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El Presidente Santos y usuarios de energía burlados

Senador José David Name

"Tenemos que hacer una verdadera cruzada por el ahorro si queremos evitar cortes preventivos de energía y evitar así un racionamiento. Para los hogares se premiará el ahorro y se castigarán los desperdicios de energía, como sucede con el agua. Por cada peso que ahorre del consumo promedio un hogar recibirá otro peso como incentivo”.  

Con esas palabras el Presidente Santos les anunció a los colombianos que se ponía en marcha desde el 7 de marzo pasado la campaña “Apagar Paga”, con la cual el objetivo central era evitar el racionamiento de energía eléctrica.  

“Ahorrar energía ya no es una opción, es un deber de todos los colombianos”, dijo a continuación la entonces Ministra encargada de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, en una declaración que resumía las medidas adoptadas del Gobierno para promover el ahorro de energía, a raíz de los inconvenientes provocados por el fenómeno del Niño y las averías sufridas en importantes centrales de generación, que disminuyeron peligrosamente la oferta eléctrica en el país.  

Afortunadamente los hogares, las empresas privadas y las instituciones públicas nos comprometimos con gran sentido de colaboración y de sacrificio pensando en el bienestar del país, confiando de paso en el reconocimiento de los incentivos ofrecidos por el gobierno. 

 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, desde un comienzo parece que hubiera obrado de mala fe en el tema de los incentivos porque expidió varias resoluciones explicativas que por su confusión retrasaron tanto el entendimiento como la aplicación de lo que había prometido el Presidente Santos.  

Dada la respuesta ciudadana y empresarial, el Gobierno le puso punto final al programa para ahorrar energía eléctrica una vez entraron en operación dos unidades de la central hidroeléctrica de Guatapé, que se sumaban como hecho positivo a la casi desaparición del fenómeno de El Niño. 

 Las autoridades se habían dado un plazo de seis semanas para ahorrar 400 gigavatios/hora y el balance al 17 de abril fue de 1.179 gigavatios/hora, casi el triple debido al ahorro y el esfuerzo de los colombianos. Conocido el éxito de la campaña y la determinación del gobierno de levantar “Apagar Paga”, la Creg suspendió los beneficios económicos para las familias que venían ahorrando energía.  

Mediante resolución No. 051 del 23 de abril de 2016 la comisión reguladora resuelve la “terminación de la aplicación del esquema de tarifas diferenciales adoptado mediante la Resolución CREG 029 de 2016”. La norma derogatoria de los incentivos precisó que “los usuarios cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes del 23 de abril y registren ahorro respecto de la meta de ahorro individual se les aplicará el menor valor a pagar definido en el artículo 2 de la resolución 029 de 2016, mientras que a los consumidores cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes de la vigencia de la resolución y registren consumos en exceso al momento de realizar la lectura con respecto de la meta de ahorro de individual, no les aplicará el esquema de tarifas diferenciales.”  

Logramos cumplir la meta de un ahorro de energía del 5,88 % diario, para que olímpicamente ahora la Creg ignore el esfuerzo y de un plumazo borre la ilusión del incentivo así fueran mil, tres, cinco mil o diez mil pesos. Lo que hoy configura la Creg es un tecnicismo barato y le roba a los colombianos el sueño de un pequeño incentivo en la factura eléctrica, lo que al mismo tiempo es una especie de expropiación fraudulenta del dinero total que debía aplicarse en la fórmula del premio a los ahorradores de energía.  

La Creg, comete otro de sus tantos yerros en detrimento del interés y del bolsillo de los colombianos. Aquí han facilitado el descarado robo de la plata de los incentivos, así quieran mostrar que entre una u otra fecha se podrán reconocer. Esa es una falacia, porque la queja general es que la última factura a la mayoría de los usuarios les llegó más cara. Y quienes esperan que en mayo se les aplique el descuento, también quedarán frustrados porque no será realidad.  

Por cuenta de la Creg, una vez más hemos sido burlados el Presidente Juan Manuel Santos y los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país, que dimos nuestra cuota de sacrificio pensando en una pequeña bonificación económica a cambio de nada. Me dispongo a hacer el respectivo debate de control político en el Senado y estoy seguro que la sesión será memorable. Los doctores de la Creg tendrán que responder.

Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

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Decreto ley ya para seguridad alimentaria -

“En medio de la angustia que me produce la situación de nuestra niñez, cedo al Gobierno mi proyecto, para que el Presidente de la República utilice para que resuelva esta crisis “: senadora Sofía Gaviria Correa. 

