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Sensatez y sinceridad con el cargo por confiabilidad

 La soberbia de la CREG no conoce límites.

Bogotá D.C. septiembre 17 de 2018(Columna José David Name) El cargo por confiabilidad, si se les pregunta a quienes hacían parte de la CREG en el año 2006, es una remuneración anticipada que se le paga a las generadoras, con la finalidad de garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones críticas futuras que se podrían presentar en épocas de sequía.

 

 Lamentablemente, la realidad del uso de los recursos recaudados bajo la figura del cargo por confiabilidad dista mucho de este loable propósito, como quedó en evidencia durante la crisis energética 2015 - 2016, en la que a los colombianos nos tocó salir a salvar el sistema haciendo un racionamiento programado porque, precisamente, el cargo no cumplió su cometido. En el periodo comprendido entre el 2006 y el 2015, TERMOCANDELARIA recibió 587.309 millones de pesos por concepto de cargo por confiabilidad y cuando se presentó el momento crítico (Fenómeno del Niño 2015) en el que se hicieron exigibles sus obligaciones, la térmica se abstuvo de honrar sus compromisos por los cuales ya había sido remunerada.

 

En su momento no se hicieron esperar los cuestionamientos, debates y críticas al cargo por confiabilidad, dentro de las más connotadas las del actual Presidente de la República, doctor Iván Duque.  Fue en ese momento que se configuró un consenso colectivo nacional del mediocre diseño y regulación por parte de la CREG en la Resolución 71 de 2006, suscrita por el señor Manuel Maiguashca Olano en su paso por el Viceministerio de Energía, quien, para sorpresa de nadie, ahora sale a defender desvergonzadamente su invención con la cual le ha procurado a sus clientes cerca de 9 billones de pesos en ingresos a lo largo de la última década, a cambio de nada. Otra puerta giratoria.

 

La prueba reina llegó con el INFORME DE RESULTADOS DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN del año 2016 de la Contraloría General de la República a través del Contralor Delegado para el Sector Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, en el cual se evidencia como la falta de precisión en la regulación es la causante de que el cargo por confiabilidad no cumpla su cometido y que a su vez genera un incumplimiento no sancionado. No existe una precisión que obligue a estas generadoras a invertir en activos que permitan la generación en épocas de escasez. Esta desafortunada omisión ha ocasionado que las generadoras térmicas e hídricas hayan destinado la mayor parte de los recursos recibidos, al cubrimiento de sus gastos ordinarios y al mantenimiento de la capacidad instalada, dejando en segundo plano la expansión de la misma; que es menester para atender la tasa vegetativa del consumo.

 

La realidad es que los recursos del Cargo por Confiabilidad han sido registrados contablemente como Ingresos Operacionales por las Generadoras, en otras palabras, apenas lo reciben, se vuelve la caja menor de las generadoras. La Contraloría advierte que: “Esto no es deseable en la medida en que los recursos del cargo por confiabilidad son financiados por los usuarios y deben destinarse únicamente a mantener operativos los activos comprometidos en el Esquema y no a financiar toda la operación de una empresa”.

 

Otra falencia grave hallada por la Contraloría fueron las auditorías, se encontró que no se verificaron los parámetros y características de la ENFICC. De las más de 490 verificaciones que debieron realizarse, solo se hicieron 373, a cargo del CND en cabeza de XM S.A. E.S.P. quien respondió que no se realizaron todas porque la regulación no lo imponía. Se comprobó, por ejemplo, que nunca se verificó la energía contratada para cubrir mantenimientos.

 

El informe concluye que: “Se otorgó una remuneración a los diferentes agentes generadores por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de su ENFICC, sin que se verificara por medio de auditorías y en su totalidad, dichas características y parámetros”, en otras palabras, se le impuso a los usuarios una remuneración, los usuarios la pagaron, pero nunca nadie supo a cambio de qué. No obstante, a pesar de las discrepancias observadas por las auditorías realizadas, la CREG no ha dispuesto la devolución de pagos, ni las sanciones establecidas el artículo 39 de la resolución 71.  De esta manera se ha generado un enriquecimiento sin causa, con la complacencia del órgano regulador (CREG) que más parece esbirro de los generadores que un agente imparcial.

 

 

Por lo anterior, el proyecto de ley (130 de 2018 Cámara) que hemos presentado, antes de poner en riesgo el abastecimiento energético del país, sincera y llama por su nombre al cargo por confiabilidad, un tributo.

 

En primer lugar, como se evidenció el cargo por confiabilidad no es una remuneración a la disponibilidad de activos de generación como lo quieren vender sus protectores, sino un cobro exigido por la CREG sin contraprestación alguna, es decir, un impuesto disfrazado.  Este proyecto de ley busca modificar la naturaleza del cargo para que se le dé un manejo transparente.

 

En segundo lugar, se comprobó que las de mayores necesidades son las termoeléctricas, que sin estos recursos podrían verse abocadas a su liquidación. Así que, para evitar una crisis en el sector, el proyecto de ley pone sobre la mesa el billonario subsidio otorgado a estas empresas y destina el 50% del recaudo de la nueva contribución a “Financiación del mantenimiento de las plantas termoeléctricas e inversiones que contribuyan a reducir la huella de carbono de generación eléctrica”. 

 

En tercer lugar, encontramos que el recaudo anual del cargo por confiabilidad ha crecido exponencialmente debido a las medidas adoptadas por la CREG para enjuagar las pérdidas de las termo generadores, llevando el pago mensual del cargo de $23 a $60 kW/h, por lo que el proyecto de ley propone una reducción de este cobro a $45 KW/h haciéndolo más racional y equitativo.

 

En cuarto lugar y como consecuencia del excesivo recaudo anual, $3,5 billones, se propone destinar el 20% de la nueva contribución a financiar los subsidios de los estratos 1 y 2, que actualmente presentan un déficit anual de $1,2 billones.

 

Finalmente, se mantiene el objetivo central del esquema, que es brindar confiabilidad y seguridad al sistema energético y, se destina el 30% de la contribución a Proyectos de inversión para garantizar la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, definidos como prioritarios por el Ministerio de Minas y Energía. Que, de manera transitoria, en sus primeros 8 años, deberán concentrarse en la Región Caribe, región con la cual el sistema energético nacional y el gobierno guardan una deuda de más de 20 años.

 

Vamos a defender con argumentos reales este proyecto de ley que ha sido concebido como una solución confiable y viable para el país, que permitirá llevar verdaderamente a la práctica la teoría del denominado “Cargo por confiabilidad” que pagamos los colombianos en la factura de energía.

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