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Nuestro ejército y el proceso de paz

“Debemos seguir para definir el destino de Colombia”: senador Juan Manuel Galán.

 

Bogotá D.C., septiembre 5 de 2016.- Esta semana el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Juan Manuel Santos, dio la orden a sus tropas, de iniciar el cese al fuego bilateral, como resultado  del acuerdo final en la Habana. Esto, ha generado un clima de zozobra e incertidumbre, que algunos han aprovechado para desinformar y para generar intranquilidad entre los colombianos.

 

En ese contexto, llegué a la reciente entrevista que concedió el General Alberto Mejía, Comandante del Ejército Nacional, sobre lo que nos espera en los próximos 30 días antes de la votación del plebiscito. Sus palabras me dejaron varias lecciones.

 

El General Mejía, quien dirige a los 82 mil soldados profesionales y 120 mil regulares del Ejército Nacional, será el responsable de liderar a la Fuerza Armada en el posconflicto y de enfrentar las posibles disidencias de la guerrilla de las FARC después de la firma de los acuerdos. Con esa responsabilidad bajo sus hombros, concedió una entrevista en donde no solo demostró serenidad y amplio conocimiento del proceso y de los acuerdos, sino también lucidez e inteligencia, para abordar los miedos y las dudas de los colombianos en este momento.

 

Ante todo, creo que nos dio a los políticos una gran lección de grandeza, sobre la manera como debemos enfrentar esta campaña por el plebiscito. Es en este momento y no en otro, que tenemos que demostrarle al pueblo colombiano que somos capaces de respetarnos en la diferencia, que cada uno tiene posiciones distintas, pero que son respetables en la medida en que estén argumentadas y sean serias, responsables y verdaderas.

 

En 1982, cuando el expresidente Belisario Betancur inició el primer proceso de paz con grupos guerrilleros, mi padre hizo un llamado a que todos los colombianos apoyáramos esa iniciativa y a que no permitiéramos que prosperaran las tendencias autoritarias de quienes creían que la única estrategia posible es la del exterminio o la definición violenta de las contradicciones.

 

Hoy, yo reitero ese llamado. Los colombianos están cansados y hastiados de disputas personales, agresiones, e insultos por redes sociales o por otros medios. Estoy seguro que lo que la gran mayoría quiere de nosotros, es ver conversaciones tranquilas y serenas sobre una decisión histórica y trascendental que va cambiar el país para las próximas generaciones.  Al final, como lo dijo el General Mejía, será el pueblo colombiano quien, actuando como una antorcha, señale el camino que el Ejército Nacional y nosotros, debemos seguir para definir el destino de Colombia.

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Extradición al uribismo

“Colombia requiere justicia “: senadora Paloma Valencia.

 

Bogotá D.C., septiembre 5 de 2016.- La semana pasada escribí sobre las sucesivas violaciones de la ley que observé en el proceso en el Senado contra el Magistrado Pretelt. También expresé mi profundo compromiso con las formas procesales que pretenden garantizar la imparcialidad y la predictibilidad de los procesos; son la oportunidad de apartar las preferencias individuales a favor de la siempre difícil imparcialidad. Me esfuerzo para que mis propios prejuicios no condicionen mi manera de proceder, más aún cuando se trata de juicios sobre las personas.

 

Estamos ahora viendo la persecución del Gobierno de Santos a Andrés Felipe Arias. Los medios crucificaron a los uribistas, la ciudadanía se convenció de que eran culpables de los delitos que les endilgaban, a tal extremo, que cuando se les cuenta que en realidad esos delitos no existieron, quedan sorprendidos.

 

A Arias lo acusaron de haberse robado la plata; no se robó ni un solo peso, así lo reconocen las sentencias. Lo acusaron de haber recibido donaciones a su campaña presidencial de beneficiarios del programa, esto tampoco hace parte de su condena. Por último, sostienen algunos, que su delito fue darle subsidios a los ricos. Ricos fueron una pequeña fracción de los beneficiarios, y aunque hubieran sido más, tampoco aquello es un delito. Firmados los TLC, en especial el de EE.UU. era –y sigue siendo- muy importante mejorar la productividad del sector agropecuario de todos los tamaños. Ser un agricultor grande no es un pecado, y que el Estado lo apoye tampoco es un delito. Hace parte de las posibilidades del manejo de la economía estimular los sectores productivos aunque sean ricos, pues aquello genera empleo, y los aumentos de productividad y las nuevas inversiones garantizan que puedan cobrearse mejores impuestos en el futuro.

