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La estrategia de víctima ya no le funciona a Petro

 

Medellín, diciembre 7 de 2018.- Quienes estamos en la vida pública sabemos que nuestros actos no tienen consecuencias privadas, sino que son evaluados por los ciudadanos y juzgados por las autoridades competentes. Es así que todos los servidores públicos tenemos un compromiso ético con nuestros electores y legal con el Estado.

 

Pero el Senador Gustavo Petro parece ser selectivo a la hora de aplicar este principio de lo público, ya que posa de adalid de la moral predicando sobre la transparencia política y señalando a todo aquel que se opone a su discurso demagógico, mientras que por el otro lado intenta justificarse al ser descubierto en un video y expuesto a todo el país recibiendo incontables fajos de billetes en una sala oscura mientras los guarda en una bolsa. 

 

 Una escena realmente turbia, que el senador Petro aún no aclara después de cambiar varias veces su versión en las explicaciones y cuya única defensa ha sido su eterna estrategia: victimizarse para evadir la responsabilidad. 

 

Esta maniobra la ha aplicado también para no asumir las sanciones impuestas por las autoridades tras las nefastas decisiones que tomó cuando fue Alcalde de Bogotá, posando de víctima al argumentar que es un “perseguido por la oligarquía”. Pero para refrescarle la memoria y desenmascarar su figura de mártir, es necesario mencionar varios de sus pecados como Alcalde: 

 

 1.    Durante su administración se adquirieron 218 camiones compactadores de basura que presentaron graves fallas mecánicas y no cumplieron con las especificaciones requeridas. Para completar el colmo, no se utilizaron 116 de estos vehículos, lo que significó un detrimento patrimonial de 40.000 millones de pesos. Por esta razón, la Contraloría Distrital le impuso una multa por el mismo valor del detrimento. 

 

 2.    El cambio de esquema de recolección de basuras que decretó Petro de manera arbitraria y autoritaria para quitarle la operación a los privados, violó el principio de libre competencia en el servicio de aseo, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al Acueducto de Bogotá y a la UAESP con una multa de casi 92.000 millones de pesos, que tuvieron que ser pagadas por estas entidades. Esto generó un detrimento patrimonial para Bogotá y la Contraloría sancionó al Exalcalde con una multa por el mismo valor de la que le impuesta por la SIC al Distrito.

 

3.    Gustavo Petro redujo de manera injustificada las tarifas de los pasajes de Transmilenio durante las horas valle, contrariando los estudios técnicos y económicos elaborados por Transmilenio y por el Confis, que señalaban la necesidad de mantener o aumentar la tarifa al usuario. Esto generó un impacto fiscal a Transmilenio y lo dejó desfinanciado. Como consecuencia, la Contraloría Distrital le impuso una multa de 217.000 millones de pesos por detrimento patrimonial, la cual se encuentra temporalmente suspendida por orden del Tribunal Superior de Cundinamarca.

 

4.    Durante su administración las nóminas paralelas del Distrito aumentaron un 40%, costándole a Bogotá 1,2 billones de pesos al año, incluyendo la contratación de los hospitales, colegios, localidades y demás entidades: En 2011 había 29.659 contratos de prestación de servicios, no obstante, para el año 2014 esta cifra se incrementó a 41.357 y en el último año de administración, se firmaron 39.546 contratos más. 

 

Con solo estos cuatro de los 591 procesos fiscales que abrió la Contraloría Distrital a la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, queda demostrado que lo que él llama persecución no es más que el resultado de intentar gobernar como un dictador que pretendía pasar por encima de las normas y, contrario a lo que él piensa, debe asumir las consecuencias apenas lógicas de su pésima administración de los recursos públicos y del detrimento patrimonial que causó en Bogotá. 

 

Esta secuencia de fechorías que poco a poco hemos conocido los colombianos y la ya desgastada estrategia de victimización a la que acude para justificarse, han expuesto el retrato de la hipocresía y la doble moral de un político que pretende abanderarse de la ética pública al polarizar el país con un discurso de odio y resentimiento.

