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Menores reclutados por FARC serían entregados antes del 1 de abril

 

Así lo confirmó el Presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, luego de reunión reservada con delegados de las FARC y Gobierno.

 

Bogotá D.C., febrero 14 de 2017 (Prensa Senado).- La Subcomisión del Congreso para seguimiento del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las FARC, se reunió este martes para pedir informe respecto a la situación de niños y niñas a manos de esta guerrilla.

El senador Mauricio Lizcano, Presidente del Congreso, aseguró que se estableció un cronograma para ejecutar el protocolo de entrega de los menores. “Antes del 1 de abril estarían por fuera de las filas todos los niños. El protocolo se está coordinando junto a la Cruz Roja Internacional”, expresó Lizcano.

Asimismo enfatizó que aún no se tiene una cifra exacta sobra la cantidad de infantes reclutados. “Es mejor no especular en este aspecto, creemos que pueden ser 150. Aquí lo importante es que las FARC cumplan con el compromiso de devolverlos”, dijo.

De otro lado se abordaron temas como el asesinato de líderes sociales, la seguridad en áreas desalojadas por las FARC y la situación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. En este sentido el senador Lizcano confirmó que la próxima semana se realizará una visita a los Llanos del Yarí, para evaluar las condiciones en la región.

Durante el encuentro se dieron cita el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo y senadores de diferentes bancadas como Roy Barreras, Hernán Andrade, Carlos Fernando Galán, Luis Fernando Velasco, Antonio Navarro e Iván Cepeda, miembros de la Subcomisión del Congreso.

Finalmente el delegado de las FARC, alias Iván Márquez, aseguró que la guerrilla entregará resultados lo antes posible en el tema de los menores, sin embargo no quiso referirse a puntos álgidos como el aumento de cultivos ilícitos y el narcotráfico.

 

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Soluciones a problemas regionales tramita Antonio Guerra

El senador Antonio Guerra de La Espriella, insiste en buscar soluciones al hacinamiento de reclusos en cárcel de Sincelejo y mejorar el servicio de transporte de pasajeros en el aeropuerto de  Las Brujas en Corozal.

Bogotá D.C. febrero 14 de 2017 (Prensa S. Antonio Guerra de la Espriella).- Desde hace varios años de los que lleva como Congresista de la República,  el senador de Cambio Radial, Antonio Guerra de La Espriella, ha trabajado de manera intensa para que el aeropuerto Las Brujas de Corozal, se convierta en un terminal aéreo importante para Sucre y Córdoba.

A pesar de algunas acciones adelantadas por la  Aeronáutica Civil,  aún el servicio de pasajeros demanda mayores respuestas de empresas importantes del transporte aéreo.

El congresista Guerra de La Espriella se reunió  con  Hernán Rincón, presidente de Avianca en Colombia, para reiterarle la  petición de esta región de la Costa Caribe de contar con   el servicio de aeronaves de la compañía aérea  de mayor tradición en  Colombia en Las Brujas.

Mediante  gestiones y debates políticos adelantados  por el congresista sucreño en Senado de la República,  se han obtenido resultados positivos en procura de un mejor servicio de ese puerto aéreo, pero aún no son satisfechas plenamente  las expectativas.

 

Pide a defensor intervenir crisis carcelaria


De otro lado, el dirigente político regional Antonio Guerra de La Espriella, acudió a la Defensoría del Pueblo, para solicitarle al jefe de ese despacho, Carlos Alfonso Negret Mosquera, su intervención para solucionar  los problemas que afectan a la población carcelaria de La Vega.

El senador Guerra le advirtió que este centro de reclusión fue construido en 1936 con un área de 4508 mts2 de un lote de 4 hectáreas y para una capacidad de 512 cupos de internos.

Hoy hay 1161 internos frente a su capacidad original de 512, para  un hacinamiento del 126.8% al registrar 649 reclusos de más.  1074 hombres y 87 mujeres, entre sindicados y condenados. Muchos duermen sobre colchonetas en piso pelado, otros en hamacas, y muchos otros comparten espacio en camas y colchones.

