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Justicia y protección para nuestros líderes sociales

"El desbordamiento se tiene que controlar y esta es la responsabilidad principal del gobierno con las demás instituciones, en especial las de seguridad y justicia": senador José David Name.

 

Bogotá D.C., julio 9 de 2018.-Los recientes asesinatos de líderes sociales en distintas regiones del país han despertado la solidaridad y el clamor nacional frente a un flagelo que por décadas ha golpeado a los defensores de los derechos humanos, quienes a pesar de la violencia, no han dejado de alzar su voz.

 

La Defensoría del Pueblo reporta que fueron 311 los líderes sociales asesinados en los últimos dos años y medio, la Policía registra que fueron 178 desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz con las Farc y la Universidad del Norte dice que fueron 12 los asesinados en la Costa Caribe durante el presente año. Aunque las cifras reportadas por las diferentes entidades no siempre coinciden, todas evidencian que estamos frente a una situación insostenible para una nación democrática que trabaja por lograr una paz estable y duradera.

 

Solo en esta última semana seis líderes fueron asesinados: Luis Barrios, en Atlántico; Santa Felicinda Santamaría, en Chocó; Margarita Estupiñán, en Nariño; Ana María Cortés, en Antioquia; Ancízar Cifuentes, en Tolima y José Jaramillo, en Antioquia. Una situación que nos lleva a cuestionar la estrategia que ha venido implementado el Estado para brindarle seguridad y apoyo a este sector social.

 

Resulta grave que la respuesta estatal sea tan inferior a la demanda, siendo que el problema de los ataques al grupo ya llevan un gran recorrido y cuenta con varios llamados de atención desde la ONU, el Congreso, la academia, los medios de comunicación, además de las movilizaciones ciudadanas con las que se ha buscado darle a conocer al país la vida angustiada pero comprometida y vigorosa que viven los líderes amenazados en los sectores rurales.

 

¿Qué muestran los múltiples hechos de violencia que viven los líderes sociales hoy en Colombia? Según el delegado en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori: “Demuestra intolerancia, provoca miedo, limita o anula las libertades de pensamiento y de expresión, y, lo que es peor, exhibe cómo la violencia se impone en muchos lugares como un medio de control social. La impunidad que ronda estos ataques agrava la situación, puesto que, ante la ausencia de sanción oficial, el reproche social se reduce y la violencia encuentra justificación”.

 

Desde el Congreso de la República, logramos la modificación del Código Penal para categorizar al líder social y aumentar las penas tipificando las agresiones contra ellos como delito autónomo, según informó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez hoy lunes comenzará a regir esta nueva norma para luchar contra la impunidad.

 

Conflictos de tierras, drogas ilícitas, corrupción local, bandas criminales están entre los motivos de la mayoría de los casos, es inaceptable que se pretenda minimizar los impactos atribuyéndoles motivaciones baladíes o emocionales, así como también es totalmente inaceptable el aprovechamiento político en esta situación tan grave.

 

No se debe decir ahora que esta arremetida contra un sector vulnerable era totalmente imprevisible porque ya se tenían experiencias internacionales y nacionales de conflictos nuevos o reciclados y hasta se tomaron decisiones orientadas a su control. El desbordamiento se tiene que controlar y esta es la responsabilidad principal del gobierno con las demás instituciones, en especial las de seguridad y justicia.

 

En vez de justificar más violencia, esta tragedia repudiable lo que debe servir es de oportunidad para consolidar la presencia del Estado y el funcionamiento certero de sus instituciones con el fin de profundizar los valores de la justicia y el desarrollo como elementos de la pacificación buscada. Convocamos a todas las autoridades para que no queden en la impunidad estos asesinatos y se afronte con medidas claras y contundentes las actuales amenazas a los líderes en las regiones.

 

El Estado colombiano no está inerme, ni más faltaba, frente a esta ofensiva repudiable y desde el Congreso se revisaran de manera minuciosa todos los aspectos para ajustar las estrategias o programas que eliminen los factores de inseguridad para los líderes sociales, a quienes le reconocemos su valioso aporte por ser quienes nos representan entre lo más potente de nuestra democracia y la participación social, que es el eje de la estructura del Estado Social de Derecho, por lo que nadie puede seguir debilitando con violencia ese pilar fundamental de vida y sostenibilidad de la nación.

 

No se puede debilitar el Estado Colombiano a partir de los crímenes contra los líderes sociales y mucho menos permitir que existan nuevas justificaciones para la violencia con su martirio. Hay que cortar de raíz la violencia criminal contra los líderes sociales, garantizándoles vida y justicia.

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