 

Por esta razón, ya sus mismas “ciudadanías libres” y hasta quienes lo habían acompañado y apoyado en su carrera política no le creen. Estamos entonces presenciando la inevitable caída de un líder que intentó subir montado sobre una farsa.

 

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Restauración de ecosistemas

“Todos y todas debemos cerrar filas para hacerle frente a la deforestación”: s. Guillermo García Realpe

 

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2018.- Recientemente hemos hecho advertencia de la grave situación que vive el país sobre el tema de la deforestación, el informe del IDEAM sobre éste penoso flagelo en el año 2017 disparó la preocupación del país en el sector público y privado y de las comunidades en general sobre el avance  inexorable de la afectación de la Amazonía colombiana y de otras regiones del país como la Orinoquía, impactando de manera muy grave el tema del calentamiento global que tiene como principal causa el tema de contaminación con hidrocarburos por transporte y energía a partir de estos combustibles fósiles, el de producción de carne bovina y también el tema de deforestación.

 

Hay reclamaciones para que actué la Fuerza Pública, la Fiscalía, los organismos de control, las autoridades ambientales como las CARs, en fin, pero también  desde el Congreso de la República se está trabajando en una iniciativa, en un proyecto de Ley que tiene que ver con regular y exigir que los territorios, las regiones y los respectivos predios empiecen en una tarea de recuperación de los espacios perdidos, de las zonas intervenidas por producción ganadera o por producción pecuaria en general y agricultura que ha impactado el Medio Ambiente en nuestro país.

 

Fue así como el senador Rodrigo Lara Restrepo, presentó el proyecto de Ley 97 de 2018 por el cual se exige que determinados predios destinen un porcentaje de su espacio para restauración de ecosistemas con especies nativas, en predios rurales de uso agropecuario y se dictan otras disposiciones.

 

Esta iniciativa fue recogida por la Comisión Quinta del Senado y ha tenido muchos análisis, muchos debates y ya se está construyendo un consenso. Se trata de promover  que en Colombia por esta vía, exigir a predios rurales o campesinos y predios de grandes extensiones especialmente del sector  pecuario para que destinen el cinco por ciento de su territorio a restaurar los ecosistemas. 

 

En el caso de usos agropecuarios de pequeños propietarios  poseedores, a partir de una Unidad Agrícola Familiar destinarán el cinco por ciento cuando los predios tienen una pendiente entre el 25 y el 50% y en el caso de predios destinados a productos o a explotación pecuaria destinen en genérico el cinco por ciento de su territorio para restituir con especies nativas el cinco por ciento los predios superiores a 50 hectáreas.

 

Tiene que obedecer a esto, un plan que trazaría el Ministerio de Agricultura, el IGAC, el Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras autoridades.

 

La asistencia técnica para este tipo de actividades será gratuita para los pequeños productores como lo establece la Ley 1876 de 2017 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.

 

Con esta iniciativa se pretenden restaurar en toda Colombia entre tres y cuatro millones de hectáreas para minimizar y contrarrestar la grave amenaza de la deforestación que se viene presentando de manera indiscriminada en todo el país en los últimos años, que además de recuperación de mantos verdes permitirá también el renacimiento de la biodiversidad, polinizadores, aves y fauna en general.

 

El proyecto cursa su primer debate en la Comisión Quinta del Senado y esperamos que antes del receso legislativo sea evacuado. 

 

Todos y todas debemos cerrar filas para hacerle frente a la deforestación, esa amenaza permanente, que es real y que sin duda sino articulamos políticas públicas y legislamos frente a este flagelo, pues terminará con los bosques, con nuestro medio ambiente, con el recurso hídrico del país y la biodiversidad.

 

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Niñez venezolana, un gran desafío

Bogotá D.C., diciembre 3 de 2018.-Para nadie es un secreto que la crisis de nuestro país vecino, Venezuela, ha impacto a Colombia, ahora en las calles y en el transporte público es casi normal encontrar cientos de venezolanos, vendiendo productos o pidiendo recursos para lograr sobrevivir, lo triste es que en medio de todo este contexto encontramos a cientos de niños expuestos a múltiples peligros.