Los problemas de salubridad también afectan este centro de reclusión .

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"GobSantos les quitó las regalías a regiones productoras para manipular los recursos", Macías

Bogotá. D.C., febrero 14 de 2017 (Prensa CD).-El senador huilense Ernesto Macías Tovar, ha venido denunciando insistentemente la falta de seguimiento al Sistema General de Regalías, implementado hasta hace 4 años por el gobierno del presidente Santos con sus bancadas del Congreso.

"Modificaron el Sistema con el pretexto de ampliar y redistribuir los recursos en todo el país, pero sus objetivos no se están cumpliendo, porque los centralizaron para manipularlos".
 
Una de las críticas expuestas por el senador Macías consiste en que, si bien el Sistema actual procura que las regalías se distribuyan por todo el territorio nacional incluyendo las regiones no productoras, el recorte a los municipios y departamentos productores los afectó de manera grave.

El departamento del Huila, por ejemplo, pasó de obtener 380 mil millones de pesos en recursos en 2011 a 25 mil millones en 2016.
 
Para el congresista es perjudicial que los productores “se quedan sin recursos para resarcir parte del daño causado por la explotación”. Aunado a ello, le inquieta que los excedentes acumulados en el Sistema son billonarios debido a que el nivel de ejecución de los proyectos es demasiado bajo y no son monitoreados por los organismos de control.
 
En el debate al Sistema General de Regalías, realizado en noviembre pasado en el Senado de la República, Macías Tovar indicó que los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, (OCAD) encargados de determinar cuáles proyectos se financian con las Regalías, se han convertido en una barrera para los municipios y departamentos que se quedan sin ejecución porque no les giran los recursos.
 
Además, solicitó que la ejecución de las Regalías tengan un impacto regional pues, para él, es contraproducente que los recursos “se dispersen en proyectos locales” e instó a que la inversión de los distintos Fondos se haga de acuerdo con la finalidad de los mismos, dado que le resulta insólito que a Fondos como el de Desarrollo Rural se destine solo el 4% para su propósito.
 
Otro de los reproches del senador del Centro Democrático consiste en que a nivel nacional el 22% de la contratación se realiza con un solo proponente. La preocupación aumenta al ver casos como en el departamento del Meta donde este tipo de contratación se da en un 90% y en el Huila con un 70%.

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Control de advertencia: es mejor prevenir que lamentar

 "Insistimos en que se rescate esta facultad de advertencia y le sea devuelta a la Contraloría General de la República": senador Marco Anibal Avirama.

Bogotá D.C., febrero 14 de 2017-La corrupción viene a situarse otra vez en el centro del debate nacional y en los encabezados de distintos medios, que cada día sacan a la luz pública hechos diferentes que pasan por la entrega de avales a corruptos y otros delincuentes, el soborno a funcionarios públicos y a particulares,  las piñatas que se hacen con bienes y recursos públicos, la contaminación de los distintos poderes públicos incapaces ya de controlarse unos a otros, y por el contrario, cómplices en la comisión de delitos que nos colocan en deshonrosos primeros lugares.

Entre las distintas entidades con responsabilidades de investigación y control se encuentra la Contraloría General de la República, quien por mandato constitucional tiene a su cargo el control fiscal mediante la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación (art. 267 C.P.C.). Esta institución, que data de 1923, fue originalmente concebida para custodiar los fondos públicos mediante un control previo y perceptivo, el cual consistía en el examen anterior a la ejecución de las transacciones u operaciones para comprobar el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentaciones y procedimientos establecidos.

Con la Constitución de 1991 se hace un cambio estructural en las funciones de la Contraloría, pues el control fiscal ahora se ejercería en forma posterior, selectiva, amplia e integral, y no de manera anterior y perceptiva como se contemplaba en el anterior marco constitucional. Sin embargo, con el Decreto-Ley 267 de 2000 -por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General-, se le entregó la función de “advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los mismos”. Es decir, un control de advertencia de carácter excepcional, anterior y preventivo.

