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Código de infancia y tauromaquia marcarán la pauta en la Comisión Primera

 

12 Proyectos de Ley se encuentran en el orden del día para la sesión del próximo martes 23 de mayo citada a las 10:00 am, entre ellos, la modificación al Código de Infancia y Adolescencia y las medidas de protección al sufrimiento animal.

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). – El proyecto de ley No. 225 de 2017 por medio del cual se modifican algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia, pretende superar vacíos jurídicos que se presentan en el documento. Esto, con el fin de agilizar procesos relacionados con la defensa de los derechos de los menores, por ejemplo la adopción. Para mayor información sobre este proyecto de ley consulte: “Buscan subsanar vacíos jurídicos del Código de Infancia” https://goo.gl/Y2FS27.

Otro proyecto que seguramente tendrá gran repercusión en la agenda noticiosa es el que busca medidas de protección especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos. 

Aunque el proyecto está enumerado en el puesto 6, es probable que se le dé prelación en la comisión luego que se conociera el anuncio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que reveló que el próximo 13 de agosto será el día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para expresar si están de acuerdo o no con que continúen las corridas de toros en la ciudad, a través de la consulta antitaurina.

Respecto a este tema se refirió el senador Armando Benedetti, quien aseguró que “la sentencia 666 de 2010 habla de que los animales tienen el derecho a su bienestar, esto está por encima de la cultura o de un tema artístico como han querido llamar a la tauromaquia, así que apoyaremos la consulta antitoros”.

 

Otros proyectos 

 

También está agendado el proyecto de ley No. 65 de 2016 por el cual se regula la designación de un Fiscal General de la Nación Interino. Esta iniciativa tiene como ponente al senador Armando Benedetti y busca regular la situación de interinidad que se presenta en la Fiscalía General de la Nación cuando hay vacancia definitiva del Fiscal General mediante la creación de un Fiscal General de la Nación Interino que deberá ser designado por el Presidente de la República y nombrado por la Corte Suprema de Justicia en el momento que se presente la vacancia. Esto sin perjuicio del mecanismo constitucional para elegir al Fiscal General de la Nación.

Los demás que siguen en cola son el que busca fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación, restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior y otro que busca fortalecer el control y la rendición de cuentas en la Fiscalía General de la Nación. La modificación a la ley 403 del 97 sobre un descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior como beneficio a los sufragantes.

En último lugar, pero no menos importante, se encuentra el tema de la castración química obligatoria para violadores y abusadores de menores que tendrá como ponente al senador Alexánder López Maya, aunque por el acumulado de proyectos a debatir, es probable que esta iniciativa sea tratada en otra sesión.

 

 

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Masiva migración de venezolanos pone a prueba a la sociedad colombiana


En las década de 1970 y 1980 miles de colombianos migraron a Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida y la encontraron. Hoy, la mayoría de esos compatriotas regresan al país huyéndole a la crisis social y económica la república bolivariana, al tiempo que cientos de sus ciudadanos, también buscan en las urbes colombianas una vida digna. ¿Debe el Estado Colombiano cerrar las fronteras? ¿Debe el Estado Colombiano recibirlos con los brazos abiertos?

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). Cifras citadas por el senador Antonio José Correa, revelan que cerca de 1.500.000 personas migran anualmente de Venezuela a Colombia, a través de los 2.500 kilómetros de frontera entre los dos países. Como consecuencia, ciudades fronterizas como Riohacha, Maicao, Valledupar, Cúcuta y Arauca viven una emergencia en materia económica y social.

En un debate de control político sobre las problemáticas asociadas a la migración de venezolanos hacia Colombia, fueron establecidas tres olas de desplazamiento geográfico, así: En un primer momento, llegaron los empresarios y personas adineradas; en una segunda instancia, arribó talento humano capacitado como ingenieros, médicos, odontólogos y contadores, y posteriormente, el país empezó a recibir personas que buscan satisfacer sus necesidades básicas.

El senador Correa, convocante al mencionado debate, dijo que alrededor 55.000 personas circulan la frontera diariamente, mientras las autoridades migratorias recibieron 15.523 solicitudes de cédula de extranjería el año pasado. A ello se suma la cifra, según la cual, 4.500 venezolanas ejercen la prostitución en territorio colombiano.

