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Senadores proponen atender problemas urgentes de Buenaventura

Comisión Tercera

De acuerdo con el senador Fernando Araujo, del partido Centro Democrático, se requieren tomar medidas drásticas para generar empleo en Buenaventura que tiene una tasa de desempleo de 18%.

Bogotá D.C., mayo 24 de 2017 (Prensa Senado).- Buenaventura se mantiene en paro cívico y uno de los motivos que dio pie a que los habitantes de esta zona en la región Pacífica colombiana paralizaran todo tipo de actividades, es la tercerización o informalidad laboral que afecta en gran medida a la fuerza de trabajo en sus cuatro puertos.

Frente a esta situación el senador Antonio Navarro Wolff (P. Alianza Verde) propuso formalizar a 985 trabajadores a través de contratos directos e indefinidos, solo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura – SPB, pues el análisis en que se basa su propuesta tomó como muestra dicho puerto por ser el más grande, pero advirtió que la misma fórmula se podría aplicar a los otros tres puertos. Sobre esto sostuvo que, en el caso de la SPB, el costo de formalización, frente a las utilidades del puerto, solo representa el %2,7 de sus utilidades (2015) por lo que advirtió que “desde el punto de vista económico, sí es posible la formalización. Más formalización es igual a más productividad, mayor seguridad en el puerto pues habría mayor control”.

Pero el senador Iván Duque (P. Centro Democrático) fue más allá de esta realidad que afecta a un número significativos de Bonaverenses, se refirió a la automatización portuaria, lo cual, según dijo, se está dando en todos los puestos del mundo, lo cual, por efecto natural, desplaza la fuerza laboral. “Nos oponemos a la automatización o empezamos a entender que Buenaventura tiene otros problemas que son críticos relacionado con las cosas que debería gravitar entorno a una gran estructura portuaria”, advirtió el senador.

Resaltó que es absurdo que un puerto, que tiene una participación entre el 25% y el 30% del flujo de carga que entra al país, “tenga una situación de cobertura social tan precaria en la calidad de la educación, de la salud, soluciones de vivienda y solución de servicios públicos domiciliarios, razón por la cual difícilmente se van a asentar ahí quienes van a generar empleo”.

Duque planteó la posibilidad de convertir a Buenaventura en una ciudad empresa, pensada para los servicios para el desarrollo comercial, para la inversión con miras al desarrollo del Pacífico y “hacerla con una especie de gerente de la ciudad con un período mucho más estable en la ejecución de ciertas inversiones de la ciudad y generar más incentivos para la contratación de mano de obra afrodescendeinte”.

A su turno el senador Fernando Araujo (P. Centro Democrático), frente al tema señaló que el desarrollo económico e industrial está concentrado en el centro del país por lo que advirtió es necesario reubicar la industria y la manufactura colombiana, la cual está alejada de los puertos. 

Sobre la situación de Buenaventura dijo que “se deben tomar medidas extraordinarias, coyunturales y de choque para resolver los problemas sociales que tienen a Buenaventura en paro cívico, y eso hay que hacerlo con urgencia, pero al mismo tiempo hay que pensar en el largo plazo y se requiere de un desarrollo económico no solo hacia la industria, hacia el consumo nacional sino también en la posibilidad de que Colombia haga parte del juego de comercio exterior mundial”.

Por su parte el senador del Polo Democrático, Alexander López, sostuvo que es inconcebible que en Buenaventura funcione a las mil maravillas un puerto y al mismo tiempo se den las peores cifras en materia social, atención a la niñez, salud “y lo que es peor, que una ciudad de 400 mil habitantes no tenga agua potable las 24 horas”.

Añadió que el problema de los trabajadores hace parte de los problemas estructurales de Buenaventura, quienes están, a su juicio, en una situación es sumamente precaria. “Cómo se puede pensar en una democracia donde un Gobierno avale un puerto absolutamente moderno o que este sea la capital de los TLC, pero allí mismo la gente se esté muriendo porque no tienen hospital o no tienen agua. El puerto de Buenaventura es el puerto de mayor tercerización laboral del mundo a pesar de que gran parte del TLC con Estados Unidos abordó la tercerización laboral de los trabajadores portuarios”, dijo López Maya.