Medellín, marzo 1 de 2017 (Prensa S. Sofía Gaviria).- El afán por obtener su Nobel de Paz ha causado que el Gobierno soslaye las problemáticas que, en cualquier nación democrática y atenta a los derechos humanos, serían las realmente prioritarias. La salud, la seguridad, la economía, la educación y la justicia están en caos, y la institucionalidad tambalea por cuenta de la corrupción y del alcance de lo pactado con el terrorismo. Pero, en el sombrío panorama de necesidades urgentes desatendidas, la crisis de la inseguridad alimentaria y las muertes por desnutrición, especialmente de nuestros niños, constituyen, sin duda, la mayor tragedia. 

El Tribunal de Cundinamarca lo ha reconocido recientemente, al evaluar la posibilidad de decretar la emergencia económica para poder, a través de decretos-ley, vislumbrar soluciones a este drama.  Ojalá esta emergencia hubiera cubierto no solamente a La Guajira, sino también a  otros departamentos, como Chocó, Vichada y Vaupés, donde esta problemática es tan preocupante como en la península del Norte, realidad que diagnosticamos y que hemos denunciado desde antes de nuestra llegada al Congreso. Pero el Gobierno nacional ha anunciado que no hará uso de este recurso último.

Con base en la evolución y el impacto de Maná, en Antioquia (proyecto bandera de mis hermanos Guillermo y Aníbal), y en programas similares desarrollados en países como Argentina, España, Chile, entre otros, en la misma semana de mi posesión como congresista, presenté un proyecto de ley que resolvía la problemática de la inseguridad alimentaria en Colombia, donde, articulando todas las instancias que tienen que ver con esta materia, se creaban un sistema y una agencia que coordinarían todos los niveles e instancias responsables, para darle la proyección y la gestión adecuada en un país que, en lugar de padecer la mencionada crisis, debería ser una potencia alimenticia, por su riqueza hídrica, por su biodiversidad y por la inmensa ventaja de poder producir alimentos durante todo el año.  El proyecto, cuyo funcionamiento no implicaría rubros adicionales al Erario, entregaba, además, las herramientas para garantizar la transparencia en los procesos e impedir la corrupción, que todos los días nos ofende, en las contrataciones de la alimentación infantil, escolar y comunitaria. 

El proyecto, que logró el apoyo de todos los partidos, finalmente, ya en el cuarto y último debate, en junio del año pasado, fue hundido por presiones y celos del Gobierno (recuerden el plagio que del proyecto hizo la ministra Parody y las acciones ilegales del DPS para bloquearlo, que denuncié ante la Procuraduría General de la Nación).

Sin embargo, no nos dimos por vencidos y, en esta legislatura, con el apoyo irrestricto del Ministerio de Salud (el Ministro firmó como coautor) presentamos de nuevo el proyecto.  A pesar de este respaldo, el trámite de esta iniciativa avanza a paso lento en la Cámara de Representantes, mientras siguen muriendo de hambre nuestros niños y mientras, como hemos comprobado en las ya más de trece brigadas de salud que hemos llevado a cabo en La Guajira y el Chocó, no hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH para salvar a nuestros niños wayúu (recientemente extendidas también a madres gestantes y lactantes).

Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Comisión Séptima (responsable del tema de la salud) y como coordinadora nacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre, he tratado, por todos los medios, de que el Gobierno entienda la importancia y la pertinencia de las herramientas de este proyecto. Por ello, hoy, en medio de la angustia que me produce la situación de nuestra niñez, cedo al Gobierno mi proyecto, para que el Presidente de la República utilice las propuestas en él incluidas como insumo para un decreto ley que resuelva, con la mayor prontitud, esta crisis que se ha agravado tanto, tras siete años del gobierno actual.

Solamente a través de esta medida, que haga implementar, con toda celeridad, las estrategias que hemos propuesto, se avanzaría al ritmo necesario para evitar que sigamos perdiendo, por motivo del hambre, eso que tiene que ser el objeto más preciado de la atención estatal: la niñez, el futuro del país.

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"Trabajadores de electricaribe no pueden quedar en corto circuito con el empleo": Nadia Blel

La senadora bolivarense apoyó una solicitud de la Comisión de Seguimiento a la intervención de Electricaribe sobre estabilidad laboral para los trabajadores del operador eléctrico. 

Cartagena, febrero 17 de 2017.- La incertidumbre laboral en la que están los cerca de 9 mil trabajadores, directos y tercerizados, de la intervenida Electricaribe, es una de las preocupaciones de la senadora Nadia Blel, quien forma parte de la Comisión Accidental del Senado de seguimiento a la toma de posesión del operador eléctrico de la Costa Caribe por parte de la Superservicios. 

Por esta razón, Blel apoyó de manera enfática "medidas que permitan garantizar la estabilidad laboral de este grupo poblacional", dijo. 

La senadora ha reiterado en que esta intervención debe conducir a la normalización y mejoramiento óptimo del servicio de energía en toda el Caribe y a la búsqueda de un nuevo operador con músculo financiero que se adapte a las exigencias propias de la región. 

