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¡Basta ya de tarifas aéreas costosas!

 

“Hay que reconocer que en Colombia tenemos sana competencia, pero esa competencia debe verse también reflejada en unas tarifas bajas”: senador  Guillermo García Realpe

 

Pasto, diciembre 18 de 2017.- Muchos colombianos, pero especialmente quienes somos usuarios frecuentes del transporte aéreo en Colombia nos preguntamos ¿por qué el exagerado costo en el precio de los tiquetes en las aerolíneas nuestras?

 

Por qué motivo no se ha podido regular este importante tema de interés nacional para que haya un precio justo y acorde a las necesidades del mercado, ¿será acaso que hay algún interés de por medio?

 

¿Por qué siempre somos los usuarios quienes terminamos pagando los platos rotos, no sólo en el elevado costo de los tiquetes, sino en otras situaciones como por ejemplo retrasos e incumplimientos de las aerolíneas? 

 

En fin, estas y muchas más inquietudes son las que quiero advertirles en esta columna de opinión a los colombianos. 

 

Si bien la ley otorga al servicio prestado por las empresas de transporte público, el carácter de esencial, por lo que la actividad de transporte, cualquiera que sea el modo, se encuentra sometida a la regulación del Estado. 

 

En ese orden de ideas ya la Corte Constitucional ha fallado en varias sentencias como la T-987/12 donde se afirma que “el transporte público aéreo es, por mandato de la ley, un servicio público esencial, lo que significa que el mercado económico que le es propio está altamente intervenido por el Estado”.

 

Pero preocupa también que el Estado, sí este transporte es esencial no haga una regulación efectiva de las onerosas tarifas que hoy tenemos, entonces sino es capaz el Estado de intervenir, ¿entonces quién?

 

¿Hasta cuándo seguiremos los colombianos siendo sometidos al monopolio tarifario en tiquetes aéreos?

 

Hay que reconocer que en Colombia tenemos sana competencia, pero esa competencia debe verse también reflejada en unas tarifas bajas que estén al alcance de cualquier ciudadano y no de un excelso grupo de personas.

 

Entonces, surge otra inquietud, ¿por qué las aerolíneas sí pueden ofrecer precios más justos en tiquetes internacionales que las rutas domésticas en Colombia?

 

Por qué es igual o más barato viajar a algunos destinos internacionales, que Bogotá-Pasto por ejemplo, o por qué es más económico tomar una ruta a otros destinos nacionales.

 

¿Hasta cuándo los Pastusos y en general el pueblo nariñense vamos a seguir sometidos a estos abusos?

 

¿Por qué no aplican el mismo rasero para todos, o es que acaso los pasajeros que viajan al exterior son usuarios de primera y quienes semanalmente nos desplazamos internamente somos de segunda categoría?

 

Estaremos muy atentos a seguir haciendo un detallado seguimiento para indagar más a fondo y saber las verdaderas causas del monopolio tarifario aéreo, porque es injusto que los usuarios sigan pagando  un elevado costo por un servicio que debería ser mucho más barato.

 

 

 

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La cultura preventiva debe arraigarse en todos

“El reto en Colombia hoy por hoy es, por lo tanto, la seguridad ciudadana”: senador José David Name Cardozo

 

Barranquilla, diciembre 18 de 2017.- Ya estando en el ambiente que caracteriza al Caribe los fines de año y los carnavales se torna preocupante la oleada de noticias sobre inseguridades que afectan la tranquilidad necesaria para gozar las fiestas como es lo deseable. 

 

Son numerosos los hechos perturbadores de la tranquilidad. Desde pequeños robos de luces en los pesebres en antejardines en los pueblos o de celulares hasta crímenes atroces, como el caso de la joven soledeña que salió de su casa engañada por una oportunidad de trabajo temporal y terminó degollada por un violador en un sector enmontado de Malambo, pasando por la muerte sorprendente de una niña de cuatro años en Santa Marta por ingerir traqui traquis.

 

Hemos pasado de las noticias por atrocidades del conflicto interno  o el narcoterrorismo, a preocupaciones de perturbaciones evitables.  Y el que sean evitables es muy grave.

 

La invitación, entonces, es a que hagamos todos en especial las autoridades hagamos los esfuerzos para prevenir los hechos que dañan el ambiente de fiesta. Una reunión de trabajo entre los responsables del orden y la seguridad en el Área Metropolitana de  Barranquilla para tratar el tema de los atracos a los buses que ingresan o salen de la ciudad  terminó con decisiones tan obvias como regular las paradas de los buses, instalar sistemas motrices de seguridad y mejorar la inteligencia para frenar la ofensiva de las bandas criminales.  Son un problema recurrente estos atracos y muy perniciosos para la tranquilidad de los usuarios de este servicio intermunicipal de transporte próximo. Por eso resulta inexplicable el que se hayan demorado en la toma de decisiones.

 

El abigeato es otro problema que perturba en algunos municipios cerca de Barranquilla, con el agravante de que hay quejas por la demora en la atención de la Policía Nacional frente a los llamados ciudadanos por diversas causas que ya no tienen sentido con los avances de que disponemos. Nadie puede desconocer los servicios de esta institución pero, por lo mismo, por la confianza que ha ganado, tiene un deber mayor de activar sus propios agentes y los sistemas de apoyo comunitario.  

