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Cómo enfrentar la corrupción

“Si entendemos que lo público es sagrado, Colombia será más justa y con mayores oportunidades para todos”: senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C:, febrero 13 de 2017.- ¿Es la corrupción un fenómeno que esta fuera de nuestro control? Desde hace varios años somos testigos de un desfile de empresarios, alcaldes, congresistas, y gobernadores que abusan del poder público en busca de una ganancia personal. La indignación crece y busca una interpretación. Casos como Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación, Interbolsa, Saludcoop, Reficar y ahora Odebrech son algunos síntomas de una enfermedad capaz de infectar todos los sectores de la sociedad. Así, se va generando una parálisis social en donde creemos que no hay nada por hacer para cambiar, porque todo parece fuera de nuestro control.

Esta sensación ha sido llamada por escuelas de psicología como indefensión aprendida, una condición en la que según la literatura disponible, los seres humanos aprendemos a creer que nos encontramos en un constante estado de vulnerabilidad, en el que perdemos cualquier control de la situación y en donde cualquier cosa que hagamos, es inútil. Esta percepción se convierte en el mejor caldo de cultivo para la corrupción pues genera pasividad y apatía política generalizada.

Somos una sociedad de ciudadanos que busca una democracia menos imperfecta, con más libertad, una comunidad de hombres y mujeres que sea capaz de elegir y de buscar las mejores condiciones para su desarrollo. Por eso, es necesaria una transformación cultural que cambie las rutinas de pensamiento y los hábitos cotidianos que están reforzando conductas de ilegalidad. Salir de ese supuesto estado de desamparo y activar la creencia de que nuestras acciones si pueden producir un cambio en nuestro entorno, que es posible relacionarnos bajo la observancia de la ley. Tener claro que cuando existen conflictos, son las instituciones los cauces adecuados para resolverlos. Es lo que Roy Godson llama cultura de la legalidad, donde los ciudadanos de manera decidida enfrentan sus problemas sin limitarse a la solución que el gobierno entregue.  Una cultura en la que los ciudadanos se informan sobre las leyes que los regulan y conocen las instituciones para modificarlas cuando sea necesario. En resumen, una sociedad que fomenta, promueve, premia, individual y colectivamente la cultura de la legalidad.

La tarea es colectiva, donde cada ciudadano por humilde que sea aporta en un proceso que no es milagroso ni se da de la noche a la mañana. Es cierto que se requiere de una acción oportuna de la justicia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. También de la decidida voluntad de líderes y partidos políticos en la promoción de transparencia y rendición de cuentas en sus movimientos.

Sin embargo la contribución a esta causa se construye desde un cambio en la manera de pensar, un cambio de conciencia individual que se refleja en la conciencia colectiva. Si entendemos que lo público es sagrado, Colombia será más justa y con mayores oportunidades para todos.

 

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¿Qué dice El Partido Liberal?

“Hoy reclamo de mi partido que haya un pronunciamiento institucional sobre este proyecto de referendo”: senador Juan Manuel Galán.

 

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2016.- Esta semana se aprobó en primer debate la iniciativa de la senadora Vivian Morales, que busca promover un referendo que permita la adopción de menores de edad sólo a parejas heterosexuales y prohíbe que las parejas del mismo sexo o las personas solteras, puedan convertirse en adoptantes.

 

Durante el debate, el argumento de fondo giró alrededor de la idea de que en una democracia, las mayorías son las que imponen su voluntad. En otras palabras, que el "estado de opinión" debe imperar sobre el Estado de Derecho, cuando las mayorías lo respaldan.

 

Nada más distante del espíritu de nuestra Constitución. La razón por la cual la Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado Social de Derecho y puso normas rígidas a la elaboración de referendos, fue porque a través de ellas, se impedía la utilización de mecanismos de participación ciudadana para recortar libertades individuales o para profundizar desigualdades sociales.

 

En otras palabras, la racionalidad detrás de un Estado Social de Derecho, a diferencia de la de un estado de opinión, no es el principio de las mayorías sino por el contrario, es la idea de que los derechos fundamentales son una limitación al principio de las mayorías y que el juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas para garantizar sus derechos.

 

Lo que sucedió en este debate legislativo, es un hecho frente al que no puede quedarse callado el Partido Liberal. Las banderas del liberalismo han sido siempre la tolerancia, la inclusión de la diferencia y el respeto a la disidencia, aquí torcemos esos principios fundadores para atacar los derechos de las minorías. Nada más anti-liberal.

 

Y es precisamente porque la defensa de las minorías ha sido causa liberal, desde la época Republicana de Colombia, que no podemos permanecer en silencio, ni pasar de agache.

 

Hoy reclamo de mi partido que haya un pronunciamiento institucional sobre este proyecto de referendo, porque está en juego el que pueda imperar sobre el estado de derecho, el llamado estado de opinión. Yo, voté negativamente el proyecto de referendo porque creo que mi papel en el Congreso es velar por el respeto y las garantías de las minorías.  Esas mismas razones, me llevarán a seguir movilizando ideas para que solteros no pierdan su derecho a adoptar, para que le hagamos justicia a la realidad de la familia extensa en Colombia y no discriminemos a la población LGBTI.

