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Congresistas conservadores de Risaralda presentarán proyecto para apoyar actividad de la Acción Comunal en Colombia

2.464 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de Dosquebradas tomaron juramento ante el Gobernador (e) de Risaralda.

Pereira, mayo 22 de 2017 (Prensa s. Samy Merheg).- Durante el acto de juramento y posesión de los 2.464 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de Dosquebradas, presidido este fin de semana por el Gobernador encargado y Secretario de Gobierno de Risaralda, Julio César Londoño, y acompañado por el Acalde de Dosquebradas Fernando Muñoz, los parlamentarios conservadores de Risaralda, Samy Merheg y Juan Carlos Rivera anunciaron la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para darle herramientas de participación y actuación efectiva a quienes integran esta instancia de representación popular.

 

“Radicaremos ante el Congreso un proyecto de ley, en el que hemos venido trabajando Juan Carlos Rivera y yo, fundamentado principalmente en el tema de la destinación de la inversión comunitaria. Los dignatarios de la Acción Comunal conocen de primera mano las prioridades y necesidades de sus barrios y sectores, por eso deben tener herramientas efectivas para la destinación de los recursos del presupuesto participativo, además de otros recursos de inversión social”, explicó el Senador Samy Merheg

 

Agregó el parlamentario que vienen trabajando con las comisiones económicas del Congreso y con el mismo Gobierno para conciliar varios temas de esta propuesta, pero la esencia es que sean escuchados y tengan participación activa en la distribución y vigilancia de estos recursos.

 

De igual forma, el Representante a la Cámara, Juan Carlos Rivera, indicó que “Las Juntas de Acción Comunal son el pulmón de cada uno de los barrios y las veredas; las personas que pertenecen a estas juntas tienen una responsabilidad muy grandes y hacen un sacrificio enorme por sacar adelante sus sectores, a ellos hay que hacerles un reconocimiento más que merecido, pero también acompañarlos y darles las herramientas necesarias para cumplir su deber democrático”.

 

Trabajo articulado

Secretario de Gobierno Departamental - Julio César Londoño Guevara - “Nosotros estamos en representación del Gobernador Sigifredo Salazar que en su liderazgo ha querido que las JAC sean el mejor equipo para sacar adelante nuestro Plan de Desarrollo y conjuntamente con nuestro Alcalde vamos a hacer de la Acción Comunal del Municipio de Dosquebradas una gran posibilidad de desarrollo para las necesidades del municipio”, precisó.

 

Alcalde de Dosquebradas - Fernando Muñoz - “Para mí es un orgullo venir a participar y acompañar a la Acción Comunal en este reconocimiento que le hace la Gobernación, ya que son ellos los que tienen esta competencia. Pero Fernando Muñoz como Alcalde de la ciudad recuerda con cariño todo lo que es el actuar, el hacer de la Acción Comunal y como se lo he expreso a cada momento a los Presidentes de las JAC, siéntame como el Alcalde pero también como ese compañero, ese líder comunal que sigue sintiendo y trabajando por la comunidad”, manifestó.

 

Presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal - Orlando Gaviria Marín - “De verdad que es un hecho histórico y más aún con la problemática suscitada en el municipio pero afortunadamente ya las cosas se están dando en feliz término, la Gobernación ha puesto todo su empeño para que esto se solucione. Vamos para adelante”.

 

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El Congreso tiene el derecho y el deber de mejorar leyes de la paz

“Estar con la paz no significa decirle sí a todo lo que sostenga la guerrilla”: senador  José David Name Cardozo

Barranquilla, mayo 22 de 2017.- Perdido el referendo, era claro que el Gobierno y el Congreso debían entenderse sobre un plan de acción que permitiera la aprobación del marco normativo para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

 

Entendí desde un principio que si bien era urgente legislar, también estaba convencido de que debíamos hacerlo sin apresuramientos y expresando nuestros puntos de vista respecto de las propuestas del Gobierno a través de los ministerios delegados para ello.

 

Las camisas de fuerza per sé son incómodas y mucho más si se trata de un tema tan sensible como lo pactado con una guerrilla que desangró al país durante más de 50 años y tiene en contra a una importante corriente de opinión pública.

 

En junio de 2016, el Congreso había aprobado el denominado Fast Track, un mecanismo excepcional que servía para aprobar aceleradamente las reformas acordadas con las Farc.

 

Teniendo en cuenta el triunfo del No en las elecciones del 2 de octubre de 2016, fue evidente que debía lograrse un nuevo acuerdo que efectivamente se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. El 13 de diciembre se conoció que la Corte Constitucional dio su visto favorable a la vía rápida que tramitó el Congreso para reducir a la mitad los tiempos de aprobación de las reformas legales y las de la Carta Política del 91.

