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Y mientras tanto ellos

“El próximo 1 de abril saldremos a marchar”: senadora Nohora Tovar Rey.

Bogotá D.C., marzo 9 de 2017.- Durante los últimos días los colombianos nos hemos venido chocando con una serie de noticias que son una lanza clavada en cada persona que ha cumplido el deber para ser un buen ciudadano, de quienes han cumplido la Constitución y han tratado de dar ejemplo a sus hijos; De quienes se levantan día a día para poder subsistir dentro del marco de la legalidad. Mientras todo eso pasa, a un grupo de delincuentes, el estado colombiano los premia y trata de mejor manera que al ciudadano de bien.

Mientras las Farc exigen pisos en porcelana, polideportivos, salas audiovisuales y aires acondicionados en las zonas veredales transitorias, muy poco es lo que sabemos los colombianos de lo que está pasando al interior de esos espacios. Mientras las Farc tienen la certeza de su amnistía, es decir, del perdón de todos sus crímenes, así como de su futuro laboral que tendrá condiciones superiores a las personas que siempre han cumplido el deber y la constitución, en las fuerzas militares hay frustración por el tratamiento que se les dará en el tribunal diseñado por la guerrilla.

Mientras el comunista Enrique Santiago redefine la constitución y lanza amenazas a las fuerzas militares, poco o nada se sabe de en realidad cuantos son los miembros de la guerrilla y si sus milicias están o no concentradas. Me temo que no lo están.

Mientras nos notifican que inclusive las indemnizaciones a las víctimas de las Farc por monto de un billón de pesos también serán amnistiadas, el país no sabe ni sabrá cuantas armas tienen las Farc ni cuantas entregarán.  Mientras el país está en alarma por los pésimos indicadores de confianza, descrédito, pesimismo y frustración, el Gobierno monta una constituyente disfrazada de “Fast Track” acabando la tradición jurídica y democrática de la nación.

Mientras los colombianos todos los días recibimos noticias de las gabelas económicas y jurídicas que reciben las Farc, los colombianos nos tenemos que conformar con la entrega de los menores a cuenta gotas, cuando debió ser la primera esa condición inaplazable para haber entablado un proceso que solo deja dudas y desconfianza a los colombianos.

Mientras tanto ellos, quienes son los responsables de años de dolor a los colombianos, ellos quienes tuvieron múltiples oportunidades históricas de entrar a la legalidad y las rechazaron, ellos, quienes dejaron morir personas amarradas a un árbol en las selvas de Colombia, quienes tuvieron la actitud demencial de minar colegios, pueblos, de envenenar fuentes de agua, ellos son ahora quienes están por encima de las personas de bien y de quienes durante toda su vida han hecho un esfuerzo por cumplirle a la sociedad.

El próximo 1 de abril saldremos a marchar, estaremos nuevamente en las calles para demostrar que Colombia no se dejará someter por la ambición personal de unos pocos, los colombianos nos hemos manifestado de manera contundente como sucedió el pasado 2 de octubre en el plebiscito, nuevamente y con toda la contundencia iremos #AlaCalle

 

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Lo que busca el Estatuto de la Oposición

 

De aprobarse el Proyecto de Estatuto de la Oposición, los partidos y movimientos  que no compartan los objetivos, planes y metas  del gobierno de turno, contarán con mayores garantías y reglas de juego claras, para ejercer control político al presidente y su gabinete.

Bogotá D.C. 8 de marzo de 2017. (Prensa Senado) Si esta iniciativa llegase a ser realidad y logra superar sin mayores obstáculos los debates en plenarias de Cámara y Senado, más la revisión de la Corte Constitucional, la oposición contaría con medidas de protección para su ejercicio político, como por ejemplo, una procuraduría delegada que se encargaría de  vigilar el total cumplimiento del Estatuto, quien deberá presentar un balance al Senado y a la Cámara en donde se refleje como fueron las  actuaciones del legislativo frente al mismo,  en el mes de marzo de cada año, a partir de la debida aprobación como Ley de la República.

Esta procuraduría delegada  hará parte de la Procuraduría General de la Nación y la persona a cargo será nombrado por el jefe de este órgano de control.

Además de lo anterior, el artículo 29 del proyecto de Ley contempla como medida de  protección de los derechos de la oposición  que,  “el Gobierno Nacional estructurará programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las agrupaciones políticas declaradas en oposición”.

Mediante este estatuto quedarían establecidos los derechos de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición, bien sea al Gobierno Nacional, departamental o municipal.

Para esto,  según el artículo 12 del texto presentado a consideración del legislativo ,  “se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno Nacional. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos”.

También se contempla la posibilidad de que los movimientos y partidos políticos de oposición,  tengan acceso a los medios de comunicación, pero además,   que el acceso a la información y a la documentación oficial sea de manera rápida y eficaz, lo mismo que el derecho a la réplica.

