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2019: un año para la consolidación de las energías limpias

Barranquilla, diciembre 10 de 2018.-Durante este último semestre hemos recibido excelentes noticias sobre los avances de la incorporación de las energías renovables al sistema energético nacional, una tendencia que esperamos se mantenga durante el 2019, que se proyecta como un año propicio para el auge de las energías limpias en Colombia.

 

A comienzos de agosto, el Gobierno Nacional expidió las Resoluciones 40791 y 40795 de 2018, realizando así el lanzamiento de la primera subasta de energía eléctrica que incorporará energías renovables no convencionales a largo plazo en el país, un hecho histórico para Colombia con el que se consolida la integración de las energías renovables al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El proceso se realizará en enero de 2019, a través de una subasta para ofrecer contratos por un periodo de diez años a todas las empresas con proyectos de generación renovable.

 

El panorama de las energías renovables en Colombia ha mejorado, más de 100 empresas en el país le están apostando al uso de la energía solar para aportar en la reducción del efecto invernadero y la sostenibilidad de la industria local. Hace unos días, Celsia inauguró la planta de energía fotovoltaica Celsia Solar Bolívar con una capacidad instalada de 8,06 megavatios, y además confirmó avances en los proyectos ubicados en los departamentos del Cesar, Santander y Tolima.

 

El pasado mes de noviembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, anunció la aprobación de la primera licencia para la generación de energía eólica en el país, para un proyecto que tendrá una capacidad de generación entre 200 y 250 MW en un área de 4.000 hectáreas en el corregimiento de Limoncito, municipio de Maicao. Son muchos los proyectos que se están desarrollando para promover energías más amigables con el medioambiente, números que esperamos aumenten para el próximo año.

 

Los episodios de sequía severa, los altos precios en las tarifas de energía y el problema que hay en la Costa con Electricaribe son motivos más que suficientes para que se avance en el tema de impulsar la diversificación de nuestra matriz energética, y se procure para el próximo año una gran evolución en el desarrollo e inversión de nuevas tecnologías para el sector.

 

Entre los avances que se espera tengan un impacto positivo este nuevo año, encontramos la participación de baterías para el almacenamiento de la energía producto de fuentes renovables, estos nuevos sistemas de almacenamiento energético ayudarán a solucionar uno de los principales obstáculos que impedía la participación de las energías renovables dentro del SIN y permitirán un suministro energético controlable. El almacenamiento por medio de baterías nos dará la oportunidad de integrar las energías renovables dado que transforman una fuente no gestionable (energía solar o eólica) en una fuente gestionable, teniendo en cuenta que la energía puede almacenarse y ser entregada cuando el sistema lo requiera. En este sentido, las entidades encargadas han avanzado en la regulación y están a la espera de los comentarios de los agentes del sector eléctrico, pues han entendido que es necesario implementar sistemas de almacenamiento, con el fin de solucionar problemas relacionados con la falta de redes de transporte de energía eléctrica.

 

También, podemos destacar la implementación de la generación distribuida, entendida como la generación de energía eléctrica conectada a la red de distribución y que se encuentra instalada cerca de los puntos de consumo, impulsada desde inicios de este año por la Resolución Creg 030 de 2018, que reglamentó el procedimiento para que los usuarios produzcan energía y la vendan al sistema. Este tipo de generación a través de plantas que se encuentran cerca de los centros urbanos permitirá disminuir los costos que actualmente pagan los usuarios por concepto de restricciones. De acuerdo con XM, el pago por restricciones alcanzó los 1,2 billones de pesos en el año 2017, y hasta el 26 de noviembre de este año, los usuarios ya han pagado 1,6 billones de pesos en restricciones, lo que equivale a un aumento del 33%, ocasionado por las limitaciones que tienen las redes de distribución eléctrica para transportarla desde las centrales eléctricas hasta los centros de consumo.

 

Adicionalmente, el impulso a la autogeneración fortalecerá la participación de los consumidores. Actualmente, existen proyectos de energía renovable a pequeña escala que permiten a cualquier persona producir energía, lo novedoso está en que con la implementación de las nuevas regulaciones, quienes obtengan excedentes de energía producto de sus propias fuentes, podrán venderla al SIN, sin tener que convertirse en una empresa de servicios públicos. Esto lo podrán hacer usuarios residenciales, así como empresas que generen energía, siempre que la energía obtenida sea menor a 100 kilovatios y cuenten con medidores especiales que cada hora pueda medir la energía bidireccionalmente, cuando se consuma y cuando se entregue al sistema.

