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Mujeres víctimas de violencia extrema tendrían prioridad para acceder a vivienda

Esta iniciativa busca priorizar a aquellas mujeres víctimas de violencia extrema para que puedan acceder fácilmente a los programas de vivienda del país.

 

Bogotá. D.C. Octubre 16 de 2018 (Senado Prensa).- Las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia extrema bien sea intrafamiliar, sexual, psicológica, entre otras, tendrían prioridad de acceder a los subsidios de vivienda que ofrece el Gobierno Nacional.

 

Así se discutió en la Comisión Séptima del Senado en donde se aprobó en primer debate el proyecto de ley No 86 de 2018, por medio del cual se modifica la Ley 1537 de 2012, que regula todo el tema de vivienda en el país.

 

La senadora Nadia Georgette Blel (Partido Conservador) expresó que esta iniciativa lo que busca es superar el déficit de la población que es víctima de una violencia de género extrema, con relación al acceso prioritario a los programas de vivienda que ofrece el Estado.

 

Asimismo señaló que lo que se propone con esta iniciativa es que se incluya un criterio de priorización adicional a las mujeres que son y han sido víctimas de violencia de género extrema, que requieran o hayan requerido medida de atención. También enfatizó que esta iniciativa no es para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, es decir que la que siga viviendo con su agresor no podrá acceder a este beneficio.

 

Por su parte, la senadora Aydeé Lizarazo Cubillos (Partido MIRA) dijo que este proyecto es muy importante ya que busca beneficiar a aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, esto haciendo caso a la sentencia de la Corte Constitucional, la cual busca la protección de las personas violentadas. Así mismo, la congresista dijo que en este tema, como lo es la violencia, se debe ser incluyente, pues tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia.

 

Entre tanto, el senador Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) pidió a las senadoras Blel y Lizarazo dar luces si esta ley es exclusivamente como un beneficio para la mujer víctima de la violencia extrema o si en un futuro se deja para los dos, es decir, para hombre y mujer.

 

Seguidamente, el senador Gabriel Velasco (Centro Democrático) dijo que la iniciativa de esta norma busca la priorización de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Igualmente señaló que esto no significa que los hombres que hayan sufrido o sufran de violencia extrema no tengan beneficios, pero que por el momento es algo que solo beneficia a las mujeres.

 

Este proyecto de ley seguirá siendo discutido en la Comisión Séptima del Senado, en la próxima sesión convocada para el martes 23 de octubre.

 

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La esperanza es la educación

“Vemos muy justas las reclamaciones de los docentes y el estudiantado y de toda la sociedad colombiana en mejorar las condiciones de financiamiento a la educación superior pública”: senador  Guillermo García Realpe. 

 

Bogotá D.C., octubre 26 de 2018.- Esta semana las calles de varias ciudades colombianas se convirtieron en verdaderos ríos humanos, eran miles y miles de jóvenes universitarios que salieron a protestar de manera pacífica por lo que llamaron un recorte exagerado en el presupuesto que financia la educación superior pública del país.

 

Sobre la defensa de la educación superior hay estudios de la Asociación Colombiana de Universidades Públicas y Privadas –ASCUN-,  del Sistema Universitario Estatal -SUE-, muy serios, investigaciones, donde prácticamente se identifican con cifras que cada año el aporte estatal se disminuye para la educación superior, especialmente, la educación para los pobres, que en el Pacífico solamente tiene acceso el 7% de cada mil estudiantes que egresan del bachillerato o educación media.

 

La Ley 30 del 92 por la cual se organiza la educación superior prácticamente  indexo al IPC el aporte nacional. La población universitaria en 1993, año siguiente a la Ley 30 era de 159 mil estudiantes en las aulas de las universidades públicas, hoy esa misma población alcanza los 611 mil estudiantes, quiere decir que ese IPC es absolutamente insuficiente.

 

Ahora bien, los aportes del gobierno nacional en 1993 a la universidad pública representaba en ese entonces 3,6%, hoy a cifras del 2015, podemos registrar que hoy se aporta sólo el 2% del gasto público nacional.

 

Las universidades públicas, sólo reciben el 10% del presupuesto total para el sector educación, reclaman al gobierno medidas urgentes y de fondo para subsanar un déficit de medio billón para funcionamiento y un desfinanciamiento estimado de $15 billones, producto de la disminución en el porcentaje de aportes del Estado, que en 1993 representaban 73% del presupuesto y a 2016 solo llegaron a 48%.

