Menu

NEWSLETTER


Inscribete al Newsletter



A+ A A-

La confesión española y el desembarco santafereño en Triple A

"Vale la pena señalar que las instituciones no delinquen, como es el caso de INASSA, pero si los hombres que la representan": senador José David Name

Barranquilla, octubre 16 de 2018.- "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”: esta frase atribuida al emperador romano Julio César ante el comportamiento sospechoso de su esposa, Pompeya, cae como anillo al dedo para analizar los reclamos del Director general del grupo español INASSA, Antonio Ruiz Sánchez, quien ha amenazado con llevar al Estado colombiano a un tribunal de arbitramento internacional, luego de la decisión del Fiscal General, Nestor Humberto Martínez, de ordenar la medida cautelar de embargo y secuestro de las acciones de INASSA en la empresa TRIPLE A, para garantizar que se haga justicia y se restablezcan los derechos del Estado colombiano, perdidos en medio de una ola de corrupción volcada por agentes de la empresa española.

 

Vale la pena señalar que las instituciones no delinquen, como es el caso de INASSA, pero si los hombres que la representan, tal como ha quedado plenamente demostrado en este proceso en el que Directivos de la compañía española, movidos por las evidencias fehacientes, le ofrecieron al Procurador General, Fernando Carrillo, durante su visita de finales de septiembre pasado a España, la devolución de por lo menos 80 millones de dólares para reparar la defraudación causada.

 

Con esta actitud de los directivos de INASSA se cumple otra vieja sentencia, muy común en los corrillos judiciales entre los abogados, cuando alguien decide confesar su culpa: “Confesión de parte, relevo de pruebas”. Y es que no cabe otra interpretación frente al hecho de reconocer el daño causado y ofrecer una indemnización que equivale apenas a un porcentaje del contrato suscrito entre INASSA y TRIPLE A en el año 2000 por valor de $237.836 millones de pesos, pero incumplido a lo largo del tiempo por INASSA, más recursos adicionales perdidos en un saqueo que hasta los españoles han sentido en carne propia y por lo cual han encarcelado a varios directivos de esa compañía por el denominado “Caso Lezo”.

 

Es obvio que los súbditos españoles que representan a INASSA no quieran perder parte de la fortuna acumulada en la TRIPLE A (considerada por ellos “La Joya De La Corona”), por una serie de maniobras ilícitas cometidas por sus representantes en Latinoamérica y particularmente en Barranquilla, ante los cuales cuales (valga la pena también decirlo) no existió el control ni la pulcritud con la que ahora pretenden atacar una decisión judicial legítima, como es la de buscar la recuperación de unos dineros que son públicos por provenir de un servicio que pagamos los barranquilleros.

 

Ahora bien. Reconocer la culpa del desfalco y ofrecer reparación económica por ello es tanto como reconocerse culpable de un delito; hecho que está en proceso de investigación para cuantificar la magnitud del daño, de tal manera que la dosis de respuesta de la Fiscalía se ajusta al monto calculado hasta ahora, que es mucho mayor que los 80 millones de dólares ofrecidos y en cuyo fondo hay muchos culpables que están por descubrirse y que no pueden ser encubiertos o alcahueteados con el ofrecimiento cómplice de un pago para que cese el proceso y se haga silencio.

 

Pero el infortunio de la TRIPLE A, ocurrido con el delictivo saqueo español cuyas dimensiones están por descubrirse, parece no tener fin, porque ahora resulta bien extraña y dudosa la decisión de conformar su Junta Directiva con personas que, aunque son colombianos, no tienen en sus hojas de vida la experiencia y disciplina profesional que exige el difícil momento que vive la empresa barranquillera.

 

La lista de las hojas de vida, publicadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incluye a 4 bogotanos y dos barranquilleros; de ellos 5 abogados y un administrador de empresas experto en finanzas; todos con poca o ninguna experiencia en una empresa de gran complejidad técnica como es la TRIPLE A, sobreviviente además de un doloroso maltrato en sus finanzas que al parecer empieza a causar efectos en el área de los servicios, razón por la cual se requiere de directivos con conocimiento del tema, para evitar el estado de crisis que podría avecinarse.

 

La decisión de la SAE que se constituye en un desembarco santafereño que a mi modo de ver no dimensiona las características del problema en la TRIPLE A, desdeña también el conocimiento y la capacidad de personas o entidades locales que bien podrían prestar un servicio idóneo en este momento.

 

Si bien es cierto, el paquete de hojas de vida divulgado hasta ahora está constituido por aspirantes que han sido postulados por la SAE, por otras entidades o por los candidatos interesados, creo que bien podría pensarse y tener en cuenta para su inclusión a  representantes de universidades con facultades ingeniería y economía de la ciudad, cuyos Rectores, como es el caso del Rector de la Uninorte, Adolfo Meisel Roca, quien recientemente se retiró de la Junta del Banco de la República, o Decanos de reputación en el medio profesional, como también directivos de entidades del sector sanitario y de aguas, como es el caso de la Asociación Nacional de Ingenieros Sanitarios y del Medio Ambiente (ACODAL), entre quienes podríamos citar al Ingeniero Víctor Tellez Abuabara, expresidente de esa organización y quien goza de buena reputación en el medio.

 

Lo mismo digo de la decisión que puedan tomar los miembros de Junta Directiva que resulten elegidos por la Asamblea General de Socios, citada para el próximo martes 16 de octubre, en lo que tiene que ver con el nombramiento de Gerente de la empresa Triple A.

 

En este caso espero, y creo que los diferentes estamentos de la ciudad piensan lo mismo, que no se haga otra importación bogotana para completar el desembarco santafereño que se ve venir y cuyas actuaciones nos generan dudas. Suficiente hemos tenido con el saqueo que los delincuentes españoles reconocen, pero que quieren ocultar proponiendo una “indemnización” de 80 millones de dólares, al tiempo que amenazan al Estado colombiano con un tribunal de arbitramento internacional. 

0
0
0
s2sdefault
Color I Color II Color III