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Aumento de la deuda extranjera preocupa a senadores de la Comisión Tercera

Comisión Tercera de Senado

El senador Fernando Tamayo (P. de la U), presidente de la comisión, pidió a la Junta Directiva del Banco de la República, que para efectos de hacer un seguimiento permanente a la realidad de la economía del país, se presente a dicha comisión un informe mensual sobre los temas tratados.

Bogotá D.C., abril 25 de 2017 (Prensa Senado).- La crisis de la economía, que para algunos expertos no repunta y, por el contrario, va de capa caída con el aumento del endeudamiento, fue el tema central que enmarcó el informe de gestión del Banco de la República en la Comisión Tercera del Senado. De acuerdo con datos del banco central, a corte de enero de 2017, la deuda externa del país, contraída por el sector público y privado, asciende a un total de 121.097 millones de dólares, es decir, una estimación del 39,3% del PIB colombiano. 

Según el gerente del emisor, Juan Jose Echavarria, en materia de inflación las noticias son positivas pues este indicador se ha mantenido a la baja durante los últimos ocho meses y aseguró que para finales del 2018 la inflación llegará a su rango medio al ubicarse en un 3 por ciento. Expresó el directivo que se mantiene la preocupación ya que la meta inflacionaria no se ha cumplido en los últimos dos años.

En lo que a crecimiento se refiere, explicó Echevarría, que de acuerdo con los analistas, este sería entre el 2 y 3,1% pero elemisor está en el rango pesimista, es decir que considera que este será en promedio de 2%.

Sobre la desaceleración de la economía, la caída de las exportaciones, y los distintos factores que le han restado ritmo a la dinámica económica, sostuvo que Colombia se enfrentó a los dos choques más fuertes a los que se haya enfrentado cualquier país en Latinoamérica: la caída de los precios del petróleo, que se sintió con mucha más intensidad en el país, y el choque de varios países vecinos como Venezuela y Ecuador por el mismo efecto de la baja petrolera, al igual que el aumento de las primas de riesgo.

Sobre el ajuste de las tasas de interés para ayudar a despegar los indicadores económicos, explicó que a medida que se han abierto los espacios en los que la inflación no se dispare y se mantenga en el rango del 3% en el largo plazo, es decir, que se pueda mantener baja la inflación sin estrangular la economía. 

Respecto al desempleo, dijo que en el país es sumamente alto, y que solamente es superado por Brasil y Venezuela. “Nos sentimos orgullosos porque el desempleo es de un dígito, pero es muy malo, en el peor momento de la crisis Norteamericana el desempleo era del 9%. Sin embargo hay que rescatar que el desempleo no ha subido durante los momentos más difíciles”.    

Luego de la intervención del gerente del banco central, el senador del partido Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella,  manifestó su preocupación por el creciente nivel de la deuda externa. Lo mismo hizo su colega Iván Duque, quien fue otro de los que le dio 'garrote' a las políticas adoptadas por el emisor, una de ellas la del crecimiento económico a la que calificó de mediocre. También el senador Duque cuestionó la política fiscal de la que dijo es procíclica y dependiente del petróleo. Las críticas no dejaron de llover también para el sistema tributario al que culpó de ir en contra de la inversión, el ahorro y la competitividad. "A medida que crece la deuda externa y se sigue teniendo un déficit de cuenta corriente y problemas en el mercado de divisas  estamos desnudos frente a lo que podía ser un nuevo choque externo. Colombia ha venido empleando la política monetaria de manera contracíclica”, sentenció Duque, del Centro Democrático.

Finalmente, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, señaló que el endeudamiento externo se debe monitorear con mucho cuidado, teniendo en cuenta que entre 2010, finales de 2016 y comienzos de 2017, “el aumento de la deuda externa no ha sido menor, en parte porque tuvimos una pérdida de ingresos muy fuerte mientras el gasto de la economía se fue ajustando, pero es muy importante que nos apartemos de la apreciación de que todo el aumento externo es responsabilidad del Gobierno, al cual le corresponde cerca de una cuarta parte de esa deuda y un mayor porcentaje al sector privado, y por supuesto la tasa de cambio ha jugado un papel importante en hacer más onerosa esa deuda”. 

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Recursos para ciencia y tecnología deben respetarse

Comisión Tercera de Senado

Según lo anunció, en su momento, el presidente Juan Manuel Santos se presentará ante el Congreso un proyecto de acto legislativo para destinar $1,3 billones por una sola vez a la construcción de vías terciarias por medio de recursos obtenidos por regalías (recursos de Ciencia y Tecnología).