 

Las universidades se han multiplicado en facultades, las facultades se han diversificado en programas de manera significativa casi que en todas las 32 universidades públicas del país, por otro lado, el gobierno nacional, en buena hora califica la educación pública superior como de calidad, pero no apropia los recursos suficientes para garantizar ese sello.

 

Los programas de Registro Calificado para la universidad pública, los programas de Acreditación de Alta Calidad que demandan laboratorios, bibliotecas, profesores de educación avanzada con doctorados, hospitales y clínicas para educación en salud, pues esos recursos no están apropiados por el gobierno nacional que exige alta calidad, pero no mejora el presupuesto educativo para la educación superior.

 

Ante esta realidad nacional, vemos muy justas las reclamaciones de los docentes y el estudiantado y de toda la sociedad colombiana en mejorar las condiciones de financiamiento a la educación superior pública.

 

El impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- que fue saludado por nosotros, le aportaba supuestamente 433 mil millones de pesos a la educación superior pública, terminó aportándole cien mil millones y así el IVA social de hace un par de años terminó prácticamente en un desfinanciamiento de lo que se esperaba, por lo tanto encontramos toda la razón en esa reclamación de los universitarios en nuestro país.

 

Nuestras universidades públicas deben ser sólidas y sostenibles, fuentes del conocimiento que ilustren a los nuevos profesionales como ciudadanos de bien, útiles a la sociedad, que le aporten a un país que ve en ellos su futuro.

 

Un país donde no se garantice una educación de calidad, está condenado a vivir en el atraso, a perpetuarse en el subdesarrollo y a seguir navegando entre la ignorancia y una pobre mentalidad que lo sumerge en el día a día, sin aportar nada a la dinámica nacional, se necesita entonces una educación que transforme a la sociedad.

 

En el saber está el progreso de las naciones, la educación es la base que transforma a las sociedades, no podemos minimizar sus recursos, cuando cada vez más se necesitan de estos para su funcionamiento, para inversión, para ciencia y tecnología y para tantas otras necesidades que hoy requieren de manera urgente nuestras 32 universidades públicas.

 

Siempre apoyaremos la justa causa de nuestros jóvenes universitarios, que es la causa de todos, porque #LaEsperanzaEsLaEducación

 

 

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Barguil radica proyecto de ley que fomenta la creación de empresas TI e industrias creativas en Colombia

Octubre 16 de 2018 – El senador David Barguil y el representante Jaime Felipe Lozada del Partido Conservador radicaron un proyecto de ley que establece incentivos tributarios a las micro y pequeñas empresas que se creen para desarrollar tecnologías de la información e innovación, así como a las que se dediquen a las industrias creativas (economía naranja). Estas empresas que inicien su actividad económica en la próxima década serán exentas del pago de renta por 20 años y no serán objeto de retención en la fuente.

 

El proyecto consta de dos vertientes que son:

 

1.    Micro y pequeñas empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información:

    Comercialización y licenciamiento de TICs, o prestación de servicios de bigdata, hosting y cloud computing con base en el software o hardware desarrollado en Colombia.

2.    Micro y pequeñas empresas dedicadas a las industrias creativas:

    Contenidos de carácter cultural e intangible que generen protección de los derechos de autor elaborados en Colombia.

 

“Nuestra iniciativa prepara a los colombianos para la cuarta revolución industrial y desarrolla los objetivos de la economía naranja que lideró el presidente Iván Duque desde el Congreso y de cuyo proyecto fui ponente. Por un lado, los incentivos son para aquellos emprendedores con ideas novedosas como aplicaciones, softwares o servicios de bigdata. Por el otro, las exenciones también aplican para los micro y pequeños empresarios que desarrollen industrias creativas sobre la cultura colombiana”, indicó el senador.

 

Esta iniciativa no solo beneficia a los jóvenes innovadores y creativos, sino que contribuye a generar empleo y preparar al país para la nueva era.

 

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La confesión española y el desembarco santafereño en Triple A

"Vale la pena señalar que las instituciones no delinquen, como es el caso de INASSA, pero si los hombres que la representan": senador José David Name

Barranquilla, octubre 16 de 2018.- "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”: esta frase atribuida al emperador romano Julio César ante el comportamiento sospechoso de su esposa, Pompeya, cae como anillo al dedo para analizar los reclamos del Director general del grupo español INASSA, Antonio Ruiz Sánchez, quien ha amenazado con llevar al Estado colombiano a un tribunal de arbitramento internacional, luego de la decisión del Fiscal General, Nestor Humberto Martínez, de ordenar la medida cautelar de embargo y secuestro de las acciones de INASSA en la empresa TRIPLE A, para garantizar que se haga justicia y se restablezcan los derechos del Estado colombiano, perdidos en medio de una ola de corrupción volcada por agentes de la empresa española.

