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Nos preocupa la subasta del cargo por confiabilidad

 

Barranquilla, febrero 18 de 2019.- Esta semana que pasó, el país se llevó una ingrata sorpresa al conocer la intención de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de participar en la subasta de cargo por confiabilidad, que se realizará el próximo 28 de febrero. Situación que ha causado molestia y mal sabor en el sector eléctrico por ser absurdo que se le permita a la misma empresa que causo la crisis que motiva la convocatoria, participar en la misma.

 

Es que precisamente la subasta que fue convocada en 2018 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se realizó para suplir el déficit en el que nos dejó la no entrada en funcionamiento del proyecto de Hidroituango. Ésta fue una medida de contingencia que tomó el Gobierno Nacional, ante las grandes dudas generadas por las dificultades y catastróficas emergencias que ha causado la hidroeléctrica los últimos meses.

 

Que EPM haya salido a decir que: “Con base en las proyecciones de generación, Hidroituango tendría energía firme disponible para la subasta en cuestión” no es ninguna garantía, sobre todo teniendo en cuenta los hallazgos que los entes de control han anunciado sobre este proyecto; del que puntualmente ha afirmado la Procuraduría General de la Nación: “Ha suministrado información que presuntamente no se ajusta a la realidad”.

 

Aunque EPM continúa asegurando que este año entregará la primera fase de la obra, a la fecha, no ha podido otorgar la mínima claridad acerca de la estabilidad del proyecto, que en caso de no entrar en operación, le produciría al país un faltante energético por el compromiso que adquirió Hidroituango de entregar 2.482 gw anuales a partir del 2021.

 

La nueva dinámica que plantea la entrada de EPM a esta subasta ha hecho que empresas del sector, con toda la razón, hayan decidido abstenerse de participar en la convocatoria asegurando que resulta incoherente que EPM esté en una convocatoria que fue abierta para suplir una posible falta de suministro de energía generada por su incumplimiento.   

 

Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) manifestó esta semana su preocupación debido a que las posibilidades que tiene EPM de ganar la subasta son muy altas y en ese caso el sistema eléctrico nacional podría verse gravemente expuesto a situaciones adversas debido a los riesgos y la inestabilidad del proyecto de Hidroituango, del que aún se desconocen importantes informes, como el estado en el que se encuentra el cuarto de máquinas, lugar en donde están ubicadas las turbinas generadoras de energía.  

 

No podemos permitir que EPM siga sumando más compromisos incumplidos a su lista. El Gobierno Nacional debe impedir que se ponga en riesgo la estabilidad energética y ser coherente en esta subasta, para la que exigimos reglas claras. Aquí no se está ofertando cualquier cosa, nos estamos jugando el abastecimiento energético del país, un asunto que no debe ser tomado a la ligera ni servir para calmar los caprichos de una sola empresa. 

 

En la Costa ya estamos en aprietos por el incumplimiento de Hidroituango a Electricaribe, la cual confiaba en adquirir energía a precio competitivo y hoy se enfrenta a las dificultades propias de comprar energía en bolsa.  Es un despropósito que sin garantía alguna, EPM se presente a esta nueva subasta y que por su ambición siga afectando más a los colombianos. 

 

En mayor medida, los municipios ribereños del Caribe, han padecido el impacto de la mala planeación de la hidroeléctrica, teniendo que reubicar las fuentes de captación del recursos hídrico para los acueductos locales. Recordemos que el proyecto inició su tragedia cuando aceleraron las obras para no perder los incentivos por retrasos en su entrega. Hasta cuando le seguirán apostando los gobiernos de Colombia a la generación hidroeléctrica, cuál es el miedo a adoptar lo que en el resto del mundo ha sido un éxito. Terquedad o mafias?

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Senadora Maritza Martínez, autora del proyecto que busca se declare la moratoria del fracking en Colombia, coincide con las recomendaciones de la Comisión de Expertos

Bogotá D.C., febrero 15 de 2019 (Prensa s. Maritza Martínez).-Luego de conocer las recomendaciones de la Comisión de Expertos, designada para dar al país fundamentos que permitan tomar una decisión sobre la técnica de fracturamiento hidráulico, la senadora Maritza Martínez Aristizábal, autora y ponente del proyecto con el que busca se declare la moratoria del fracking, manifestó que coincide con lo concluido por los once miembros, respecto a que antes de iniciar actividades de exploración y explotación en yacimientos no convencionales se debe contar con una base de datos precisa sobre fuentes hídricas subterráneas, subsanar las falencias institucionales en cuanto a su capacidad de actuar como un sistema y gestionar la licencia social en los territorios donde potencialmente se puede usar esta técnica.