Bogotá D.C., abril 24 de 2017 (Prensa Senado).- Para sorpresa de muchos, y muy a pesar de las necesidades regionales de proyectos de impacto tecnológico y de las potencialidades en materia de investigación e innovación, al programa de Ciencia y Tecnología “le sobró una platica” superior al billón de pesos, esto debido a la falta de ejecución total de lo asignado en el Presupuesto General de la Nación – PNG 2016.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este excedente será reasignado en el proyecto sobre adición presupuestal, para la ejecución de proyectos de infraestructura de vías terciarias y la Ruta del Sol II. Esta decisión no ha caído muy bien entre algunos congresistas como es el caso de los senadores María del Rosario Guerra (P. Centro Democrático) y Antonio Navarro (P. Alianza Verde).

Según la senadora Guerra en la vigencia 2016 del PGN, el Gobierno Nacional no se preocupó por las vías terciarias “y ahora pretende quitarle la plata a Ciencia y Tecnología”. Dijo la congresista que la no ejecución de dichos recursos es responsabilidad del mismo Gobierno que, a su juicio, diseñó un modelo para “congraciarse con gobernadores y alcaldes, quienes impulsaban proyectos separados del marco nacional de Ciencia y Tecnología”.

Agregó que lo más sensato que podía haber hecho el Gobierno era destinar esos recursos a la formación de doctores, jóvenes investigadores, fortalecer grupos, semilleros de investigación y centros de investigación, en temas de importancia para las regiones; "pero el Gobierno Nacional alcahueteó que esos recursos se fueran a proyectos sin ningún impacto. Lo que no se ha ejecutado fue porque Colciencias frenó ese derroche que estaban haciendo los gobernadores y alcaldes”.

Sobre el proyecto de adición al PGN, Guerra de la Espriella lo calificó como “una sirvengüenzura para preparar las campañas del 2018 de los candidatos de la Unidad Nacional. Le quitan del bolsillo a los colombianos $6,1 billones con la Reforma Tributaria y ahora se la van a gastar para darle 1,5 billones a los congresistas y lo otro para el posconflicto, lo serio hubiera sido comenzar a sanear y a cerrar ese déficit que hay en las finanzas públicas”, puntualizó la Senadora.

Por su parte, el senador Antonio Navarro consideró que esta es una señal de alarma que debe obligar al Gobierno y al Congreso a trabajar en la formulación de unas reglas claras y robustas que obliguen a las administraciones departamentales y municipales a usar bien los recursos de Ciencia y Tecnología “porque este país necesita invertir en desarrollo tecnológico y científico, no podemos seguir dependiendo de la adaptación a tecnologías que vienen del extranjero”.

Añadió que es urgente hacer más fuerte los vínculos entre las gobernaciones y alcaldías, con las instituciones que desarrollan proyectos de ciencia y tecnología. “Aunque son recursos que administran las gobernaciones y alcaldías, porque provienen de las regalías, sí habrá que amarrar mejor la toma de decisiones a gente que sepa hacer muy bien la inversión en ciencia y tecnología”, sostuvo el senador Navarro.

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Senadora María del Rosario Guerra denunció burocratización en la Superintendencia de Industria y Comercio

Comisión Tercera de Senado

La Senadora aseguró que los resultados en materia de protección al consumidor y de la libre competencia son insuficientes.

Bogotá D.C., abril 19 de 2017 (Prensa Senado). 'Garrote' recibió el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, al que la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, citó a un debate de control político por la ineficiencia y poca funcionabilidad que para ella representa esa entidad.      

Para la senadora los resultados de la Superintendencia son deficientes a pesar del aumento del 138% en los gastos de contratación de personal. Explicó que  en 2009 contaban con 348 contratos y en 2016 pasaron a 1.385, lo cual representaría un aumento del 300%. “Incremento que no implica mayor efectividad”, dijo.


Por otro lado, de 369 trabajadores de planta entre 2006 y 2008 (Decreto 1754 de 2006) pasaron a 356 en 2009, es decir hubo una disminución de 3,6% en el número de empleados (Decreto 3524 de 2009), pero mediante el Decreto 4887 de 2011 se crearon 243 nuevos puestos aumentando la planta de personal a 599 trabajadores, decreto que también, según dijo la Senadora, quitó algunas funciones a la SIC. “A pesar del incremento desmesurado en la planta de personal, de contratistas y en las asignaciones presupuestales, no se registra una mejoría en la percepción de competitividad en el contexto internacional”.

Haciendo referencia a las acciones sancionatorias emprendidas por la SIC para castigar la cartelización del papel higiénico, los cuadernos, los pañales, telefonía, entre otros, y actuar en defensa del consumidor, sostuvo, que a pesar de ello “se observa un incremento desmesurado de precios en los mercados donde se han impuesto multas por violación al régimen de protección al consumidor, lo cual es contrario a lo esperado después de la sanción”. Debido a esto acusó a la SIC de actuar para generar más “boom mediático” que resultados en protección de la libre competencia y de los consumidores.
 
