacerlo; es decir, fortalecer la infraestructura, los radares, los sistemas de comunicación y los equipos de rescate, para que San Andrés y el Pacífico, sean totalmente nuestros.

 

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