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Senador Motoa condecora al ex presidente del Congreso Luis Fernando Londoño Capurro

 

El ex congresista y ahora empresario del Valle del Cauca fue galardonado con la mas alta distinción del Congreso, Orden Grado Gran Cruz con placa de oro.

 

Cali, mayo 18 de 2017 (prensa senado).- Las centrales obreras, las fuerzas vivas de la región Pacífico, el Comité intergremial Empresarial, y la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, se unieron al homenaje que rindió el Presidente de la Comisión Primera del Senado Carlos Fernando Motoa Solarte, al ex senador de la República y hoy Presidente de Asocaña Luis Fernando Londoño Capurro, por su liderazgo nacional y compromiso con la región del Valle del Cauca, quien a su vez se retira de la entidad a la que estuvo vinculado por diez años, para asumir el cargo de embajador de Colombia ante Argentina.

 

El acto se llevó a cabo en el Club de Ejecutivos de la ciudad de Cali, donde el senador Motoa de Cambio Radical, proponente de la condecoración, reconoció la gran trayectoria del empresario en la empresa privada y en la vida pública, los diferentes cargos administrativos que ha ocupado, y la gestión en el congreso de la república, “Luis Fernando Londoño ha sido una pieza fundamental de ese liderazgo sano, honesto que ha hecho crecer al Valle del Cauca”, enfatizó el congresista.

 

El Presidente de la Comisión Primera del Senado, oriundo de esta región, exaltó en nombre de Congreso de la republica tan merecido galardón, “el congreso de la república ha querido hacer visible sus ejecutorias; Londoño Capurro nos ha demostrado a nosotros, las nuevas generaciones, que es aún viable hacer política decente en el departamento del Valle, y que las buenas propuestas, ideas, y programas serán siempre reconocidos por la comunidad, como lo ha hecho en toda su trayectoria por la vida pública”, expresó. 

 

A propósito de la designación de Londoño Capurro como nuevo embajador de Colombia en  Argentina, Motoa Solarte mostró su confianza y seguridad que su coterráneo se desempeñará como siempre lo ha hecho, con sus virtudes, calidades y condiciones, “lo hará con lujo de detalles, como embajador de nuestro  país”.

 

Por último, resaltó el congresista en la personalidad del político y empresario vallecaucano, el liderazgo y sentido social que lo han acompañado en su trasegar político, “nos ha hecho quedar muy bien a los vallecaucanos por su trabajo serio, honesto, y decente, mancomunadamente con el gobierno nacional, en la consecución de recursos para las gentes de escasos recursos del departamento, a través del cual demostró que el liderazgo también es vallecaucano”.

 

Al recibir la condecoración, Luis Fernando Londoño Capurro agradeció al congreso por este reconocimiento, y expresó: “Mis sentimientos de gratitud a mis compañeros miembros del poder legislativo del Colombia, guardo los mejores recuerdos porque estuve muchos años de mi vida sirviéndole al país, legislando para bien de nuestra querida patria y de mi comarca Vallecaucana; agradezco de verdad este reconocimiento por parte de mis compañeros del congreso de Colombia".

 

También aprovechó para enviar un mensaje de paz a los colombianos, en especial a los Vallecaucanos, e hizo un llamado a tenerle fe al futuro de Colombia y apostarle a la paz, “crean que la paz será una realidad en Colombia, que la etapa en que estamos es crítica pero vamos a salir adelante, en la medida en que se cumplan los compromisos del gobierno nacional, en el marco del acuerdo de paz suscrito en la Habana; estoy seguro que el Presidente Santos, con el espaldarazo que tiene de la comunidad internacional, y el apoyo de muchos colombianos de bien, va a lograr el objetivo primordial y es que  la paz en la práctica sea una realidad, que no se quede en el papel; una paz que pueda sentir el pueblo en los campos y ciudades, es lo que esperamos. El proceso de desmovilización, de reincorporación a la vida civil de los compatriotas exguerrilleros va bien, pero se requiere mayor gerencia en cada zona de posconflicto para que se aclimate la paz donde más escaló el conflicto armado en nuestro país; que la unión entre los colombianos alrededor de lo fundamental, de lo que signifique desarrollo social y económico sea una realidad; que no mezclen la política con los grandes propósitos nacionales, porque eso le hace daño al país”.