 

Arias fue condenado injustamente, si tuviera una segunda instancia –como es su derecho- seguramente sería absuelto. Arias fue juzgado por una Corte Suprema que se había declarado en guerra contra el Presidente Uribe y veía en sus decisiones contra los uribistas como un acto de legitima defensa. Aquello se mezcló con el duro proceso de confrontación con Santos. Arias era el candidato de Uribe, y era por tanto el primer obstáculo de Santos para llegar a la Presidencia.

 

¿Será casualidad que los contrincantes de Santos, cuando son fuertes terminen en la cárcel o cerca de ella? Luis Alfredo Ramos fue detenido a los dos semanas de haber anunciado su intención de ser candidato del Centro Democrático para competirle a Santos su reelección. Lleva ya 3 años sin solución a su caso. En la recta final de la campaña presidencial, Óscar Iván Zuluaga fue hostigado por la Fiscalía y hoy empieza a develarse cómo desde la Dirección Nacional de Inteligencia se movían las cuerdas de este terrible complot, que fue definitivo para lograr la victoria del impopular mandatario. 

 

La lista de injusticias es mucho más larga, y debemos continuar dándola a conocer. Colombia requiere justicia, que es un ingrediente principal para consolidar la convivencia pacífica. Justicia para criminales, justicia para los inocentes. Esto requiere compromiso ciudadano con la justicia; para juzgar debemos deponer la posición y conveniencia política, y ajustarnos al tenor de las normas y al rigor de los hechos probados.

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El Plebiscito, lo formal y el peligro real

“Lo formal y peligroso es que el Gobierno y los cabecillas de la Farc procedan como constituyentes “: senador Álvaro Uribe Vélez.

Rionegro, 19 de julio de 2016 (Senador Álvaro Uribe Vélez).- El peligro real es la aprobación de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista. El peligro es tener zonas de concentración, que contrario a intenciones de paz, las Farc ha anticipado que serán enclaves socialistas. El peligro es considerar que el terrorismo es oposición política y reconocerle vocería en nombre de las minorías que piden ser reivindicadas. Por razones semejantes el chavismo empezó con una combinación entre socialismo y economía privada, pero la tiranía incrementa la represión y anula los subsistentes vestigios de empresa privada a medida que avanza el fracaso y aumenta la pobreza. El peligro es someter a las Fuerzas Armadas al Tribunal de las Farc y obligar a reconocer delitos no cometidos para evitar cárcel. El peligro es aprobar una justicia a la medida del terrorismo, justicia que expresamente niega cualquier modificación por fallos futuros de la justicia ordinaria, que podrían ser contrarios al terrorismo o favorables a las Fuerzas Armadas. El peligro es aprobar el Gobierno de Santos que es la cuota inicial de futuros gobiernos de Farc; Gobierno de Santos que tiene la decisión de imponer más impuestos pero después del plebiscito.

Lo formal es la tramposa reducción del umbral del plebiscito del 50% al 13%, que afecta la equidad en la participación política no obstante que se tramitó de conformidad con las leyes estatutarias. Lo formal es el hecho de tener una sola pregunta para tantos temas controversiales que el Gobierno oculta tras la cautivante palabra paz. Lo formal es la negación de recursos oficiales para publicidad del No o de la Abstención, y la coacción oficial a servidores públicos y al sector privado para el Si.

Lo formal y peligroso es que el Gobierno y los cabecillas de la Farc procedan como constituyentes. Seguramente, ahora que un eventual Si del Plebiscito no es vinculante al Congreso, pues solo lo es a la Presidencia, y que por ende no tendrá el efecto jurídico requerido para activar el Acto Legislativo Extraordinario que sustituye la Constitución, el Presidente y las mayorías del Congreso busquen otro atajo o acudan a la Reforma Ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con el terrorismo a normas Constitucionales Inmodificables.

