Menu

NEWSLETTER


Inscribete al Newsletter



A+ A A-

Los recursos de la paz son sagrados

Bogotá D.C., abril 11 de 201|8.-“Existe una estrecha relación entre corrupción, inequidad en la distribución de los recursos públicos y pobreza. Y mal podemos hablar de hacer el tránsito hacia un país reconciliado y en paz si no atacamos la plaga de la corrupción de manera decidida, y antes de entregar los recursos del posconflicto, a los cuales habrá que proveer de todos los controles y salvaguardas posibles para que no se conviertan en coto de cacería de los agentes públicos y privados que seguramente ya les han puesto el ojo. Aprendamos de las malas experiencias de los países centroamericanos en el manejo de los recursos del posconflicto, lo que no ha favorecido la consolidación de una paz transformadora de las condiciones que originaron en buena medida esos conflictos armados”.

Esto decíamos hace casi dos años cuando empezaba a hablarse de los recursos para el posconflicto y la consolidación de la paz. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón y afortunadamente los países donantes lanzaron la alerta por la escasa ejecución de las donaciones que apoyan la puesta en marcha del posconflicto y la ausencia de transparencia en el manejo de la información para adjudicar proyectos productivos.

Es pertinente recordar a todos los actores involucrados  en el manejo del Fondo Colombia en Paz y las subcuentas que lo componen, que estamos ante recursos públicos, que además de manejarse con transparencia, deben ser ejecutados al ritmo que está demandando la implementación de las medidas y acciones que se derivan del acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC, y que permitan la presencia institucional con bienes y servicios públicos en las regiones olvidadas por el Estado.

Debe garantizarse que los mecanismos e instancias de control y seguimiento ya creados, o aquellos que deban ponerse en marcha ante las amenazas de corrupción y mal manejo por acción o por omisión detectados, operen con diligencia y de manera permanente. De nada nos sirven controles o seguimientos posteriores para lamentarnos luego, cuando aquí lo que se juega son recursos con los cuales se transformen las condiciones que viven las mayorías más pobres en las regiones, se garantice la sostenibilidad del acuerdo de paz, y se avance en la reconciliación entre los colombianos y con los colombianos más golpeados por la guerra y la inequidad.

No queremos que se repita lo ocurrido con programas como Agro Ingreso Seguro y el manejo corrupto y clientelista de subsidios que debían dirigirse a los campesinos necesitados de los mismos. En este caso se habla de “la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas”, los que deben ser identificados y prohibirse cualquier contratación con ellos. 

De otro lado seguiremos insistiendo en la responsabilidad política de ministros, directores, gerentes, y quienes tienen responsabilidad en el manejo ético y transparente de estos recursos. Indigna que los colombianos seamos espectadores de la comisión de delitos asociados a prácticas corruptas y no pase nada en términos de asumir responsabilidades y consecuencias de sus acciones u omisiones. 

La corrupción es violencia contra los ciudadanos y sus derechos. La moralidad pública es un derecho colectivo que debe garantizar el uso y disfrute de otros derechos ciudadanos, tales como la integridad del patrimonio público, el derecho fundamental a la salud, el derecho a la alimentación de los niños, el acceso a la tierra, a una educación integral y a una justicia pronta e independiente.

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA 

Alianza Social Independiente ASI

 

0
0
0
s2sdefault
Color I Color II Color III