 

Pero ante la posibilidad de dar inicio a Proyectos Pilotos Integrales de Investigación (PPI), propuestos por la Comisión para adelantar actividades de exploración en determinadas zonas del Magdalena Medio utilizando la técnica con fines investigativos, Martínez Aristizábal consideró que esto puede ser algo apresurado e incluso discordante, pues se hace necesario cumplir con las condiciones arriba mencionadas, lo cual, a su juicio, demanda de un tiempo prudente para cumplirlas.

 

“Estamos de acuerdo con las medidas previstas por la Comisión de Expertos. Destacaron la falta de licencia social, la debilidad institucional y la carencia de información técnica y científica sobre aguas subterráneas. Pero fueron un poco contradictorios al plantear la necesidad de unas pruebas piloto para lo cual creemos que primero se debe contar con la información suficiente sobre los acuíferos y el riesgo sísmico y ambiental, además de fortalecer la institucionalidad e involucrar a la comunidad, sin afán. Estas son falencias profundas que requerirán mucho tiempo para poder superarlas”, dijo la Congresista.

 

Es de resaltar que la moratoria propuesta por la Senadora en su proyecto se ampara en el principio de precaución, y para ser levantada deberán tomarse una serie de medidas correspondientes con el caso particular de cada zona donde se pueda aplicar dicha técnica.

 

Según el proyecto, que fue presentado por la Congresista en agosto del año pasado y que está a la espera de su primer debate en la Comisión Quinta en marzo próximo, no se podrán suscribir contratos, expedir permisos, licencias ambientales o generar cualquier tipo de acto administrativo destinado al uso del fracking hasta tanto los ministerios de Minas y de Ambiente adelanten ciertos estudios que permitan levantar la moratoria.

 

Para ello se deberá: delimitar cada una de las zonas donde se pretende utilizar la técnica, tener un conocimiento detallado e inventariado de aguas subterráneas y acuíferos, definir las medidas que permitan la protección de estas fuentes hídricas, contar con un estudio sismológico y cartográfico para definir posibles amenazas y medidas de prevención y mitigación de riesgos, tener una evaluación ambiental estratégica, definir un plan de fortalecimiento de la capacidad institucional y de recursos para a vigilancia de esta actividad, contar con un estudio que permita conocer el impacto en la salud humana, un plan de manejo de residuos, saber cómo será la participación de las comunidades y llegar a una concertación en los sitios donde se pretende implementar el fracking, entre otros compromisos. 

 

Por su parte, para la Comisión de expertos, antes de iniciar una etapa con fines de explotación comercial, se deberá cumplir con ciertas condiciones que como: facilitar el acceso a la información asociada con el tema, fortalecer la capacidad y desarrollo institucional, acordar el manejo de riesgos en la salud de pobladores cercanos a los sitios donde se realizarán la actividad de exploración, identificar las tecnologías que generen el menor impacto posible, ajustar la legislación existente, definir mecanismos de participación y veeduría ciudadana, identificar las necesidades de capacitación de personal local sobre el fracking, entre otras condiciones.

 

Finalmente, la Congresista añadió que espera que el Gobierno apoye el proyecto sobre moratoria que está ad portas de su primer debate.

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Agenda Legislativa de la semana del 18 al 22 de febrero de 2019

 

MARTES 19 DE FEBRERO

COMISIÓN SEGUNDA

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Recinto de la Comisión

Lo que propongan los honorables senadores

 

 

JUEVES 21 DE FEBRERO

AUDIENCIA PÚBLICA: PND CON EL CAMPESINADO

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez

Organiza: Senadores Iván Cepeda Castro, Feliciano Valencia, Pablo Catatumbo y Alberto Castilla

 

 

RUEDA DE PRENSA - TLC CON ISRAEL

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Sala de Medios – Capitolio Nacional

Organiza: Senador Jorge Robledo

 

ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES DE ÚLTIMA HORA Y PUEDE SER CONSULTADA EN LA WEB

WWW.SENADO.GOV.CO

 

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No somos partidarios del fracking: senador García Realpe

“Es una técnica que pone en riesgo la vida de los colombianos”

 

Bogotá D.C, Febrero 14 de 2019 (Prensa H.S Guillermo García Realpe).-Una vez se conocieron éste jueves los resultados de la Comisión de Expertos en la que sugieren al Gobierno realizar proyectos pilotos de exploración utilizando la técnica del fracking, ya surgen voces en el Congreso de la República que no respaldan tal decisión.

 

Los trece especialistas que integran la Comisión señalan que cumpliendo unos requisitos se puede avanzar con proyectos pilotos integrales con esta técnica en Colombia, situación que no comparten senadores, como el liberal Guillermo García Realpe, por varios factores, como por ejemplo, que se debe considerar la aplicación del principio de precaución que ante la ausencia de certeza científica, se privilegiará el aspecto ambiental y de vida del hombre y de la naturaleza.