 

Vale la pena señalar que las instituciones no delinquen, como es el caso de INASSA, pero si los hombres que la representan, tal como ha quedado plenamente demostrado en este proceso en el que Directivos de la compañía española, movidos por las evidencias fehacientes, le ofrecieron al Procurador General, Fernando Carrillo, durante su visita de finales de septiembre pasado a España, la devolución de por lo menos 80 millones de dólares para reparar la defraudación causada.

 

Con esta actitud de los directivos de INASSA se cumple otra vieja sentencia, muy común en los corrillos judiciales entre los abogados, cuando alguien decide confesar su culpa: “Confesión de parte, relevo de pruebas”. Y es que no cabe otra interpretación frente al hecho de reconocer el daño causado y ofrecer una indemnización que equivale apenas a un porcentaje del contrato suscrito entre INASSA y TRIPLE A en el año 2000 por valor de $237.836 millones de pesos, pero incumplido a lo largo del tiempo por INASSA, más recursos adicionales perdidos en un saqueo que hasta los españoles han sentido en carne propia y por lo cual han encarcelado a varios directivos de esa compañía por el denominado “Caso Lezo”.

 

Es obvio que los súbditos españoles que representan a INASSA no quieran perder parte de la fortuna acumulada en la TRIPLE A (considerada por ellos “La Joya De La Corona”), por una serie de maniobras ilícitas cometidas por sus representantes en Latinoamérica y particularmente en Barranquilla, ante los cuales cuales (valga la pena también decirlo) no existió el control ni la pulcritud con la que ahora pretenden atacar una decisión judicial legítima, como es la de buscar la recuperación de unos dineros que son públicos por provenir de un servicio que pagamos los barranquilleros.

 

Ahora bien. Reconocer la culpa del desfalco y ofrecer reparación económica por ello es tanto como reconocerse culpable de un delito; hecho que está en proceso de investigación para cuantificar la magnitud del daño, de tal manera que la dosis de respuesta de la Fiscalía se ajusta al monto calculado hasta ahora, que es mucho mayor que los 80 millones de dólares ofrecidos y en cuyo fondo hay muchos culpables que están por descubrirse y que no pueden ser encubiertos o alcahueteados con el ofrecimiento cómplice de un pago para que cese el proceso y se haga silencio.

 

Pero el infortunio de la TRIPLE A, ocurrido con el delictivo saqueo español cuyas dimensiones están por descubrirse, parece no tener fin, porque ahora resulta bien extraña y dudosa la decisión de conformar su Junta Directiva con personas que, aunque son colombianos, no tienen en sus hojas de vida la experiencia y disciplina profesional que exige el difícil momento que vive la empresa barranquillera.

 

La lista de las hojas de vida, publicadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incluye a 4 bogotanos y dos barranquilleros; de ellos 5 abogados y un administrador de empresas experto en finanzas; todos con poca o ninguna experiencia en una empresa de gran complejidad técnica como es la TRIPLE A, sobreviviente además de un doloroso maltrato en sus finanzas que al parecer empieza a causar efectos en el área de los servicios, razón por la cual se requiere de directivos con conocimiento del tema, para evitar el estado de crisis que podría avecinarse.

 

La decisión de la SAE que se constituye en un desembarco santafereño que a mi modo de ver no dimensiona las características del problema en la TRIPLE A, desdeña también el conocimiento y la capacidad de personas o entidades locales que bien podrían prestar un servicio idóneo en este momento.

 

Si bien es cierto, el paquete de hojas de vida divulgado hasta ahora está constituido por aspirantes que han sido postulados por la SAE, por otras entidades o por los candidatos interesados, creo que bien podría pensarse y tener en cuenta para su inclusión a  representantes de universidades con facultades ingeniería y economía de la ciudad, cuyos Rectores, como es el caso del Rector de la Uninorte, Adolfo Meisel Roca, quien recientemente se retiró de la Junta del Banco de la República, o Decanos de reputación en el medio profesional, como también directivos de entidades del sector sanitario y de aguas, como es el caso de la Asociación Nacional de Ingenieros Sanitarios y del Medio Ambiente (ACODAL), entre quienes podríamos citar al Ingeniero Víctor Tellez Abuabara, expresidente de esa organización y quien goza de buena reputación en el medio.

 

Lo mismo digo de la decisión que puedan tomar los miembros de Junta Directiva que resulten elegidos por la Asamblea General de Socios, citada para el próximo martes 16 de octubre, en lo que tiene que ver con el nombramiento de Gerente de la empresa Triple A.