 

Prevenir es mejor que curar. El sistema penal colombiano ha colapsado porque la conflictividad y la delincuencia han desbordado la capacidad institucional  para resolver los casos, dándoles a estos tramite de manera oportuna, ya que el Estado no cuenta con lo requerido para evacuar los procesos. Y en el sistema penal terminan casos que pudieron no llegar allá si la acción estatal y de la sociedad tuviera más una cultura preventiva.  

 

La seguridad es que cada persona pueda hacer sus actividades cotidianas sin temor de una agresión. En la medida en que se concentra la población en una ciudad o territorio y las necesidades de las personas aumentan los factores de agresión crecen. Crece igualmente la conflictividad por los cambios en los comportamientos, especialmente de la juventud, lamentablemente influida por consumos viciosos.

 

El reto en Colombia hoy por hoy es, por lo tanto, la seguridad ciudadana. Por ello el compromiso debe estar en su protección, tanto en las acciones punitivas, en lo cual hemos trabajado en el Congreso, como en las transformaciones culturales y tecnológicas que hagan posible la garantía de la seguridad. La cultura preventiva tiene que arraigarse en nuestro medio.

 

Días previos como estos a la Navidad y Año Nuevo hacen ineludible los esfuerzos preventivos a que hago referencia. Son acciones u omisiones que generen autoprotección (no dar papaya) pero teambién de gestión estatal porque ya se tienen las experiencias propias y las internacionales en materia de convivencia y seguridad que deben aplicarse en temporadas como la presente. Se sabe, por ejemplo, que las bandas organizadas delincuenciales se activan porque crece el movimiento comercial, de traslado de fondos a partir del sistema financiero, los delincuentes sienten el apremio de sus necesidades y la euforia festiva por los ambientes y los licores  desactiva los resortes autoprotectores pero también los agresivos. 

 

Conviene, por ello, que la interacción esté orientada hacia los mensajes de convivencia sana y en eso todos debemos contribuir. Si ya hemos hecho tan gran esfuerzo institucional y de la sociedad por alcanzar menores niveles de  violencia política no tendría sentido que persista la intranquilidad de las personas por daños evitables. Si ya hemos ganado experiencias en el control de situaciones conflictivas no tiene sentido que las autoridades no hagan campañas efectivas de prevención de accidentes o de delitos contra las personas. Y que estas campañas se hagan a tiempo.

 

Cerrar el 2017 con el menor dolor posible debe estar entre los objetivos colectivos.  Prevengamos el dolor.

 

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El campo: máxima expresión de injusticia

“Es urgente, aprovechar la vocación agraria de nuestro país y su ventajosa posición geográfica”: senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C., diciembre 18 de 2017.- Terminó la vigencia del mecanismo de reglamentación del Acuerdo de Paz, con un balance bastante pobre en materia agraria. De todas las reformas acordadas en La Habana, el Congreso solo aprobó una, la que crea incentivos para la investigación e innovación en el campo. Las demás, no lograron terminar su trámite.

El campo colombiano, ha sido siempre un campo de batalla, y un escenario de guerra y conflicto en nuestro país. Los peores efectos de la violencia los han sentido las comunidades y los campesinos que viven del campo.  Por eso ahora lamento la culminación del periodo de implementación de los acuerdos de paz, y hago un llamado para avanzar en el debate de las normas que permitirán convertir el campo en un sector estratégico de jalonamiento del crecimiento económico para Colombia.

Proyectos como el de adecuación de tierras, titulación de baldíos, catastro multipropósito, entre otros, se hundieron por falta de debate. A la fecha, no hemos oído del Ministro de Agricultura información alguna sobre quiénes y cuándo van a  tramitar las normas pendientes de reglamentación. La meta del 2018 debe ser construir un campo de oportunidades y generar las condiciones necesarias para que esas oportunidades les lleguen a quienes más han sufrido la ausencia de Estado.

Es innegable que el sector rural, simboliza la desigualdad y la injusticia social y que la guerra, ha sido el mejor pretexto para no llevar a cabo las reformas esenciales para un crecimiento inclusivo. Si nos detenemos en su gente, sabemos que uno de cada dos colombianos que habitan el campo, está en la pobreza.  En nuestro campesinado se concentra más del 87% de las víctimas del desplazamiento armado que ha sufrido el país.

Si hablamos de oportunidades, encontramos que, en materia de educación, sus habitantes no tienen acceso a preescolar; en relación con la prestación de servicios públicos, apenas el 6% disfruta de alcantarillado, un 20% tiene acceso al servicio de acueducto y aún falta un 20% del sector rural por tener acceso a electricidad. Es innegable que faltan bienes públicos, capital social, que no hay carreteras terciarias, y que falta conectividad en el campo.

 

Por todo eso, aspiramos a que en el 2018 se radiquen los proyectos de tierras faltantes. Es urgente, aprovechar la vocación agraria de nuestro país y su ventajosa posición geográfica para transformar este sector en un verdadero eje de desarrollo económico.