La Senadora propuso que para hacer de la SIC un ente más competitivo y efectivo en sus resultados, es necesario avanzar en la independencia institucional (administrativa, técnica y patrimonial), fortalecer el cuerpo asesor de planta sin entrar en gastos burocráticos, aumentar las multas por prácticas restrictivas, incrementar las sanciones penales derivadas de las prácticas restrictivas y determinar canales efectivos para resarcir los daños causados a los consumidores.

Tras la presentación de la senadora María del Rosario, el senador Iván Duque consideró que la densidad del personal vinculado a la SIC (planta y contratación) es necesaria para cumplir con la acumulación de responsabilidades asignadas a la entidad, y por ende mostrar resultados, argumentando que en este sentido, esta se encuentra por debajo de la media en comparación con sus pares de otros países.

Por su parte el senador Antonio Guerra (P. Cambio Radical) manifestó que no encontraba correlación directa entre el número de empleados con el número de sanciones impuestas por la SIC que resulten de investigaciones, “no todas las investigaciones terminan en sanciones”, añadió.

A su turno el Superintendente defendió la entidad que representa explicando que lo que hace la SIC en Colombia lo hacen de manera independiente cuatro entidades distintas en España, por lo cual se hace indispensable contar con el personal necesario. Agregó que a finales del gobierno Uribe, en 2010, la SIC contaba con 350 funcionarios y 50 contratistas, “hoy contamos con 600 funcionarios de planta y 600 contratistas, es decir tenemos una fuerza laboral de 1.200 personas, tres veces la fuerza laboral del 2010”.

Aseguró que esto les ha permitido cumplir mejor sus funciones como autoridad regulatoria, como autoridad del habeas data, como encargada de la metrología legal, como ente responsable de definir los reglamentos técnicos para la fabricación de productos, como autoridad judicial y como defensor del consumidor y de la libre competencia.

Finalmente, la senadora Guerra tomando los argumentos del superintendente señaló que “sí es posible hacer mucho con poco y aquí lo acaba de reconocer el Superintendente, en el caso de la SIC antes del 2010, y que lamentablemente cuando han tenido tanto no han hecho lo suficiente. Las funciones son las mismas en los últimos años”.

Agregó que el fondo del tema es que se ha duplicado la planta de personal, se han triplicado los contratistas y no se han tenido grandes resultados. “Lo que exigimos es que haya una mayor respuesta porque las funciones son las mismas con más personal vinculado, fuera de eso han tenido el doble del presupuesto”.

Sobre las sanciones impuestas a algunas empresas por la presunta cartelización, señaló que lo que se esperaba luego de las sanciones era que bajaran los precios de los productos (pañales, cuadernos, etc.) “y eso no se ha hecho”.

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El posconflicto, eje transversal de la adición al Presupuesto General de la Nación

Sesión conjunta comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara

Según el ministro Cárdenas este no es un proyecto sobre una adición más, será el proyecto de la “adición social”.

Bogotá D.C., abril 18 de 2017 (Prensa Senado).- Palo y zanahoria se llevó el proyecto de ley con que el Gobierno Nacional busca adicionar al Presupuesto General de la Nación (PGN) $7,7 billones para la vigencia fiscal de 2017.

Durante el desarrollo de la sesión conjunta de las comisiones económicas, terceras y cuartas, de Senado y Cámara de Representantes, una de las asignaciones que más recelo despertó entre la oposición al Gobierno fue la del posconflicto, la cual está por el orden de los $1,8 billones, integrados a la propuesta de adición por concepto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda.

Según la exposición del ministro Mauricio Cárdenas, los $7,7 billones que se quieren adicionar, corresponden a las rentas del PGN vigencia 2016 así: $6,7 billones resultado de la Reforma Tributaria, dividendos de Ecopetrol e ISA; y $1 billón provenientes de los generados por entidades públicas que se reaforaron.

Explicó la forma y los montos en los que se distribuirá la adición, y el crecimiento de cada uno de estos sectores, con adición, en comparación al presupuesto ejecutado en 2016. Señaló que uno de los sectores con mayor presupuesto será el de educación, que con la adición de $1.186 millones tendría un presupuesto total de $35 billones convirtiéndose, según Cárdenas, en el sector con mayor presupuesto asignado por el Gobierno Nacional en la historia.   