 

“Lo que queda claro, es que en Colombia no debe existir proyectos pilotos de exploración, como efectivamente existen hoy en el Magdalena Medio y en el Cesar, en primer lugar, por lo que manifiesta esta Comisión de Expertos, primero tiene que fijarse inventarios ambientales, sobre pasivos ambientales, sobre disponibilidades, también las líneas de base en lo social, también tomar las respectivas previsiones antes de arrancar con pilotos experimentales en la exploración” sostuvo.

 

En Colombia dos decisiones ratifican  lo argumentado por quienes se oponen al fracking, una la del Consejo de Estado que suspendió cautelarmente el decreto de regulación de exploración de fracking y segundo, que el ANLA, haciendo uso del principio de precaución y otros elementos de previsión ambiental y social negó las respectivas licencias a la empresa Conoco Phillips en materia de proyectos de exploración utilizando la técnica del fracking.

 

El senador García Realpe, quien integra la Comisión de asuntos ambientales, energéticos y de hidrocarburos del Senado, reafirmó su posición de decirle no a esta polémica técnica que ya ha sido prohibida en varios países del mundo, “nosotros no somos partidarios del fracking y nos mantendremos en esa decisión, mientras exista el riesgo, mientras no exista la evidencia científica en Colombia y también en el mundo no podemos asumir esta técnica que pone en riesgo la vida de los colombianos, pero también la vida de los seres y de las especies con las cuales compartimos la vida en este universo, la flora, la fauna, el aire, el medio ambiente, el suelo, las aguas, en fin, todas las formas de vida que nosotros tenemos para implementar nuestro objetivo de Paz con la Naturaleza”.

 

La Comisión Quinta del Senado retomará en marzo cuando se reanuden las sesiones ordinarias, la discusión del proyecto de Ley 058 de 2018, “Por medio del cual se prohíbe en Colombia la utilización del fracturamiento hidráulico – Fracking para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” del cual es ponente el senador liberal.

 

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Comisión de Paz analizará en Plan Nacional de Desarrollo recursos para implementación de acuerdos

También hará un seguimiento y evaluación de aquellas instituciones que fueron creadas con el fin de garantizar la paz.

 

Bogotá D.C., febrero 13 de 2019 (Prensa Senado). La Comisión de Paz del Congreso se dará cita el próximo jueves 28 de febrero, para revisar en detalle si el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo garantiza los recursos destinados a la implementación de los acuerdos de paz para el próximo cuatrienio.

 

Además, estudiará si existe o no en dicha iniciativa un capítulo referido especialmente a la paz, tal como lo consagra la Constitución.

 

Igualmente, la Comisión pretende evaluar si los recursos definidos para la implantación de la paz serán adicionales, como lo dispuso el respectivo acto legislativo.

 

Esa célula legislativa realizará un seguimiento y evaluación de aquellas instituciones que fueron creadas con el fin de garantizar la paz, mirada que estará puesta en especial sobre las agencias de Desarrollo Rural, de Restitución de Tierras y Nacional de Tierras, lo mismo que en la Comisión de la Verdad, la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 

Durante la mañana de hoy, los miembros de la Comisión de Paz del Congreso se reunieron en el recinto de la Comisión Séptima del Senado con una agenda que contemplaba abordar los temas relacionados con los acuerdos de paz y la forma en que estos deberían avanzar.

 

Sin embargo, desde el inicio de la discusión la hoja de ruta se cambió sorpresivamente y los congresistas de las distintas bancadas tocaron temas Hidroituango, la JEP y la crisis humanitaria que padecen los venezolanos.

 

Al paso surgieron distintas reacciones por parte de los legisladores. "Este Plan de Desarrollo está planteado para impulsar un modelo económico, el cual sin duda afectará el estrato tres de la sociedad colombiana", señaló el senador Jesús Alberto Castilla Salazar (Polo Democrático).

 

Por su parte, la congresista Paloma Valencia del (Centro Democrático) recalcó enfáticamente: "Hidroituango es un patrimonio de todos los colombianos. Aquí no podemos ahora salir a decir que este es un problema del expresidente Uribe. Este es un problema central del país".

 

Entre tanto, el legislador Roy Barreras (Partido de la U) expresó: "Los que le recomiendan al presidente Iván Duque objetar la ley sobre la JEP, lo que están haciendo es darle plena libertad a la JEP para que esta actúe, pero el Congreso colombiano decidió que tuviera una ley estatutaria, ya que así se podría determinar con precisión cuál sería la manera adecuada de operar."

 

Se planteó durante la reunión que en la próxima plenaria del Senado se tocarían nuevamente esos temas.

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