 

Datos biográficos del homenajeado

 

Luis Fernando Londoño Capurro, Político y empresario colombiano de 70 años, Economista (Managerial Economics) de Boston University, con Maestría en Gerencia Profesional (MPMS) de la Universidad de Miami, es miembro del Partido Liberal; llegó al Congreso de Colombia en las elecciones de 1994, y fue presidente del Senado 1996 - 1997. Participó activamente en el gobierno de Julio César Turbay como Viceministro de Agricultura (1978-1980), Gobernador del Valle (1980-1981) y Ministro de Agricultura (1981-1982).

 

Desde 2006 fue elegido como Presidente de la Asociación de Cultivadores y Productores de Caña de Azúcar, Asocaña. También se desempeñó como: Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado de la República, Director Nacional del Partido Liberal, Vicepresidente del Consejo Mundial de Alimentación y Nutrición, Presidente del Concejo Municipal de Cali, Representante a la Cámara, Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes, Director del Periódico El Pueblo, consultor y asesor de instituciones como  Asocaña, Tecnoquímicas, Cámara Colombiana del Libro, Fedepalma, Corporación Financiera del Valle, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Sociedad Portuaria de Santa Marta y  ZTE Corporation.

 

Se reconoce su legado legislativo por su participación en las siguientes iniciativas desde el congreso: Modificación de la ley 333 de 1996, y con ella el régimen aplicable a la extinción de dominio sobre bienes de ilegítima procedencia; expedición de la ley general de arbitraje (Archivado), y Reforma de la constitución política en materia de administración de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Min Tic socializa proceso de asignación de espectro en banda 700 MHz y 1900 MHz en Comisión Sexta

 

 Según el ministerio, el espectro conectará 2500 municipios, 900 sitios de wi fi  gratis y mayor despliegue de la red 4G 

 

Bogotá D.C., mayo 16 de 2017 (prensa senado).- En sesión de Comisión sexta, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), presentaron el borrador de resolución de asignación de espectro, para subastar las bandas 700 MHz y 1900 MHz que generarán mayor conectividad. 

 

El espectro a subastar tendrá las siguientes características: En la banda baja de 700 MHz, se propone subastar 70 MHz en 4 bloques: Uno de 30 MHz, uno de 20 MHz y dos de 10 MHz, con los topes existentes; por el bloque de 30 MHz no podrían participar Claro y Movistar, lo que da como único interesado virtualmente a Tigo/UNE, y se reservan 20 MHz para uso de la red de emergencias y seguridad pública. En la banda alta de 1900 MHz se asigna un bloque de 5 MHz; la cantidad de espectro y tamaño de bloques permitirán participar en efecto a un máximo de cuatro oferentes. 

 

 Una de las bondades que reúne la banda del espectro a ser ofertada, es que ofrece mayor despliegue de la red 4G; capacidad de cubrir más distancias en el territorio nacional; es más económica; no necesita de mayor infraestructura para su funcionamiento, y por su característica física de propagación esa banda es ideal para garantizar que el internet móvil llegue a centros más poblados y zonas muy apartadas. Actualmente la banda más baja que tenemos en Colombia es la de 850 MHz, que se utiliza en tecnología 2G y 3G; entre más baja sea la banda, la cobertura será mejor. Con esta banda de  700 MHz, sería la más baja que tendríamos para comunicaciones celulares en el país, lo que genera inversiones en Colombia; de hecho,  Como no hay equipos (radiobases o antenas) que funcionen con esta banda de 700 MHz, los operadores deberán invertir en nuevos dispositivos.