 

En términos generales, y al menos en lo que tiene que ver con la regulación del sector energético, 2019 será un año de referencia obligatoria en la historia de la energía eléctrica en Colombia.

 

Tenemos la necesidad ineludible de cambiar el modelo energético colombiano y para esto es indispensable la consolidación de las energías limpias en este nuevo año.

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Por fin, la buena noticia

Luego de un larguísimo medio siglo, los colombianos pudimos celebrar que terminara el alzamiento armado de las Farc contra el Estado, levantamiento que no debió darse porque fue equivocado desde el momento en que lo concibieron y que no solucionó nada y lo empeoró todo. Lamentar que lo que debería ser un consenso nacional, el de saludar lo que sin duda constituye un suceso positivo para Colombia, no lo sea, en razón de que, enredando unas cosas con otras, sectores influyentes convencieron a muchos de negar lo que puede confirmarse como cierto hasta la saciedad.

Un proceso de paz con tantas complejidades, tras los horrores de una violencia tan larga, puede generar desacuerdos y hasta reacciones indignadas. Puede incluso entenderse la idea –aunque no la comparto– de que la confrontación armada debió mantenerse, por cualquier cantidad de tiempo y de costos, hasta liquidar a bala a las Farc. ¿Pero negar la entrega de las armas que se les traspasaron nada menos que a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿O negar que a fecha fija la ONU también recibirá las caletas de las Farc, cuyos sitios ya están identificados? ¿Y que esas armas llevan dos años sin utilizarse, evitándonos varios miles de muertos y heridos?

Por lo demás, como también está probado, el proceso de paz, incluso en lo relativo a las armas, cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de las demás potencias militares del mundo, al igual que de los restantes países. Y lo respaldan el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, que además participaron en su diseño. ¿Será que todos ellos son cómplices de una pantomima diseñada para engañar a los colombianos? ¿También son “castro-chavistas”?

Para negar estas verdades, se usan sofismas, es decir, afirmaciones ciertas con las que sustentan las falsas: como continuarán otras violencias, el proceso de paz es mentira; como se mantendrán el desempleo y la pobreza, para qué el proceso; como seguirá la gran corrupción nacional, para qué el acuerdo; como Santos es pésimo Presidente… Y así, ocultando que el proceso no se diseñó para resolver todos los problemas nacionales, sino uno específico, que no es el causante de otros y que además ha dificultado solucionarlos.

Parte de la confusión, y del uso que algunos le dan, tiene que ver con no reconocer que el problema de fondo no son las armas. Sino su uso. Porque las armas no se disparan solas, necesitan de una voluntad para dispararse. Y dicha voluntad fue la que cambió y la que explica el éxito del desarme, el aspecto principal del proceso de paz. Las Farc no se levantaron en armas como la inevitable respuesta a la pobreza, a la falta de condiciones democráticas y a otras lacras sociales y políticas, viejos males que no desaparecerán con los acuerdos de La Habana. Entraron en rebeldía militar porque adoptaron la decisión política de tomarse el poder a tiros. Y hoy las armas les estorban porque decidieron actuar en la sociedad de otra manera. Así de simple, según demuestra la experiencia.

Coletilla: el caso del supuesto gran fiscal anticorrupción corrupto avergüenza a los colombianos ante el mundo y nos convierte en reyes de burlas. Pero más nos deberían avergonzar e indignar otros dos hechos. Que se permita que el Fiscal General Martínez Neira no explique por qué nombró a Luis Gustavo Moreno en ese cargo. ¿Porque era su amigo, y él mismo le sirvió de fiador? ¿Porque alguien de su confianza se lo recomendó y avaló? Y que también se tolere la alcahuetería de tantos poderosos con el descaro y falta de criterio de Martínez para escoger a su subalterno.

