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“El Gobierno no puede permitir que se sigan construyendo más hidroeléctricas”: senador Name

El Presidente de la Comisión Quinta del Senado, el Senador José David Name Cardozo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no se sigan construyendo más hidroeléctricas en el país y se aprenda de los graves errores cometidos en el Proyecto de Hidroituango, que le ha causado un gran daño ambiental, social y económico al país.

 

“Lo que está pasando con Hidroituango es una historia para no repetir en nuestro país, muchas veces he advertido acerca de los riesgos que existen cuando se construyen proyectos de este tipo pero los intereses de quienes manejan el monopolio de las hidroeléctricas ha estado por encima de salvaguardar el medioambiente.  El Gobierno Nacional no puede permitir que se sigan construyendo más hidroeléctricas en nuestro país, debe apostarle de una vez por todas a un acelerado desarrollo de las energías limpias con el que se pueda generar un cambio en la matriz energética de Colombia para los próximos años” expresó el Senador Name.

 

 “Si bien este 26 de febrero es un día muy importante para el avance de las energías renovables en el país, con la realización de la primera subasta de contratación de energías renovables, el Gobierno debe comprometerse mucho más e ir más allá en su apuesta por diversificación de matriz energética del país”, manifestó el Presidente de la Comisión Quinta.

 

 Además agregó que: “Es lamentable el estado en el que se encuentra el rio Cauca luego de que se realizará el cierre de la compuerta uno, la tragedia ambiental que se ha causado es mucho mayor de lo que hasta ahora hemos visto, el costo es incalculable.  No se le puede seguir haciendo esto a la naturaleza”.

 

 

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Responsabilidades… Irresponsables

 

“Se le viene una demanda muy grande, enorme a la Nación, al Estado colombiano, porque le cabe la responsabilidad, porque aquí hubo una evidente falla del servicio”: senador Guillermo García Realpe 

 

Nariño, febrero 4 de 2019.- Siempre vamos a lamentar el hecho grave de terrorismo perpetrado en Bogotá el pasado 17 de enero por parte del Ejército de Liberación Nacional, el país, los familiares y la institución siempre tendrán un grave y triste recuerdo alrededor de éste hecho.

 

Pero, en medio del luto y del dolor nacional y de las familias, empieza a parecer reflexiones sobre las circunstancias en que se perpetró este execrable hecho a todas luces de responsabilidad del ELN en un acto absolutamente demencial y de alucinados. Nada justifica ese hecho, no tiene ninguna presentación y no tiene ninguna referencia revolucionaria o política, sin embrago, nosotros tenemos que preguntarnos también ¿qué pasó ese día de los hechos graves mencionados, en qué condiciones de seguridad estaban los estudiantes, los aspirantes a formar parte de la Policía Nacional en la Escuela de Cadetes General Santander?

 

Por supuesto que era una población vulnerable, desarmada, pero con mayor razón, debieron los organismos de seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa tener un plan de seguridad, unos estudios motivados por investigaciones y por análisis de seguridad e inteligencia del contexto, del escenario, tanto al interior de la escuela como en los barrios aledaños. Ni siquiera se han puesto de acuerdo las autoridades nacionales y también el inefable Ministro de Defensa, Guillermo Botero, para aclarar estás circunstancias.

 

Se le viene una demanda muy grande, enorme a la Nación, al Estado colombiano, porque le cabe la responsabilidad, porque aquí hubo una evidente falla del servicio, del Ministerio de Defensa y de los responsables dentro de la Policía Nacional, comenzando por su director nacional el General Óscar Atehortúa, no puede ni el Director de la Policía, ni el Ministro de Defensa, eludir está responsabilidad y creó que en cualquier país del mundo, un hecho grave como ese, pues hubiesen ofrecido la respectiva renuncia. Y plantear esto de ninguna manera debe ser interpretado que queremos con esto disminuir la responsabilidad de los terroristas, todo lo contrario, a mansalva fueron asesinados estos jóvenes  y en indefensión prácticamente de ellos y del Estado que tenía que protegerlos a través de las instituciones y los organismos de seguridad.

 

Entonces, tendremos que reclamar en el Senado de la República en los respectivos debates, plantear los grados de responsabilidad también de la Directora de la Escuela, Juliette Giomar Kure Parra y los órganos o los esquemas de seguridad propios de esta institución, es decir, el señor Director Nacional y el mismo Ministro de Defensa.

 

Por otro lado, también llama mucho la atención lo que viene ocurriendo con la solicitud de pruebas que la Justicia Especial Para la Paz planteó al Gobierno, a la Cancillería y al Ministerio de Justicia para ser tramitados ante el Gobierno de los Estados Unidos sobre pruebas que involucran supuestamente al exguerrillero, hoy desmovilizado y electo Representante a la Cámara Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”, parece algo irrisorio, ridículo, pero también absolutamente grave.

 

Eso de echarle la culpa al cartero, en éste caso a la entidad 472, pues creó que suena a sacar del medio el análisis de responsabilidades, porque un documento de tal importancia tenía que tener seguimiento y solicitud al Gobierno de los Estados Unidos si esta se tardase, primero ver si llegó y segundo su respuesta, pero ni lo uno ni lo otro, me da la impresión que los tres chiflados serían más serios en una circunstancia de estás. 