 

 La senadora Susana Correa del Centro Democrático se mostró propositiva y a la vez preocupada, en el sentido que la subasta se debe hacer este año, por la sencilla razón que en Brasil, México, Costa Rica, Argentina, Chile y Perú ya subastaron el espectro los mismos operadores  que tenemos aquí, Telefónica y Claro, “si nosotros no nos apuramos, ellos harán las inversiones en esos países en vez de hacerlas en Colombia, porque ya les cedieron el espectro”, precisó.

 

Otro de los aspectos que explicó la congresista  fue el tema de la distribución actual del espectro en Colombia: Hoy, el tope de espectro en bandas bajas es de 30 MHz, allí está Telefónica o Movistar con 25 MHz, Claro con 25 MHz y  Avantel con 9.5 MHz; el tope del espectro en bandas altas  es de  85 MHZ, la subasta da como condición que el tope suba de 30 a 45 MHz en la  banda baja y en la banda alta de 85 MHz a 90 MHz.

 

Remató la senadora Susana Correa, “nos preocupa que el tope del espectro de 30 MHz esté dirigido a un operador especifico, Tigo/UNE, porque no tiene nada de espectro en la banda baja, y es el único que puede llegar a 30 MHz; es decir, si el tope va a ser 45 MHz, Telefónica y Claro que tienen 25 MHz, sumados los 30 MHz, lo que da 55 MHz, se van a pasar en el tope, entonces no puede ser ¿Cuáles fueron las soluciones que le dimos al ministro?, o sube el tope a 55 MHz, o disminuye los bloques de 20, 20, 20, y uno de 10; es lo que le hemos pedido, así habrá igualdad de condiciones, hoy la subasta es de libre competencia”.

 

Finalmente, otro de los aspectos en los que la comisión sexta no estuvo de acuerdo es que esa concesión debe ser a más largo plazo, y no a 10 años como lo contempla la ley 1341; coincidieron en que habia que modificar la ley, ese sería el paso a seguir por parte del senado.

 

Por su parte, el ministro de las Tic´s, David Luna, mostró su satisfacción ante los buenos comentarios que hicieron los senadores al borrador de la resolución de asignación de espectro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por Iniciativa de Senador Pedraza se mejorará calidad en servicio de transporte colectivo en ciudades más importantes

 

Con este proyecto serán los particulares quienes hagan las inversiones, operen el servicio, y el Estado a su vez tendrá la prerrogativa y discreción de regular este renglón tan importante para el bienestar de la sociedad. 

 

Bogotá D.C., mayo 11 de 2017 (Prensa senado).- En aras de reorganizar y suplir las falencias que aquejan hoy al transporte tradicional colectivo en empresas operadoras, con equipos idóneos y con calidad para los usuarios, el senador Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, miembro de la comisión sexta de senado, organizó un foro para socializar el proyecto que establece una verdadera política de transporte colectivo a nivel nacional, para que Alcaldes y Juntas Metropolitanas reorganicen el transporte colectivo e incorporen condiciones mínimas de calidad, eficiencia, seguridad y comodidad, a través del establecimiento de un marco jurídico nacional, que dé a su vez la seguridad que requieren las inversiones privadas para llevar a cabo la operación. 

 

El proyecto en mención especifica que no hay una normatividad que rija el transporte público urbano a nivel nacional; que hay fallas en el cumplimiento del marco regulatorio; que no hay una unidad única de transporte en las entidades territoriales; que no se tiene fortaleza institucional para conducir la integración al sistema de transporte público colectivo, entre otras. Según el congresista boyacense, estas razones ponen en evidencia la problemática del transporte colectivo, y la necesidad de establecer mediante una norma nacional su reorganización a cargo de Alcaldes, Juntas Metropolitanas, y quienes hoy prestan el servicio.  