 

Ante una demanda de la oposición al Acto Legislativo que creó el Fast Track, el pasado miércoles 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inexequible dos literales de ese mecanismo que en opinión de la corporación judicial no afecta el proceso de paz sino que le devuelve al Congreso la posibilidad de deliberar sobre las iniciativas de implementación de la paz, permitiéndosele al gobierno que pueda contradecir u objetar lo que proponga el legislativo.

 

Lo dicho por la Corte en nada afecta el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz ni la ley de amnistía y beneficios para agentes del Estado, dado que el fallo del miércoles no es retroactivo.

 

Comparto la opinión de quienes argumentan que el principio democrático ha ganado y la paz no ha perdido nada. Es cierto que lo que haga el Congreso de ahora en adelante será más legítimo, así vaya en consenso con el Ejecutivo.

 

En mi caso personal soy consciente de la responsabilidad que me corresponde y en ese contexto actuaré en consonancia con lo acordado en el Teatro Colón, sin dejar de opinar sobre lo que crea correcto para el país. 

 

Después de leer todos los comentarios que han sido publicados a partir del fallo, pienso que nada hay que temer y que no existe dificultad alguna en el camino de la implementación. Por el contrario, reconforta que una sana deliberación dentro de los tiempos previstos le permita a Senadores y Representantes hacer sugerencias y propuestas frente a todo aquello que convenga y beneficie a los colombianos.

 

Lo que sí debo rechazar de plano es que las directivas de las Farc se expresen en tonos amenazantes y complicados, cuando se habla de deliberar en relación con la implementación del Acuerdo de Paz. Estar con la paz no significa decirle sí a todo lo que sostenga la guerrilla, pero tampoco se trata de ponerle trabas al proceso. 

 

En resumidas cuentas, no creo que el fallo de la Corte Constitucional impacte negativamente la implementación del acuerdo, solo se hacen a un lado algunos apartes del Acto Legislativo del Fast Track que en consideración de ocho magistrados limitaban el papel de los congresistas.

 

Ahora se impone la sensatez y en este orden deben expresarse el gobierno y los partidos que integran la llamada Unidad Nacional para que, de común acuerdo, salgan adelante las iniciativas que se consideran esenciales para la paz y se puedan incorporar a ellas las propuestas y recomendaciones que a bien tengan los miembros del Legislativo. 

 

Pienso que no es para convertir el Congreso en un ring de boxeo, sino para que el Senado y la Cámara expresen realmente cuán comprometidos están con la paz sin declinar el derecho y el deber que tienen de mejorar y enriquecer las leyes de la reconciliación nacional y el tránsito al posconflicto. Por favor escríbame a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

 

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Comunicado de prensa

Bogotá, mayo 20 de 2017 (Prensa s. Guillermo García).-El paro cívico que adelantan 89 organizaciones cívicas de Buenaventura, completa ya su quinto día y hasta el momento el panorama no es alentador en materia de respuestas concretas al pliego de peticiones de los bonaverenses.

Ellos, no sólo están pidiendo que el gobierno nacional decrete la declaratoria de emergencia social, sino que se acojan ocho puntos concretos establecidos por el mandato ciudadano, entre ellos; salud, educación, agua potable, territorialidad, empleo, protección al medio ambiente, atención a las víctimas y espacios de recreación.

Y es que según cifras oficiales del Departamento Nacional de Planeación, el índice de informalidad en el principal puerto marítimo colombiano alcanza el 90.3%, y el desempleo se ubica en un 62%, convirtiendo a Buenaventura en una bomba social que debe ser atendida de forma inmediata y efectiva.

Toda esta variedad de factores y de fenómenos estructurales que hoy reclama la población del puerto debe ser asumida en su totalidad por el gobierno nacional.

Es por eso, que desde el Senado de la República, hacemos un llamado al gobierno, a los ministerios, y agencias del Estado para que definitivamente implementen todo un plan integral de choque para superar la circunstancia de contingencia y la circunstancia histórica que vive el puerto de Buenaventura. 

Ya ha habido en anteriores oportunidades intervenciones integrales de todo tipo, en el tema  de orden público, en el tema de manejo de convivencia, en el tema de consolidar la tranquilidad en el puerto, pero también promover ágilmente planes estratégicos para superar los temas de pobreza, marginalidad y desempleo.

