Menu

NEWSLETTER


Inscribete al Newsletter



A+ A A-

Campesinos piden al Gobierno cumplir acuerdos sobre restitución de cultivos ilícitos

 

Viceministro de Justicia, Juan Francisco Espinosa, anunció que desde el Gobierno se va a discutir una política integral contra las drogas.

 

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2018 (Prensa Senado).- Durante una audiencia pública, campesinos, indígenas y afrodescendientes de zonas de restitución de cultivos ilícitos expresaron sus inconformidades sobre los avances en el tema y reclamaron conocer las modificaciones a la propuesta del Gobierno respecto a la política antidrogas.

 

Congresistas del partido de las FARC (Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común) abrieron un espacio de diálogo entre los representantes de las diferentes regiones donde se adelanta la restitución de cultivos ilícitos en el país, para evaluar junto al Gobierno los avances relacionados con los puntos del Acuerdo de Paz. Concluyendo que existe un retraso en este proceso y una incertidumbre frente a la nueva política de drogas que trae el nuevo Presidente de la República. El evento se cumplió en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.

 

Cerca de 123 mil familias de los departamentos del Putumayo, Nariño, Córdoba, Cauca, Arauca y de otras zonas del país han firmado los acuerdos sobre sustitución de cultivos. Precisamente, durante el evento los líderes campesinos presentaron sus peticiones, entre las cuales se encuentran la agilización en los trámites para la legalización de predios, garantías para la seguridad alimentaria, la atención en salud y un plan de vías terciarias para la comercialización de los productos.

 

Álvaro Hernández, campesino del departamento de Arauca, expresó su inconformidad frente a la falta de un interlocutor directo por parte del Gobierno y agregó: "El campesinado le ha cumplido al país. Esperamos que el Gobierno nos cumpla los acuerdos".

 

Por su parte, el alcalde de Orito, Putumayo, Manuel Coro Calavarí, intervino en representación de los alcaldes de este departamento, haciendo una invitación al nuevo Jefe de Estado para revisar los avances en materia de sustitución voluntaria de cultivos en esa región del país. Además, expresó: "Hemos demostrado con más de nueve mil hectáreas erradicadas voluntariamente, que si los gobiernos locales, departamentales y nacional nos unimos podemos resolver de fondo la situación integral para que los campesinos no tengan más pretextos y dejen de cultivar la coca".

 

En representación del Ejecutivo, participó el viceministro de Justicia, Juan Francisco Espinosa, quien anunció que desde el Gobierno se va a discutir una política integral contra las drogas. "No se está pensando con ir a arrasar cultivos, por el contrario la política está asociada a un pilar fundamental vinculado a la transformación del territorio y el paso de la ilicitud a la licitud para generar economías sostenibles", agregó.

 

Finalmente, la senadora Victoria Sandino expresó que una de las principales conclusiones de la audiencia es que los campesinos ratifican su compromiso con el Acuerdo de Paz y con la restitución de cultivos, pero que hace falta conocer la voluntad del actual gobierno.

 

"Los campesinos están pidiendo que el Gobierno les responda con lo que pactaron. No basta con el subsidio que está dentro del acuerdo, sino que es todo un programa integral donde deben implementarse los diferentes programas que están dentro del acuerdo como son el tema de vivienda rural, la legalización de los territorios, el trato penal diferencial y la seguridad", puntualizó.

 

 

0
0
0
s2sdefault

Sanguino pide no romper relación con Venezuela

En sesión informal de la Comisión de Paz

 

 

 

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2018 (Prensa s. Antonio Sanguino).- Este lunes desde Cúcuta, en sesión de la Comisión de Paz, el senador Verde y copresidente de esta célula legislativa, Antonio Sanguino, advirtió sobre la magnitud de la crisis migratoria y fronteriza que “se agravaría sí el Presidente Iván Duque cumple su promesa de romper relaciones diplomáticas con Venezuela el próximo 10 de enero”.

 

De acuerdo con lo dicho por el senador Antonio Sanguino esto podría conducir a episodios bélicos: “No podemos llegar a un conflicto bélico con Venezuela, tenemos que agotar todas las instancias diplomáticas”, indicó Sanguino, haciendo referencia a una posible guerra entre Venezuela y Colombia y al considerar inconveniente la decisión del presidente Duque.

 

“Venimos a Cúcuta como Comisión de Paz del Senado de Colombia a enviar un mensaje de paz y convivencia fronteriza entre Colombia y Venezuela. “Le pedimos al Presidente Iván Duque que acuda a todos los canales diplomáticos para normalizar las relaciones binacionales. Invito a que se apoyen todos los mecanismos internacionales, incluyendo la OEA” recalcó Sanguino.

 

Igualmente, el copresidente de la Comisión de Paz, Antonio Sanguino advirtió que la ruptura de dichas relaciones afectaría los 15 consulados de Colombia en Venezuela. “Esto provocaría el cierre de 15 consulados de Colombia en Venezuela que atienden a 5 millones de colombianos e implicaría el cierre de 10 consulados de Venezuela en Colombia que atiende a 4 mil venezolanos diariamente. Solo eso tendría que invitarnos a repensar una decisión que puede ser equivocada”, agregó.

 

 

0
0
0
s2sdefault

No al exterminio indígena

“Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales”: S. Guillermo García Realpe.

 

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2018.- En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país.

 

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales.

 

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres.

 

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo.

 

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno.

 

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía.

 

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres.

 

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40).

 

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ.

 

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos.

 

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país.

 

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima.

 

0
0
0
s2sdefault

La estrategia de víctima ya no le funciona a Petro

 

Medellín, diciembre 7 de 2018.- Quienes estamos en la vida pública sabemos que nuestros actos no tienen consecuencias privadas, sino que son evaluados por los ciudadanos y juzgados por las autoridades competentes. Es así que todos los servidores públicos tenemos un compromiso ético con nuestros electores y legal con el Estado.