 

Pedraza Gutiérrez, dispuesto a contribuir a la solución de la problemática de este sector, propuso reunión la próxima semana en comisión técnica con todos los transportadores y gremios de Bucaramanga, Cali, Bogotá, Pereira, Barranquilla,  Santa Marta y Cartagena, que hicieron presencia en el foro, para que presenten un documento con todas las consideraciones y mejoramientos que se tengan, para de una forma integral, incluyente y útil, organizar el transporte colectivo terrestre.  

 

Por otra parte, la senadora Susana Correa Borrero del Centro Democrático, quien también hizo parte del foro y acompañó la socialización del proyecto, fue enfática en afirmar que este proyecto necesita urgente una retroalimentación del sector, “nos hace  falta mucho por hacer, los transportadores piden una cosa  que es clara, y que lo hemos aplazado desde hace mucho tiempo, y es seguridad jurídica porque con los cambios de gobierno municipales se pierde dicha estabilidad; yo pienso que de la única manera que se puede dar es con la expedición de un decreto del ministerio de transporte, porque de hecho son ellos los que organizan los sistemas de transporte, y así dejar claro quién lo va a manejar”, precisó.  

 

Por último,  la congresista vallecaucana  expresó con claridad que una de las preocupaciones que la acechan, es el rubro asignado a los transportes masivos “no podemos dejar perder los 12 billones de pesos que ha invertido el Estado en los transportes masivos, y que estos simplemente sean integración a estos transportes masivos de una manera organizada; pero además con una seguridad jurídica, porque si no, los inversionistas lo van a dejar de hacer”, remató contundente.

 

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Senadores Jorge Prieto, Doris Vega y Susana Correa insisten en agua como derecho fundamental

 

Audiencia pública para promover y presentar el acto legislativo que declara el agua como derecho fundamental de todos los colombianos contó con la presencia de académicos, investigadores y líderes sociales de todo el país. 

Bogotá D.C., mayo 8 de 2017 (prensa senado).- Según los artífices de la convocatoria, el motivo principal de la audiencia pública, celebrada este lunes, es enriquecer el proyecto de acto legislativo que busca que el derecho al agua, para el consumo humano y su función ecológica, tenga protección constitucional. El senador Jorge Prieto Riveros, uno de los autores de esta iniciativa, hizo un llamado a los congresistas de todas las regiones, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, a  intercambiar ideas, y consecuentemente que de esta iniciativa surta los 8 debates que debe cumplir en el Congreso y sea a una realidad.  

El congresista del Partido Alianza Verde aclaró al inicio de su intervención los tres aspectos contemplados en la justificación de la iniciativa, que garantizan el servicio y se encuentran avalados por los preceptos internacionales, a saber:  

La disponibilidad, que consiste en que el abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. La calidad del agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas, debe tener un color, un olor y un sabor aceptables; y por último la accesibilidad, el agua, las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro  de cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información, contenido en la observación No. 15.  

Respecto del comité de derechos económicos y sociales de las naciones unidas, que son de cumplimiento para nuestro país, Prieto Riveros sostuvo: “Colombia es uno de los pocos países del mundo que no ha vinculado la ley en el acuerdo de  París, firmado por el gobierno colombiano,  que declare el agua como derecho fundamental”. 

Otro de los argumentos que defendió el senador llanero es el que hace alusión al principio de la progresividad, porque el gobierno arguye que al consagrar en la constitución el agua como derecho fundamental se van a llenar de tutelas, y se van a meter a la cárcel muchos alcaldes, gobernadores, ministros etc., “y no es así, hay una sentencia, laT760/2008 de la Corte Constitucional, que dice que las obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo, en la medida que hayan recursos; pero sí tiene la obligación de conseguirlos, por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para garantizar el goce de este derecho” expresó contundente, y agregó “todas las disculpas que se puedan sacar en estos debates no tienen fundamento alguno, ni de hecho, ni de derecho”.   