También se garantizaría la participación en las mesas directivas de las corporaciones públicas de elección popular y podrán  contar  con una sesión exclusiva en las discusiones que se den para la aprobación de los planes de desarrollo, tanto local como nacional.

El proyecto garantiza el  derecho a participar en las herramientas de las corporaciones públicas de elección popular y oficializa el día de la oposición, donde Los voceros de las bancadas de las agrupaciones políticas opositoras  y con representación en la respectiva corporación pública de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, cinco (5) veces durante cada legislatura del Congreso, y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.

Según declaraciones del senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa en el Senado “Por primera vez en 26 años le ofrecemos a la democracia un Estatuto de la Oposición que le da garantías a todos ciudadanos que no estando en los gobiernos pueden hacer su crítica de manera independiente y segura no solo frente a los gobiernos nacionales sino frente a gobernadores y alcaldes”.

El proyecto de Ley pasa a discusión en las plenarias de Senado y Cámara en donde se espera su debida aprobación para convertirse en Ley de la República.

Durante la discusión en las comisiones primeras conjuntas, se presentaron 71 propuestas de modificación, de las cuales 30 fueron negadas y un total de 41 serán analizadas para ser tenidas en cuenta durante el trámite restante.

 

 

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Congreso Pleno 9 de marzo de 2017

 

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONGRESO PLENO

OR D E N D E L D Í A

Para la sesión extraordinaria de Congreso Pleno del día jueves 09 de marzo de 2016

(En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto número 370 del 06 de marzo de 2017)

Lugar: Salón Elíptico Hora: 11:00 a.m.

I

Llamado a lista de los Honorables Congresistas II

Lectura y Consideración de la Renuncia presentada por el Honorable Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, doctor JOSE OVIDIO CLAROS POLANCO

III

Lectura y aprobación de la presente acta

 

El Presidente, OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

La Primera Vicepresidenta, DAIRA DE JESUS GÁLVIS MENDEZ

El Segundo Vicepresidente, IVAN LEONIDAS NAME VAZQUEZ
 
El Secretario General, GREGORIO ELJACH PACHECO 
 
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Dura jornada para la Jurisdicción Especial para la Paz

En punta terminó la plenaria del Senado que discutió el Proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El próximo lunes, el Congreso deberá votar la ponencia negativa presentada por la senadora Claudia López. La jornada estuvo protagonizada por una avalancha de solicitudes de impedimentos.

Bogotá, marzo 08 de 2017 (Prensa Senado). En medio de fuertes cruces de palabras entre senadores de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, avanzó el Proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual podría ser votado para su aprobación el próximo lunes 13 de marzo, a partir de las 3 p.m.

Ese día, la plenaria deberá votar la ponencia negativa presentada por la senadora del Partido Alianza Verde, Claudia López. La posición del gobierno y sus bancadas en el Congreso, es contraria a lo planteada por la legisladora, quien argumentó que el articulado sometido a discusión deja por fuera la responsabilidad de mando de las Fuerzas Militares y deja impunes a las FARC.

Durante la Jornada, los congresistas hundieron la ponencia alternativa presentada por el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, en el sentido de poner en el centro del Proyecto de Acto Legislativo a las víctimas.

Maratón de solicitud de impedimentos

Unos de los capítulos de la discusión del Proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estuvo protagonizada por una avalancha de solicitudes de impedimentos que tomaron varias horas en ser resueltas. En general, los legisladores argumentaron tres causas: Estar incursos en investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, haber sido víctimas de las FARC o tener familiares en las fuerzas militares.

Sobre el asunto, el senador Roosvelt Rodríguez, integrante de la subcomisión que revisó dichas solicitudes, argumentó que la nueva jurisdicción no afectaría ni los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia, ni hallaría culpable a todos los militares por hechos relacionados al conflicto armado.

En ese sentido, fueron negadas las solicitudes de impedimento a los siguientes congresistas: Milton Rodríguez, Musa Besayle, Nohora Tovar, Rosmery Martínez, Juan Samy Meregh, Mauricio Aguilar Hurtado, Thania Vega Plazas, Mario Alberto Fernández Alcocer, Jaime Amín, Doris Clemencia Vega, Yamina Pestana, Nadia Blel Scaff, Jorge Hernando Pedraza, Álvaro Giraldo, Arleth Casado, Jorge Hernando Pedraza, Luis Emilio Sierra, Andrés García Zuccardi, Daira Galvis, Fernando Nicolás Araujo, Teresita García, Bernardo Miguel Elías Vidal y OlgaSuárez Mira.

 

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Aumento de cultivos ilícitos en Colombia, nuevo desafío para el postconflicto

Reporte del Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, William Brownfield, afirma que Colombia hoy se aproxima a las 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

Bogotá D.C., marzo 08 de 2017 (Prensa Senado).- Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado la semana anterior en el Congreso de ese país, enciende nuevamente la alarma frente al flagelo del narcotráfico, en tiempos de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.