Solamente en las ciudades fronterizas el Gobierno ha destinado unos tres mil millones de pesos en la atención en salud de venezolanos, cifra que podría elevarse a seis mil millones de pesos al finalizar 2017. Según la Senadora Nadie Blel Scaff, en el Hospital Universitario de Cartagena son atendidos 80 venezolanos, mensualmente.

Por su parte, el senador Jorge Iván Ospina exigió una postura conciliadora y humanitaria: “Por aguda que sea la crisis, no puede haber un asomo de chovinismo, de señalamiento, ni embriagarnos de una posición que altere la posibilidad de albergar a un pueblo hermano”, comentó el legislador del Partido Alianza Verde.

En el recinto de la Comisión Séptima del Senado, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina, y el presidente del Concejo de Cúcuta, Nelson Ovalles, expusieron la complejidad de la problemática. El primero pidió una intervención integral con recursos económicos para educación, empleo y seguridad. Por su parte, el cabildante aseguró que la capital de Norte de Santander requiere de la creación de unos 20.000 nuevos empleos.

Ante el reto de las diferentes olas migratorias de venezolanos hacia Colombia, los funcionarios del gobierno colombiano explicaron la necesidad de exigir la tarjeta de movilidad fronteriza, con el fin de llevar un registro confiable, pues a las autoridades les fue imposible exigir el pasaporte, toda vez que ese documento no está siendo expedido en Venezuela. “Ya tenemos más de 200.000 personas registradas”, detalló Cristian Kruguer, director de Migración  Colombia.

El debate de control político concluyó en la creación de una subcomisión de seguimiento al tema, integrada por los senadores Antonio José Correa, Nadia Blel Scaff, Edinson Delgado y Honorio Enríquez. Ellos tendrán la misión de encontrar salidas a las problemáticas sociales y económicas a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana.

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Con la muerte de Leonardo Santamaría, la Armada pierde uno de sus mejores hombres

Afirma el senador José David Name Cardozo.

Barranquilla, mayo 19 de 2017 (Prensa s. José David Name).- Con la muerte del almirante Leonardo Santamaría, actual Comandante de la Armada Nacional, esta institución pierde a uno de sus mejores hombres y Barranquilla se queda con un representante menos en la defensa de la soberanía nacional, dijo este viernes el Senador y Vicepresidente de la Comisión II del Senado, José David Name Cardozo.

 

“El fallecimiento es hecho lamentable porque el Comandante Santamaría venía desarrollando una encomiable labor al frente de la Armada Nacional y participaba de manera estratégica en lo relacionado con los asuntos de la paz y el posconflicto, para asegurar la tranquilidad de los colombianos”, indicó el expresidente del Senado.  Manifestó que transmite sus sentimientos de pesar y consideración a su señora esposa, hijos y demás familiares del alto oficial, así como a todo el personal de la institución y amigos.

 

“Debemos honrar la memoria del Comandante Santamaría y en ese sentido lo primordial es mantener y si es del caso elevar los resultados positivos que se venían dando en la Armada Nacional con su gestión y compromiso”, indicó el Senador Name Cardozo.

 

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Con ‘Plan Pistola’ grupos al margen de la ley arrecian contra miembros de la Fuerza Pública

En solo dos semanas de ataques, 10 policías han sido asesinados en diferentes regiones del país y 29 han resultado heridos, como producto de la incursión criminal de organizaciones armadas. El Ejército Nacional también cuenta sus víctimas.

 

Bogotá D.C., mayo 18 de 2017 (Prensa Senado).-Ataques con explosivos y  granadas a estaciones de Policía,asaltos con fusil y pistola, incursión de francotiradores, arremetida en contra de unidades y patrullas militares, entre otros, son acciones de grupos al margen de la ley, que a la fecha dejan 10 policías muertos, 29 heridos, 2 soldados fallecidos y 4 heridos.

 

Según la Policía Nacional las acciones son atribuidas al denominado Clan del Golfo, organización criminal que controla las redes del narcotráfico en el país, a mando de Dairo Úsuga, alias 'Otoniel'. Sin embargo, el accionar del ELN y de la disidencia de las FARC pone en jaque la seguridad en diferentes regiones de Colombia.