No obstante, mediante sentencia C-103 de 2015, la Corte Constitucional derogó la función de advertencia contemplada en esta norma, al considerar que dicha función no fue atribuida a la contraloría por la carta política del 91, y porque contraviene la prohibición de co-administrar o tener injerencia en las funciones de las entidades sometidas a control. Dos magistrados salvaron su voto sosteniendo que esta facultad de advertencia no constituye una modalidad de control previo, ya que no implica una intervención en la administración, y tampoco de coadministración ya que la Contraloría no indica la manera en que debe ejecutarse el gasto público, además de no tener un carácter vinculante.

Más allá de los argumentos jurídicos esbozados en ese fallo de constitucionalidad, creemos que el control de advertencia era necesario para alertar a las entidades y a los particulares de los malos manejos de los recursos públicos y así evitar los grandes descalabros presupuestales que siguen ocurriendo en el país. La contralora Morelli, por ejemplo, emitió en cuatro años, 1.099 funciones de advertencia que produjeron beneficios o ahorros a las entidades públicas por más de 15 billones de pesos.

Como integrantes de la Mesa Permanente de Concertación con pueblos y organizaciones indígenas solicitamos el ejercicio de esta facultad, que significaba una alerta temprana para prevenir mayores daños, y reconocimos su importancia  sobretodo en relación con temas ambientales, y en defensa de la moralidad pública como un derecho colectivo que debe garantizar el uso y disfrute de otros derechos ciudadanos, tales como la integridad del patrimonio público, el derecho fundamental a la salud, el acceso a la tierra, el derecho a la alimentación de los niños, a una justicia pronta e independiente,  y otros que por prácticas corruptas se vulneran a lo largo y ancho del país.

Por ello insistimos en que se rescate esta facultad de advertencia y le sea devuelta a la Contraloría General de la República, mediante una reforma de carácter constitucional u otra, pues consideramos que esta es una herramienta fundamental para alertar y minimizar los riesgos que pongan en juego el patrimonio público. Estamos ya hartos de ver la actuación de los entes de control con posterioridad al daño y a que los responsables sigan alegremente impunes.  Como dice el sabio adagio popular: es mejor prevenir que lamentar.

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Banco agrario le niega documentos al senador Robledo sobre préstamo irregular a Navelena-Odebrecht

Bogotá D.C., febrero 14 de 2017 (Prensa s. Jorge Robledo).-Un recurso de insistencia fue presentado por el senador Jorge Enrique Robledo ante el Banco Agrario luego de que esta entidad pública le negara conocer información fundamental para continuar sus investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht.

Para Robledo “es inadmisible que el Banco Agrario se escude en la reserva bancaria para negarme información sobre el préstamo que le hicieron a Navelena-Odebrecht, esos 120.000 están en riesgo de perderse”

Robledo, amparado en la ley 5 de 1992 que le otorga facultades especiales de control político a los congresistas, le exige que el Banco Agrario que le entregue varios documentos de importancia para el caso: informe de estudios o debida diligencia que desarrolló el Banco Agrario de Colombia para que la Junta Directiva aprobara el Crédito a Navalena S.A.S, el Contrato de Fiducia Mercantil que sirve de garantía al crédito aprobado, como el Certificado Fiduciario y las actas de Junta Directiva en las que el Banco Agrario otorgó las garantías bancarias. Estos documentos permiten evidenciar si el cuestionado crédito cuenta o no con las garantías necesarias para ese tipo de transacciones y así establecer las responsabilidad individuales a que haya lugar.

El senador del Polo afirmó que seguirá denunciando las irregularidades del caso Odebrecht y recordó que hay un pulso en el país entre quienes quieren el tapen-tapen y quienes están por conocer la verdad caiga quien caiga.

Este martes  en una rueda de prensa Robledo hará nuevas revelaciones sobre este caso.

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