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¿Qué sigue cumplido un año de la negociación en Quito?

“Por ningún motivo suspendan el cese al fuego y de hostilidades pactados y por el contrario estos sean profundizados en sus compromisos e impactos y prolongados en el tiempo hasta la solución definitiva del conflicto”. 

Bogotá D.C, febrero 7 de 2018- (Columna del senador Marco Avirama de Alianza Social Independiente ASI).- El día 7 de febrero, se cumple un año del inicio de las negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN en Quito, Ecuador, donde se acordaron obligaciones claras tanto para el gobierno como para el grupo guerrillero, las que no han sido cumplidas en su totalidad por ninguna de las partes.

Celebramos sin embargo que siete meses después acordaron el cese del fuego y de hostilidades de manera bilateral, temporal y en todo el territorio nacional, cuando el grupo guerrillero se comprometió por primera vez a suspender la confrontación armada con las fuerzas militares, a partir del primero de octubre y hasta el 9 de enero, cuando debía instalarse el quinto ciclo de la negociación.

En esta fase debería, entre otros temas, evaluarse el cese al fuego y retomar el punto 1 de la agenda (gran diálogo nacional), así como temas humanitarios que ya estaban retrasados, entre ellos avanzar en el “Acuerdo Humanitario Ya”, reclamado por el Chocó, y la concreción el programa de desminado Humanitario en Nariño en tres puntos.

El informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, sobre el resultado del cese de hostilidades, señala las violaciones de la tregua primordialmente por el ELN, a pesar de las cuales, afirma que el cese de fuego bilateral trajo “enormes beneficios en términos de la reducción de la inseguridad y el riesgo humanitario”.

No pasaron muchas horas desde el vencimiento del tiempo pactado para el cese de fuego bilateral, cuando se reiniciaron los ataques a la infraestructura petrolera y a la fuerza pública, -que no ocurrieron durante la tregua-, así como combates con otros grupos armados que afectaron fundamentalmente a la población civil en el Chocó, Nariño y Arauca. No sirvieron de mucho los llamados a las partes, por distintos actores internacionales y sectores sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, para que “por ningún motivo suspendan el cese al fuego y de hostilidades pactados y por el contrario estos sean profundizados en sus compromisos e impactos y prolongados en el tiempo hasta la solución definitiva del conflicto”. 

Estas acciones violentas colocaron en el centro el tema del cese de hostilidades, aplazando las conversaciones sobre la agenda política, lo cual ha supuesto mayores riesgos y pérdida de vidas para comunidades indígenas, negras y campesinas, así como el aumento de los desplazamientos forzados masivos y restricciones severas a la movilidad, tal como ocurre en territorios de poblaciones étnicas en Chocó y Nariño.     

Unos y otros han faltado a sus compromisos y han quitado la vida a quienes se encontraban en su casa, que es su territorio. El ELN cegó la vida del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero en el Alto Baudó, y el Ejército tuvo que disculparse ante la familia y la comunidad a la cual pertenecía Eleazar Tequia Bitucay quien fue asesinado durante una protesta pacífica de indígenas embera en la vía Quibdó-Medellín.

Que no se nos vuelva costumbre fácil reconocer estas graves violaciones de los derechos de estas comunidades, y pedir perdón.  Les queda la obligación de reparar de manera adecuada a estas comunidades. Y sobre todo quedan faltando las acciones concretas para impedir que se repitan estos hechos.  

 Sin lugar a dudas pactar el cese de hostilidades bilateral e indefinido contribuye a reducir el riesgo humanitario para estas poblaciones que ya están hartas de padecer la guerra que llega a sus territorios, y la ausencia del Estado para responder a sus necesidades vitales.  Reanudar el cese de fuego entre las partes permitirá que se centren y concentren en desarrollar la agenda que debería conducir a la terminación del conflicto armado y a ocuparnos de construir condiciones de paz con justicia social.  

 

 

 

 

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