 

Según la Defensoría del Pueblo más de 300 mil niños venezolanos requieren atención humanitaria, ya que son vulnerables a situaciones de alto riesgo por cuenta de diferentes tipos de violencias, por esto,  más allá de hablar de la cantidad de venezolanos que han llegado al país, 1’032.016, debemos pensar en la protección de los niños, quienes lastimosamente siempre son los más afectados en todo este tipo de situaciones.

 

Precisamente hace unos días presenté un proyecto de ley a fin de establecer lineamientos para la creación de una política pública de migraciones, con el objetivo de proteger los derechos humanos de los migrantes, creo que urgen medidas de impacto que protejan a la  población infantil.

 

Es urgente que en el país existan políticas públicas direccionadas a los niños, a los adultos mayores, a las personas enfermas que en este momento están en la intemperie en las plazas públicas de Colombia. Nuestro país no estaba preparado para enfrentar este fenómeno migratorio, por esto hay que organizarnos desde todos los ámbitos de la sociedad  para brindar protección a los más vulnerables.  

 

Muchos han comparado esta crisis migratoria con la  que se ha  presentado en la comunidad europea, pero es algo muy diferente ya que a Venezuela y Colombia las une una historia, un idioma,  por esto en medio de esta tragedia humanitaria debe existir solidaridad.

 

Hace unos meses Bogotá era la tercera  ciudad del país  con más migrantes venezolanos, hoy es la primera con más de 230 mil, lo que exige mayor corresponsabilidad entre el Gobierno nacional y Distrital.

 

Nuestra nación ha tenido que asumir, prácticamente sola, la migración de  los  venezolanos que se han quedado en nuestro territorio sin que las cargas se repartan equitativamente entre los países del continente, es de reconocer los esfuerzos que se han hecho, pero ahora el gran desafío es lograr  que los niños sean atendidos de manera inmediata  y que se les garanticen todos sus derechos. No olvidemos que muchos de ellos llegan en condiciones críticas de salud a causa de la desnutrición de la que han sido víctimas en su país.  

 

 

 

Por esto creo que afrontar humanitariamente esta tarea depende del compromiso de todos: del Gobierno, del Legislativo, de nuestros conciudadanos, de poder establecer los marcos para la atención migratoria actual y futura, pues nunca habrá certeza si se repetirá o no hacia el futuro esta situación.

 

Necesitamos ayudar a nuestros hermanos de Venezuela desde una perspectiva humana, dando prioridad a la infancia.  Cabe recordar que  la Guía Sobre el Derecho Internacional de los Refugiados desarrollada por ACNUR y  la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que son parte casi todos los Estados del mundo, se aplica a todos los niños sin discriminación.

 

 

 

Esto quiere decir que tenemos el deber de dar protección y asistencia humanitaria a todos los menores de edad que ya se encuentran en nuestro territorio y que provienen de otra nación, sin importar si están de forma regular o no, definitivamente este será  un gran desafío, pero estoy convencida que podemos lograrlo.  

 

 

 

 

 

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Feminicidio en Colombia

“Resulta prioritario promover el conocimiento de rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia”: senadora Sandra Ortíz.

 

Bogotá D.C., noviembre 27 de 2018.- Cada día mueren en promedio al menos 12 mujeres latinoamericanas por el solo hecho de ser mujer, los países de esta región trabajan para lograr erradicar la discriminación y violencia contra la mujer, los índices de feminicidios y la impunidad, sin embargo, las cifras no disminuyen y la violencia que sufren las mujeres cada vez es más aterradora y no importa el nivel social.

En Colombia el feminicidio se ha convertido en el pan de cada día, gracias a diferentes campañas se ha logrado visualizar más la complejidad del tema que ha estado presente en la historia del país desde sus inicios, y por ahora, no parece tener ningún tipo de final.

El Instituto de Medicina Legal reportó que en los primeros seis meses de 2018 se presentaron 10.328 casos de violencia contra la mujer, un promedio de 57 casos diarios. Estos son los casos que se conocen porque se presentó una denuncia o porque las autoridades recibieron una alerta por parte de la comunidad. Existen muchos, indica el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, que no se conocen porque la víctima siente temor a denunciar o por miedo a una retaliación y una revictimización.