 

Para la senadora Thania Vega es muy grave la situación que viven militares y policías en zonas rurales. “Son 35 ataques en contra de funcionarios de la Fuerza Pública. Nos preocupa la actitud del Gobierno frente a esta situación. Asimismo envío un mensaje de solidaridad a las familias que han perdido a sus hijos”, manifestó la congresista del Centro Democrático. 

 

La muerte de alias Pablito, el llamado depredador de Urabá, mano derecha de 'Otoniel', la incautación de 97 toneladas de coca y el arresto de cerca de mil sicarios, podrían haber originado la arremetida del Clan del Golfo, quienes, a través de panfletos atemorizan regiones como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Sucre, Meta y Guaviare.

 

En este sentido el Ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas expresó que hace 5 años este grupo tenía 4.200 hombres en armas, hoy la cifra llega a los 1.570, considerándola una organización desmantelada. 

 

No obstante el senador José David Name advirtió "que si se ha tenido éxito en el desmonte del conflicto armado en Colombia, el Estado tiene que demostrar que no puede dejarse arrinconar por las Bacrim, ni por ningún 'Plan Pistola' contra la Fuerza Pública", expresó.

 

De la misma manera el legislador del partido de la U pidió redoblar la tarea de inteligencia y la cooperación entre todos los organismos del Estado.“Desde el Ministerio de Defensa se debe coordinar con gobernaciones y alcaldías, Fuerza Pública, juntas comunales urbanas y rurales y frentes de seguridad, una estrategia que permita dar con los cabecillas de las Bacrim y derrotar a quienes quieren seguir sembrando violencia en el territorio nacional”, enfatizó Name.

 

Asimismo se refirió el senador Rigoberto Barón quien lamentó lo ocurrido con los policías y militares fallecidos. “El Gobierno Santos ha bajado la guardia, debe tomar la decisión de perseguirlos y evitar que estos héroes sigan cayendo. Estamos seguros que entre el Clan Úsuga, la disidencia de las FARC y el ELN, están detrás de estos hechos, pues son los dueños del negocio de la cocaína”, afirmó.

 

Por su parte el Subdirector de la Policía Nacional, Mayor General Ricardo Restrepo Londoño indicó que existen pruebas de amenazas en contra de funcionarios públicos y políticos en Medellín y Bogotá.

 

Finalmente el senador Marco Avirama pidió al Gobierno fortalecer la seguridad y hacer valer la institucionalidad. "Así como hemos repudiado los asesinatos contra líderes de Derechos Humanos y movimientos sociales, también exigimos que se implementen todas las medidas de seguridad, para prevenir cualquier tipo de ataques contra funcionarios y Fuerza Pública. 

 

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Senadora Maritza Martínez radicó proyecto para crear un registro de Deudores Alimentarios Morosos

Bogotá, mayo 18  de 2017 (Prensa s. Maritza Martínez).- Uno de los argumentos presentados por la senadora del Partido de la U, Maritza Martínez, para radicar esta iniciativa fue el anuncio hecho por el Consejo de Política Criminal de impulsar la despenalización alimentaria.

 

“No queremos desproteger a los niños que sufren del abandono de sus padres”, precisó la congresista y explicó que a través de su proyecto de ley se plantea la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos- REDAM- que permitirá imponer duras sanciones económicas por parte de las centrales de riesgo a quienes estén obligados,  bajo sentencia, y  hayan incumplido con el pago de tres cuotas , sean consecutivas o no.       

 

En la iniciativa señala que la familia afectada podrá solicitar el reporte en el REDAM ante el juez que lleva el proceso o ante una comisaría de familia, una vez se constate el incumplimiento por parte del sentenciado en el pago de tres cuotas de alimentos.

 

Uno de los objetivos del proyecto de la senadora Maritza Martínez es que el deudor alimentario moroso no pueda contratar con el Estado, ni actuar como representante legal de una persona jurídica que desee contratar con el mismo; tampoco podrá aspirar a cargos de elección popular, ni públicos, entre otras restricciones.

 

Finalmente, el proyecto estipula que será el Ministerio de Justicia el encargado de implementar, administrar y mantener actualizado el REDAM y podrá construir una base de datos para enviarla a la centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, como Datacrédito y CIFIN.

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