Porque, según La Silla Vacía, José Luis Barceló, Vicepresidente de la Corte Suprema, alertó a Martínez Neira “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno”, cuando se supo que lo iba a nombrar. Y le pregunta el mismo medio a Martínez, entre otros interrogantes, por los vínculos entre Moreno y Enrique Vargas Lleras, así como con los magistrados que fueron claves para escogerlo como Fiscal, en representación de Cambio Radical (http://bit.ly/2tabsgM).

¿Hasta cuándo tolerarán los colombianos tantas corruptelas, cinismos y mediocridades del grupito de mandamases que gobierna al país de manera vitalicia?

Bogotá, 30 de junio de 2017.

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No al exterminio indígena

“Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales”: S. Guillermo García Realpe.

 

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2018.- En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país.

 

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales.

 

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres.

 

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo.

 

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno.

 

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía.

 

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres.

 

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40).

 

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ.

 

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos.

 

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país.

 

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima.

 

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La estrategia de víctima ya no le funciona a Petro

 

Medellín, diciembre 7 de 2018.- Quienes estamos en la vida pública sabemos que nuestros actos no tienen consecuencias privadas, sino que son evaluados por los ciudadanos y juzgados por las autoridades competentes. Es así que todos los servidores públicos tenemos un compromiso ético con nuestros electores y legal con el Estado.

 

Pero el Senador Gustavo Petro parece ser selectivo a la hora de aplicar este principio de lo público, ya que posa de adalid de la moral predicando sobre la transparencia política y señalando a todo aquel que se opone a su discurso demagógico, mientras que por el otro lado intenta justificarse al ser descubierto en un video y expuesto a todo el país recibiendo incontables fajos de billetes en una sala oscura mientras los guarda en una bolsa. 

 

 Una escena realmente turbia, que el senador Petro aún no aclara después de cambiar varias veces su versión en las explicaciones y cuya única defensa ha sido su eterna estrategia: victimizarse para evadir la responsabilidad. 

 

Esta maniobra la ha aplicado también para no asumir las sanciones impuestas por las autoridades tras las nefastas decisiones que tomó cuando fue Alcalde de Bogotá, posando de víctima al argumentar que es un “perseguido por la oligarquía”. Pero para refrescarle la memoria y desenmascarar su figura de mártir, es necesario mencionar varios de sus pecados como Alcalde: 

 

 1.    Durante su administración se adquirieron 218 camiones compactadores de basura que presentaron graves fallas mecánicas y no cumplieron con las especificaciones requeridas. Para completar el colmo, no se utilizaron 116 de estos vehículos, lo que significó un detrimento patrimonial de 40.000 millones de pesos. Por esta razón, la Contraloría Distrital le impuso una multa por el mismo valor del detrimento. 

 

 2.    El cambio de esquema de recolección de basuras que decretó Petro de manera arbitraria y autoritaria para quitarle la operación a los privados, violó el principio de libre competencia en el servicio de aseo, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al Acueducto de Bogotá y a la UAESP con una multa de casi 92.000 millones de pesos, que tuvieron que ser pagadas por estas entidades. Esto generó un detrimento patrimonial para Bogotá y la Contraloría sancionó al Exalcalde con una multa por el mismo valor de la que le impuesta por la SIC al Distrito.

 

3.    Gustavo Petro redujo de manera injustificada las tarifas de los pasajes de Transmilenio durante las horas valle, contrariando los estudios técnicos y económicos elaborados por Transmilenio y por el Confis, que señalaban la necesidad de mantener o aumentar la tarifa al usuario. Esto generó un impacto fiscal a Transmilenio y lo dejó desfinanciado. Como consecuencia, la Contraloría Distrital le impuso una multa de 217.000 millones de pesos por detrimento patrimonial, la cual se encuentra temporalmente suspendida por orden del Tribunal Superior de Cundinamarca.

 

4.    Durante su administración las nóminas paralelas del Distrito aumentaron un 40%, costándole a Bogotá 1,2 billones de pesos al año, incluyendo la contratación de los hospitales, colegios, localidades y demás entidades: En 2011 había 29.659 contratos de prestación de servicios, no obstante, para el año 2014 esta cifra se incrementó a 41.357 y en el último año de administración, se firmaron 39.546 contratos más. 