Las victimas

El pasado 13 de julio, Angie una joven de 17 años fue abordada en la calle 161 con carrera 8C en la localidad de San Cristóbal Norte, Bogotá, por su expareja sentimental. Después de agredirla verbalmente por haber terminado la relación sentimental, le propinó varias puñaladas que terminaron inmediatamente con su vida.

El agresor salió del lugar mientras el silencio cómplice de los presentes se convertía en un llamado de auxilio para que llegara una ambulancia. La joven, quien le había manifestado a sus padres y amigos más cercanos que su exnovio la venía acosando después de finalizar la relación, se convirtió en una nueva víctima de feminicidio en el país.

Antecedente que dejo una luz legal

En el caso de la muerte de Rosa Elvira Cely, el 28 de mayo de 2012, en circunstancias de extrema violencia, movilizaron al país y suscitaron la necesidad de crear normas para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, convirtiéndose la expedición de esta norma en uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el Estado colombiano para evitar el feminicidio de las mujeres, promover los derechos humanos y fortalecer el sistema de justicia en acciones coordinadas con otras instituciones estatales que trabajan en pro de los derechos de las mujeres en nuestro país.

La Ley Rosa Elvira Cely en su contenido prevé la creación del ‘Feminicidio’ como tipo penal autónomo que se integra al Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, artículo 104 A, en el que se consagra la comisión de un delito: a quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. O en donde haya concurrido o antecedido cualquier circunstancia como una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima; el ejercicio de actos de instrumentalización de género; la comisión del delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer; o actos previos de terror o humillación a quien se considere enemigo; o antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia en diversos escenarios.

Las cifras

Para el año 2017, más de 500 mujeres fueron víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio en Colombia, buena parte de las agresiones provienen de su compañero sentimental (50%), expareja (30%), novios y esposos (10%); y más de 6219 mujeres reportaron amenazas, que sin embargo no tuvieron un buen manejo judicial y terminaron en hechos desafortunados que cobraron la vida de cientos de mujeres que recurrieron a la justicia, pero desfallecieron en la engorrosa ruta de atención.

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés asegura que estos factores complejizan el fenómeno. Ante la falta de respuesta de la justicia se han presentado casos en los que las víctimas buscan una solución por mano propia. “Esto podría explicar el incremento”.

Desde su perspectiva, considera que en Colombia se debe hacer un trabajo muy grande para evitar más casos de feminicidios, el cual no sea sólo crear leyes, sino que tanto los funcionarios que reciben las denuncias, como el cuerpo judicial sepan, conozcan y actúen con las pocas que hay de manera efectiva.

Ahora bien, pese a los esfuerzos realizados en estos dos años, se observa la necesidad de seguir formando profesionales con sensibilidad que participen como representantes de víctimas, lo cual representa una oportunidad de los Consultorios jurídicos del país para promover la educación clínica a nuevas generaciones de abogados. De igual manera, se requiere continuar con el proceso de formación de profesionales, jueces, comisarios de familia en el tema, hecho que garantiza el acceso a una justicia material que proteja a las mujeres de todo tipo de violencias, investigue, sanciones y evite la impunidad.

De otra parte, es clave en este proceso el papel a cargo del Ministerio de Educación en la formación de nuevos colombianos que, desde ciclos escolares básicos, desarrollen una sensibilidad hacia la igualdad y respeto a los derechos humanos con perspectiva de género, donde la escuela sea el primer peldaño hacia la prevención integral de la no violencia.

Por último, resulta prioritario promover el conocimiento de rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia, así como también el fortalecimiento y coordinación de actividades conjuntas entre entidades del Estado cuya misión busca garantizar la protección de los derechos humanos en virtud del principio de progresividad que permite avanzar y utilizar el máximo recurso estatal para la atender y proteger la vida de las mujeres colombianas frente a cualquier manifestación de violencia de género.