Se necesita entonces, avanzar en programas, inversiones, agilizar prontamente la aplicación de forma inmediata del Plan Pacífico en todas sus consideraciones. Existen recursos, pero vemos que ha sido lenta la presencia en materia de proyectos en esta región y en toda el pacifico colombiano, en Buenaventura, Tumaco, y el Chocó. 

El gobierno tiene que emplearse a fondo de manera rápida y estratégica para superar la situación de alteración del orden público, no sólo en Buenaventura, sino también en el Chocó y por supuesto, Tumaco, donde sus gentes de manera legítima reclaman soluciones de fondo.

El país no puede seguir de espalda a una región tan rica en materia hídrica, ambiental, ecológica, de fauna de flora, cultural y donde la gran parte del comercio de Colombia se mueve por nuestro pacífico, necesitamos avanzar con contundencia en la materialización de obras y planes y programas de choque que mitiguen las precarias condiciones que hoy padecen nuestros compatriotas del pacífico, queremos una Paz, pero con justicia social efectiva.

 

 

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Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos recibe Orden del Congreso de Colombia

El claustro formativo recibió el Grado de Comendador.

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2017. (Comunicaciones Secretaría Senado). Por iniciativa de un padre de familia de la institución educativa y con el apoyo de la Secretaría General del Senado, se elevó al grado de Comendador a este centro educativo en el Congreso de la República.

Los méritos que hicieron digno de tal reconocimiento al Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos son muchos, pero se destacaron la difusión de la lengua española, colombiana e iberoamericana y el sistema educacional de España, además del resto de actividades culturales que desde 1981 vienen desarrollando en Colombia.

Lo beneficios que ha traído la firma de ese acuerdo desde hace más de tres décadas para el espectro educacional del país son, entre otros, educación básica primaria y secundaria de acuerdo al currículo integrado español – colombiano con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá.

Los valores que inspiran la labor de los “Reyes Católicos” es promover el desarrollo libre de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás como fundamento de la convivencia. La presencia de niños españoles y colombianos en la institución,incluso, la doble nacionalidad, recuerda la cercanía de ambas sociedades expusieron los homenajeados.

Asistieron entre otros ilustres invitados: Luis Fernández, rector del Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos; Juan Guillermo Castro Benedetti, director del ministerio de relaciones exteriores de Europa; Luz Amparo Medina, jefe de cooperación y asuntos internacionales del Ministerio de Educación Nacional; el ilustre científico colombiano, Manuel Elkin Patarroyo y Agniezka Fridrychowicz, embajadora de Polonia en Colombia.

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Semana crucial para proyecto de horas de recargo nocturno


La Comisión Séptima del Senado tiene en el orden del día el Proyecto de Ley 117, mediante el cual se vuelve a modificar la jornada diurna, estableciendo que ésta termina a las 8 p.m. y no a las 10 p.m. como sucede actualmente. Es decir, los trabajadores tendrían derecho al pago de dos horas más de recargo nocturno.

Bogotá, 19 de mayo de 2017 (Prensa Senado). A menos de un mes de la finalización del periodo legislativo 2016-2017, sigue en vilo el futuro del Proyecto de Ley sobre horas de recargo nocturno. La iniciativa parlamentaria está pendiente de tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, bajo la premisa que su fecha de vencimiento es el próximo 16 de junio.

El coordinador de ponentes en esta caso es el senador conservador Mauricio Delgado, quién había pedido el aplazamiento de la discusión, hasta que los ministerios de hacienda, trabajo, comercio y turismo, enviarán al congreso un concepto unificado. El congresista sustentó su solicitud con base en una proposición de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el sentido de tener un concepto de la Mesa de Concertación Laboral.

En esas circunstancias y con la premisa del tiempo (el 16 de junio próximo vences los términos de la iniciativa), la Comisión Séptima del Senado lo incluyó en el orden del día del próximo martes 23 de mayo. Ese día, previo a la apertura del público, la célula legislativa se reuniría en privado para tomar una decisión.

Es necesario contextualizar que el articulado pasó a sus respectivos debates en el Senado con el único objetivo de devolverles a los trabajadores el pago de dos horas de recargo nocturno, es decir, a partir de las 8 p.m. y no desde las 6 p.m. como se propuso originalmente. Durante los dos debates en Cámara de Representantes fueron eliminadas las pretensiones relacionadas al pago de horas extras dominicales y festivos en un porcentaje del 100%.

En su momento, la entonces ministra de trabajo, Clara López, dijo que de aprobarse dicho Proyecto de Ley, se beneficiaría una población de 455 mil personas ocupadas formalmente y que el costo total anual sería de 411 mil millones de pesos.

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