El engaño es decir que el Gobierno es el primero en consultar con los ciudadanos lo acordado con el terrorismo, que obliga a recordar que en el anterior Gobierno no hubo negociaciones de la agenda nacional con el terrorismo y que los 53 mil desmovilizados se sometieron a la justicia.

 

 

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Santos trata a los terroristas como políticos y a los transportadores como terroristas

Frente al paro de transportadores que se ha convertido en el más largo de la historia de Colombia, me permito decir lo siguiente:

 

1) Una solicitud legitima realizada por una importante fuerza laboral como son los transportadores, ha desembocado en una profunda crisis económica, social y de desabastecimiento alimentario para los colombianos, con graves situaciones de orden público e inclusive, cobró la vida de una persona en el departamento de Boyacá.

2) Los altos costos que tiene el transporte de carga representado por: Altos precios de los combustibles, alto costo de los peajes, fijación de fletes, así como financiación del fondo de chatarrización, hacen parte de las  válidas y principales exigencias del sector.

3) Las declaraciones del Presidente de la República en las que anuncia consecuencias como: La cancelación de licencias de conducción, eliminación en permisos de circulación así como decomiso de vehículos  a quienes hagan parte de las protestas, son temerarias e injustas con una fuerza laboral que moviliza la economía del país.

4) Merece toda la preocupación la criminalización que recibe la protesta por parte del Gobierno Nacional, tratos indignos y humillantes por parte de la fuerza pública que recibe órdenes del Presidente de la República, genera distancia e irrespeto entre la Policía Nacional y la ciudadanía.

 

5) Como Senadora de la República, hago un llamado al Gobierno Nacional para que acceda al desarrollo de la mesa de conversación con los transportadores y se encuentren soluciones a una crisis que ya afecta la industria, el comercio y a los hogares de todos los colombianos.

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Nuevo Gabinete

“No vamos estar ausente en los cambios en el alto gobierno “: senador Rodrigo Villalba Mosquera.

Neiva,  mayo 2 de 2016.- En esta columna habíamos opinado sobre la necesidad de un cambio ministerial que oxigenara el gobierno nacional y  diera esperanzas de un giro en las relaciones con la opinión pública, inclusive con los mismos partidos políticos, en donde hubiera presencia de representantes auténticos de las regiones. Acaba el presidente Santos de realizar un cambio en la nómina de sus inmediatos colaboradores, remplazando algunos desconectados e incompetentes funcionarios, como los ministros de Transporte, Medio ambiente y el alcahuete del ANLA.  Hacía falta este remezón, y que bueno que se haya extendido a otros niveles de la administración, y aparezcan en la nómina ministerial  la izquierda con la ex candidata presidencial Clara López y los verdes con el ex gobernador Jorge Eduardo Londoño, representantes de la provincia  y de los afro descendientes como el ex gobernador del chocó, Luis Murillo.

El nuevo gabinete, denominado desde las regiones para la paz, debe ser una dosis refrescante y un vínculo de conexión con la opinión pública, que a estas alturas debe entender que hay un bien superior que es la paz y la convivencia, donde no puede haber mezquindad, y es con ese propósito que debemos pasar a la Colombia Unida, incluyendo a la oposición uribista, hacia un punto de encuentro en el propósito grande de la paz, como dijera Álvaro Gómez Hurtado, “debemos unirnos en lo fundamental”.

Caras nuevas en los carros oficiales le gusta a la gente pero no solamente debe implicar una oportunidad para enchufar al gobierno con la ciudadanía, sino para hacer un giro en otras materias como la fiscal, obligando a tributar a los que debiendo no lo hacen y poniéndole el “tatequieto” a Panamá, paraíso fiscal que sigue dilatando el convenio de cooperación financiera, dejando sin dientes a la DIAN, UIAF y a la Fiscalía para perseguir a los evasores, lavadores y  ex funcionarios corruptos actualmente anidados en el vecino país. Dicen los que saben que con los puros impuestos de los recursos de colombianos en Panamá no necesitaríamos de la nueva reforma tributaria.

No vamos estar ausente en los cambios en el alto gobierno,  dos huilenses serán designados al frente de entidades importantes en los próximos días.

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