Agregó que los recursos que generan algunos sectores a través de los servicios que prestan, como es el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho, del cual depende la Supernotariado y que tiene a cargo la actualización tarifaria de las notarías, tendría un incremento de $255 mil millones que se destinarán a la atención de la población carcelaria, la Rama Judicial y el ICBF.

“En educación el reaforo fue de $166 mil millones, en Defensa y Policía fue de $105 mil millones y por parte de la Registraduría fue de $100 mil millones, por servicios que prestan. Todos estos recursos serán reinvertidos en los mismos sectores”, dijo el ministro Cárdenas. El funcionario añadió que los $490 mil millones que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que debían ser destinados a la Ruta del Sol II pero que ya no se van a pagar al concesionario que tenía a cargo dicho proyecto, se incorporarían al presupuesto de Invías para fortalecer proyectos de obras públicas dando prioridad a la Ruta del Sol II y proyectos de vías terciarias.

Dijo que los $1,8 billones que se destinarán al posconflicto corresponden a $325 mil millones que ya venían del presupuesto anterior, más los $1,5 billones adicionales. De esta asignación, argumentó el Ministro, se destinarán recursos para avanzar tanto en la sustitución del cultivos ilícitos como en su erradicación, la meta son 100 mil hectáreas, 50 mil serán sustituidas y 50 mil erradicadas. 

Tras la presentación de Cárdenas varios senadores del partido Centro Democrático pidieron la palabra para rebatir lo expuesto por el responsable de la cartera de Hacienda. El senador Fernando Araujo afirmó que el 52% de esa plata que pide el Gobierno es para gastos de funcionamiento lo que, según él, se traduce en una desproporción del gasto público, “que no nos crean pendejos, esa adición no es para ningún sector social”. Agregó, con respecto al rubro para el posconflicto, que 1 de cada 4 pesos de los $1,8 billones, “será para complacer a las Farc y para pagarle a los miembros de ese grupo un millón ochocientos mil pesos mensuales”.

Por su parte el senador, miembro de la Comisión Cuarta, Alfredo Ramos Maya, cuestionó al Ministro sobre $15 billones que, según dijo, están desaparecidos y que corresponden a las últimas dos vigencias fiscales, al igual que $3 billones de la Dian por concepto de recaudo.

Seguidamente la senadora María del Rosario Guerra fue enfática en decir que de esta adición más de $400 mil millones serán para gastos de personal, “sigue aumentando la nómina y el derroche”. Continuó señalando que estos recursos serán usados para hacer proselitismo político, teniendo en cuenta que se acerca un año electoral, “plata que con dolor pagan los colombianos que no se verán para nada beneficiados”.

Otros senadores de dicha colectividad, como la senadora Nohora Tovar e Iván Duque, también criticaron el proyecto.

Por el partido Conservador, el senador Juan Manuel Corzo señaló que el Estado debe revisar el crecimiento burocrático. "Colombia ha crecido económicamente pero igualmente tienen obligaciones que debe atender por lo que se hace necesario ampliar el presupuesto", dijo.

A su turno la senadora Liberal, Arleth Casado de López, pidió al Ministro no olvidarse de las universidades públicas, de las víctimas que reclaman mayores recursos que permitan dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 y todo lo relacionado con la titulación de tierras.
  
Finalmente el ministro Cárdenas anunció que este proyecto representa la cuota inicial de un recorrido de 15 años de cumplimiento del Acuerdo de Paz y que esta inversión “le permitirá a Colombia encumbrarse en el desarrollo”.  

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MinSalud y SuperIndustria, a control político en Comisión Tercera

Comisión Tercera de Senado

Ambos debates fueron citados por senadores del partido Centro Democrático.

Bogotá D.C., abril 17 de 2017 (Prensa Senado).- Dos debates de control político tendrán lugar esta semana en la Comisión Tercera de Senado. Uno relacionado con el estado actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, propuesto por el senador Iván Duque (P. Centro Democrático), y otros sobre las acciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio encaminadas a la protección del consumidor, de acuerdo con la proposición presentada por la senadora María del Rosario Guerra (P. Centro Democrático).

El primero está programado para mañana martes 18 de abril a partir de la 10:00 a.m., al cual están citados el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; y el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, a quienes el senador citante formuló un cuestionario de 24 preguntas a través de las cuales busca explicación sobre la dinámica administrativa y financiera de dicho ente, al igual que conocer el plan estratégico para fortalecerla.

El segundo debate será el miércoles 19 de abril a las 10:00 a.m., a este fue convocado el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Romero, a quien la senadora Guerra envío previamente un cuestionario de 14 preguntas relacionadas sobre el uso de recursos de la entidad y el apoyo que brindan a los consumidores en los procesos de indemnización, entre otros. 

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