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Examen a Colombia sobre derechos humanos muestra compromisos no cumplidos

Bogotá, mayo 15 de 2018. Hace 12 años las Naciones Unidas acordaron monitorear y evaluar el grado de realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cada uno de sus 192 países miembros, mediante el examen periódico universal (EPU) que se realiza cada 5 años desde el 2008, bajo el Consejo de derechos humanos (CDH).  Allí se escuchan las voces de los gobiernos, de las agencias de naciones unidas y de las organizaciones sociales y de derechos humanos en los distintos países. 

El documento conjunto presentado por 500 organizaciones sociales y de derechos humanos del nivel nacional y local, se encargó de hacer seguimiento a las recomendaciones formuladas al gobierno colombiano en los EPU de los años 2008 y 2013, así como del estado de cumplimiento de los derechos humanos en los últimos años, llegando a la conclusión de que, “Pese a importantes esfuerzos emprendidos, Colombia no ha cumplido cabalmente las recomendaciones de 2008 y 2013. Continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones al DIH que permanecen en la impunidad. El Estado no coopera con los procedimientos especiales del CDH ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo. Esto dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del EPU de contribuir a la construcción de la paz en Colombia”.

 

En el marco del tercer examen periódico universal sobre Colombia, la semana anterior 86 Estados intervinientes destacaron el histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, y a la vez formularon 211 recomendaciones al gobierno colombiano relacionadas con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final, la sostenibilidad y autonomía del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, la reincorporación de excombatientes y el cumplimiento del capítulo referente a los pueblos indígenas. 

 

Otras recomendaciones están dirigidas a continuar con los diálogos de paz con el ELN, así como garantizar el acceso a la justicia, investigar efectivamente y castigar a los responsables en casos de violencia contra indígenas, afrocolombianos, campesinos y contra periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, al igual que en casos de violencia sexual contra niños, niñas y mujeres.

 

Usando un mecanismo reconocido en este examen periódico, Colombia hizo cinco ofrecimientos voluntarios: continuar con la adopción de medidas que requieren protección de defensores de Derechos Humanos, con la implementación del acuerdo de paz con las Farc, con la negociación con el ELN, con un plan de acción sobre empresas y derechos humanos y con la promoción de la cultura de derechos humanos como base para una reconciliación real.  Estos compromisos son vinculantes para el Estado y deberán ser respetados por el próximo gobierno.

Como en la mayoría de temas de derechos humanos, los mecanismos de seguimiento a las recomendaciones tienen un escaso cumplimiento, y su implementación redundaría en una mayor garantía para la realización de estos derechos. Frente a las recomendaciones del EPU, el Estado se comprometió en 2013 con las organizaciones sociales y de derechos humanos y con la oficina del alto comisionado de naciones unidas, a establecer un mecanismo de seguimiento conjunto, compromiso que nunca se cumplió. 

Pensamos que sería deseable que el Congreso, a través de las Comisión de derechos humanos y/o la Comisión de Paz, se implique en este esfuerzo de monitoreo y seguimiento y asuma el cumplimiento de sus funciones en relación con la implementación legislativa de los compromisos que permitan avanzar en la reconciliación y la paz, así como en las reformas que propendan por una mayor garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales de las mayorías pobres y excluidas.     

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA

Alianza Social Independiente ASI

 

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