 

Con solo estos cuatro de los 591 procesos fiscales que abrió la Contraloría Distrital a la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, queda demostrado que lo que él llama persecución no es más que el resultado de intentar gobernar como un dictador que pretendía pasar por encima de las normas y, contrario a lo que él piensa, debe asumir las consecuencias apenas lógicas de su pésima administración de los recursos públicos y del detrimento patrimonial que causó en Bogotá. 

 

Esta secuencia de fechorías que poco a poco hemos conocido los colombianos y la ya desgastada estrategia de victimización a la que acude para justificarse, han expuesto el retrato de la hipocresía y la doble moral de un político que pretende abanderarse de la ética pública al polarizar el país con un discurso de odio y resentimiento.

 

Por esta razón, ya sus mismas “ciudadanías libres” y hasta quienes lo habían acompañado y apoyado en su carrera política no le creen. Estamos entonces presenciando la inevitable caída de un líder que intentó subir montado sobre una farsa.

 

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Restauración de ecosistemas

“Todos y todas debemos cerrar filas para hacerle frente a la deforestación”: s. Guillermo García Realpe

 

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2018.- Recientemente hemos hecho advertencia de la grave situación que vive el país sobre el tema de la deforestación, el informe del IDEAM sobre éste penoso flagelo en el año 2017 disparó la preocupación del país en el sector público y privado y de las comunidades en general sobre el avance  inexorable de la afectación de la Amazonía colombiana y de otras regiones del país como la Orinoquía, impactando de manera muy grave el tema del calentamiento global que tiene como principal causa el tema de contaminación con hidrocarburos por transporte y energía a partir de estos combustibles fósiles, el de producción de carne bovina y también el tema de deforestación.

 

Hay reclamaciones para que actué la Fuerza Pública, la Fiscalía, los organismos de control, las autoridades ambientales como las CARs, en fin, pero también  desde el Congreso de la República se está trabajando en una iniciativa, en un proyecto de Ley que tiene que ver con regular y exigir que los territorios, las regiones y los respectivos predios empiecen en una tarea de recuperación de los espacios perdidos, de las zonas intervenidas por producción ganadera o por producción pecuaria en general y agricultura que ha impactado el Medio Ambiente en nuestro país.

 

Fue así como el senador Rodrigo Lara Restrepo, presentó el proyecto de Ley 97 de 2018 por el cual se exige que determinados predios destinen un porcentaje de su espacio para restauración de ecosistemas con especies nativas, en predios rurales de uso agropecuario y se dictan otras disposiciones.

 

Esta iniciativa fue recogida por la Comisión Quinta del Senado y ha tenido muchos análisis, muchos debates y ya se está construyendo un consenso. Se trata de promover  que en Colombia por esta vía, exigir a predios rurales o campesinos y predios de grandes extensiones especialmente del sector  pecuario para que destinen el cinco por ciento de su territorio a restaurar los ecosistemas. 

 

En el caso de usos agropecuarios de pequeños propietarios  poseedores, a partir de una Unidad Agrícola Familiar destinarán el cinco por ciento cuando los predios tienen una pendiente entre el 25 y el 50% y en el caso de predios destinados a productos o a explotación pecuaria destinen en genérico el cinco por ciento de su territorio para restituir con especies nativas el cinco por ciento los predios superiores a 50 hectáreas.

 

Tiene que obedecer a esto, un plan que trazaría el Ministerio de Agricultura, el IGAC, el Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras autoridades.

 

La asistencia técnica para este tipo de actividades será gratuita para los pequeños productores como lo establece la Ley 1876 de 2017 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.

 

Con esta iniciativa se pretenden restaurar en toda Colombia entre tres y cuatro millones de hectáreas para minimizar y contrarrestar la grave amenaza de la deforestación que se viene presentando de manera indiscriminada en todo el país en los últimos años, que además de recuperación de mantos verdes permitirá también el renacimiento de la biodiversidad, polinizadores, aves y fauna en general.

 

El proyecto cursa su primer debate en la Comisión Quinta del Senado y esperamos que antes del receso legislativo sea evacuado. 

 

Todos y todas debemos cerrar filas para hacerle frente a la deforestación, esa amenaza permanente, que es real y que sin duda sino articulamos políticas públicas y legislamos frente a este flagelo, pues terminará con los bosques, con nuestro medio ambiente, con el recurso hídrico del país y la biodiversidad.

 

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