Declaró además el congresista de la Alianza Verde, que según el concepto del ministro de hacienda había que aplicar la regla de sostenibilidad fiscal; según el art. 334, “es el estado quien dirige la economía, en el caso de este proyecto deberían hacer estudios previos que costarían una cantidad de dinero y demorarían el proceso, pero al interpretar el parágrafo del mencionado artículo, dice que bajo ninguna circunstancia, ni autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva, hay que aclarar que la corte constitucional también le ha dado el carácter de derecho fundamental al agua, pero que hay que legislar e incluirlos en la carta magna”.   

Respecto de la preocupación del gobierno, por la gratuidad del servicio, el senador Jorge Prieto es enfático en declarar que eso depende de cada mandatario seccional, de su posición social, pero no es obligatorio; y que en este país los acueductos veredales los organizan y manejan los campesinos, “está establecido que se debe pagar por su transporte, y la corte constitucional  ha dicho que el concepto de gratuidad de los servicios públicos ha sido abandonado en la constitución política del 91, en el artículo 367, y los particulares asumen los gastos en que incurra el prestador del servicio, dentro de los criterios de equidad y justicia”, precisó; y finalizó su intervención con una máxima: “la paz evitará miles de muertos, proteger el agua salvará millones de vidas”.  

Por otra parte, la senadora Doris Clemencia Vega Quiroz, se mostró optimista en el sentido de apoyar esta iniciativa que sencillamente busca elevar a rango constitucional el derecho fundamental al agua, radicado el 22 de marzo de este año, “ya surtió su primer debate en la comisión primera, el objetivo que nos hemos trazado es que antes del 20 de julio sea aprobado en la primera vuelta, y que tengamos en el siguiente periodo suficiente tiempo para darle trámite legislativo, porque ya se ha socializado lo suficiente para que este sea una realidad”, expresó.  

La congresista de Opción Ciudadana, coautora de la iniciativa, argumentó que este proyecto genera un compromiso real con todos los órganos del estado, y directamente con el principio de progresividad, que debe mejorar la calidad de vida de todos los hogares colombianos, y sentenció: “Aunque  existe la idea que Colombia es uno de los países con más recursos hídricos del planeta, lo cierto es que según la publicación del foro económico mundial en la realidad este país sufre de escasez de agua a lo largo y ancho del país; además, no tenemos la suficiente infraestructura para potabilizar el agua. Es alarmante lo que vivimos; la flora y la fauna se ha extinguido, cuando somos un país rico en diversidad y fuentes hídricas”. 

Por último, Vega Quiroz hizo un llamado al gobierno nacional, para mantener como eje fundamental los planes de desarrollo y ordenamiento territorial,  y que la obra civil se ajuste al medio ambiente, y no lo contrario como siempre ocurre,  “un medio natural sin especies, sin flora, fauna, agua, deja sin vida cualquier obra hecha por el hombre, porque si no tomamos conciencia hoy, no tomaremos agua en el mañana”, remató.  

Seguidamente, la senadora Susana Correa Borrero, también coautora del proyecto, celebró este tipo de audiencias por que allanan el camino para que la iniciativa cumpla con el objeto para el que fue concebida, “buscar que el uso y disfrute humano del agua sea elevado a la categoría de derecho fundamental, dentro de nuestra constitucional política”, precisó. 

La congresista vallecaucana argumentó que en la constitución no se consagra el derecho al agua, pero que en virtud del llamado bloque de constitucionalidad el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno, para enriquecer el capítulo de los derechos fundamentales de la Carta Magna, “por eso hoy cualquier ciudadano puede invocar la protección del derecho fundamental del agua; esta protección implica para el estado colombiano cumplirle un derecho a todo los colombianos, de brindarle agua con elementos de cantidad, calidad, disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, por eso la importancia del acto legislativo, oportuno además, para poner fin al problema del agua en Colombia”, enfatizó.  

Finalmente, la senadora del Centro Democrático precisó “en Colombia no hay políticas públicas sobre el agua, y las entidades actúan desarticuladamente; hago un llamado para que esta iniciativa se tramite sin tropiezos; el día en que todos nuestros municipios y conciudadanos tengan agua potable, habremos dado un gran paso para el progreso social que tanto necesitamos en Colombia”. 

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