 

En este caso espero, y creo que los diferentes estamentos de la ciudad piensan lo mismo, que no se haga otra importación bogotana para completar el desembarco santafereño que se ve venir y cuyas actuaciones nos generan dudas. Suficiente hemos tenido con el saqueo que los delincuentes españoles reconocen, pero que quieren ocultar proponiendo una “indemnización” de 80 millones de dólares, al tiempo que amenazan al Estado colombiano con un tribunal de arbitramento internacional. 

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¿Educación pública o privada?

 

Bogotá, octubre 12 de 2018. Todo lo que es y ha sido la humanidad es el resultado de la conjunción de dos factores: los bienes que nos brinda la naturaleza y el conocimiento con el que la transformamos y nos relacionamos entre nosotros. Y esto es cierto en las ciencias naturales y en el de las ciencias sociales y las artes. ¿Qué son un teléfono móvil y la más bella melodía? La manera como se expresan los conocimientos acumulados desde los tiempos más remotos.

 

De ahí que uno de los momentos decisivos del progreso social –ocurrido con el advenimiento del capitalismo, para más señas– ocurrió cuando los líderes de la sociedad empezaron a hacer conciencia de que la bárbara ignorancia de esos días no podía continuar, ni entre las élites ni en los sectores populares. Apareció así el objetivo de la educación universal, es decir, para todos, a la que debieron encontrarle cómo alcanzarla, si a través de los negocios privados, de insuperable incapacidad para estos efectos, o si, dada su importancia estratégica, la responsabilidad la asumiría el Estado, la única fuerza capaz de lograrla.

 

Nació así la consigna de la educación universal, de alta calidad y gratuita, para que ante la escasa capacidad de compra pudiera ser para todos, y pública, porque solo el Estado puede pagar el alto costo de la gratuidad, la base de esta revolución. Y pública debe incluir que no habrá pensamiento oficial sino libertad de cátedra, porque un ambiente democrático es el mejor para crear y transmitir ciencia y conocimientos. Vale resaltar que los burgueses más entendidos promovieron estos cambios porque entendieron que les convendrían a sus negocios, como en efecto ha ocurrido.

 

La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad. Porque los pobres no alcanzan a pagar ninguna, ni la más barata y peor, y por norma las clases medias solo pueden costeársela pero cara y mala, de garaje, drama que además pagan sufriendo durante años, porque los estudiantes y sus familias reducen el consumo durante las carreras o después, pagándole una deuda de usura al Icetex. Y también se la cobran cuando lo que llaman el mercado no los emplea, por la menor reputación de la universidad que les otorgó los títulos y a la que estos jóvenes llegaron obligados, porque el Estado les negó el derecho a una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, como la de Finlandia, para mencionar un caso.

 

Las grandes movilizaciones universitarias de esta semana fueron en contra de quienes, como Duque, se han opuesto y oponen a que la línea educativa del Estado colombiano sea la planteada aquí, sin la cual Colombia no será nunca un país de primera categoría. ¿Cómo probar que la privatización es su política? Aunque parezca mentira, ¡luego de 26 años y seis presidentes!, sigue vigente la Ley 30 de 1992, que congeló en términos reales las transferencias del Estado a sus universidades, con lo que la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas, la transferencia del gobierno por alumno cayó de 3.153 dólares a 1.696 entre 1993 y 2017 y, según los rectores, el déficit de las 32 universidades estatales llega a 18,2 billones de pesos, cifra que no es mayor porque se ha sacrificado la calidad, en tanto la participación del Icetex en los recursos públicos del sector pasó del dos al 20 por ciento.

 

Si quienes gobiernan fueran francos, dirían que para qué educación y ciencia como las de los países que le llevan a Colombia grandes ventajas en todos los órdenes. Para qué si los TLC y la globalización neoliberal imponen que el progreso nacional no vaya más allá del muy mediocre que permitan las exportaciones de materias primas agrícolas y sobre todo mineras.

 

Coletilla: Violando la ley, los partidarios de Duque en el Congreso sostienen que el ministro Carrasquilla no tiene que responder políticamente por su pasado ni por su vida privada en una Moción de Censura por corrupción (https://bit.ly/2CcEpPJ). ¿Se imaginan la dureza de la crítica que recibiría un congresista que alegara lo mismo ante una acusación grave? Y con toda razón. Pero como en Colombia manejar chequera oficial da patente de corso, pueden asumir decisiones autoritarias, al costo de que, con su actitud y ejemplo, degradan más al país.

 

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