 

Yo creo que documentos de esa importancia en cualquier entidad, así sea en una alcaldía de sexta categoría, pienso que el alcalde y sus escasos funcionarios estarían más pendientes que una Ministra o que unos Ministros o que un Gobierno y otro Gobierno extranjero. 

 

Por supuesto que la responsabilidad es nuestra, es nacional, pero en un hecho que era de evidencia pública, de interés nacional e internacional y que siempre estuvo en el centro de la atención ciudadana y de la opinión, éste tema de la solicitud de extradición de Santrich, era un tema que lo mencionaban los medios de comunicación de Colombia y de todo el mundo y yo no creo que también se le va a echar la culpa o a la navidad de por medio o al perro que no dejó entregar la carta al cartero

 

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Respaldamos decisión del Gobierno de no admitir en el país a Presidente de Monómeros nombrado por Maduro

Barranquilla, enero 30 de 2019.- El senador José David Name Cardozo celebró la decisión del Gobierno Nacional de no permitir la entrada al país del señor Ronald Ramírez Mendoza, quien fue nombrado de manera arbitraria por parte de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

 

Luego de las denuncias realizadas por el Senador Name Cardozo, en las que alertó a los Gobiernos de Colombia y Venezuela acerca de esta preocupante situación, se conoció que el señor Ramírez Mendoza no fue admitido en el territorio nacional por parte de las autoridades migratorias.

 

“La decisión de impedir la entrada de Ronald Ramírez Mendoza, ha sido acertada y en el sentido en el que veníamos solicitando la intervención del Gobierno.   No podemos permitir que vengan a nuestro país los amigos de Maduro a hacer de las suyas” dijo el Senador José David Name.

 

También manifestó que: “Estamos ante una situación delicada, Monómeros es una empresa importante en nuestro país y tenemos que evitar que sea utilizada para fuga ilegal de capitales para financiar al régimen de Maduro”.

 

 

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“No a la caza deportiva”: senador García Realpe

El legislador quien hace parte de la bancada animalista del Congreso de la República espera que la Corte Constitucional prohíba esta práctica.

 

Bogotá D.C., enero 31 de 2019 (Prensa H.S Guillermo García Realpe).-Ante la controversia ambiental que generó el pedido por parte del Ministerio de Ambiente a la Corte Constitucional para que mantenga vigente en el país la caza deportiva, surgieron voces, como las del senador liberal Guillermo García Realpe, que esperan que el alto tribunal frené tales pretensiones, en procura de salvaguardar la vida de las especies silvestres, y evitando así graves impactos a la biodiversidad y a los ecosistemas.

 

Resulta altamente preocupante que el Gobierno Nacional, ante la revisión que está realizando la Corte Constitucional, sobre la pertinencia de la caza deportiva, conceptúe, defendiendo esa práctica, en tiempos en que la conservación y protección de las especies y sus individuos debe ser una de las prioridades nacionales y cuando la vulnerabilidad de los mismos se ha incrementado por aspectos como el mismo cambio climático y la destrucción severa de los hábitats naturales.

 

Mientras la Procuraduría General de la Nación es clara con que no existe justificación para dicha actividad meramente de entretenimiento y que su permanencia va en contravía con la dimensión ecológica de la Constitución y los avances en protección de la fauna; el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Ambiente y la Agencia del Gobierno, afirma que la caza deportiva "no pone en riesgo a la fauna silvestre" y que hace parte del libre desarrollo de la personalidad.

 

García Realpe, aseguró que inquietan aún más afirmaciones realizadas por la Agencia Jurídica del Estado, como que "el sistema nervioso central de un venado no es igual al de un pato o una paloma y por tanto la experiencia de sufrimiento y dolor es completamente diferente en ambas especies".

 

Es importante recalcar que la caza deportiva genera una demanda que los ecosistemas no pueden satisfacer. Los servicios ecológicos que brinda la fauna silvestre, tienen más valor e importancia para una Nación, que una actividad propia de una afición o hobby, que se basa en el uso de armas de fuego y que lejos está del básico derecho a la subsistencia.

 

El legislador nariñense ratificó, que por las características de los ecosistemas colombianos, “la caza deportiva no es sostenible, pudiendo generar repercusiones como extinciones locales, con impacto en los ecosistemas. Esto se advierte  por ejemplo, en la baja densidad de grandes vertebrados para el momento actual”.

 

Finalmente, ratificó que el principio de precaución debe primar en estas situaciones. “Sorprende que ante una decisión tan delicada para uno de los países más llamado del Planeta a proteger su fauna silvestre, el Gobierno pueda si quiera, perderlo vista”.

 

Agregó que es insólito que siendo Colombia el segundo país más biodiverso del mundo pretenda a través de prácticas como la caza deportiva acabar con las especies silvestres, por lo que se hace urgente eliminar esa diversión de unas minorías, que pese a ser pocos sí generan un gran impacto ambiental y maltrato animal.

 

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No al exterminio indígena

“Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales”: S. Guillermo García Realpe.

 

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2018.- En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país.

 

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales.

 

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres.

 

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo.

 

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno.

 

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía.

 

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres.

 

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40).

 

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ.

 

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos.

 

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país.

 

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima.

 

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