 

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Senador Luis Evelis Andrade rechazó salida de Unidad de Restitución de Tierras del Chocó

Bogotá D.C., diciembre 15 de 2017.- El senador Luis Evelis Andrade Casamá rechazó la medida del Gobierno Nacional que trasladó para el departamento de Antioquia, la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras que funcionaba en la ciudad de Quibdó, y que ahora obligará a que todos los trámites de reclamaciones de tierras deban realizarse en Medellín.

 

El pronunciamiento del Congresista del MAIS se produjo durante la entrega de la Sentencia Restitutiva de Tierras, realizada por dicha Unidad en el marco de la clausura de la Tercera Asamblea General del Consejo Regional Indígena del Chocó - CRICH, sentencia que otorga beneficios a 41 comunidades étnicas del Chocó, entre ellas, 26 indígenas y 15 afros.

 

“Nos preocupa que estas decisiones administrativas se conviertan en un problema para los chocoanos y chocoanas que anhelan llevar a cabo procesos de restitución de tierras que les fueron arrebatadas en el marco del conflicto. Vamos a elevar una solicitud ante el Gobierno Nacional para que se reconsidere esta decisión de traslado de la Unidad”, manifestó Luis Evelis Andrade. 

 

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“La baja de la calificación crediticia de Colombia es resultado del mal manejo económico de este gobierno”: senador Araújo

Bogotá, 14 de diciembre del 2018 (Prensa s. Fernando Araújo).- En plenaria del Senado, el congresista Fernando Araújo aseguró que la decisión de la agencia Standard & Poor's de rebajar este lunes la calificación crediticia de Colombia a "BBB-" desde "BBB" es una señal de alerta para que las decisiones fiscales posteriores y es el resultado de “la nefasta política económica de Santos y el derroche que ha caracterizado a su Gobierno”.

 

A continuación, texto de la constancia:

 

Mientras que el Gobierno Nacional afirma que la decisión de la agencia Standard & Poor's de rebajar este lunes la calificación crediticia de Colombia a "BBB-" desde "BBB" es una señal de alerta para que las decisiones fiscales posteriores y defienden la senda que ellos han trazado, la única verdad es que esta decisión no fue más que el resultado de la nefasta política económica de Santos y el derroche que ha caracterizado a su Gobierno.

 

“Entre 2010 y 2017 el gasto en funcionamiento del Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo un crecimiento anual del 7%. El Gobierno ha venido aumentando la nómina en los últimos años, en el 2010 tenía 54.921 funcionarios y en el 2017, 67.853, un aumento del 23%. La nómina de la rama ejecutiva en el 2010 representaba el 9,3% del total de cargos públicos, en el 2017 casi el 18%”, dijo.

 

Gobierno gastó $2,3 billones en publicidad oficial y eventos entre el 2012-2014 según informe de la Contraloría, el cual reveló además que en época preelectoral, y en sólo siete meses se gastaron $456.939 millones para publicitar solamente su gestión.

 

Durante el gobierno de Santos se legalizó la práctica de la mermelada en la que le entregan cupos a los congresistas a cambio de votos. Santos en Barranquilla prometió inversiones a cambio de votos y envió a su ministro de Hacienda a las regiones a negociar con los alcaldes unos recursos de regalías a cambio de resultados en el plebiscito”.

 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos recibió una bonanza petrolera de más de 70 billones de pesos que derrochó en mermelada, ineficiencia y corrupción. Los ingresos petroleros llegaron a representar en 2013 $23,8 billones de pesos, es decir 3,3% del PIB, desde entonces su participación ha caído dramáticamente. Hoy nos quedan 4 años de reservas y nada de ahorro.

 

Para mediados de 2016, la inflación casi alcanza cifras del 9%. La variación IPC fue de 5,75%. No obstante, tras dos años de alta inflación a Santos se le ocurrió pasar el IVA 16 al 19%, golpeando directamente el bolsillo de los colombianos.

 

A todo esto hay que sumarle el derroche y la burocracia generada por implementación de los acuerdos con las Farc. La JEP aumentará la nómina de altos funcionarios en 63 magistrados. Solo los viajes a La Habana, la movilización de Farc y gastos burocráticos alcanzó a costarle a los colombianos casi 16 mil millones de pesos en los años 2014, 2015 y 2016. La implementación del acuerdo costará 129,5 billones de pesos, de los cuales el 85% sale de los impuestos de los colombianos.

 

Pero aun sabiendo todo esto y ante la decisión tomada por la agencia S&P el Gobierno de Juan Manuel Santos insiste en mantener la senda que ellos han trazado. ¿Cuál ha sido esa senda? Aumentar el derroche, la burocracia, la mermelada y la corrupción y ante un PGN que no alcanza, todo lo solucionan aumentándole los impuestos a los colombianos. Presidente Santos, la única solución para salir de la crisis no es otra que bajar los impuestos al tiempo que se aumentan los salarios para que finalmente haya equilibrio en la economía, generando condiciones que beneficien a todos los colombianos”.

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