Las cifras entregadas ponen a Colombia como el país con mayor producción de coca en el mundo, aproximándose a las 200 mil hectáreas cultivadas. Según los datos el país supera los números de hace 17 años, cuando se alcanzaron las 160 mil.

Para el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, no se puede esconder la problemática, pero va más allá de la simple erradicación. “Aquí hay un tema muy complejo, se debe revisar la política agraria del país, pues es un modelo precario, que no beneficia al campesino, quien resulta ser el eslabón más débil de la cadena” aseguró.

Durante décadas el país ha llevado una lucha incansable contra las drogas con apoyo internacional, donde Estados Unidos ha jugado un papel preponderante con la implementación del Plan Colombia, sin embargo, los esfuerzos parecen no alcanzar.

En este sentido el Presidente Juan Manuel Santos presentó un plan de lucha antinarcóticos para el 2017, durante el encuentro con el Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, William Brownfield, quien estuvo en Bogotá para analizar la problemática con el Gobierno Colombiano.

Para el año en curso se espera la erradicación de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos, sobre todo en las regiones más golpeadas como lo son Tumaco, el Catatumbo, Guaviare, bajo Cauca, Caquetá, Cauca y Putumayo.

Sin embargo la polémica se enciende ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos,  asegura que los cultivos ilícitos se dispararon durante el proceso de paz con las FARC, con un número de hectáreas sembradas nunca antes visto.

Según el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático, “el Gobierno se comprometió con esta guerrilla en no fumigar los cultivos, se acordó otro tipo de erradicación que hoy pone en peligro la seguridad nacional y evidencia el aumento elevado de cultivos de coca”, expresó.

Asimismo aseveró que el Gobierno debe adelantar una política seria en la lucha antidroga para lo que queda de su mandato.

Por su parte el senador Jimmy Chamorro del Partido de la U, se mostró preocupado frente al tema, pues según dijo, las estrategias no están dando los resultados esperados. “Se debe aplicar un plan agresivo que combata el narcotráfico en todos sus frentes, sacamos muy poco erradicando si no se mantiene una política permanente contra este tipo de cultivos”, enfatizó.

En la misma línea se refirió el senador del Polo Democrático Jesús Castilla, quien aseguró que la política nacional para erradicar cultivos ilícitos es equivocada. “Es una política que no ataca la cadena de comercialización sino que se ensaña contra el campesino cultivador, quien en muchas regiones se ve amenazado por la ausencia del Estado”, dijo.

De otro lado el debate también se abre ya que para el Departamento de Estado, las FARC siguen siendo la organización narcotraficante más grande de Colombia, e instan, en algunas regiones, a la siembra de coca, con el fin de recibir beneficios del Gobierno.

“Por décadas las FARC se han financiado con el narcotráfico, es claro que son el principal cartel de cocaína en el mundo. Lo preocupante es que en el acuerdo no se obliga a entregar cultivos, laboratorios, rutas, ni dineros, esto puede condicionar la cooperación de los Estados Unidos”, declaró el senador Alfredo Rangel.

A su turno el legislador Jimmy Chamorro dijo que las FARC deben mostrar voluntad en este tema y no echar a perder el Acuerdo de Paz firmado en noviembre pasado. “El proceso de paz es precisamente para que esta organización deje de delinquir, se reintegre a la vida civil y puedan participar en el escenario político, de no ser así se va al piso todo lo negociado”, expresó.

Para el senador Jesús Castilla, por el contrario, el informe es intencionado y pretende afectar el proceso de paz. “Las FARC sí han demostrado su compromiso para avanzar en la implementación, en medio de dificultades han llegado a las zonas veredales y continúan el cronograma de dejación de armas”, puntualizó el senador del Polo Democrático.

Es así como el cambio de estrategias en la política antigrogas, la minería ilegal, el aumento en el precio del dólar, las variaciones en las estructuras delictivas, la erradicación manual y voluntaria, entre otras, podrían enumerarse como posibles causas del aumento de cultivos ilícitos, pero más allá del origen es ir a las soluciones.

En este aspecto el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que a través de la Agencia de Renovación del Territorio, se articulan nueve ministerios para implementar el plan de sustitución de cultivos ilícitos. “Hoy existen 10 mil hectáreas que serán recuperadas por medio de sustitución, el compromiso es que los dueños de estas tierras erradiquen la coca y así formalizar las propiedades”, expresó el alto funcionario.

Finalmente dijo que el acuerdo con las FARC sí compromete a esta guerrilla a ayudar en la ubicación de cultivos ilícitos y a efectuar su erradicación inmediata.

Autoridades y Gobierno seguirán combatiendo este fenómeno que parece no tener solución a corto plazo, neutralizar la acción delincuencial en todo el territorio nacional y aplicar políticas efectivas que permitan la erradicación total de dichos cultivos.

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