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El Presidente Santos y usuarios de energía burlados

Senador José David Name

"Tenemos que hacer una verdadera cruzada por el ahorro si queremos evitar cortes preventivos de energía y evitar así un racionamiento. Para los hogares se premiará el ahorro y se castigarán los desperdicios de energía, como sucede con el agua. Por cada peso que ahorre del consumo promedio un hogar recibirá otro peso como incentivo”.  

Con esas palabras el Presidente Santos les anunció a los colombianos que se ponía en marcha desde el 7 de marzo pasado la campaña “Apagar Paga”, con la cual el objetivo central era evitar el racionamiento de energía eléctrica.  

“Ahorrar energía ya no es una opción, es un deber de todos los colombianos”, dijo a continuación la entonces Ministra encargada de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, en una declaración que resumía las medidas adoptadas del Gobierno para promover el ahorro de energía, a raíz de los inconvenientes provocados por el fenómeno del Niño y las averías sufridas en importantes centrales de generación, que disminuyeron peligrosamente la oferta eléctrica en el país.  

Afortunadamente los hogares, las empresas privadas y las instituciones públicas nos comprometimos con gran sentido de colaboración y de sacrificio pensando en el bienestar del país, confiando de paso en el reconocimiento de los incentivos ofrecidos por el gobierno. 

 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, desde un comienzo parece que hubiera obrado de mala fe en el tema de los incentivos porque expidió varias resoluciones explicativas que por su confusión retrasaron tanto el entendimiento como la aplicación de lo que había prometido el Presidente Santos.  

Dada la respuesta ciudadana y empresarial, el Gobierno le puso punto final al programa para ahorrar energía eléctrica una vez entraron en operación dos unidades de la central hidroeléctrica de Guatapé, que se sumaban como hecho positivo a la casi desaparición del fenómeno de El Niño. 

 Las autoridades se habían dado un plazo de seis semanas para ahorrar 400 gigavatios/hora y el balance al 17 de abril fue de 1.179 gigavatios/hora, casi el triple debido al ahorro y el esfuerzo de los colombianos. Conocido el éxito de la campaña y la determinación del gobierno de levantar “Apagar Paga”, la Creg suspendió los beneficios económicos para las familias que venían ahorrando energía.  

Mediante resolución No. 051 del 23 de abril de 2016 la comisión reguladora resuelve la “terminación de la aplicación del esquema de tarifas diferenciales adoptado mediante la Resolución CREG 029 de 2016”. La norma derogatoria de los incentivos precisó que “los usuarios cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes del 23 de abril y registren ahorro respecto de la meta de ahorro individual se les aplicará el menor valor a pagar definido en el artículo 2 de la resolución 029 de 2016, mientras que a los consumidores cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes de la vigencia de la resolución y registren consumos en exceso al momento de realizar la lectura con respecto de la meta de ahorro de individual, no les aplicará el esquema de tarifas diferenciales.”  

Logramos cumplir la meta de un ahorro de energía del 5,88 % diario, para que olímpicamente ahora la Creg ignore el esfuerzo y de un plumazo borre la ilusión del incentivo así fueran mil, tres, cinco mil o diez mil pesos. Lo que hoy configura la Creg es un tecnicismo barato y le roba a los colombianos el sueño de un pequeño incentivo en la factura eléctrica, lo que al mismo tiempo es una especie de expropiación fraudulenta del dinero total que debía aplicarse en la fórmula del premio a los ahorradores de energía.  

La Creg, comete otro de sus tantos yerros en detrimento del interés y del bolsillo de los colombianos. Aquí han facilitado el descarado robo de la plata de los incentivos, así quieran mostrar que entre una u otra fecha se podrán reconocer. Esa es una falacia, porque la queja general es que la última factura a la mayoría de los usuarios les llegó más cara. Y quienes esperan que en mayo se les aplique el descuento, también quedarán frustrados porque no será realidad.  

Por cuenta de la Creg, una vez más hemos sido burlados el Presidente Juan Manuel Santos y los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país, que dimos nuestra cuota de sacrificio pensando en una pequeña bonificación económica a cambio de nada. Me dispongo a hacer el respectivo debate de control político en el Senado y estoy seguro que la sesión será memorable. Los doctores de la Creg tendrán que responder.

Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

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“La Nación debe liquidar la sociedad con Telefónica que no le ha traído ningún beneficio”, senadora María del Rosario Guerra

Senadora María del Rosario Guerra

La senadora Guerra sostuvo que no es un buen negocio entrar a capitalizar Colombia Telecomunicaciones.

Bogotá D.C., mayo 26 de 2017 (Prensa Senado).- Con las mayorías aseguradas en el Congreso, el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional mediante el cual se adicionan al Presupuesto General de Nación $9,3 billones, fue aprobado en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas (Senado y Cámara de Representantes), pero varias fueron las observaciones que sobre el mismo hicieron los partidos opositores, entre ellos el Centro Democrático.