 

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Un fiscal que averguenza a Colombia

Bogotá D.C. noviembre 26 de 2018.- Sobre el caso Odebrecth-Grupo Aval-Fiscal Martínez, dice The Economist que el Fiscal “claramente no está en posición de llevar una investigación imparcial (…) ya que él mismo podría tener que responder” (Enlace 1). ¡Él mismo podría tener que responder en una investigación criminal! Esta gravísima aseveración no la hace el Polo sino una publicación inglesa de alta reputación en los centros de poder del mundo. Y Martínez no terminó en este descrédito porque exista una “conspiración” en su contra, como falazmente alega. No. Ahí llegó por sus propios y repudiables actos, los conocidos antes y los conocidos ahora.

 

Jorge Enrique Pizano dejó pruebas de sobra para demostrar que en el Consorcio Ruta del Sol II operó un acuerdo para robarse grandes sumas, la forma que usaron para financiar los sobornos por cien mil millones de pesos con los que consiguieron los contratos de las carreteras que explotaron (Enlace 2).

 

Apoyada en los numerosos documentos que aportó Pizano como auditor del Consorcio Ruta del Sol II en representación del Grupo Aval, la Superintendencia de Industria y Comercio (el delegado Jorge Enrique Sánchez) acusó ante la Fiscalía a Odebrecht y a Episol-Corficolombiana como asociados en las coimas. Según las pruebas, estas empresas del Grupo Aval desatendieron, “incluso de manera sistemática, las advertencias sobre irregularidades que les informaba” Pizano, al igual que se burlaron de la medida que este logró que se tomara para evitarlas, por lo que las pruebas “no dan cuenta de una supuesta condición de víctima de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos” (Enlace 3).

 

Las grabaciones demuestran que Néstor Humberto Martínez, antes de ser Fiscal, recibió de Jorge Enrique Pizano pruebas irrefutables sobre la corrupción de ejecutivos de Odebrecht y Episol-Corficolombiana en la Ruta del Sol II (Ver Noticias Uno, El Espectador), pruebas que Martínez se comprometió a entregarle a su jefe en el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tiempo que, violando la ley, se las ocultó a la Justicia. Y que Martínez miente cuando dice que no se conocía la gravedad de lo que le informaba Pizano lo comprueba este comentario suyo: “Es claro que es una coima ni la hijueputa”.

 

Que Néstor Humberto Martínez conociera desde agosto del 2015 la corrupción en la Ruta del Sol II significa que lo supo por lo menos un año antes de hacerse elegir Fiscal General, de donde salen unas acusaciones obvias que la Justicia no ha investigado: Martínez se hizo nombrar Fiscal para proteger y protegerse de las acusaciones de corrupción en la Ruta del Sol II que se sabía que venían, al igual que para cubrir a Juan Manuel Santos y a los demás dirigentes políticos a cuyas campañas electorales llegaron los sobornos.

 

También lo condenan sus conductas como Fiscal desde cuando estalló el escándalo. Porque lo primero que hizo fue montar el falso positivo de Navelena, con el que, con dolo, absolvió a Odebrecht y ocultó que en ese negocio actuaban Corficolombiana y el propio Martínez Neira, del que además se supo que también había sido contratista de la Ruta del Sol II. Y en incontables veces y con todo cinismo, ha ocultado, manipulado, tergiversado, engañado y mentido en su favor y en el de Sarmiento Angulo, con lo que su caso pasó de ser por violar sus impedimentos al de actuar con una lógica corrupta.

 

De ahí que haya que repudiar su más reciente engaño, que le respaldan Sarmiento Angulo e Iván Duque: que en vez de renunciar al cargo, le nombren un Fiscal Ad Hoc que lo reemplace en uno solo de los aspectos de la corrupción en la Ruta del Sol II, con lo que engañan al país, Martínez mantiene su gran poder para seguir intrigando y, por su fuero, se asegura su total impunidad de todo cuanto haya hecho y haga durante los cuatro años como Fiscal General.

 

Coletilla. El próximo martes, desde las 4 de la tarde, con Angélica Lozano y Gustavo Petro, haré mi tercer debate en el Senado sobre Odebrecht-Aval-Fiscal Martínez.

 

 

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