"Es importante que los trabajadores de Electricaribe no queden en corto circuito con el empleo. Si la empresa es liquidada, se les debe ofrecer opciones diferentes o continuidad con el nuevo operador", puntualizó Nadia Blel. 

Tras una proposición del senador Alexander López, la Comisión de Seguimiento del Senado hizo esta solicitud al Gobierno Nacional luego de una reunión con el Superintendente Nacional de Servicios Públicos, trabajadores y pensionados de Electricaribe este jueves en la ciudad de Barranquilla. 

 

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Senadora Susana Correa pide al MinDefensa no retirar Batallón de Alta Montaña en el Valle del Cauca

Bogotá, 8 de febrero de 2017 (CD). Este martes durante sesión plenaria extraordinaria, la senadora Susana Correa dejó constancia de la situación que aqueja a la población del Valle del Cauca con respecto a la intensión de retirar el Batallón de Alta Montaña ubicado en Tuluá, y pidió al Gobierno Nacional no desmontar esta base militar para que se siga brindando seguridad a la comunidad.

El siguiente es el texto de la constancia:

 “Desde el 2014 se instaló en Batallón número diez (10) de Alta Montaña en el corregimiento de Barragán, municipio de Tuluá, con la misión de controlar la parte alta de la cordillera central desde el municipio de Palmira hasta los límites con el departamento del Quindío, zona considerada como la despensa agrícola y lechera del centro y norte del Valle del Cauca.

 

Desde su inicio la misión del batallón fue brindar seguridad a la región y cortar el paso de delincuentes desde el centro del país hasta el pacífico e interferir los corredores de drogas y armas. Con su operación en la zona, los propietarios de fincas pudieron volver con tranquilidad, gracias a la presencia militar.

Pedimos al Gobierno Nacional que por ningún motivo lo desmonte, tal como se viene rumorando desde hace varios días. Para nuestro departamento, el hecho que estemos en supuesto “Tiempo de Paz” no nos asegura que la tranquilidad que por años se ha respirado con tanta dificultad, después de vivir épocas de tanta violencia, no se vuelva a ver afectada y se repita la triste historia que por años soportó esta rica región.

Tenemos que impedir que la delincuencia común, las bacrim, paramilitares y disidentes de las Farc retomen su actividad delictiva en la zona.

Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa que reconsidere la intención de eliminar o trasladar el Batallón de Alta Montaña e instamos a los parlamentarios de la región, al gobierno departamental y los gobiernos municipales para que cerremos filas en defensa de la seguridad que con esfuerzos hemos logrado en esa zona que hoy se ve amenazada”.

 

 

 

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Denuncia de la senadora Tovar Rey sobre situación de menores en Colombia

Bogotá D.C., febrero 7 de 2017 (CD). La congresista del Centro Democrático, Nohora Tovar Rey, radicó una proposición en la cual solicitó que no se incluya dentro del orden del día de las sesiones plenarias los proyectos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno Nacional, hasta tanto no se dé la entrega definitiva de todos los menores reclutados que permanecen en las filas de ese grupo guerrillero. 

 "Lo que mucho temía de nuevo sucedió, al país lastimosamente le pasó la indignación por el crimen contra la menor Yuliana Samboní, quien se convirtió en un símbolo de todos los menores abusados en Colombia. Cada 14 minutos un menor puede estar siendo abusado, cada día conocemos de un nuevo caso, muchos de estos no son denunciados.

Cuando por suerte conocemos la noticia, todos nos indignamos, presentamos minutos de silencio, hablamos de proyectos de ley, de cadenas perpetuas pero al cabo de los días, todos se nos ha olvidado y los menores siguen siendo abusados.

Es más que sabido que la prioridad de este mal Gobierno es ver como complace a las guerrillas, pero pierde de foco los problemas del diario vivir de los colombianos. Se requiere urgente un pacto por la defensa de la infancia que concurran las instituciones responsables y la sociedad en este propósito sin que el egoísmo y el afán de protagonismo puedan más que la necesidad de brindar garantías a nuestros menores. 

Los casos de abuso sexual a menores requieren un tratamiento con enfoque diferencial, hoy la Fiscalía no cuenta con un equipo de psicólogos para la atención de este perverso fenómeno, se tiene que modificar los protocolos y rutas de atención e implementar un subsistema del “CAIVAS” donde se involucre al ICBF." Manifestó la congresista del Centro Democrático. 

Nohora Tovar Rey radicó una proposición en la cual solicitó que no se incluya dentro del orden del día de las sesiones plenarias los proyectos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno Nacional hasta tanto no se dé la entrega definitiva de todos los menores reclutados que permanecen en las filas de ese grupo guerrillero. 

"Si han tenido afán y diligencia para indultar a las guerrillas pues que también exista afán para proteger a los niños en Colombia", finalizó la Congresista.

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