Los senadores y precandidatos presidenciales , Iván Duque y María del Rosario Guerra, advirtieron que la capitalización de Colombia Telecomunicaciones, que se propone en el artículo 24 de dicho proyecto, es inconveniente y un mal negocio para el Estado.

Duque fue enfático en señalar que el Gobierno prefirió vender Isagen en vez de entrar a capitalizarla, empresa que, según dijo, generaba ingresos importantes a la Nación, a diferencia de Colombia Telecomunicaciones que no representa los activos que producía Isagen.

A su turno, la senadora Guerra aseguró que por segunda vez el Gobierno entrará a capitalizar Colombia Telecomunicaciones. La primera vez, dijo, fue en el 2012 cuando el ministro de Hacienda era Juan Carlos Echeverry, quien puso a disposición del Congreso una capitalización cercana a los $8 billones, la cual fe aprobada “y hoy vuelve y le traen a este Congreso una segunda capitalización por cerca de $4,4 billones, en la que la Nación tendrá una participación del 36% y el resto será de Telefónica”, lo cual indica que la Nación sería accionista minoritario. El aporte del Estado estaría por el orden de los $1,3 billones.

La senadora señaló que en la primera capitalización la participación de la Nación fue del 32,5% y Telefónica con el 64,5%, lo cual hacía responsable al Estado del 32,5% del pasivo pensional de Telecom que estaba en proceso de liquidación, pero diez años después, dijo Guerra, el pasivo pensional de Telecom  sigue en los mismos $8 billones, "pasado diez años estamos con el mismo monto del pasivo pensional”. Añadió que claramente los beneficios han sido para Telefónica y no para el Estado.

Para la Congresista “la Nación debe salir en el corto plazo de esta sociedad que a todas luces la asume, no solo con capitalización de $1,3 billones y Telefónica con $3,1 billones, sino que le quedará el pasivo pensional de $8 billones de los cuales le corresponden a la Nación $4 billones, que serán asumidos por el Ministerio de Hacienda a través del Fopep (Fondo de Pensiones Públicas)”. Guerra de la Espriella sostuvo que no es bueno para el país esta segunda capitalización y que si se aprueba debe llevar a que la Nación salga de esa sociedad que no le ha traído beneficios.

De acuerdo con el artículo 24 del proyecto de adición, la capitalización de Colombia Telecomunicaciones por parte del Estado sería con el ánimo de garantizar el derecho al pago oportuno de las mesadas pensionales de los ex trabajadores de Telecom y la Teleasociada liquidadas, capitalización que se haría en los mismos términos establecidos en el artículo 1°de la Ley 1509 de 2012.

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“Economía Naranja” pasó a sanción presidencial

Senador Iván Duque Márquez

El proyecto tiene en cuenta todos los componentes: educativo, económico, participativo, y de promoción y fomento.

Bogotá D.C., mayo 05 de 2017 (Prensa Senado).- A sanción presidencial pasó el proyecto de ley de autoría del senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, mediante el cual busca que en Colombia se desarrolle, fomente, incentive y proteja la industria creativa o mejor conocida como “Economía Naranja”. De este tipo de modelo económico hacen parte aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual.

Luego de ser aprobada por la Plenaria de Senado la conciliación del proyecto, tal como venía de ser aprobado en la Cámara de Representantes, por solicitud del senador autor y ponente, ahora esta iniciativa pasará a ser respaldada por el Presidente de la República.

De acuerdo con el proyecto de ley, las industrias creativas comprenderán de forma genérica, pero sin limitarse a, los sectores: editoriales, audiovisuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa.

En su artículo tercero compromete la vinculación y apoyo del Gobierno Nacional con este tipo de industrias, para que mediante las decisiones a que haya lugar, garantice su exaltación, promoción, incentivo, protección y reconocimiento. “Para  ello coordinará articuladamente sus esfuerzos con miras a visibilizar este sector de la economía, promoviendo su crecimiento e identificándolo como un sector generador de empleo, de calidad, motor de desarrollo, y que fomenta el tejido social y humano, así como la identidad y equidad”, se señala en el mismo artículo.

En el mismo sentido el Gobierno tendrá la responsabilidad de formular un “Política Integral de la Economía Creativa (Política Naranja)”, en aras del éxito, postulados y objetivos de la iniciativa, pronta a convertirse en ley de la República.

El senador Duque cimienta el éxito de la “Economía Creativa” en “Las 7i” como estrategia para la gestión pública, para darle efectividad a la aplicación de la ley. Estas “7i” son: información, instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión e inspiración.

Se garantizan además incentivos para que las industrias creativas y culturales se desarrollen y crezcan en el país, incentivos tales como: facilitación de procesos de importación y exportación de bienes y servicios vinculados a actividades creativas y culturales, facilitación migratoria y promoción de agremiaciones dentro del sector, entre otras.

La educación para la economía creativa partirá desde la etapa escolar bajo el amparo del Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Sena y el Ministerio de Cultura, entidades que promoverán en los establecimientos educativos la formación para el progreso cultural y creativo.

El proyecto consta de 15 artículos incluyendo el de vigencia y derogatorias.

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