 

Pero el Senador Gustavo Petro parece ser selectivo a la hora de aplicar este principio de lo público, ya que posa de adalid de la moral predicando sobre la transparencia política y señalando a todo aquel que se opone a su discurso demagógico, mientras que por el otro lado intenta justificarse al ser descubierto en un video y expuesto a todo el país recibiendo incontables fajos de billetes en una sala oscura mientras los guarda en una bolsa. 

 

 Una escena realmente turbia, que el senador Petro aún no aclara después de cambiar varias veces su versión en las explicaciones y cuya única defensa ha sido su eterna estrategia: victimizarse para evadir la responsabilidad. 

 

Esta maniobra la ha aplicado también para no asumir las sanciones impuestas por las autoridades tras las nefastas decisiones que tomó cuando fue Alcalde de Bogotá, posando de víctima al argumentar que es un “perseguido por la oligarquía”. Pero para refrescarle la memoria y desenmascarar su figura de mártir, es necesario mencionar varios de sus pecados como Alcalde: 

 

 1.    Durante su administración se adquirieron 218 camiones compactadores de basura que presentaron graves fallas mecánicas y no cumplieron con las especificaciones requeridas. Para completar el colmo, no se utilizaron 116 de estos vehículos, lo que significó un detrimento patrimonial de 40.000 millones de pesos. Por esta razón, la Contraloría Distrital le impuso una multa por el mismo valor del detrimento. 

 

 2.    El cambio de esquema de recolección de basuras que decretó Petro de manera arbitraria y autoritaria para quitarle la operación a los privados, violó el principio de libre competencia en el servicio de aseo, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al Acueducto de Bogotá y a la UAESP con una multa de casi 92.000 millones de pesos, que tuvieron que ser pagadas por estas entidades. Esto generó un detrimento patrimonial para Bogotá y la Contraloría sancionó al Exalcalde con una multa por el mismo valor de la que le impuesta por la SIC al Distrito.

 

3.    Gustavo Petro redujo de manera injustificada las tarifas de los pasajes de Transmilenio durante las horas valle, contrariando los estudios técnicos y económicos elaborados por Transmilenio y por el Confis, que señalaban la necesidad de mantener o aumentar la tarifa al usuario. Esto generó un impacto fiscal a Transmilenio y lo dejó desfinanciado. Como consecuencia, la Contraloría Distrital le impuso una multa de 217.000 millones de pesos por detrimento patrimonial, la cual se encuentra temporalmente suspendida por orden del Tribunal Superior de Cundinamarca.

 

4.    Durante su administración las nóminas paralelas del Distrito aumentaron un 40%, costándole a Bogotá 1,2 billones de pesos al año, incluyendo la contratación de los hospitales, colegios, localidades y demás entidades: En 2011 había 29.659 contratos de prestación de servicios, no obstante, para el año 2014 esta cifra se incrementó a 41.357 y en el último año de administración, se firmaron 39.546 contratos más. 

 

Con solo estos cuatro de los 591 procesos fiscales que abrió la Contraloría Distrital a la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, queda demostrado que lo que él llama persecución no es más que el resultado de intentar gobernar como un dictador que pretendía pasar por encima de las normas y, contrario a lo que él piensa, debe asumir las consecuencias apenas lógicas de su pésima administración de los recursos públicos y del detrimento patrimonial que causó en Bogotá. 

 

Esta secuencia de fechorías que poco a poco hemos conocido los colombianos y la ya desgastada estrategia de victimización a la que acude para justificarse, han expuesto el retrato de la hipocresía y la doble moral de un político que pretende abanderarse de la ética pública al polarizar el país con un discurso de odio y resentimiento.

 

Por esta razón, ya sus mismas “ciudadanías libres” y hasta quienes lo habían acompañado y apoyado en su carrera política no le creen. Estamos entonces presenciando la inevitable caída de un líder que intentó subir montado sobre una farsa.

 

0
0
0
s2sdefault

Estudiantes araucanos visitaron el Capitolio Nacional

Bogotá, diciembre de 2018.- (Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso). En el marco del programa de visitas guiadas, liderado por la Unidad de Atención al Ciudadano del Congreso de la República; los estudiantes del colegio Pedro Nel Jiménez conocieron de primera mano la historia del Congreso, sus instalaciones, el trámite legislativo y la arquitectura del Capitolio Nacional.

 

Durante el recorrido los más de 30 jóvenes provenientes de la ciudad de Arauca, tuvieron la oportunidad de caminar por cada uno de los pasillos, rincones, salones y lugares de este mítico sitio de la democracia que albergan la historia política de nuestro país.

 

Al finalizar el recorrido cada uno de estos estudiantes queda con una mejor impresión del Congreso y con el deseo de regresar para fortalecer los conocimientos que adquieren mediante la visita guiada, así lo aseguró la alumna Carmen Hernández “la verdad es muy interesante, antes solo sabía que había senadores o cosas así, pero no tenía muy claro qué se hacía, cómo se hacía. Ahora tenemos más claridad de cómo se compone el Congreso”   

 

Johan Navarrete uno de los jóvenes más curiosos y atentos durante el recorrido aseguró que este tipo de visitas le ayudan para conocer más la historia de nuestro país “me gustó mucho la orientación de los guías durante el recorrido, nos dieron una perspectiva y una información que nos suele ser muy útil.”

 

Al finalizar, los estudiantes del colegio Pedro Nel Jiménez en medio de fotografías y aplausos se despidieron de esta experiencia que ofrece el Congreso de la República, llena de historia y mucha democracia.

 

0
0
0
s2sdefault
Color I Color II Color III